EL MONÓLOGO / 295
Celebrar en la periferia

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Por Pepe Moreno *

 

 

Hoy es el Día de la Constitución española, la que se votó en 1978, y que se hizo bajo la pregunta de “¿Aprueba el Proyecto de Constitución?”. Ganó el “sí” con más de un 88 % y, tras ser sancionada, que era una manera de darle carácter oficial, y la publicación en el BOE, el 29 de diciembre entró en vigor. Recuerdo que escribí un monólogo, el 244, que titulaba “La Constitución, un texto a repensar”.

 

En ese texto hacía un repaso por los artículos más significativos de esa Carta Magna. En él decía que a todos, republicanos, monárquicos, de izquierdas o de derechas o que se sitúen en el centro de la política, trabajadores o parados, mediopensionistas o enteros… a todos los que compete, porque hoy es un día de fiesta, declarado en 1983, aunque hay, como dije entonces, aspectos que se recogen en ese texto que no están vigentes hoy. Entre otros asuntos, porque serían muchos en los que podríamos detenernos, tenemos la discusión del derecho al trabajo o cómo se está poniendo la vivienda, ya sea de alquiler o para comprar.

 

En momentos clave como la Constitución, la entrada en la OTAN o la salida del Sáhara, Canarias no contó con una representación propia en las decisiones. Ninguna voz canaria independiente influyó en el Estatuto de Autonomía de 1982 ni su legislación, ni tampoco en el Tratado de Adhesión a Europa de 1985, donde se nos integró como parte anexa sin atender nuestras propuestas alternativas. En el referéndum de la OTAN en 1986, Canarias votó en contra, pero aun así se nos integró y hoy celebramos cuando viene una tropa o un barco con las siglas de esa organización a nuestra tierra o muelles.

 

Perdimos el acceso compartido a los recursos pesqueros canarios-saharianos por su transferencia a Marruecos. En agricultura, la lucha contra la aparcería nos dio un toque especial en derechos laborales y perdimos las grandes extensiones que se dedicaban a ese cultivo y permitimos que el tomate viniera de África, tratando con productos fitosanitarios que aquí estaban prohibidos y cuyo fruto no sabía a nada y con unos trabajadores que recibían un trato particular.

 

Perdimos las únicas instituciones financieras que disponíamos (CajaCanarias y la Caja Insular de Ahorros). Vendieron el Banco de Canarias y se quedó Cajasiete, que era la única seña de identidad del dinero de los de aquí. En aquella “crisis” financiera de 2008, no hubo nadie que defendiera nada.

 

Los canarios observamos cómo cambian nuestro territorio, economía, cultura, relaciones sociales y espacios característicos. El clima cálido que antes impulsaba nuestros productos agrícolas y frutales reconocidos, junto con playas y paisajes, también se ve afectado. Hoy aparecen los inversores y nadie sabe cómo ha sido.

 

Bien es cierto que el “capital” no tiene bandera, ni conoce de fronteras, pero hemos visto desde fondos “buitres” a capitales de otros sitios que han venido a territorios ajenos y que con el poder del “dinero”, que es poderoso caballero, han comprado o se han hecho con posesiones, sin mirar si estaban protegidos.

 

Pocos conocen lo que fueron los Puertos Francos (1852) o su impacto, luego reemplazados por el REF en 1972. Vino la RIC y se supo que la UE la reconocía, con sus “peros”. Canarias recibe constantemente turistas, lo que ha reducido la temporada baja. Actualmente, 4 de cada 10 residentes son turistas; si la tendencia sigue, la población local será minoría. En 1990 había 1.492.835 habitantes y hoy más de 2.262.404, aunque los nacimientos han disminuido.

 

El Parque Nacional del Teide es ahora un parque temático con acceso limitado, superando los cinco millones de turistas al año. Pagamos el céntimo verde cada vez que repostamos, mientras los campos de golf ocupan grandes extensiones y consumen millones de litros de agua. Nos hemos adaptado al uso generalizado del agua desalada, que antes era solo para zonas sin recursos.

 

No tenemos derecho a un techo porque los precios están al alza. Nuestros gobernantes solo hablan de la herencia recibida en esta materia y, a pesar de que las competencias están claras, nos hacen dudar cada vez que se pregunta por ellas, echándose la culpa de un estamento a otro. Se bloquea la venta de la papa del país, para dar paso a la israelí, y ponen coto a las superficies de cultivo, que han disminuido, en los últimos años, un 60 %.

 

He tenido oportunidad de leer un informe elaborado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias que dice, en sus conclusiones, que la raíz más fuerte sigue siendo la más cercana. Los canarios se identifican, sobre todo, con su barrio; después, con la isla en la que viven; y, en tercer lugar, con el conjunto de Canarias.

