Imposibilidad de apaciguamiento del independentismo

Eligio Hernández Gutiérrez *

 

 

El Gobierno español de coalición, con el apoyo de Bildu y el  PNV ha hecho concesiones a los independentistas, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles para España, como la concesión del indulto a los independentistas catalanes condenados por sedición, la ya pactada proyectada supresión en Código Penal de este delito y, posiblemente, del de malversación de fondos; el haber permitido a EH Bildu integrarse en la Comisión de Secretos Oficiales, junto con ERC, Junts y la CUP, donde podrán acceder a materia clasificadas como secretas, recibir información sobre el uso de los fondos reservados y controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, lo que supone un grave peligro para la Seguridad del Estado;

 

La introducción a instancia de Bildu en la Ley de Memoria Democrática de la el Gobierno, de la Disposición Adicional Décimo Sexta, que establece que en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas, lo que supone una derogación encubierta de la Ley de Amnistía, apoyada por la inmensa mayoría del Parlamento, que logró la reconciliación y supuso el segundo abrazo de Vergara de la historia de España; y otras concesiones de menor calado.

 

Pero la que puede tener mayores consecuencias políticamente imprevisibles  no es la transferencia de la funciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil  a la Policía Foral de Navarra,  antes del 31 de marzo de 2023, sino que ésta haya sido pactada con EH Bildu por exigencia de este partido independentista  a cambio de su apoyo parlamentario a los presupuestos Generales del  Estado, teniendo en cuanta el odio que dicha fuerza aberzale le ha tenido siempre a  la Guardia Civil, por lo que dicha transferencia, por el modo y los motivos que se ha hecho, tiene un valor simbólico indudable, de tal manera que cualquier decisión que el gobierno adopte sobre su naturaleza militar y competencias, no debe hacerse nunca a cambio de apoyos políticos.

 

No se puede entender España sin la Guardia Civil, como se infiere del juicio que le mereció a dos figuras históricas del socialismo español: En sus Episodios Nacionales, la principal y fundamental no­vela historiada de nuestro convulso siglo XIX, Galdós remata genial­mente la etapa de Gobierno de González Bravo subrayando la creación de la Guardia Civil como la gran excepcional positiva de su mandato, con estas palabras: «…Y no fue su Gobierno de cinco meses totalmente estéril, pues entre el miserable trajín de dar y quitar empleos, de favorecer a las coacciones, de perseguir al partido contrario y de mover, sólo por hacer ruido, los podri­dos telares de la Administración, fue creado en el seno de Es­paña un ser grande, eficaz y de robusta vida, la Guardia Civil». Galdós comprende la entraña institucional de la Guardia Civil y la expresa de forma bellísima e insuperable: “fue creado en el seno de España un ser grande, eficaz y de robusta vida, la Guar­dia Civil«. No se equivocó el ilustre escritor, paradigma del amor a España: La Guardia Civil ha sobrevivido durante 178 años a Repúblicas, Monarquías, dictaduras, pronunciamientos y guerras civiles.

 

La Guardia Civil desde su fundación por Decreto de 28 de marzo de 1844, ha servido disciplinadamente a todos los gobiernos y regímenes políticos de España, algunos de los cuales intentaron infructuosamente disolverla o desmilitarizarla, aunque todos, sin excepción, no vacilaron en recurrir a ella para hacer frente a los convulsos acontecimientos de la España contemporánea.

 

El socialista catalán Pi y Margal, federalista, siendo jefe del Gobierno de la I República, dictó la Orden Circular de 18 de junio de 1873, de hondo significado y trascendencia histórica, en la que decía: “La Guardia Civil ha sido, como debía, el brazo de todos los gobiernos, el firme escudo de las leyes de los partidos y los vaivenes de los tiempos. En épocas normales ha prestado grandes servicios defendiendo los caminos y asegurando en los campos la propiedad y las personas; y en luchas como la presente no ha escaseado ni su actividad ni su sangre por acabar con las facciones y sosegar los tumultos de los pueblos. El Gobierno tiene en esta guardia completa confianza y así desea que la tengan V.S., porque no se debe jamás juzgar de un cuerpo por las faltas que hayan podido cometer algunos de sus individuos”.

 

Ya es hora de que la izquierda española destierre sus prejuicios sobre La Guardia Civil, que ha mantenido inalterablemente su lealtad al pueblo español aún en las etapas dramáticas de su historia, y cuando media España se enfrentó a la otra media en la guerra civil, la Guardia Civil se sacrificó por las dos, por las que dieron sus vidas 2.700 guardias civiles (el 83% por el bando republicano). Sólo uno de los siete generales de la Guardia Civil, se sublevaron contra la República. Los Generales de la Guardia Civil Escobar y Aranguren, fervientes católicos, que permanecieron leales a la República, fueron condenados a muerte y ejecutados terminada la guerra.

