EL MONÓLOGO / 113
La Justicia y la política, de la mano

Por Pepe Moreno *

 

 

Podría hoy dedicarle este Monólogo a los derbis que estos días estamos viviendo, a lo que sentimos los que somos de uno u otro equipo, pero como el desenlace lo vamos a vivir esta tarde, mejor dejo el asunto para un anexo, que podría escribir mañana o para la semana que viene, con los ánimos más pausados después de lo que toque vivir estos días. Así que hoy, si me lo permiten, vamos a escribir de otro asunto, como es la Justicia y en manos de quien estamos. Son unas reflexiones que salen de la cabeza, después de ver lo que estamos viviendo y la manera que tienen de hacer las cosas algunos políticos y algunos magistrados.

 

Hace poco he terminado un libro, escrito por dos periodistas, Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote, en homenaje y basado en notas personales sobre la figura del general Emilio Alonso Manglano, el que fuera director del CESID y que, aunque fue nombrado en el Gobierno de Calvo Sotelo, estuvo al frente de la institución desde 1981 hasta mayo de 1995, es decir toda la etapa de Felipe González en La Moncloa y parte del Gobierno de Aznar. Tuvo que dejarlo como consecuencia de los papeles que filtró y que en su día se conocieron como los de Perote, un jefe de sección que tuvo Manglano en el Centro. El libro se llama El jefe de los espías y en él se relatan los hechos más significativos de una época de la Historia de España.

 

En sus páginas me he podido enterar de algunas cosas que desconocía de las que ocurren de puertas adentro de las decisiones de Estado. El dinero que le dieron, por ejemplo, a Adolfo Suárez para que no volviera a presentarse a unas elecciones y que una vez cobrado se olvidó de la promesa y creó el CDS con el que volvió a la escena política. O los chanchullos del Rey, de quien también fue consejero y al que a lo largo de todos sus papeles se pone de manifiesto qué fue lo que hizo porque su nombre no se manchara y las gestiones que realizó para que no salieran a la luz sus escarceos amorosos ni sus negocios. Pero a lo que iba, que no quiero hacer de spoiler de este libro, lo que más me llamó la atención son sus gestiones ante el poder judicial en múltiples asuntos de Estado.

 

Y eso me ha llevado a escribir este asunto y de lo que les va a los políticos con los distintos órganos que le competen a la Justicia en estos momentos. La lectura de esas páginas me ha llevado a cambiar mi opinión sobre la imparcialidad y de la venda con la que generalmente pintamos al símbolo de ese poder. Nunca antes había reflexionado sobre este particular y ahora entiendo lo que se juegan en cada una de las decisiones sobre los integrantes de los distintos órganos de la Justicia. Desde el Tribunal Supremo, el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o la elección de los fiscales generales o los de la Corrupción. Un peligroso método de elección en el que tienen mucho que ver la ideología o la “comprensión” para determinados asuntos en los que se ven involucrados los que ocupan puestos de responsabilidad.

 

En nuestro país el sistema judicial atraviesa graves dificultades. Podemos ver que algunas de ellas son de naturaleza «técnica», y que están derivadas de la falta de medios y de la mala o deficiente formación de muchos jueces. Otras, son más bien «políticas» y tienen que ver con la politización de la justicia. Algunas de las fuentes suelen atribuir la responsabilidad de esta segunda visión a las dificultades que ponen los partidos políticos. Se les acusa de decidir los nombramientos judiciales «cambiando cromos», en detrimento de los criterios de mérito que deberían utilizarse.

 

Esa acusación, sin embargo, se basa en una concepción idealizada del Estado de derecho y pasa por alto el verdadero problema de fondo, que no es sino el fuerte sesgo ideológico de los jueces. En España, nuestro sistema judicial está dominado por posiciones conservadoras. Son los intentos de unos por preservar el dominio conservador y de otros por alterarlo lo que explica las tensiones que llegan a los titulares de la prensa sobre los bloqueos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en el Tribunal Constitucional. Si los jueces tuvieran mayor neutralidad política, los problemas se simplificarían notablemente. Al menos, en teoría, es una posibilidad que hace mucho que no exploramos.

