EL MONÓLOGO / 337
El precio del techo

Por Pepe Moreno *

 

 

Esta semana hemos asistido al desahucio de Maricarmen, en Madrid, y al de María, de 54 años, en Granadilla, que en las últimas horas se ha pospuesto. La de aquí, depende de ayudas públicas como única fuente de ingresos y atraviesa un cáncer terminal con afectación cerebral y metástasis en los pulmones y los ovarios, por lo que recibe tratamiento de quimioterapia. Tiene reconocida una dependencia de grado dos y cuenta con el apoyo y los cuidados de un joven que se hace cargo de ella.

 

Qué diferencia entre Maricarmen y María. De una hablan en los medios nacionales y de otra, la de Tenerife, tiene poca o ninguna repercusión. Sin embargo, al final la discusión es sobre la vivienda que no se construye por complejos designios de las administraciones o por decisiones de los constructores. Que alegan que no encuentran profesionales o que todo ha subido. Técnicos en urbanismo que dicen que no todo cabe en el ordenamiento municipal o personal de a pie, que no encuentra el dinero necesario para reservar la construcción que quiere.

 

Porque si convertimos los desahucios en una historia en la que a menudo hay un propietario malo y un inquilino bueno, estaremos haciendo algo muy sencillo: estaremos convirtiendo un problema extraordinariamente complejo en una película de buenos y malos. Y la vivienda no funciona así.

 

Y estos días hemos tenido dos ejemplos distintos en apenas unos kilómetros de distancia. Mientras en Madrid se producía el desahucio de Maricarmen, en Granadilla de Abona otra mujer tenía señalado para este viernes su propio lanzamiento.

 

María, nombre ficticio, tiene 54 años y padece un cáncer terminal con afectación cerebral y metástasis en los pulmones y los ovarios. Recibe quimioterapia, tiene reconocida una dependencia de grado dos y sus ingresos proceden actualmente de ayudas públicas. El desahucio, finalmente, se ha aplazado.

 

Y aquí sí hay otra cuestión que merece nuestra atención. Porque el caso de María no puede mirarse exactamente con los mismos ojos que el de Maricarmen. No estamos hablando de una mujer que lleva setenta años en una vivienda pagando una renta antigua. Estamos hablando de una persona enferma, dependiente y con unos ingresos que no le permiten afrontar el alquiler.

 

Ella misma ha explicado que dejó de pagar después de la pandemia porque no podía llegar a fin de mes y que posteriormente sufrió un robo en el que perdió lo que tenía de valor. Pues bien, ahí es donde las administraciones tienen que estar.

 

Es eso lo que debería hacernos pensar. Si una persona tiene un cáncer terminal, una dependencia reconocida y vive de ayudas públicas, ¿cómo puede llegar su situación hasta la puerta de un juzgado sin que exista una alternativa habitacional preparada? Aquí es donde los discursos sobre la vivienda suelen naufragar.

 

La propiedad tiene derechos. El alquiler tiene obligaciones. El Estado tiene mecanismos para proteger a las personas vulnerables. Las comunidades autónomas tienen competencias en vivienda y servicios sociales. Los ayuntamientos también tienen herramientas. Y los juzgados tienen que aplicar la ley.

 

Porque una política de vivienda no puede construirse solamente sobre la idea de que quien tiene una vivienda debe soportar indefinidamente las consecuencias de un problema que es colectivo.

 

Y tampoco puede construirse sobre la idea contraria: que quien no puede pagar simplemente tiene que marcharse, tenga 87 años, esté enfermo o no tenga ninguna alternativa. Entre esas dos posiciones está la política.

 

Hay frases que parecen tan sencillas que nadie se atreve a discutirlas. Como, por ejemplo, esa que dice: “Lo único que pido es una casa. Nada más”. ¿Y los demás? ¿Qué hemos estado haciendo todos estos años para tener un techo?

 

Porque también hay millones de personas que han pedido una casa. La diferencia es que han tenido que pagarla o que se han comprometido con un alquiler durante años.

 

Han firmado una hipoteca para treinta o cuarenta años. Ahorrando para pagar una entrada. Y viven con la calculadora en la mano para llegar a final de mes. Renunciaron a vacaciones, a coches mejores, a otras cosas, porque había que pagar el techo. Y siguen pagándolo.

