EL MONÓLOGO / 338
Más allá de los decretos

Por Pepe Moreno *

 

 

Pues ya está. Los dos decretos de vivienda que el Gobierno había presentado como respuesta urgente a la crisis han sido rechazados este viernes en el Congreso. Y el asunto no termina ahí.

 

La derrota parlamentaria ha abierto incluso la posibilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales, algo que tendrá que valorar en los próximos días. A la hora en la que redacto este monólogo, las siete de la tarde, aún no hay confirmación de todo eso.

 

No deja de tener cierta ironía que todo esto ocurra precisamente cuando la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas de los españoles.

 

El Gobierno llevó al Congreso dos decretos que pretendían proteger a los inquilinos, prolongar determinadas medidas frente a los desahucios, regular los alquileres de temporada y por habitaciones y garantizar la continuidad de algunos contratos. Sin embargo, no consiguió los votos necesarios para sacarlos adelante.

 

Y mientras en Madrid continúa la movilización por la vivienda y este sábado están convocadas nuevas protestas en distintos puntos de España, el Gobierno tiene que decidir qué hace con una legislatura que vuelve a quedar pendiente de unos apoyos parlamentarios que no controla.

 

No obstante, quizá lo importante sea volver al principio: la vivienda. Porque entre votaciones, negociaciones, acampadas y posibles elecciones corremos el riesgo de olvidarnos de lo esencial. Hay mucha gente que no puede comprar una casa, mucha gente que no puede pagar el alquiler y, mientras discutimos quién tiene la culpa, siguen faltando viviendas.

 

En materia de vivienda hemos construido además un relato demasiado sencillo: buenos inquilinos frente a malos caseros. El propietario aparece muchas veces como el sospechoso habitual, alguien que solo piensa en cuánto puede cobrar, mientras el inquilino queda reducido a quien reclama derechos.

 

Por el contrario, un contrato de alquiler es un acuerdo entre dos partes. Quien alquila tiene derechos, pero también obligaciones: pagar, cuidar la vivienda y cumplir las condiciones pactadas. Y el propietario también tiene derechos, aunque defenderlos parezca haberse convertido en una cuestión políticamente incómoda.

 

Decir que, si los alquileres son demasiado caros, la solución consiste simplemente en bajarlos, parece sencillo. La realidad, sin embargo, es bastante más compleja. El precio de una vivienda no puede analizarse al margen de los salarios. Y aquí, en Canarias, sabemos bien que los salarios no son precisamente altos. Cuando los ingresos no permiten afrontar los precios de la vivienda, el problema se agrava todavía más.

 

El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. No estamos hablando, por tanto, de un lujo ni de una aspiración secundaria. Lo hacemos de un derecho. Y precisamente por eso la respuesta no puede limitarse a medidas capaces de aliviar durante unos meses las consecuencias de un problema mucho más profundo.

 

Porque la vivienda no se abarata por decreto. Hace falta aumentar la oferta, disponer de suelo, acortar los plazos de las licencias, reducir la burocracia y conseguir que construir deje de ser una carrera de obstáculos. Y también hace falta que los salarios permitan pagar lo que cuesta una vivienda.

 

De ahí que sea un error abordar la política de vivienda como una cuestión aislada de la política económica. Una cosa es cuánto cuesta un techo y otra distinta cuánto dinero tiene una familia para pagarlo.

 

Las ayudas para comprar una primera vivienda o los avales públicos pueden ayudar a determinados hogares, pero difícilmente resuelven el problema de fondo. Si los sueldos no permiten ahorrar y el precio de los inmuebles sigue alejándose de la capacidad económica de quienes quieren acceder a ellos, la dificultad permanece. Y quienes no pueden comprar terminan buscando una salida en el alquiler, donde se encuentran con otra dificultad: cada vez hay más personas compitiendo por una oferta que tampoco es suficiente.

 

Algo parecido sucede con la Ley de Vivienda, que, lejos de resolver el problema, ha terminado, para algunos sectores, añadiendo dificultades. La cuestión principal sigue siendo la misma: la oferta no alcanza para cubrir una demanda que continúa creciendo. Algunos portales inmobiliarios calculan que alrededor de 2.000 viviendas destinadas al alquiler ya han desaparecido de sus páginas.