 

España y Europa aparecen, muy por detrás, en los niveles más bajos de identificación. Fue un trabajo basado en una encuesta a más de 2.000 residentes, con el objetivo de medir qué elementos conforman la identidad personal, social y territorial de los canarios, así como su relación con el patrimonio material e inmaterial del Archipiélago.

 

¿Sigue vigente la Constitución hoy en Canarias? Esa es la pregunta básica que nos podemos hacer. Porque mientras celebramos el aniversario de un texto que habla de igualdad, cohesión territorial y garantías sociales, la realidad demuestra que muchas de esas promesas se diluyen cuando miramos hacia el archipiélago.

 

En los últimos meses, el debate sobre la cohesión territorial ha vuelto a la primera línea. Las comunidades autónomas que negocian directamente con el Gobierno central arrancan acuerdos bilaterales que luego se convierten en referencia o en agravio comparativo.

 

Cataluña discute un sistema de financiación propio; Euskadi consolida aún más su singularidad fiscal; y mientras tanto, Canarias intenta que se respeten —ya no digamos mejorar— los mecanismos específicos que reconoce su Régimen Económico y Fiscal. Hasta el presidente canario ha advertido que el actual modelo de financiación “es injusto” para las islas, porque no reconoce ni la insularidad ni la ultraperiferia, más allá de lo que dicta Bruselas.

 

Y eso mientras la agenda pública está marcada por asuntos que aquí golpean con intensidad: la presión migratoria, que mantiene a Canarias como la principal frontera sur de Europa, con más de 40.000 llegadas este año; el incremento del precio de la vivienda, que ha puesto a miles de jóvenes fuera del mercado; o la dependencia absoluta del turismo, que hace que cada crisis internacional nos tiemblen las piernas más que a nadie.

 

La Constitución habla del derecho al trabajo, pero Canarias sigue liderando el desempleo nacional. Habla de igualdad territorial, pero los precios de los billetes aéreos siguen condicionando la movilidad real de los ciudadanos. Habla de vivienda digna, pero los alquileres turísticos han alterado por completo el acceso al mercado residencial. Y habla de participación política; sin embargo, lo cierto es que, en los grandes asuntos de Estado, Canarias rara vez ha contado.

 

A todo esto, se suma un elemento crucial en la política reciente: el giro del Gobierno de España respecto a Marruecos, un cambio de postura decidido de manera unilateral, sin debate parlamentario y, desde luego, sin tener en cuenta a Canarias, que es el territorio más directamente afectado.

 

Un movimiento diplomático que ha alterado décadas de equilibrio y que todavía hoy nadie ha explicado con claridad. Y mientras se reconfigura la relación con Rabat, Canarias ni siquiera estuvo presente en la cumbre hispano-marroquí del pasado jueves. Somos frontera, pero no interlocutores.

 

Algunos medios han señalado que, tras el conflicto en el Sáhara, el foco podría trasladarse a las aguas canarias. Marruecos ya manifestó su intención de ampliar su plataforma continental, y es conocido que ciertos discursos políticos en ese país se refieren a Canarias como un “territorio pendiente”. Además, desde hace años, Rabat solicita competencias sobre las aguas cercanas al archipiélago, donde existen recursos estratégicos y rutas marítimas clave.

 

Todo esto ocurre mientras en las Islas seguimos preguntándonos si la Constitución del 78 —la que hoy celebramos— sigue protegiendo de manera efectiva los derechos, las singularidades y los intereses de los canarios, o si, por el contrario, hemos quedado atrapados en un marco que no se ha adaptado al mundo actual ni a la posición geoestratégica que ocupa Canarias.

 

Crecemos en población a un ritmo insostenible, sin vivienda, con un territorio frágil, con una identidad que resiste, pero que se ve tensionada; con servicios públicos saturados, con un mercado laboral precario y con una realidad geopolítica que no aparece en las portadas nacionales hasta que pasa algo grave. Los canarios sienten orgullo de serlo, pero también sienten que su voz pesa poco allí donde se toman las decisiones que afectan a su futuro.

 

Canarias ha cambiado más en los últimos cuarenta años que en los cuatro siglos anteriores, y sin embargo sigue afrontando los grandes debates nacionales desde la grada, no desde el campo. Y ahora, además, asistimos a un escenario geopolítico en el que Marruecos gana protagonismo.

 

Todo ello ocurre mientras nuestra población crece sin control, la vivienda se vuelve inaccesible, el territorio se sobrecarga y la identidad se mantiene viva solo gracias al arraigo local y a la experiencia de habitar estas islas, no porque exista un marco estatal que la proteja o la comprenda.

 

Es legítimo honrar aquel pacto de 1978, pero también lo es preguntarse si ese texto sigue respondiendo a las realidades de hoy y, sobre todo, a las de Canarias. Si la Constitución quiere seguir siendo de todos, también debe serlo para quienes viven en esta frontera atlántica que siempre ha sido España… pero que muchas veces no se siente escuchada por ella.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 06 de diciembre de 2025.

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