 

Desde hace algún tiempo, en este país nuestro, el juez que se identifica con una ideología política es posteriormente aupado a lo más alto de la cúpula judicial como vocales elegidos por los políticos. Mientras que los magistrados del Tribunal Supremo pierden su condición si pasan a la vida política, nada impide lo contrario. Es decir, que lleguen al Tribunal Supremo los magistrados que hayan hecho carrera política, como ha ocurrido con la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, o con Carlos Lesmes, actual presidente del TS. No parece muy lógico. Y es que las puertas giratorias se complementan extraordinariamente bien con el sistema de nombramientos discrecionales. El régimen legal que posibilita que los jueces salgan del azaroso juego político permite llegar a lo más alto a quien está dispuesto a ello.

 

Las estadísticas nos van poniendo en la pista sobre la actual desconfianza de los propios jueces ante el método que se hace para la selección de la cúpula judicial. Nadie sabe si esta ruta político-judicial privilegiada es la causante de la desafección que en este momento presentan los jueces ante la falta de oportunidades reales de ocupar los cargos más importantes del poder judicial.

 

Hemos pasado de la excedencia forzosa durante tres años por participar en un proceso electoral como mecanismo protector de la imparcialidad del juez -reforma introducida por el Gobierno Aznar, con carácter urgente tras el paso del juez Garzón por la política, de la que se arrepintió bien pronto,  a que los jueces puedan desarrollar su carrera política a la vez que la judicial, sin coste alguno, como un doble grado que después les permitirá acceder cómodamente a la cúpula judicial  sin tener que dictar una sola sentencia. Es frecuente que vayan de un lado a otro. Así se escribe nuestra historia. Y luego nos quejamos de que la percepción de independencia de nuestro poder judicial sea de las más bajas de Europa. No será porque el legislador constituyente no dejara claras las cosas.

 

Y en medio de todo esto nos encontramos con sentencias realmente raras, con decisiones judiciales en las que imperan más los colores que la normativa vigente y que el derecho, que en sí es muy interpretable, cada uno lo aplique en función de las aspiraciones o de las ideas que conciba en ese punto. Por eso hay tantas conversaciones de los políticos con los jueces y por eso no es lo mismo juzgar a un personaje público que a una persona en público. No es lo mismo que lleguen a un proceso judicial en unas condiciones especiales.

 

Estoy de acuerdo en que se han producido una serie de sentencias que han logrado esclarecer unos hechos en los que se ha ejercido mal el poder, pero no es menos cierto que nunca ha sido totalmente entendido. Por ejemplo, condenaron a 35 años a Luis Roldán por sus prácticas corruptas en su vida política, pero ni estuvo ese tiempo en la cárcel ni tampoco se encontró el dinero que supuestamente se había llevado en sus tiempos de alto cargo del Ministerio del Interior.

 

Tampoco sabemos qué pasó con el dinero que detrajeron de las arcas públicas en Andalucía los expresidentes José Antonio Griñán o Manuel Chaves por el caso de los ERES. Tampoco lo que ocurrió en Valencia o si las cantidades por las que fue condenado Mario Conde algún día fueron ingresadas en el Tesoro Público. Nunca hemos sabido el total de las historias judiciales de los condenados públicos, pero sí de las disputas por ser juzgados en el Tribunal Supremo o que las dilaciones en sus casos fueron tan significativas que fueron perdiendo el interés de los ciudadanos y una causa nos entretenía mientras que otra se olvidaba en el fondo de nuestros cerebros.

 

Con todo esto quiero decir que la Justicia, con mayúscula, ni es tan ciega como quisiéramos ni tan imparcial como pensamos. Que la imparten jueces de carne y hueso y que aplican el derecho en función de su interpretación. La división de poderes que explicaba Montesquieu cada vez se perfila menos y está más confundida en un papel en que todo se embrolla para beneficio de unos y perjuicios de otros.

 

Las acusaciones de algunos políticos para perjudicar a otros que detentan poder, o lo que hicieron en el pasado, es uno de los argumentos para eliminarlos en los procesos electorales o para cercenar carreras políticas. Al final, judicializando sus acciones, nos distraen de hacer análisis riguroso sobre lo que hicieron o lo que se quedó en meros anuncios propagandísticos de lo que querían hacer.

 

En este momento llego a la conclusión de que la judicatura también tiene sesgo político y si no es así que venga alguien y me lo explique.

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 4 de junio de 2022.