EL MONÓLOGO / 344
Sofá y realidad

Por Pepe Moreno *

 

 

El pasado miércoles, 11 de noviembre, Canarias vivió una jornada de huelga general. Una convocatoria que no nació de la nada ni se explica únicamente por las diferencias entre sindicatos y empresarios.

 

Detrás de aquella movilización había tres palabras que resumen buena parte de las preocupaciones de nuestra sociedad: salarios, techo y precios.

 

Tres problemas que se han instalado en la vida cotidiana de miles de familias y que, por mucho que nos acostumbremos a escucharlos, no dejan de ser tres asignaturas pendientes de nuestra economía y de nuestros responsables públicos.

 

La convocatoria de CC. OO., UGT, CGT, Intersindical Canaria y otras organizaciones pretendían poner sobre la mesa las dificultades para acceder a una vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de mejorar los salarios y las condiciones laborales.

 

No eran reivindicaciones desconocidas. Llevamos años hablando de ellas, escuchando promesas y asistiendo a debates en los que abundan los diagnósticos, pero escasean soluciones.

 

En Canarias, además, somos un territorio que presume de récords turísticos, de ocupación hotelera, de facturación y de llegada de visitantes. Una economía que mueve miles de millones de euros y que, sin embargo, sigue teniendo enormes dificultades para trasladar esa prosperidad a una parte importante de quienes la sostienen cada día.

 

Es difícil explicar que tengamos trabajadores que no pueden permitirse alquilar una vivienda cerca de su puesto de trabajo. Y es todavía más difícil pedir paciencia a quienes llevan años esperando que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida.

 

La huelga, sin embargo, terminó dejando una fotografía distinta según quién la mirase. Los sindicatos hablaron de éxito y UGT situó inicialmente el seguimiento en Canarias en el 56 %, mientras que Comisiones Obreras lo elevó posteriormente al 60 %. La Confederación Canaria de Empresarios ofreció una lectura radicalmente diferente: calculó que apenas un 1 % de los trabajadores había secundado el paro.

 

Con semejante baile de porcentajes, cualquiera diría que no estábamos contando trabajadores, sino participantes de un concurso de televisión. Cada organización tenía su calculadora, su resultado y, por supuesto, su ganador.

 

Una huelga no arregla una nómina, no construye una vivienda, no reduce el precio de la cesta de la compra ni consigue por sí sola que un convenio colectivo avance. El día después es mucho más importante que el día de la convocatoria.

 

El miércoles hubo quien hizo huelga, quien acudió a trabajar, quien participó en las manifestaciones y quien prefirió mantenerse al margen. Todas son decisiones que merecen respeto. Porque una comunidad no puede considerarse próspera si una parte de quienes la levantan no consiguen vivir con dignidad en ella.

 

Y mientras discutíamos sobre salarios y vivienda, la isla de El Hierro volvía a recordarnos que hay problemas que Canarias lleva demasiado tiempo afrontando prácticamente en solitario. La isla se ha convertido, una vez más, en el principal escenario de una crisis migratoria que no entiende de calendarios políticos ni de declaraciones institucionales.

 

En los primeros diez días de noviembre llegaron al Archipiélago cerca de 7.500 personas, según los datos facilitados por el presidente Fernando Clavijo. Una cifra que da una idea de la dimensión de lo que está ocurriendo en un territorio que apenas supera los 12.000 habitantes.

 

Y esta vez el malestar no se quedó únicamente en los despachos. Los vecinos de La Restinga salieron a la calle y se concentraron en el puerto para reclamar soluciones. No estaban pidiendo que se dejara de atender a quienes llegan en cayucos, ni que se abandonara a personas que han recorrido miles de kilómetros jugándose la vida.

 

Lo que reclamaban era algo bastante más elemental: que las administraciones dejaran de mirar hacia otro lado y que alguien se ocupara también de quienes viven allí. De los pescadores que ven ocupados los espacios de su actividad, de los centros de buceo afectados, de los establecimientos que sufren las consecuencias y de unos vecinos que han visto cómo su vida cotidiana cambiaba de la noche a la mañana.

 

Fernando Clavijo se desplazó a Madrid para reunirse con el Gobierno central y regresó con una batería de compromisos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez declaró la emergencia migratoria en Canarias, anunció 15,18 millones de euros adicionales para habilitar plazas de acogida y facilitar traslados, un millón de euros para reforzar la atención sanitaria de Cruz Roja y la incorporación de una nueva Guardamar a los dispositivos de Salvamento Marítimo.

 

También se comprometió a estudiar compensaciones para los sectores económicos afectados en El Hierro y a reforzar los recursos policiales y administrativos. Algo se consiguió, desde luego.

