Reforma laboral:
diálogo para ganar derechos

Román Rodríguez *

 

 

Superado el reto de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, uno de los relevantes asuntos pendientes de la legislatura era la reforma laboral. No parecía tarea sencilla alcanzar un acuerdo entre Gobierno estatal, patronal y sindicatos en un ambiente de polarización y crispación política; y, sin embargo, con dificultades, tras una tensa negociación, se logró. Lo que hay que valorar. Por lo que significa al ganar en protección de derechos laborales y en afrontar decididamente la reducción de la temporalidad, una de las exigencias de la Comisión Europea para la llegada de nuevos fondos.

 

Las propias formas de establecer el nuevo marco legislativo laboral ya son por sí mismas novedosas y adecuadas. Mediante la negociación y el acuerdo entre las partes, circunstancia bien distinta de lo ocurrido en las reformas impulsadas por Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, que se impusieron por sus Gobiernos, sin consenso con los agentes económicos y sociales, aunque en algunos casos con el aplauso de la patronal.

 

En estas cuatro décadas de democracia, en el Estado español se han producido distintas reformas laborales que han supuesto pérdidas de derechos laborales. La primera, la del PSOE de González en 1984, que abrió puertas para realizar contratos temporales para tareas estables en las empresas; en 1988 el Ejecutivo socialista profundizaría en la misma línea, abaratando el despido e introduciendo los contratos temporales para los jóvenes. Algunas de estas reformas laborales y la posterior fueron muy contestadas y llevaron a la convocatoria de huelgas generales, como sucedió en los años 1988, 2010 o 2012.

 

EXTREMADAMENTE AGRESIVA

 

Me detendré en la de 2012, la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, que ahora va a ser modificada, que no derogada. Fue entonces calificada de “extremadamente agresiva” por el ministro de Economía y Competitividad del Gobierno del PP, Luis de Guindos, en una indiscreta conversación con el comisario europeo de Economía, Olli Rehn. Eso sí, la cúpula empresarial la sentía como “su reforma”. Una reforma que debilitaba los procesos de negociación que hasta entonces equilibraban, relativamente, las relaciones entre trabadores y empresas.

 

Además, facilitaba que los salarios fueran reducidos de forma unilateral por parte de las empresas como vía para fomentar la productividad; en lugar de apostar por la diversificación, la cualificación y la tecnología, por la innovación y el desarrollo sostenible. Asimismo, permitía llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE) sin el menor control administrativo, acortando los plazos para ejecutarlos y ampliando el catálogo de situaciones que posibilitan a cualquier empresa acogerse a los mismos; además, un empleado podía ser despedido si en dos meses seguidos faltaba más de 9 días, aunque fuera por causas justificadas; y, asimismo, los jóvenes podían ser contratados por un año y, al final de este, ser despedidos de forma gratuita.

 

Pero volvamos a la reforma actual, que no a su derogación, que aún va a tener que superar algunos obstáculos para llegar a buen puerto. Tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno, la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, se ha producido la convalidación del decreto ley por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros y Ministras del pasado martes 28 de diciembre. Ahora corresponde su tramitación en las Cortes como proyecto de ley; algunos de los grupos que apoyan al Gobierno han anunciado que quieren establecer modificaciones a su articulado, mientras que la CEOE ha dicho que no admitirá que se cambie ni una coma del acuerdo firmado.

 

La CEOE lo ha ratificado pese a la oposición interna de las patronales de Madrid y Cataluña, así como de Asaja y del sector de automoción. ERC y EH Bildu han expresado sus críticas al texto, denunciando que no se eliminan todos los aspectos lesivos de la legislación del PP; el PNV ha señalado que lo rechazará en su tramitación parlamentaria si no plasma la prelación de los convenios vascos sobre los de ámbito estatal. El PP, por su parte, se ha manifestado radicalmente en contra calificándolo de “humo”; porque compromete sus pretensiones electorales y le viene fatal todo lo que aparezca como un éxito del Gobierno y un ejemplo de diálogo que dé estabilidad política, económica y social al Estado español. Poco razonable, nada responsable.

