EL MONÓLOGO / 326
La vida sigue igual

Por Pepe Moreno *

 

 

La verdad es que esta semana costaba encontrar un asunto nuevo del que hablar. No porque falten noticias, sino porque casi todas acaban conduciendo al mismo sitio. Podría hacerlo del partido del mundial, ese que hemos jugado contra Bélgica, a la que mandamos a casa con un gol, en las postrimerías del partido, pero supongo que hay cronistas deportivos con más consideración y más prestigio que uno; por lo tanto, sólo les comento que estamos en semifinales y que nos enfrentaremos a Francia.

 

Hemos escrito aquí del precio de la vivienda, de la cesta de la compra, de la dificultad creciente para llegar a final de mes incluso trabajando, de unos salarios que continúan corriendo muy por detrás del coste de la vida y de esa sensación cada vez más extendida de que el esfuerzo ya no garantiza una vida mejor. Cambian los protagonistas y cambian los titulares, pero el problema de fondo sigue siendo exactamente el mismo.

 

También podría hablarles de esas doce personas, al menos ese era el balance que ayer se ofrecía, que han perdido la vida en un incendio forestal de Almería y que, al parecer, se metieron por rutas improvisadas en medio de la densa humareda. Eso agravó las consecuencias del desalojo en las primeras horas del suceso. Antonio Sanz, que es el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno andaluz, ha concretado dos “escenarios”.

 

Uno con cuatro personas de origen británico muertas en un vehículo. Y otro con ocho muertos que al parecer “estaban caminando” y “buscando una salida” que “no era la prevista”. También hay ocho heridos, cuatro muy graves, que fueron trasladados al Hospital de quemados de Sevilla, y otros de diversa consideración. Y no debemos olvidar que otras 23 personas no han podido ser localizadas, hasta el momento. Incluso hubo un minuto de silencio en el partido de cuartos de final entre España y Bélgica.

 

También hemos hablado en numerosas ocasiones de los presupuestos generales del Estado. Mejor dicho, de su ausencia. España lleva toda la legislatura funcionando con unas cuentas prorrogadas mientras el Gobierno promete, una y otra vez, que las nuevas llegarán “cuando sea posible”.

 

Ahora vuelven a aparecer en el horizonte, coincidiendo con el anuncio de un nuevo techo de gasto que el Ejecutivo presenta como el punto de partida para elaborar los Presupuestos de 2026. La cuestión no es si habrá nuevas cuentas públicas, sino cuándo interesa políticamente presentarlas.

 

Porque nadie parece tener demasiada prisa. El Gobierno evita fijar fechas concretas mientras continúa negociando con Junts, que ya ha dicho “no” a su redacción, presentación y publicación, con el resto de sus socios parlamentarios.

 

Los Presupuestos han dejado de ser únicamente una herramienta económica para convertirse en un instrumento político. Su presentación ya no depende tanto de las necesidades del país como del momento que resulte más conveniente para la supervivencia parlamentaria del Ejecutivo. Esa es, probablemente, la mejor fotografía de la política española actual.

 

El Consejo de Ministros aprobó un nuevo límite de gasto que vuelve a situar el discurso oficial en torno a unos presupuestos “históricos”. Siempre serán los más grandes de la historia. Sin embargo, detrás de ese mensaje triunfalista aparece otra realidad bastante menos llamativa. Bruselas ha recuperado las reglas fiscales y España ya no dispone del mismo margen para gastar sin control que durante los años posteriores a la pandemia.

 

Mientras tanto, Canarias vuelve a levantar la voz. El Gobierno de Fernando Clavijo considera que la nueva regla de gasto perjudica a las Islas porque penaliza a aquellas comunidades que han hecho un mayor esfuerzo de estabilidad presupuestaria y reclama un tratamiento específico acorde con el Régimen Económico y Fiscal. El debate llegará al Congreso y servirá, una vez más, para comprobar hasta qué punto los diputados canarios anteponen la defensa del Archipiélago a la disciplina de partido. Ese examen ya lo hemos visto otras veces.

 

Es un mensaje que contrasta con la percepción de muchos ciudadanos, que siguen sin apreciar esa abundancia de recursos cuando acuden a un centro de salud, intentan acceder a una vivienda o esperan durante meses una prestación pública. A veces las cifras macroeconómicas describen un país muy distinto del que viven quienes hacen cola cada mañana.

 

Quizá ese sea el verdadero problema de esta legislatura. No la discusión sobre el techo de gasto, ni siquiera el debate sobre los Presupuestos, sino la creciente distancia entre el discurso institucional y la realidad cotidiana. La economía puede mejorar sobre el papel, pero la política solo recuperará credibilidad cuando todo eso se deje de medir en porcentajes y empiece a notarse en la vida de quienes sostienen el país con su trabajo. Habrá elecciones pronto. Según cuentan en Estado ha vuelto a comprar unas 35.000 urnas y diverso material de oficina.

