Apoyo a las rentas medias y bajas

Román Rodríguez *

 

 

La elevada inflación que venimos padeciendo castiga, en todo el mundo, al conjunto de la sociedad. A las administraciones y a las empresas que ven incrementados notablemente los costes de los servicios, los suministros y las obras. A los ciudadanos y a las ciudadanas que pierden una parte de su poder adquisitivo, que les cuesta hoy mucho más llenar la cesta de la compra y afrontar los precios de la energía. E incide, especialmente, en las personas y familias con rentas medias y bajas. Por lo que las acciones de los gobiernos deben dirigirse prioritariamente a aliviar su situación, la de la gran mayoría de la sociedad, y no, como están haciendo varias comunidades del PP, que, aprovechando este debate, sin el menor disimulo, eliminan el impuesto de patrimonio, favoreciendo a la minoritaria franja más rica, sin que esto tenga nada que ver con combatir la inflación.

 

Este año 2022, como ha ocurrido en otras ocasiones por motivos inflacionistas, se está produciendo una significativa distancia entre la renta nominal y la renta real; es decir, entre lo que ingresamos por nuestros salarios o nuestras pensiones -y que son las cantidades por las que luego tributamos cuando vayamos a hacer la declaración del IRPF- y la capacidad real, efectiva, de esos ingresos, mucho menor, ante la subida generalizada de los precios.

 

Una inflación estatal que en septiembre se situó en el 9% y que, según las estimaciones y la evolución más reciente, puede alcanzar finalmente este año en torno al 8% en el conjunto del Estado y un punto por debajo en Canarias. En marzo llegó a situarse en el 9,8%, ascendiendo en julio hasta 10,8%, valores que no se producían en España desde los años ochenta del pasado siglo. En el conjunto de la Unión Europea la situación es similar, rozando el 10% de inflación el pasado mes de julio.

 

DERECHAS CANARIAS

 

Las derechas canarias proponen rebajar el IGIC, reduciendo el actual 7% de su tipo general (por tanto, un tercio del IVA estatal, que es del 21%), aunque cuando Coalición Canaria gobernaba en las Islas, tras la crisis financiera de 2008, hicieron justamente todo lo contrario, lo incrementaron del 5% al 7%, es decir, lo subieron dos puntos porcentuales o, si lo prefieren, un 40%; y, además, de forma paralela, procedieron a recortar de forma notable los servicios y las prestaciones públicas.

 

Esa hipotética rebaja demandada por las organizaciones políticas conservadoras afectaría, eso sí, al conjunto de las administraciones públicas y a los servicios que estas prestan, al reducir sus ingresos. Tanto a la Comunidad Canaria, responsable de la educación, la sanidad o los servicios sociales, que se lleva el 42% de los ingresos del bloque canario de financiación, como a los ayuntamientos y los cabildos, a los que corresponde el 58%, y que también ofrecen prestaciones diversas a la ciudadanía en su ámbito competencial.

 

Aunque el IGIC incrementará previsiblemente  su recaudación, que puede llegar a 320 millones de euros más de lo previsto a final de año -de los que 190 irían a corporaciones locales e insulares y 130 corresponderían a la Comunidad Canaria-, es más, mucho más, el incremento del costo del gasto público en educación, sanidad, vivienda o infraestructuras, que crecerá en unos 500 millones; a lo que ahora se suma lo que corresponde al 1,5% de incremento a los trabajadores públicos decretado por el Estado para este año, cerca de 60 millones más. Luego esos 130 solo cubrirán apenas el 20% de ese aumento de gastos en relación con lo presupuestado.

 

La Unión Europea recomienda no tocar en estos momentos esos impuestos indirectos, el IVA en el Estado español, el IGIC en el caso canario. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, afirmó a finales de septiembre en el Parlamento Europeo que «apoyar a hogares y empresas en muchos casos es más útil desde el punto de vista estratégico que solo reducir el IVA y los impuestos especiales”.

 

Distintos organismos internacionales, entre ellos el FMI, la OCDE o el BCE, tampoco apoyan las rebajas generalizadas de impuestos y plantean gravar más a las grandes fortunas y mejorar la progresividad del sistema. Aunque la primera ministra británica intentó hacer lo contrario, bajando radicalmente los impuestos a los más ricos, lo que llevó a un hundimiento de la libra; al final tuvo que rectificar tras causar un daño enorme al país y a su partido.

