EL MONÓLOGO / 325
Ruido de fondo

Por Pepe Moreno *

 

 

Hay algo que hace tiempo que no funciona en la información política. Cuando dos diputados se agreden verbalmente en el Congreso, el titular está servido. Cuando un dirigente lleva meses preparando una estrategia para bloquear una ley o imponer una decisión, el interés disminuye. Sin embargo, ahí suele encontrarse la noticia de verdad. La diferencia está entre contar el ruido o explicar lo que sucede.

 

Cada vez se impone más el ruido. Esta semana hemos tenido dos ejemplos casi simultáneos. Uno, a miles de kilómetros, en Venezuela. El otro, aquí mismo, en Santa Cruz de Tenerife. Dos realidades completamente distintas que, sin embargo, revelan una misma forma de entender la información: la espectacularización del debate mientras lo verdaderamente importante transcurre casi fuera del foco.

 

Durante meses, Venezuela ocupó titulares por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y por el vuelco político que llevó a Delcy Rodríguez a asumir el poder bajo el respaldo de Washington. Aquellas imágenes monopolizaron la conversación internacional. Sin embargo, detrás de ellas permanecía un país exhausto, con una economía devastada, unas instituciones profundamente debilitadas y un futuro lleno de incertidumbres.

 

Entonces llegaron dos terremotos que alteraron por completo el escenario. La verdadera noticia dejó de ser quién gobernaba para convertirse en una cuestión mucho más transcendental: en qué condiciones iba a reconstruirse un país devastado. La tragedia no solo dejó miles de víctimas y una destrucción de enormes dimensiones; también abrió una nueva disputa por el control de la ayuda internacional, de la reconstrucción y, en definitiva, del poder.

 

Las denuncias sobre el reparto de la ayuda comenzaron casi al mismo tiempo que las labores de rescate. Organizaciones próximas a la oposición acusaron a las autoridades de impedir que alimentos, agua y medicinas llegaran directamente a los damnificados, obligando a canalizar toda la asistencia a través de los organismos oficiales. Paralelamente, periodistas desplazados sobre el terreno denunciaban dificultades para informar con libertad mientras las redes sociales se llenaban de testimonios de ciudadanos que cuestionaban la gestión del Gobierno.

 

Como suele ocurrir en las grandes catástrofes, la respuesta de la sociedad fue mucho más rápida que la de las instituciones. Equipos internacionales de rescate, organizaciones humanitarias y miles de venezolanos dentro y fuera del país comenzaron a movilizar recursos, coordinar donaciones y crear plataformas para combatir la desinformación. Mientras el mundo discutía sobre la legitimidad del nuevo poder, la verdadera batalla consistía en salvar vidas y empezar una reconstrucción que durará años.

 

Vimos cómo el jueves se llevaba a cabo el rescate de un vigilante de un edificio, Hernán Gil, que había permanecido ocho días sepultado bajo los escombros en La Guaira. Más de un centenar de rescatistas de distintos países trabajaron durante horas en una operación extremadamente delicada, avanzando centímetro a centímetro entre toneladas de hormigón para mantener con vida a un hombre con el que llevaban días comunicándose y al que alimentaban e hidrataban a través de una pequeña abertura.

 

Cuando finalmente apareció en la superficie, el aplauso fue unánime. No era solo el rescate de un superviviente; era la victoria de la perseverancia frente a la tragedia, la demostración de que mientras exista una mínima posibilidad de encontrar a alguien con vida siempre habrá personas dispuestas a jugarse la suya por salvarlo.

 

Y quizá esa imagen sea la mejor metáfora de estos días. En un lugar del mundo, decenas de profesionales y voluntarios emplean todas sus fuerzas en arrancar una vida a la muerte.

 

Ese es precisamente el tipo de noticias que rara vez ocupan las primeras posiciones durante mucho tiempo. Resulta más sencillo discutir sobre un líder, una fotografía o una declaración que explicar quién controlará la reconstrucción, cómo se distribuirá la ayuda internacional o qué consecuencias políticas dejará la tragedia cuando desaparezcan las cámaras de televisión.

 

Salvando todas las distancias, algo parecido ocurre estos días en Santa Cruz de Tenerife. Aquí la polémica gira en torno al monumento a Franco situado entre la Rambla y la avenida de Anaga. Tras años de informes, recursos y procedimientos administrativos, el Gobierno de España ha ordenado su retirada al considerarlo un vestigio franquista incompatible con la Ley de Memoria Democrática. El Ayuntamiento siempre defendió otra solución: resignificar la escultura en lugar de eliminarla. Ahora asegura que cumplirá la resolución si esta adquiere firmeza.