 

Y luego está lo ocurrido esta semana en el Parlamento de Canarias, que terminó ofreciendo una imagen bastante elocuente del momento político que vivimos. PSOE, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera abandonaron el pleno antes de la votación del dictamen de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Su objetivo era impedir que existiera el quorum necesario para aprobar unas conclusiones que, según denunciaron, estaban redactadas de antemano y no respondían tanto a los hechos como a un relato político construido para señalar directamente al entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

 

Aun así, el contenido del dictamen ya se conocía. El presidente de la comisión, Raúl Acosta, sostuvo que la principal responsabilidad política de lo ocurrido durante la gestión de aquellos contratos recaía sobre el Gobierno autonómico y, de forma muy especial, sobre Ángel Víctor Torres, además del entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, y los responsables del área de Sanidad. Una conclusión que la oposición considera el desenlace lógico de meses de comparecencias y documentación, mientras que el PSOE insiste en que el veredicto estaba escrito antes incluso de comenzar la investigación parlamentaria.

 

Conviene recordar de dónde nace todo este asunto. El conocido como caso mascarillas tiene su origen en un contrato adjudicado en mayo de 2020 a la empresa RR7, dedicada hasta entonces a la compraventa de vehículos, para suministrar un millón de mascarillas FFP3 por un importe cercano a los cuatro millones de euros. El dinero se abonó, pero el material nunca llegó a Canarias.

 

Aquella operación dio lugar a una investigación judicial en la que permanecen imputados el empresario Rayco Rubén González, el entonces director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, y la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez. La comisión parlamentaria, además, amplió posteriormente su análisis a otros contratos vinculados con la compra de mascarillas y test durante la pandemia.

 

Las posiciones políticas siguen siendo irreconciliables. Coalición Canaria, Partido Popular y Vox sostienen que existieron graves responsabilidades políticas y reprochan a Torres haber ignorado las advertencias de los funcionarios y permitido una gestión que consideran plagada de irregularidades.

 

El PSOE, por el contrario, insiste en que de los cerca de 1.400 expedientes tramitados durante la emergencia sanitaria únicamente fracasó uno y recuerda que el Gobierno emprendió acciones para recuperar el dinero. Nueva Canarias y ASG mantienen la misma tesis y consideran que la comisión ha intentado convertir el llamado “caso mascarillas” en el “caso Torres” sin que exista una resolución judicial que avale semejante conclusión.

 

Y, mientras unos hablan de corrupción y otros de persecución política, los ciudadanos asistimos una vez más al mismo espectáculo. Cada comisión de investigación termina convirtiéndose en un juicio paralelo y cada informe parlamentario parece escrito para reforzar la posición previa de quien lo firma.

 

Y quizá por eso todo termina pareciéndose demasiado. Los Presupuestos del Estado se anuncian antes de existir, las cifras macroeconómicas describen un país que muchos no reconocen, las comunidades discuten sobre reglas de gasto mientras los ciudadanos hacen cuentas para llegar a fin de mes y las comisiones de investigación acaban convertidas en otro campo de batalla donde cada partido entra con la sentencia escrita desde casa. La política parece haberse acostumbrado a vivir de los relatos, aunque la realidad siga empeñada en ir por otro camino.

 

No deja de resultar paradójico que, en una legislatura que presume de récords económicos, una buena parte de la población tenga la sensación de vivir peor que hace unos años. Las estadísticas hablan de crecimiento, de empleo y de financiación histórica; la calle habla del alquiler, de la compra, de la hipoteca, de las listas de espera y de la incertidumbre. Y cuando ambas fotografías se parecen tan poco, alguien está mirando el país desde una ventana equivocada.

 

Aquí, en las islas ocurre algo parecido. Todos aseguran defender el interés general, pero basta asistir a un pleno parlamentario para comprobar que la prioridad suele ser desgastar al adversario antes que convencerlo. El Gobierno culpa a la oposición; la oposición acusa al Gobierno; unos hablan de persecución y otros de corrupción.

 

Mientras tanto, los problemas siguen esperando. Quizá por eso crece el desencanto y cada vez cuesta más encontrar ciudadanos que crean de verdad que la política sirve para resolver los asuntos que afectan a su vida cotidiana.

 

Al final, la credibilidad de un gobierno la construyen los hechos. Y se mide en presupuestos aprobados, compromisos cumplidos, servicios públicos que funcionan y responsabilidades asumidas cuando toca. Todo lo demás puede servir para un titular o para una sesión de control, pero difícilmente mejora la vida de nadie.

 

Y esa debería ser la gran reflexión de la semana. Mientras España celebra el pase a unas semifinales, llora a las víctimas de un incendio forestal, discute sobre unos Presupuestos que todavía no existen y contempla cómo el Parlamento vuelve a dividirse entre acusaciones y desmentidos, la vida continúa para millones de personas que mañana volverán a madrugar para trabajar, pagar impuestos, hacer la compra o esperar una cita médica.

 

Los titulares cambian cada día, pero las preocupaciones de la gente apenas cambian nunca. Quizá por eso la política haría bien en mirar menos las encuestas y más la calle. Porque los gobiernos pasan, los partidos cambian y las legislaturas terminan. Lo que permanece es la obligación de resolver los problemas de quienes sostienen este país mucho antes de que empiece el siguiente debate.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 11 de julio de 2026.