La polémica de socialistas
veteranos sobre el indulto

Eligio Hernández Gutiérrez *

 

Varios relevantes militantes veteranos socialistas se han manifestado públicamente en favor y en contra de que el Gobierno conceda el indulto a los independentistas catalanes condenados por sedición. Felipe González ha dejado claro que no se dan las condiciones de respeto a la Constitución, al Estatuto, y al Ordenamiento Jurídico, para conceder el indulto. Es evidente que esas condiciones no se van a dar desde el momento en que los sediciosos no cesan de proclamar “Ho tornarem a fer” ( lo volveremos a hacer). Ya dijo Junqueras, en una carta a la militancia, tras la sentencia: “Volveremos y volveremos más fuertes”.

 

Jordi Sánchez, secretario general de JxCat, ha dicho que “los que deberían cumplir la legalidad son los miembros del Supremo que reinterpretaron el Código Penal, y que el conflicto se resuelve con la amnistía-vedada por la Constitución -y el ejercicio del derecho a la autodeterminación». «Pues, ¿qué hay más vil que, quien ha atentado contra la soberanía del pueblo romano, después de ser condenado en un juicio vuelva a encabezar el mismo alzamiento por el que fue condenado según las leyes?». (Cicerón. Contra Marco Antonio).

 

Alfonso Guerra entiende que no se cumplen los requisitos de la Ley de Indulto de 1870 para conceder el Indulto, sobre todo, el del arrepentimiento, exigido en su artículo 25: “El Tribunal sentenciador hará constar, especialmente, en su informe, – como ha hecho la Sala 2ª del Tribunal Supremo, desfavorable al indulto, – las pruebas o indicios del arrepentimiento que observaren”. Comparto su opinión, jurídicamente impecable, de que la concesión del indulto puede ser declarado ilegal por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en caso de recurso, ya que el Decreto de indulto es un acto discrecional que debe ser motivado y, por lo tanto, controlable judicialmente.

 

En un artículo publicado en el País el martes 1 de julio, encabezado por Joaquin Almunia y Enrique Barón, dos socialistas con una trayectoria política encomiable, defienden que se debe conceder el indulto para dar ocasión al dialogo y encontrar un camino de entendimiento. Contrariamente a lo que parecen dar a entender, en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los independentistas coinciden justicia y legalidad. Por lo tanto, no está justificada la concesión del indulto por razones de justicia. Como ha escrito Elorza, “diálogo” significa intercambio de opiniones entre dos sujetos, si se quiere con el fin de superar una desavenencia. Pero no cabe hablar de diálogo cuando uno de ellos tiene ya adoptada una posición inmutable y la relación con el otro se limita a hacer efectiva su pretensión de imponerla, sin modificación alguna.

 

Tal es el caso del independentismo catalán que no renuncia al inexistente derecho de autodeterminación en el derecho nacional y en el derecho internacional, y a la amnistía, vedada por la Constitución. La llamada al diálogo se convierte en una pura y simple operación de propaganda política, para Sánchez, que no cree en el diálogo, pero lo mantiene a ultranza para permanecer a toda costa en la Moncloa, y para los secesionistas, que les permite ganar tiempo para que el “adoctrinamiento”, “envenenamiento”, como lo denominó Santiago Ramón y Cajal, facilite la independencia, según su hoja de ruta “hoy paciencia, mañana, independencia”.

 

Como ha escrito Alfonso Goizueta, «Es vital que Sánchez comprenda que el apaciguamiento es inútil, que la meta volante de la independencia jamás desaparecerá». «No se puede dialogar con un cocodrilo cuando tenemos la cabeza en su boca”, reza la frase atribuida a Winston Churchill, quien durante los años treinta auguró que Hitler no se iba a dar por saciado nunca. La historia advierte de que apaciguar únicamente aumenta las ansias del apaciguado, el cual considera que nunca dejará de obtener ventajas mientras presione. Con cada concesión se verán más cerca de lograr la independencia, y, por lo tanto, redoblarán sus esfuerzos por, primero, acercarse más a ella a base de debilitar al Estado, y, segundo, conseguirla enfrentándose directamente al Estado cuando esté débil. Solucionar la cuestión catalana con diálogo, como quieren desde Moncloa, implicaría aumentar el número de competencias transferidas, entregando a los secesionistas la independencia de facto para que así dejen de buscarla de iure”.