 

Sin embargo, hace tiempo que el verdadero debate dejó de ser la figura. La piedra con que se realizó apenas es el soporte físico de una discusión mucho más profunda: cómo una democracia decide relacionarse con su pasado. Para unos, mantener un monumento levantado para exaltar una dictadura resulta incompatible con los valores constitucionales. Para otros, retirarlo supone borrar una parte de la historia que debería explicarse y contextualizarse.

 

El problema aparece cuando el debate deja de centrarse en la memoria para convertirse en una nueva batalla política. Entonces desaparecen los matices y todo acaba reducido a dos trincheras enfrentadas. Unos interpretan cualquier retirada como un intento de reescribir la historia. Los otros consideran que cualquier permanencia equivale a una forma de homenaje. Entre ambas posturas apenas queda espacio para la reflexión.

 

Personalmente, nunca he creído que una democracia sea más fuerte por conservar una estatua ni más débil por retirarla. La historia no desaparece porque cambie el paisaje urbano. Los monumentos no son libros de texto. Esos símbolos ocupan un espacio público que pertenece a toda la sociedad.

 

Durante décadas, ninguna administración quiso afrontar una decisión definitiva y cada gobierno fue dejando el asunto en manos del siguiente. Habrá quien comparta esa decisión y quien la rechace. Lo que ya no parece razonable es seguir prolongando indefinidamente una discusión que lleva abierta demasiados años.

 

Hace unos días una amiga resumía su cansancio con una frase tan sencilla como reveladora: “Estoy harta, espero que la gente de Santa Cruz salga a la calle”. Otro respondió inmediatamente: “Pierde toda esperanza; aquí nadie sale”. Y probablemente los dos tengan parte de razón.

 

Santa Cruz nunca ha destacado por protagonizar grandes movilizaciones. En esta ocasión resulta difícil saber qué despierta más sentimiento de pertenencia: si ese monumento, -que está vandalizado por los contrarios, dejado de la mano por el Ayuntamiento u olvidado por la gran mayoría- sirve para algo. Porque buena parte del debate público gira en torno a la supervivencia de una mole de piedra erigida para ensalzar a un dictador. Cada cual es libre de establecer sus prioridades.

 

Mientras tanto, el Gobierno de España ha dado un máximo de seis meses para retirar el monumento de Santa Cruz una vez concluya definitivamente el procedimiento administrativo y ha recordado que el incumplimiento de la orden puede acarrear sanciones económicas que, en los supuestos más graves previstos por la Ley de Memoria Democrática, alcanzan los 150.000 euros.

 

Existe una grabación del NO-DO sobre su inauguración que no deja nada de dudas sobre para quien estaba concebido. La fuente del lugar no funciona desde hace tiempo, incluso antes de toda esta polémica. Me enviaron un chorro instalado en ese lugar lleno de herrumbe cuando era director de Radio El Día y eso muestra a las claras la dejadez del citado enclave. Lo tienen abandonado y ahora se rasgan las vestiduras porque alguien dijo de quitarlo.

 

Son dos formas de ver el mismo problema: en uno, lo de Venezuela, la gente está intentando salvar vidas, y en el otro, lo de Santa Cruz, lo que se intenta es salvar un monumento a un dictador. Habrá quien considere que la defensa del patrimonio, al margen de su origen, merece esa batalla, y habrá quien sostenga que mantener ese símbolo supone perpetuar una ofensa para las víctimas del franquismo. Son dos posiciones legítimas dentro del debate democrático. Lo que resulta inevitable, sin embargo, es que el contraste invite a preguntarse por el orden de nuestras prioridades y por la facilidad con la que, a veces, terminamos convirtiendo las piedras en una causa más urgente que las personas.

 

En un caso podría tratarse de salvar vidas y en otro es un síntoma de sociedad de la opulencia que no sabe el orden de prioridades, cuando hay tantos problemas por solucionar. Basta echar un vistazo a las redes sociales para comprobar que abundan las opiniones rotundas, los insultos y las certezas absolutas, mientras escasean las convocatorias capaces de reunir a miles de personas. La indignación digital suele ser mucho más numerosa que la presencial.

 

Y quizá ahí vuelva a aparecer el mismo fenómeno con el que comenzaba este artículo. Discutimos durante semanas sobre los símbolos, las declaraciones y los gestos, mientras las decisiones importantes avanzan casi siempre lejos del foco.

 

No es un problema exclusivo de la política ni del periodismo. También lo es de quienes consumimos información. Hemos aprendido a reaccionar antes que a comprender. Nos detenemos en el titular, compartimos la polémica y alimentamos el enfrentamiento. Mientras tanto, la noticia de verdad sigue su curso casi en silencio. Quizá ese sea uno de los mayores triunfos del ruido.

 

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 4 de julio de 2026.