EL MONÓLOGO / 334
La letra pequeña

Por Pepe Moreno *

 

 

Hay semanas en las que la realidad se empeña en recordarnos que detrás de las cifras hay personas. Y esta semana Canarias vuelve a tener que contar muertos.

 

Más de ochenta personas han muerto en el Atlántico después de pasar casi un mes a la deriva en un cayuco que había salido de Gambia rumbo a Canarias. Entre ellas, una bebé. Salieron 128. Cuando la embarcación fue localizada, apenas quedaban 44 supervivientes y cinco cadáveres a bordo, al menos que se sepa, que ahora tratan de rescatar. Los demás habían desaparecido en ese océano que, para unos, es una frontera y, para otros, se ha convertido en una tumba.

 

Y hay algo especialmente terrible en esta historia: durante 26 días hubo familias esperando una llamada que nunca llegó. Personas que sabían que sus hijos, sus hermanos o sus padres estaban en algún punto del Atlántico, pero que no podían hacer absolutamente nada. Solo esperar. Mientras tanto, nosotros hemos terminado acostumbrándonos a las cifras.

 

Y justo cuando Canarias vuelve a enfrentarse a esta tragedia, Pedro Sánchez comparecía ayer en el Congreso de los Diputados para explicar la crisis migratoria de Ceuta.

 

Sánchez defendió la actuación del Gobierno, aseguró que no existen pruebas sólidas, de momento, que permitan atribuir a Marruecos la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y anunció que se publicarán los informes de los servicios de inteligencia y de los organismos que participaron en la gestión de la crisis.

 

Es decir, tendremos que esperar a conocer esos informes para saber exactamente qué sabía el Gobierno, cuándo lo sabía y qué hizo con esa información.

 

Y mientras esperamos, el presidente decidió sacar de la chistera una propuesta que, cuanto menos, merece una explicación: España pedirá a la Unión Europea que Ceuta y Melilla sean reconocidas como regiones ultraperiféricas, como Canarias. Ahí es donde uno vuelve a mirar hacia las islas.

 

La condición de región ultraperiférica no la concede Pedro Sánchez, sino la Unión Europea. Eso quiere decir que Ceuta y Melilla no están actualmente reconocidas como RUP y que, para modificar ese encaje jurídico, hay que pasar por Bruselas y abordar, además, el marco legal europeo que regula estas regiones.

 

El artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea identifica actualmente cuáles son esos territorios y el artículo 349 establece el régimen específico aplicable a las regiones ultraperiféricas.

 

Allí aparecen Canarias, Madeira, Azores y los territorios franceses de ultramar como Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión y Mayotte, y la colectividad de ultramar francesa de San Martín.

 

Nueve territorios que, aun estando geográficamente muy alejados del continente europeo, forman parte de alguno de los veintisiete Estados de la Unión Europea.

 

Por tanto, Sánchez puede pedirlo, impulsarlo, negociarlo y defenderlo ante las instituciones europeas. Lo que no puede hacer es concederlo. Y hay una pequeña diferencia entre anunciar que uno va a hacer algo y explicar que, para hacerlo, necesita que los demás estén de acuerdo.

 

Canarias sabe muy bien lo que significa ser una RUP. No es una etiqueta. No es un premio. Es el reconocimiento de unas dificultades estructurales que justifican un tratamiento específico dentro de la Unión Europea.

 

Y aquí es donde la propuesta debería preocuparnos un poco más de lo que parece. Porque si esas dos ciudades del norte de África entran en ese régimen, habrá que saber exactamente en qué condiciones, con qué fondos, con qué derechos y con qué recursos adicionales. Y, sobre todo, habrá que saber si Europa va a ampliar el pastel o simplemente va a repartir el mismo pastel entre más territorios.

 

Porque una cosa es que Ceuta y Melilla necesiten soluciones específicas —que las necesitan— y otra que Canarias termine pagando, directa o indirectamente, parte de una solución diseñada en Madrid y negociada en Bruselas.

 

El Gobierno canario ya ha advertido precisamente de que no reúnen, a su juicio, las mismas condiciones que justifican la condición RUP de Canarias y ha recordado que una modificación de este calibre exigiría cambios en el marco europeo. Y aquí aparece la pregunta que alguien debería hacerle al presidente del Gobierno: ¿qué gana Ceuta y Melilla o Canarias?

 

Deberíamos empezar a mirar con atención. Y no por egoísmo, sino porque lo que parece una buena noticia para esas capitales puede tener consecuencias para las islas.