 

El presidente y los miembros del Gobierno de la Generalitat fueron condenados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, por el delito de rebelión militar contra la República el 6 de octubre de 1934, a treinta años de prisión, y la autonomía catalana fue suspendida indefinidamente por una ley presentada a las Cortes por el Gobierno de la CEDA con Lerroux. Prueba irrefutable del fracaso histórico de la política de diálogo y apaciguamiento, es que, -a pesar de que los independentistas catalanes fueron amnistiados por el  Frente Popular, liderado por el PSOE de Largo Caballero, dejando impune la citada rebelión, y restaurando la vigencia del Estatuto, y de que incorporó a 6 ministros de ERC y a varios anarquistas a los gobiernos del Frente, –  traicionaron a la República ( la palabra traición es de Azaña) durante la guerra civil, como denunciaron Negrín, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes; y Azaña, en los artículos escritos   en Collonges-sous-Saléve ( Francia) en 1939 : “Cataluña en la guerra,  y la insurrección libertaria y el «eje» Barcelona-Bilbao”, cuya lectura recomiendo expresamente a los militantes socialistas.

 

El ex ministro de Justicia del PSOE, Tomás de la Quadra, cuya autoridad en la materia es incuestionable, en un artículo publicado en el País el lunes 31 de mayo, sostiene que el Gobierno debe justificar o explicar   las razones de conveniencia y utilidad pública, -exigidas por la Ley de Indulto de 1870,- para conceder el indulto. De acuerdo, pero no creo que el Gobierno pueda justificar convincentemente dichas razones, ya que la historia demuestra que siempre que el Gobierno les ha hecho concesiones a los independentistas catalanes se han crecido más y han agravado más la situación. En todo caso las motivaciones de conveniencia y utilidad pública que haga el Gobierno para conceder el indulto son controlables por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que puede entender que no justifican dicha concesión.

 

Algunos dirigentes y militantes del PSOE censuran de deslealtad a los veteranos socialistas, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza, por ser críticos con la actual dirección del PSOE, especialmente por sus pactos, o “acuerdos”, con la ultraizquierda plurinacional de Podemos, con Bildu, que no ha mostrado arrepentimiento y pedido perdón por los crímenes de ETA, que siguen encubriendo impunemente, y con los independentistas sediciosos catalanes de ERC; y ahora,  por la probable concesión del indulto, sin la autorización del Comité Federal y de los órganos del PSOE.

 

La lealtad que se debe al PSOE no puede ser acrítica, que no es lealtad, sino sometimiento al bonapartismo oligárquico que impera en el PSOE, sobre todo cuando ya no hay debates internos y los acuerdos de los Congresos y del Comité Federal se toman prácticamente por unanimidad, a la búlgara, de tal manera que su estructura y funcionamiento interno ya no son democráticos, como exige el artículo 6 de la Constitución.  La lealtad se debe no a las direcciones políticas partidistas mutantes, sino al ingente legado histórico, político, humanista y cultural del socialismo democrático español.  “Anidan en jóvenes cuerpos almas viejas y en viejos cuerpos almas de renaciente juventud”, escribió Jaime Vera, reflejando a Pablo Iglesias, fundador del PSOE.

 

Me había propuesto no criticar más políticamente a mi partido y al Gobierno, pero, ante la más que probable concesión del indulto, es una obligación ética expresar nuestras opiniones, ya que, como advirtió Galdós: “Cuando una inundación invade los sótanos, los inquilinos del piso principal no pueden subirse a la azotea para no mancharse con el agua sucia, mientras ésta reblandece el solar y los cimientos”.

 

* Eligio HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Presidente de la Sociedad Civil de Canarias.

Abogado en ejercicio y Magistrado jubilado.

Ex Fiscal General del Estado y ex miembro del Consejo de Estado

Ex diputado en el Parlamento de Canarias.

Ex Gobernador Civil de S/C de Tenerife y Delegado del Gobierno en Canarias.

Ex miembro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Académico de la Academia Canaria de la Lengua.

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna (ULL)

Diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo.

Militante socialista.

 

Santa Cruz de Tenerife, 7 de junio de 2021.