 

REDUCIR LA TEMPORALIDAD

 

Las modificaciones de la nueva normativa apuntan, fundamentalmente, a reducir la temporalidad y a favorecer la negociación colectiva, así como a mejorar los salarios y la formación, al tiempo que ofrecen flexibilidad al empresariado. Entre sus aspectos más polémicos y difíciles de superar en la negociación se encuentra la consideración del convenio de empresa como prioritario sobre los de rango superior, pero no en materia de salarios y de complementos. Además, el convenio colectivo se mantendrá vigente mientras se negocia su renovación, hasta que sea sustituido por otro.

 

El contrato de trabajo se presume concertado de manera indefinida y los contratos temporales serán de carácter excepcional y deben estar sometidos a causas muy estrictas, por circunstancias de la producción que precisen de más mano de obra puntual o para llevar a cabo sustituciones de trabajadores. Y, con relación a los contratos de formación, no podrán ser inferiores a 6 meses ni superiores a un año. Con relación a la subcontratación, protege de manera muy destacada a los trabajadores de las empresas subcontratadas que se acogerán al convenio del sector, sin que puedan percibir salarios inferiores a este.

 

Además, se recoge una nueva regulación que quiere facilitar los ajustes en el trabajo sin que se produzcan despidos, aprovechando la experiencia muy positiva que han supuesto los ERTE aplicados en la pandemia de la Covid 19. Con la creación de los denominados Mecanismos Red que posibiliten afrontar crisis económicas globales o que afecten a sectores económicos concretos; pudiendo las empresas solicitar reducciones de jornada o suspensiones temporales de empleo; un mecanismo que conlleva, además, la formación de los trabajadores y las exenciones de cotizaciones (entre el 20 y el 90 por ciento).

 

Los empresarios, por su parte, consiguen que no se incrementen las indemnizaciones por despido, así como el reconocimiento de su potestad a la hora de organizar las condiciones del trabajo -turnos o horarios- por razones económicas o productivas.

 

Alcanzar un acuerdo de este calado exige, necesariamente, cesiones de todas las partes y que nadie alcance plenamente sus objetivos previos. Al contrario de las reformas anteriores, sus contenidos suponen una recuperación de derechos para los trabajadores y trabajadoras. Son sustanciales los avances, pese a que el momento sociopolítico no es el más favorable, con la limitada movilización sindical y los crecientes vientos conservadores. Se trata de una legislación que modifica aspectos muy lesivos de la norma del PP y de otras anteriores, pero que, es cierto, no deroga por completo la hasta ahora vigente.

 

Desde Nueva Canarias siempre hemos defendido la modificación de las reformas laborales realizadas en 2010 y 2012. Con el objetivo de volver a situar a los trabajadores y trabajadoras en una mejor posición para negociar sus condiciones laborales, retomando la importancia de los convenios y la negociación colectiva; y acabando con los contratos temporales como norma y con el penoso imperio de la precariedad. No hay que olvidar que la temporalidad en Canarias es del 29,2%, es decir 4,5 puntos por encima de la media estatal; y que esta afecta más a las mujeres y a los jóvenes.

 

En ese sentido, manifestamos nuestro apoyo al acuerdo de reforma laboral que puede contribuir a combatir el elevado desempleo y la alta precariedad laboral en las Islas. Y ello exige, junto a la aplicación de la nueva legislación, actuaciones y compromisos entre el Gobierno canario y los agentes económicos y sociales del Archipiélago para mejorar la formación, la empleabilidad y la calidad del empleo en nuestra tierra. Sin renunciar, por supuesto, a continuar trabajando por la creación de un marco canario de relaciones laborales.

 

 

 

*  Román RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Presidente de Nueva Canarias (NC)

 

Islas Canarias, 2 de enero de 2022.