EL MONÓLOGO / 340
Vaya papeleta

Por Pepe Moreno *

 

 

La dimisión de Montse Mínguez portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, parlamentaria por Lleida no me ha quitado esta turbación que hoy siento. No me sirve que la que hasta ahora hablaba en nombre de ese partido lo haya hecho después de una información periodística exclusiva.

 

Lo deja todo en plena campaña, su acta de diputada y su inclusión en las listas socialistas. Mínguez defiende que toda su actividad es «absolutamente legal», pero cree que «dar un paso atrás» porque eso, al menos así lo cuenta, «lo mejor para el proyecto colectivo al que he dedicado mi esfuerzo, mi compromiso y mis mejores energías».

 

Pero eso no quita para que yo siga desconcertado. No sé a quién votar. Ninguno de los partidos que se presentan pone encima de la mesa propuestas que terminen de convencerme. Ni la derecha, ni la ultraderecha, ni la izquierda, ni los que están más a la izquierda, ni los nacionalistas ofrecen respuestas que despejen mis dudas.

 

¿Qué hago? ¿A quién le entrego mi voto el próximo 29 de noviembre? No quiero votar contra nadie, ni hacerlo por miedo a que gane el adversario. Quiero votar porque me convence un proyecto. Porque encuentro propuestas que me ilusionan y porque creo que quienes las defienden saben cómo llevarlas a la práctica. El problema es que no termino de encontrarlas.

 

No necesitamos políticos que nos enseñen a enfadarnos. Lo que necesitamos los ciudadanos es que nos den razones para confiar en ellos. Y periodistas que no se conformen con reproducir lo que los políticos quieren que escuchemos.

 

Dice José Carlos Marrero, que es el director de Canariasenpositivo.com, que solo hay tres formas de comportarse el próximo día 29 de noviembre: no votar, hacerlo en blanco o votar por una opción. Yo quiero votar y no hacerlo no entra entre mis posibilidades.

 

Tampoco quiero hacerlo en blanco porque se considera válido, pero no se suma a ningún partido; puede influir indirectamente en el reparto de escaños al elevar el umbral electoral efectivo. Por tanto, estoy en un dilema.

 

Por ejemplo, ahí tenemos el asunto de las pensiones. Unos dicen que el sistema no puede sostenerse en las condiciones actuales y otros mandan callar, como si cuestionar su viabilidad fuera un ataque a los pensionistas o defender su continuidad bastara para garantizar que dentro de veinte años seguirá funcionando igual.

 

Las pensiones no son un regalo de ningún gobierno. Son el resultado de toda una vida de trabajo y cotizaciones, además del compromiso de una sociedad con quienes han contribuido a sostenerla. Quienes hoy las cobran tienen derecho a reclamar seguridad y dignidad. Y quienes todavía no han llegado a la jubilación deben saber si podrán contar con una protección semejante.

 

Conviene, además, hacer memoria. Parece que hemos olvidado aquellos años en los que, cada vez que se reunía el Consejo de Ministros, trabajadores y pensionistas tenían que estar pendientes de qué derecho tocaba recortar o qué nueva medida afectaría a sus bolsillos.

 

Con el Partido Popular conocimos la reforma laboral de 2012 y la que afectaba a las pensiones de 2013, que desvinculó su revalorización del IPC e introdujo un mecanismo que limitó las subidas al 0,25 % anual entre 2014 y 2017. Como la inflación acumulada fue superior, los pensionistas perdieron poder adquisitivo. ¿Se acuerdan cuando nuestros mayores nos contaban que le habían subido unos cuántos euros?

 

Fueron días, durante el mandato de Mariano Rajoy, en los que impuso un nuevo reparto. Había que pagar unas medicinas, o darle a Hacienda una parte de los premios de las loterías, o que justificar mediante un informe las perras de una subvención…

 

Sin embargo, el PSOE tampoco escapa a este repaso. ¿Hizo algo en estos ocho años por suspender, modificar o suprimir esas medidas? Nada. Es más, en mayo de 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suspendió la revalorización de las pensiones para 2011, con excepciones para las prestaciones más bajas.

 

Fue una de las medidas de ajuste adoptadas durante la crisis económica. Pedro Sánchez, entonces diputado, respaldó aquella decisión de su partido. Por tanto, tampoco sería justo actuar como si nunca se les hubieran pedido sacrificios a los pensionistas.

 

No hemos olvidado las veces que nos ha engañado Pedro Sánchez, que dijo que nunca gobernaría con Podemos, porque no podría dormir por la noche, y lo hizo; incluso nombró vicepresidente segundo a Pablo Iglesias, que era el líder de esa formación. Dijo que la amnistía era ilegal y la aprobó con los votos de los independentistas. Dijo que no descansaría hasta ver a Puigdemont entre rejas o hoy hace votos para su regreso. Y así muchas cosas más.

 

No nos hemos olvidado de “tito Berni”, un diputado socialista por Gran Canaria que comercializaba su cargo con estupefacientes y mujeres, ni con su hermano, condenado por optar a un puesto a medida, ni con su mujer, Begoña Gómez, que está imputada por aprovecharse de su cercanía con el presidente, ni tampoco de José Luís Rodríguez Zapatero, que tiene abierta unas causas por joyas o por haberse lucrado con las comisiones de un rescate a una aerolínea.