 

La Guardia Civil fue depurada por el franquismo, retirándose a 150 jefes y oficiales, expulsando a más de mil guardias civiles, y ocupando la Dirección General un Teniente General del Ejército, y su Estado Mayor por oficiales del Ejército, situación que duró hasta los gobiernos de Felipe González, que posibilitó que el Estado Mayor estuviera integrado por jefes y oficiales del Cuerpo.

 

La Guardia Civil ha sido un pilar fundamental para la consolidación  de la democracia surgida de la Transición y de la epata histórica de mayor estabilidad y progreso de la España contemporánea, por la que se sacrificaron 236 guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA, la mayoría muy jóvenes,  con la secuela de muertes de sus hijos y familiares inocentes  en los sangrientos atentados contra la Guardia Civil y sus Casas, a los que el pueblo español debe rendir permanente homenaje y agradecimiento para no olvidarles nunca.

 

Con motivo del apoyo parlamentario de EH Bildu al gobierno de coalición se ha vuelto a invocar la vieja teoría del apaciguamiento para justificarlo. La mayoría de la militancia socialista considera a Sanchez como un pacificador del problema catalán. Ha logrado, aparentemente, que se dividan los independentistas, y que haya decrecido su apoyo, pero se equivoca Sánchez si cree que con el precio político que ha pagado a éstos por su apoyo parlamentario va a lograr apaciguarles definitivamente.

 

La historia demuestra de que apaciguar únicamente aumenta las ansias del apaciguado, el cual considera que nunca dejará de obtener ventajas mientras presione. «No se puede dialogar con un cocodrilo cuando tenemos la cabeza en su boca”, reza la frase atribuida a Winston Churchill, quien durante los años treinta auguró que Hitler no se iba a dar por saciado nunca. El historiador de las ideas y filósofo político británico Isaiah Berlín ha escrito que “el nacionalismo secesionista es la más poderosa y destructiva fuerza de nuestro tiempo”, que no se combate con el diálogo estéril, sino con todos los instrumentos legales que establece la Constitución.

 

La llamada al diálogo y al apaciguamiento es una pura y simple propaganda política, para Sánchez, -que había reiterado que nunca pactaría con BILDU-, que la mantiene a ultranza para permanecer a toda costa en la Moncloa, y para los secesionistas, que les permite ganar tiempo para que el “adoctrinamiento”, “envenenamiento”, como lo denominó Santiago Ramón y Cajal, facilite la independencia, según su hoja de ruta “hoy paciencia, mañana, independencia”.

 

No se sustenta la afirmación, sugerida por Sánchez, que Cataluña está hoy mejor que en 2017, ya que la historia también demuestra que el independentismo catalán y vasco, después de haber pasado etapas en la travesía del desierto, ha vuelto a resurgir como el enemigo que siempre nos acecha en las curvas ilusionadas de nuestra historia, a saber:

 

La proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal Española de 1873 fue un intento fallido de proclamar el Estado Catalán en Barcelona el 9 de marzo de 1873 cerca de un mes después de haberse proclamado en Madrid la Primera República Española. Lo que sí aprobó la Diputación Provincial de Barcelona ese día, en compensación por su negativa a proclamar el Estado Catalán, fue la disolución del Ejército regular y su conversión en uno voluntario.

 

El profesor Alejandro Nieto ha destacado que durante 1873 la política española estuvo dominada y dirigida por los catalanes que no aprovecharon la oportunidad para defender los intereses generales españoles, y que para el imaginario popular solo se recuerda estos tres datos calificados severamente de negativos: la presencia de 4 presidentes y casi una docena de Gobiernos en doce meses, la pintoresca y vergonzante rebelión cantonal de Cartagena, y la entrada del caballo de Pavía en el Congreso.

 

No nos engañemos, ha dicho el catedrático de izquierdas catalán Vicenç Navarro, ahora militante de Podemos, en el diario Público del 24 de junio de 2010: “Las clases dominantes de las diferentes naciones de España se aliaron para derrotar a la República, siendo los nacionalistas conservadores y liberales catalanes de los años treinta los mayores promotores en Catalunya del golpe militar, que persiguió con mayor brutalidad la identidad catalana”. Azaña denunció que en el alzamiento militar de julio de 1936 los catalanistas conservadores se pusieron decididamente al servicio de la “Junta de Burgos”, como antes al servicio de la dictadura de Primo de Rivera.