 

La condición de región ultraperiférica no es un título honorífico. Lleva aparejado un tratamiento específico en Europa, fondos adicionales, mayores porcentajes de cofinanciación y excepciones destinadas a compensar las desventajas estructurales de territorios alejados, fragmentados y dependientes del transporte.

 

Canarias conoce bien ese asunto. La condición de RUP permite acceder, entre otras cosas, a asignaciones adicionales específicas de los fondos europeos y a tasas de cofinanciación que pueden alcanzar el 85 %.

 

No hablamos, por tanto, de una simple denominación administrativa. Hablamos de dinero, de fiscalidad e instrumentos destinados a compensar unas condiciones que no son las mismas que las del territorio continental.

 

Por eso sería conveniente saber si, cuando Sánchez habla de incorporar a esas metrópolis al régimen ultraperiférico, está hablando también de ampliar los recursos europeos o simplemente de repartir los existentes entre más territorios. Porque si el club crece, el pastel también debería crecer. Y ahí las islas no pueden quedarse mirando.

 

Llevamos décadas defendiendo en Bruselas nuestra singularidad: la distancia, la insularidad, la fragmentación territorial, la dependencia del transporte, el pequeño tamaño del mercado y todos esos inconvenientes que hacen que producir, importar, exportar o simplemente vivir en Canarias no sea exactamente lo mismo que hacerlo en Madrid, Valladolid o Barcelona. No es un privilegio. Es una compensación.

 

Porque aquí hay una cuestión todavía más incómoda. Mientras el Congreso de los Diputados dedica una jornada extraordinaria a analizar lo ocurrido en Ceuta, Canarias vuelve a contar muertos en el Atlántico. Más de ochenta personas. Gentes tan débiles que no podían agarrarse a la nave que los salvaba. Tal es así que ahora se rescata a los, al menos, cinco cadáveres que dejaron en alta mar en el cayuco de la muerte.

 

Quizá porque gestionar la inmigración a largo plazo no produce titulares tan cómodos como anunciar una nueva medida en una comparecencia parlamentaria. Sánchez ha hablado de bulos, de amenazas híbridas, de derechos humanos y de la necesidad de mantener la cooperación con Marruecos.

 

Feijóo le ha acusado de incompetente o cómplice. Y el hemiciclo ha vuelto a ofrecer esa imagen que empieza a ser habitual: unos escuchan al presidente para encontrar razones que lo justifiquen y otros para encontrar motivos para exigir su dimisión.

 

La política española parece haber perdido una costumbre bastante saludable: escuchar primero y sentenciar después. Todo llega con el veredicto preparado. Y eso tampoco ayuda a entender qué ocurrió, y sigue pasando en esas calles.

 

Porque todavía necesitamos saber qué información recibió el Gobierno, cuándo la recibió, qué sabían los servicios de inteligencia, qué ocurrió durante esas horas en las que miles de personas pudieron aproximarse a la frontera y, sobre todo, qué se va a hacer para evitar que vuelva a suceder.

 

Por eso habrá que esperar a esos informes que Sánchez ha anunciado. Y también habrá que observar qué papel desempeña Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, coordinador designado por el Gobierno para esta crisis y candidato, de momento, por el PSOE, a la Presidencia del Gobierno de Canarias.

 

Porque aquí no se trata de enfrentar a Canarias con Ceuta y Melilla. No necesitamos otra guerra territorial. Todos tenemos problemas específicos y merecen soluciones acordes.

 

Y si Europa decide ampliar el régimen de las regiones ultraperiféricas, alguien tendrá que explicar qué significa eso para las islas. Qué fondos habrá o condiciones o garantías.

 

Al tiempo que nos deberíamos preguntar qué ocurre con nuestro REF, o qué ventajas adicionales tendrán las ciudades autónomas y, sobre todo, qué recursos adicionales se incorporarán para que la ampliación no termine diluyendo lo que Canarias lleva décadas defendiendo. No vaya a ser que el gran anuncio de Madrid termine teniendo la letra pequeña escrita en Canarias.

 

Porque una frontera no se protege con discursos. Los muertos del Atlántico tampoco resucitan. Y una región ultraperiférica no se crea desde la tribuna de oradores del Congreso. Para todo eso hace falta mucho más que una comparecencia, un titular y una buena fotografía.

 

Hace falta política. De la de verdad. Y esa, últimamente, parece ser la que más falta hace.

 

No he hablado de la financiación autonómica. De ello, si me lo permiten, lo haré en próximos monólogos.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 5 de septiembre de 2026.