 

O de dos secretarios de Organización de su partido, Cerdán y Ábalos, ambos implicados en sendos sumarios. Uno condenado y en prisión y otro a punto de entrar. Tampoco nos olvidamos de que tiene un fiscal general del Estado con sentencia firme, o de Leire Díaz y las cloacas del Estado.

 

El Gobierno de Canarias, formado por CC y PP tampoco escapan. El tema de la pobreza en las islas es especialmente preocupante: el 31,2 % de la población está en riesgo de indigencia o exclusión social. Son unas 704.000 personas. La tasa se mantiene en el mismo nivel que el año anterior, después de cuatro años de descenso, y supera en 5,5 puntos la media nacional.

 

Según el mismo informe, el 54,2 % de la población canaria tiene dificultades para llegar a fin de mes. Casi la mitad, alrededor de 1,13 millones de personas, no puede afrontar un gasto imprevisto. Y el 8 % sobrevive con menos de 680 euros mensuales. Detrás de estas cifras hay personas que tienen que decidir qué factura pagan primero, qué compra dejan para la semana siguiente o a qué renuncian para cubrir sus necesidades básicas.

 

Otro tema que me preocupa es el de la inflación. En las islas, según el Instituto Canario de Estadística, en septiembre se alcanzó el 4,4 % interanual. La tasa fue inferior a la media nacional, situada en el 4,9 %, pero eso no significa que las familias hayan dejado de soportar el encarecimiento de sus gastos cotidianos.

 

De la cesta de la compra no podemos prescindir. Podemos aplazar la compra de un coche, renunciar a unas vacaciones o posponer una reforma, pero no podemos dejar de alimentarnos. Y a ese gasto se suma otro que amenaza con absorber una parte cada vez mayor de los ingresos: la vivienda.

 

Los datos de Encuesta Anual de Precios en Canarias inciden en que el 45,4 % de quienes viven de alquiler a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, unas 293.000 personas tienen retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca. Entre 2015 y 2025, el precio de la vivienda usada aumentó un 74,5 % en Canarias, mientras que el de la vivienda nueva se encareció un 101,7 %. No estamos ante una dificultad pasajera, sino ante un problema que lleva años agravándose.

 

¿Quién puede pagar esas cantidades con tranquilidad cuando sus ingresos son modestos? ¿Qué posibilidades tiene una pareja joven de independizarse si debe destinar una parte tan importante de su salario al alquiler? ¿Qué margen le queda a una familia con hijos después de pagar la casa, la comida, el transporte y los recibos?

 

Hemos visto, en los últimos días, a un ejecutivo que plantea limitar la compra de viviendas a quienes acrediten diez años de residencia ininterrumpida en las islas o quince de residencia discontinua, además de establecer restricciones sobre el número de inmuebles que puede adquirir una persona. No es una medida cualquiera porque necesita cambios legislativos y la intervención de otras administraciones, incluido el Estado y, en determinados aspectos, la Unión Europea.

 

Entiendo la preocupación que hay detrás de la iniciativa. El acceso a la vivienda se ha convertido en una emergencia y es legítimo buscar fórmulas para proteger a quienes viven y trabajan aquí. Coalición Canaria tiene que explicar mucho más.

 

¿Cómo se aplicarían esas restricciones? ¿Qué excepciones habría? ¿Cómo afectarían a quienes llegan a las islas por motivos laborales o familiares? ¿Qué garantías jurídicas tendrían? Y, sobre todo, ¿cuántas viviendas asequibles adicionales conseguirían poner a disposición de los residentes?

 

Hay otra cuestión que conviene señalar. Mientras CC defiende restricciones a la compra por parte de no residentes, también reclama agilizar licencias, reducir la burocracia y aumentar la oferta de vivienda. Esas medidas pueden formar parte de una estrategia más amplia, pero hay que explicar cómo se complementan y qué resultados se espera obtener de cada una. La emergencia habitacional exige actuar sobre varias causas, no confiarlo todo a una única decisión.

 

Unos prometen proteger a los inquilinos; otros defienden a los propietarios. Todos parecen tener una parte de razón, pero la realidad es que cada vez resulta más difícil encontrar una casa que se pueda pagar.

 

¿Cuántas campañas electorales más tendremos que escuchar antes de que la vivienda deje de ser una promesa recurrente y se convierta en una política capaz de ofrecer resultados? No espero que un gobierno resuelva en una legislatura todos los problemas acumulados, pero sí que explique qué pretende hacer, cómo piensa conseguirlo y en cuánto tiempo espera empezar a obtener resultados.

 

¿Quién me dice que CC no se va a comportar de manera diferente en un asunto como este? ¿Quién asegura que Cristina Valido, cabeza de lista por esta provincia, y Teodoro Sosa, que encabezará por Las Palmas, van a estar en la misma sintonía?

 

Sigo desconcertado. Y, a estas alturas, no sé si el problema es que todavía no he encontrado un partido que me convenza o que esas formaciones han dejado de esforzarse por convencer a quienes no están dispuestos a entregarles su confianza de antemano.

 

Lo que sí tengo claro es que no quiero que nadie me diga a quién debo votar. Quiero que me expliquen por qué debería hacerlo.

 

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 17 de octubre de 2026.