 

IMPACTO LIMITADO EN CANARIAS

 

Además, y respecto al IGIC, su impacto es bastante limitado en la inflación canaria, al tener tipo cero, a diferencia de lo que sucede en el resto del Estado, tanto la inmensa mayoría de la alimentación -carnes y pescados, pan, leche, frutas, verduras, hortalizas, cereales, quesos, aceites, papas…- como la energía eléctrica para el 96% de los canarios y canarias, los combustibles, el transporte de viajeros o el gas, así como los medicamentos y los productos de higiene femenino.

 

Por tanto, hay que buscar otras fórmulas para compensar el significativo agujero que la inflación produce en todos los bolsillos y, especialmente, el daño que está causando a las personas con menores ingresos a la hora de cubrir sus necesidades básicas. Por ejemplo, intentando que los hombres y mujeres de esta tierra tributen en sus impuestos sobre la base de su renta real -hoy reducida por los efectos de la subida de los precios- y no de la nominal.

 

En este ámbito puede intervenir el Gobierno central con las decisiones que estime, y que, por lo anunciado por la ministra Montero consistirá, en una rebaja del IRPF que afectará a los contribuyentes que ingresan menos de 21.000 euros anuales y, especialmente, a los de ingresos inferiores a 18.000. A lo que se suma otro tipo de actuaciones, como la subida de las pensiones, en torno a un 8,5%, y los aumentos previstos para los funcionarios el próximo año, un 2,5% revisable. Además, sería deseable que los importantes beneficios empresariales que se están produciendo tuvieran reflejo en una mejora moderada de los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

 

Pero también las nacionalidades y regiones pueden hacerlo llevando a cabo modificaciones en el tramo autonómico del IRPF. Lo ha hecho Euskadi, Navarra o la Comunidad de Valencia, dirigidas por nacionalistas o por fuerzas progresistas. También Madrid y Andalucía, donde mandan los conservadores, aunque además han aprovechado para eliminar impuestos a los más ricos, detrayendo indispensables recursos para los servicios públicos.

 

Es nuestro caso tendría que reflejarse en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2023, que próximamente comenzará su tramitación en el Parlamento de Canarias. Unas cuentas públicas que van a crecer un 11% respecto al presupuesto inicial de este 2022, alcanzando en torno a los 10.100 millones de euros de techo de gasto no financiero, casi 1.000 más que en el presente ejercicio. Y que se dedican, fundamentalmente, a los servicios públicos, el apoyo a los sectores económicos, las inversiones y el compromiso con las personas más vulnerables.

 

MEDIDAS TEMPORALES

 

En Canarias ya hemos efectuado ajustes fiscales puntuales y temporales. Lo hemos hecho con el IGIC cero y otras bonificaciones fiscales a todo lo vinculado a la reconstrucción de lo dañado por el volcán de La Palma. También respecto al material sanitario. Asimismo, hemos devuelto el cien por cien del impuesto especial del combustible a los transportistas. Y hemos consignado ayudas directas por 1.307 millones de euros a autónomos, pymes y empresas. Y ahora, desde el Gobierno de progreso estamos estudiando distintas medidas a aplicar temporalmente, este 2022 y el próximo año a las rentas bajas y medias, para afrontar el grave fenómeno inflacionista. Con mayores deducciones, por ejemplo, en el tramo canario del IRPF en materias como vivienda o guarderías.

 

Por tanto, el Gobierno de progreso de Canarias va a continuar implementando ayudas directas y retoques fiscales selectivos y temporales, así como ampliando en el tiempo las específicas que hemos venido aplicando en la isla de La Palma o al combustible de los transportistas. Incorporando, además, nuevas medidas en las cuentas públicas de Canarias para 2023 respecto al tramo autonómico del IRPF que apoyen a quienes peor lo están pasando, medidas que estamos terminando de definir.

 

Las fuerzas progresistas hacemos ajustes fiscales para aliviar la situación de las personas con ingresos bajos y medios sin comprometer la financiación de los servicios públicos; y, además, compartimos con la Unión Europea la aplicación de tributos especiales para las grandes empresas energéticas y entidades bancarias, así como para las rentas más altas. Mientras, las fuerzas conservadoras toman decisiones para beneficiar a los más ricos y miran para otro lado cuando se trata de hacer pagar a eléctricas o bancos, que están multiplicando sus beneficios indecentemente. Y es que todos no somos iguales.

 

*  Román RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.

 

Islas Canarias, 9 de octubre de 2022.