 

Y aparecen entonces otros ingredientes: propietarios que reclaman mayor seguridad jurídica, dificultades para recuperar una vivienda cuando surgen problemas, el debate sobre la ocupación y una burocracia que tampoco parece tener demasiada prisa. Si poner una vivienda en alquiler implica asumir demasiados riesgos, habrá propietarios que sencillamente decidan no hacerlo. Y si esas viviendas desaparecen del mercado, la oferta se reduce todavía más.

 

Además, la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad española. Los datos del CIS lo reflejan: en septiembre, el 37,5 % de los encuestados señalaba la vivienda como el principal problema del país, frente al 18 % que lo hacía en 2018.

 

Y detrás de esa preocupación hay también una realidad demográfica. Cada año se forman en España alrededor de 245.000 nuevos hogares, mientras que la construcción apenas consigue poner en el mercado unas 92.000 viviendas nuevas. Las cuentas, sencillamente, no salen.

 

A eso hay que añadir que cada vez hay más personas que viven solas y que la población envejece. Necesitamos más casas, aunque el número total de habitantes no aumente en la misma proporción.

 

Por eso conviene poner cada cosa en su sitio. Alrededor del 90 % de las viviendas están en manos de pequeños propietarios. De modo que reducir la crisis a la actuación de los grandes fondos de inversión sería quedarse con una parte pequeña de la fotografía. El problema es mucho más general: no se construyen suficientes viviendas para atender la demanda.

 

También está la vivienda turística, que puede representar una proporción relativamente pequeña del parque residencial en el conjunto de España, pero su presencia cambia mucho en determinados barrios y zonas.

 

Y luego están los tipos de interés, una variable sobre la que el Gobierno español tiene poco margen porque depende de la política monetaria europea. El endurecimiento monetario del Banco Central Europeo encareció las hipotecas y redujo la capacidad de compra de muchas familias. Es otro de los elementos que explican por qué acceder a una vivienda resulta hoy tan complicado.

 

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa se anunciaron 184.000 viviendas y la realidad no ha acompañado ese anuncio al ritmo prometido. Mientras discutimos quién tiene la culpa, miles de personas siguen sin poder acceder a una vivienda que puedan pagar.

 

Y aquí está, quizá, la parte más incómoda. Hace falta proteger al inquilino, pero también al propietario que alquila de buena fe. Hay que ayudar a quien no puede acceder a una hipoteca, pero también conseguir más viviendas disponibles. Hay que construir más vivienda pública y también privada. Y hace falta suelo, menos burocracia y más rapidez administrativa.

 

Cuando se escucha a quienes se manifiestan reclamar una nueva política de vivienda, hay una parte del diagnóstico que resulta difícil discutir. Hace falta más vivienda. Pero tampoco podemos pensar que toda la solución pasa por proteger una sola de las partes. Para que haya viviendas disponibles, tiene que haber alguien que las construya, que las financie y, en muchos casos, que decida ponerlas en alquiler.

 

Por eso, quizá deberíamos hablar menos de buenos y malos y más de cómo conseguir que el sistema funcione. Proteger al propietario que cumple y al inquilino que cumple. Ayudar a quien lo necesita y facilitar que se construya. Acelerar las licencias y poner suelo en el mercado. Crear un parque público de vivienda que permanezca y no dependa de cada cambio de Gobierno.

 

Porque si solo protegemos a una de las partes, acabaremos dejando fuera a la otra. Y si una de las partes desaparece, el mercado también se resiente. Al final, detrás del derecho a una vivienda digna hay también una responsabilidad colectiva de la gente que busca una vivienda. Y ellos y ellas seguirán teniendo el mismo problema el lunes que ya les acuciaba el viernes.

 

Y ese problema no se resuelve con una votación, ni con una acampada, ni con un decreto. Se resuelve cuando hay viviendas suficientes, cuando se pueden pagar y cuando quien las pone en el mercado sabe que sus derechos también están protegidos.

 

Porque el derecho a una vivienda digna está en la Constitución. Lo que todavía tenemos pendiente es conseguir que deje de ser, para demasiadas personas, solamente sea conveniente para ellos.

 

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 3 de octubre de 2026.