 

Al día siguiente, Clavijo habló con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y comprobó que Bruselas dispone de recursos para reforzar Frontex, activar la Agencia Europea de Asilo y movilizar fondos, pero necesita que el Gobierno de España los solicite, y en Ejecutivo de Sánchez no lo ha hecho. La pregunta es inevitable: ¿a qué estamos esperando?

 

Tampoco podemos permitir que la inmigración se convierta en otro instrumento de confrontación partidista. Cada administración tiene competencias y obligaciones. Unas deben atender la llegada, otras gestionar la acogida, otras facilitar los traslados y Europa debe asumir que sus fronteras exteriores no terminan donde empiezan las dificultades.

 

Lo que no tiene sentido es que cada cual espere a que el otro dé el primer paso mientras los problemas se acumulan en el muelle de La Restinga. La solidaridad no puede consistir en pedir siempre a los mismos que hagan el esfuerzo.

 

Al final, tanto la huelga como las protestas de El Hierro hablan de lo mismo: de ciudadanos que no quieren resignarse a que sus problemas se conviertan en parte del paisaje o que las administraciones siguen pasándose la pelota, porque a este paso, antes de resolver el problema tendremos que organizar un campeonato europeo de lanzamiento de responsabilidades.

 

A estas alturas del comentario no he hablado de las encuestas, ni de que Santiago Abascal se fue a sentar al sofá de David Broncano en La Revuelta. Que uno ya no sabe si estamos en campaña electoral o en una competición por ver quién consigue más minutos de televisión. Broncano puso el sillón y Vox quiso controlar hasta quién se sentaba enfrente.

 

Alberto Núñez Feijóo, antes de comenzar la campaña ya se ha paseado por El Hormiguero y por el podcast de Jordi Wild, mientras Pedro Sánchez ha elegido El perro andaluz, de Manu Sánchez. Cada uno busca su escenario, su público y su manera de llegar al votante.

 

Ya no basta con acudir a los mítines, conceder entrevistas en los medios tradicionales o debatir en el Parlamento. Ahora hay que sentarse en un sofá, enfrentarse a las hormigas, conversar con un youtuber o dejarse preguntar por un humorista.

 

No seré yo quien diga que los políticos no deban acudir a estos espacios. Al contrario, cuanto más se expongan a preguntas y públicos diferentes, mejor. Lo que me preocupa es que terminemos confundiendo la popularidad con la capacidad para gobernar, el desparpajo con las soluciones y una buena actuación televisiva con un buen programa político.

 

Y, mientras tanto, las encuestas siguen haciendo su agosto, aunque estemos en noviembre. Unas reparten mayorías, otras las discuten y los partidos las interpretan como si resultaran oficiales.

 

Son como los espejos de los probadores: cuando nos favorecen, nos vemos estupendos; cuando no, siempre pensamos que la luz está mal puesta. Y los partidos, como buenos clientes, se quedan únicamente con el reflejo que más les gusta.

 

Que Pedro Sánchez haga un mitin en Sevilla y aparezca su mujer Begoña Gómez, no es un buen reclamo. Lo mismo que los sondeos que le dan dos diputados a UPC, uno en cada provincia, a eso le llamo una godada. ¿Quién conoce a los candidatos de ese frente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?

 

Y ahí aparece José Antonio Valbuena, candidato al Congreso de los Diputados, y más simple que el mecanismo de un botijo, por lo que dijo, que él no es así. Después de años sin resolver el problema de la vivienda llega con su propuesta: que las casas las construyan otros y que las soluciones las ponga la Administración. El socialismo inmobiliario en versión IKEA: unos montan los muebles y otros se quedan con el piso.

 

Ha dicho Valbuena que “problema de construcción es que no se construye lo que se debía, y por lo tanto lo que hay que hacer es movilizar las viviendas vacías. Para eso, como primera medida de urgencia, es que se prohíba la compra a los especuladores, eso es importantísimo”.

 

Es decir, tenemos un problema por la falta de techos en los que cobijarse, pero la solución que propone no es construirlas, sino expropiar al que ya las tiene, sean muchas o pocas.

 

Es como pretender solucionar la falta de pan prohibiendo comprar harina y requisando las barras que están en las casas. A este paso, en lugar de una consejería de Vivienda vamos a necesitar una delegación de la Guardia Civil inmobiliaria.

 

Al final, entre sondeos, platós, declaraciones y promesas, parece que los políticos están más pendientes de cómo salen en la pantalla que de cómo viven los ciudadanos al otro lado de ella.

 

Y el 29 de noviembre no votaremos a quien mejor se desenvuelva en un sofá, sino a quienes tendrán que levantarse de él para gobernar. Que ya va siendo hora de que alguien se tome en serio el trabajo que viene después del espectáculo.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 14 de noviembre de 2026.