Canarismo,
autogobierno y progreso

Román Rodríguez *

 

Comienza a extenderse cada vez más el uso del término canarismo para referirse a un espacio, plural y diverso, tendente a la construcción nacional de Canarias desde la exigencia (y la práctica) de más y mejor autogobierno, así como la voluntad de ganar en soberanías, en capacidad real de decisión propia en los ámbitos políticos, económicos, alimentarios o energéticos. Ecologista y feminista.

 

No se trata en modo alguno de un término nuevo. La expresión canarismo aparece ya en algunas obras de los años setenta y ochenta del pasado siglo. Y ahora está siendo recuperada por personas y colectivos que reflexionan abiertamente, en los medios de comunicación o en algunos libros de reciente publicación, sobre el presente y el futuro del nacionalismo canario.

 

No es un maquillaje. No es un intento de desnaturalizar a ese espacio. No pretende rebajar sus contenidos y sus objetivos a corto, medio o largo plazo. Hablamos de un espacio que en las últimas cuatro décadas ha compartido momentos de enorme presencia social y electoral con etapas de absoluta debilidad.

 

Un espacio que ha venido denominándose como nacionalismo canario tras la dictadura franquista, desde la eclosión de Pueblo Canario Unido (PCU) y, sobre todo, de la Unión del Pueblo Canario (UPC), a finales de los años setenta. Y que cuenta con numerosos antecedentes históricos, dentro y fuera del Archipiélago, de mucho menor impacto organizativo y electoral.

 

Equilibrios

 

Tras la desaparición de la UPC, de vocación claramente autodeterminista, este ámbito ha caminado fundamentalmente por senderos autonomistas (que ya transitaban en los años setenta expresiones partidarias de gran apoyo popular, como Asamblea Canaria, Agrupación Herreña Independiente o Asamblea Majorera) con opciones conservadores y progresistas, insularistas y pancanaristas. Con momentos de gran unidad y equilibrio ideológico y territorial, especialmente la original Coalición Canaria del 93, y ahora con varias expresiones partidarias.

 

Entiendo que lo que representa hoy al nacionalismo canario tiene que optar necesariamente por vías propias, autocentradas. Que no son las del regionalismo de PRC, UPN o Foro. Pero no debe aspirar, tampoco, a ser clon alguno de PNV, ERC o BNG, ni de sus proyectos, que responden a las realidades de sus respectivos territorios, a su historia, a sus condiciones económicas, sociales, culturales y políticas.

 

Nosotros debemos desarrollar, sin complejos, nuestra propia vía. La que corresponde a la comunidad más singular y diferenciada, pese a no haber sido considerada Canarias en su momento nacionalidad histórica ni contar con idioma propio. Pese a habérsenos impedido votar nuestro primer Estatuto y sus posteriores reformas. Eso sí, alcanzamos la condición de nacionalidad en la reforma estatutaria de 1996.

 

Cuando hablamos de canarismo estamos hablando de un espacio político canario, autónomo, sin vinculación ni dependencia de organizaciones estatalistas y, asimismo, sin subordinaciones a poderes de ningún tipo, ni locales ni foráneos; que aspira a los máximos niveles de autogobierno y de empoderamiento de esta tierra en función de la madurez y los democráticos deseos de su pueblo; que combina la defensa de su identidad con el compromiso con el territorio y el medio natural, la superación de las desigualdades y la permanente mejora de las condiciones de vida de su gente.

 

Un espacio sociopolítico -no solo lo integran partidos, sino también distintos colectivos, así como personas sin adscripción partidaria- que intenta defender y representar los intereses de la mayoría de la sociedad del Archipiélago. Desde la pluralidad de posicionamientos en la relación Canarias-Estado, desde el autonomismo al federalismo, pasando por otras formulaciones soberanistas o de otro tipo. Y, asimismo, ajeno a estériles ortodoxias ideológicas; desde un progresismo abierto, constructivo, plural y superador de las graves desigualdades que padece nuestra tierra.

 

Estamos convencidos de que el autogobierno inaugurado en la primera mitad de los años ochenta ha supuesto para Canarias significativos avances en infraestructuras, en calidad de los servicios públicos, en bienestar de su población y en corrección de los profundos desequilibrios interinsulares. Pero también somos conscientes de las insuficiencias que obligan a un planteamiento autocrítico y a la superación de las debilidades y carencias de nuestra tierra. También en la conciencia como pueblo y en la capacidad de decisión.

 

Nuevo Estatuto

 

El Estatuto de 2018 significó un nuevo avance. Una mejora, pese a las resistencias iniciales, respecto al sistema electoral. Con el incremento de un diputado en la circunscripción de Fuerteventura, que pasó de siete a ocho, equiparándose con Lanzarote y La Palma; y la lista nacional canaria de nueve escaños, estrenados en los comicios autonómicos de mayo de 2019. Así como la significativa reducción de las barreras electorales al 15% insular y el 4% autonómico, frente al 30% y el 6% vigentes con anterioridad.

 

El Parlamento de Canarias debe ahora elaborar, y aprobar por mayoría de tres quintos (42 escaños), la ley electoral que establece el Estatuto, acabando con la transitoriedad de la actual normativa. Sabemos de las enormes dificultades para llegar a acuerdos sobre este asunto, que exige amplios consensos. Pero consideramos que hay un margen de mejora que permita ganar en democracia y representatividad del voto de la ciudadanía; por ejemplo, ampliando la lista autonómica en cinco escaños.

 

Los derechos de ciudadanía ocupan una parte significativa del articulado del reformado Estatuto. Explicitando que se “garantizarán las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas a la igualdad, la no discriminación, la participación en la vida pública, al desarrollo económico, la libertad y el respeto a los derechos humanos”.

 

Derechos de las familias, de los jóvenes, de las personas mayores, de discapacitados y dependientes, a la igualdad entre mujeres y hombres, a la orientación sexual, a la salud y la educación, en el mundo laboral, de carácter medioambiental… O el derecho a una renta de ciudadanía que habrá que armonizar con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Estado, complementándolo.

 

Además, son numerosas las competencias pendientes que emanan del Estatuto, cuya transferencia, con las adecuadas dotaciones, se hace preciso agilizar. Entre ellas, las de ordenación y gestión del litoral canario, salvamento marítimo, promoción o defensa de la competencia. Otras hacen referencia a las telecomunicaciones o a la gestión de los fondos europeos y la participación en las delegaciones estatales ante la Unión Europea cuando se vea afectada su condición de Región Ultraperiférica.

 

Y un artículo adquiere especial relevancia ante el repunte del fenómeno migratorio: el 144 del Estatuto, que señala que la Comunidad Canaria “participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, dada su situación geográfica, a través de los órganos de coordinación previstos…”.

 

Canarias debe asumir las competencias pendientes de transferir y, al mismo tiempo, desarrollar los distintos contenidos del Estatuto reformado en el año 2018. Para el canarismo, el máximo nivel de decisión propia y la buena gobernanza constituyen los ejes para que nuestra tierra siga progresando económica, social y medioambientalmente. Para combatir las desigualdades y apostar por una mayor equidad. Para hacer frente a los riesgos de involución autoritaria y centralista. Para construir un país, el nuestro, más justo.

 

*  Román RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Presidente de Nueva Canarias (NC)

 

Islas Canarias, 7 de noviembre de 2021.