 

Por eso hay algo que me incomoda cuando el debate se plantea como si pedir una vivienda fuese algo extraordinario y conseguirla dependiera únicamente de que alguien nos la proporcione.

 

El problema es que hemos llegado a un punto en el que parece que solo hay dos posiciones posibles. O estás con el inquilino o con el propietario. O estás con Maricarmen o contra ella. Y no. También se puede defender que una persona vulnerable tenga una alternativa habitacional sin convertir en responsable de esa solución a quien posee una vivienda.

 

Porque quizá hemos conseguido algo bastante extraño: que una persona que lleva toda la vida pagando por tener un techo pueda llegar a sentirse culpable por preguntar por qué otra persona tiene derecho a que se lo proporcionen. Y eso tampoco es justo.

 

La vivienda es una necesidad básica. Por supuesto. Precisamente por ello no podemos convertirla en un enfrentamiento entre quienes tienen casa y quienes no. Esa solución tiene que pasar por las administraciones, por más vivienda pública, por unas ayudas cuando sean necesarias.

 

Por unos servicios sociales que conozcan los casos antes de que lleguen al juzgado, por unas alternativas habitacionales para las personas que realmente las necesitan o por políticas que permitan que una familia pueda acceder a una vivienda sin dedicar media vida a pagarla. Y también por respetar los derechos de quienes han comprado una vivienda con su dinero.

 

Lo que no puedo evitar preguntarme es qué hemos estado haciendo los demás durante toda nuestra vida. Porque nosotros también queríamos una casa. Y también hemos tenido que pagarla.

 

Y quizá aquí esté el verdadero problema. Que mientras discutimos sobre desahucios, propietarios e inquilinos, hay una realidad que crece por debajo: cada vez hay menos viviendas disponibles para una demanda que no deja de aumentar y los precios siguen colocando el acceso a un techo al alcance de cada vez menos bolsillos.

 

Por eso la discusión debería estar menos pendiente de quién grita más en un desahucio y mucho más pendiente de por qué no somos capaces de poner en el mercado las viviendas que hacen falta. Porque mientras no haya suficiente oferta, mientras construir una vivienda tarde años, mientras conseguir suelo, licencia y financiación se convierta en una carrera de obstáculos y mientras los salarios sigan creciendo a otro ritmo, seguiremos hablando de la vivienda como una emergencia.

 

El Gobierno de Canarias ha puesto sobre la mesa su Hipoteca Joven, una iniciativa que permitirá financiar hasta el 95 % del precio de la primera vivienda para determinados compradores. Medida que puede ayudar, porque precisamente uno de los grandes obstáculos para un joven no es solamente pagar una hipoteca, sino disponer del dinero inicial para llegar hasta ella.

 

Por el contrario, también conviene decirlo: de poco sirve facilitar que alguien pueda pedir dinero prestado si después no encuentra una vivienda que pueda comprar a un precio razonable. La Hipoteca Joven puede ayudar a pagar una casa; lo que no puede hacer es fabricarlas.

 

Y aquí el Ejecutivo canario también debería mirarse a sí mismo. Si queremos que haya más viviendas, habrá que poner menos obstáculos para construirlas. Agilizar suelo, licencias y procedimientos no significa construir de cualquier manera ni saltarse el planeamiento; significa que una vivienda que puede levantarse no debería tardar años en convertirse en un techo disponible.

 

Nuestros gobernantes han aprobado medidas para agilizar la tramitación de licencias y favorecer nuevas promociones, pero la emergencia habitacional exige que esa voluntad se traduzca en casas reales y no solamente en decretos, programas y anuncios.

 

Porque, si cada solución para acceder a una vivienda consiste en poner más dinero para comprar las pocas que existen, lo único que estaremos haciendo será alimentar una rueda que cada vez gira más deprisa.

 

Una casa no debería ser un premio para quien tenga la suerte de llegar primero, ni un privilegio reservado a quien tenga unos padres que puedan ayudarle, ni una batalla permanente entre propietarios e inquilinos. Debería ser algo mucho más sencillo: un lugar al que una persona pueda aspirar con el resultado de su trabajo.

 

Porque al final volvemos al principio. Todos queremos un techo en el que cobijarnos. La diferencia es que cada vez cuesta más encontrarlo y pagarlo.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 26 de septiembre de 2026.