 

El mismo 14 de abril de 1931,  a las pocas horas de que se proclamara la República en la Puerta del Sol, Francesc Maciá, líder de ERC, declaró unilateralmente la independencia de Cataluña, de la que desistió ante la promesa del Gobierno Provisional de elaborar el Estatuto de Autonomía, cuya aprobación con el apoyo de los diputados catalanes no impidió la rebelión militar de la Generalitat contra la República el 6 de octubre de 1934, por la que todos sus miembros fueron condenados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, por el delito de rebelión militar a treinta años de prisión, y la autonomía catalana fue suspendida indefinidamente; ni que traicionaran a la República (la palabra traición es de Azaña) durante la guerra civil, como denunciaron Negrín, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes, y Azaña, decepcionado, que había sido el autor y brillante principal defensor del Estatut en mayo de 1932, en sus artículos escritos en Collonges-sous-Saléve (Francia) en 1939 : “Cataluña en la guerra,  y la insurrección libertaria y el «eje» Barcelona-Bilbao”, escribió¨: “Los hechos, parecen demostrar que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico la cuestión catalana perdura como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas, de injusticias. Es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del cuerpo español”, asumiendo así el criterio de Ortega y Gasset cuando en el debate de 13 de mayo de 1932 sobre el Estatuto de Cataluña, sostuvo que el particularismo independentista catalán era una enfermedad incurable.

 

Recientemente el historiador J.F. Fuentes ha revelado que los separatistas catalanes ¡Nosaltres Sols¡, liderados por ERC, de posiciones abiertamente racistas, mantuvieron contacto poco después de la victoria del Frente Popular y en plena guerra civil con Hitler, ofreciéndole colaboración y grupos armados para que apoyara la independencia de Cataluña, destacando las similitudes históricas entre el pangermanismo y el pancatalanismo. Antes del estallido de la Guerra Civil Española, los mismos separatistas catalanes, ofrecieron bases militares a la Alemania nazi en un futuro Estado Catalán a cambio de recibir entrenamiento en “manejo de aviones y en la preparación de explosivos”.” En plena Guerra Civil, los partidos nacionalistas independentistas catalanes, liderados por ERC, y vascos, intentaron pactar una paz por separado con la mediación de Inglaterra y Francia.

 

A cambio, pedían que los aliados les garantizaran, ante el ejército franquista, la independencia de Cataluña y el País Vasco. Los nacionalistas catalanes enviaron a Inglaterra un memorando en el que ofrecieron la creación de un protectorado anglo-francés sobre el Cataluña y el País Vasco, con la incorporación de Baleares y Valencia. En marzo de 1938, presentaron conjuntamente una propuesta de paz a Inglaterra y Francia que consistía en qué si se les daba prácticamente la independencia, entregaban Madrid a los golpistas de Franco.

 

He venido sosteniendo que los nacional-independentistas vizcaitarras, -que se rindieron en Santoña a las tropas italianas sin disparar un tiro- y catalanes, fueron los causantes, entre otros conocidos factores nazi-fascistas determinantes, de la destrucción de la II República, al precipitar su derrota y frustrar la política de resistencia de Negrín que la hubiera salvado. Esta tesis la ha confirmado el historiador Antonio Ramos Oliveira, muerto en el exilio mejicano, considerado el mejor pensador que ha tenido el socialismo español, ignorado por sus correligionarios actuales.

 

En el tercer volumen de su Historia de España, con el título “Un drama histórico incomparable. España 1808-1936”, sostiene que “el hundimiento de la Segunda República se produjo porque pesaron más los intereses políticos y económicos que tendían a desintegrar España, que las iniciativas culturales que intentaban unirla. La falta de apoyo de la burguesía catalana a la II República fue lo que motivó el proceso de desintegración nacional y su fracaso. La experiencia demuestra que cuando se inicia una revolución concediendo autonomías, fracasa la revolución y las autonomías. La guerra civil no fue de España contra Cataluña, sino de Cataluña contra España”.

 

Ahora  los nacional-independentistas catalanes, junto con ERC, Bildu  y Podemos, ya no traicionan  a España por la espalda como en la etapas históricas anteriores, sino que, con desparpajo y sin rubor,  advierten y amenazan hasta la saciedad que volverán  a hacer  lo mismo hasta lograr la independencia para entrar en la tierra que nadie les ha prometido, y así   han protagonizado una esperpéntica declaración unilateral de independencia en 2017, -que no se reconoció en la Constitución republicana non nata de 1872, ni en la de 1931, ni en la actual de 1978-, por la que han sido condenados por sedición, a pesar de lo cual han dicho “Ho tornaran a fer”, que lo volverían a hacer.

 

Podemos, contempla en su programa electoral el derecho de autodeterminación para todas las Comunidades Autónomas; y BILDU ha confesado que su misión es destruir el régimen del 78, porque lo que realmente pretenden , es,  no reformar, que sería necesario, sino derogar o abolir la Constitución de 1978, – que unió por primera vez en la historia a las dos Españas, y ha sido las más trascendental e importante de la historia de España, que supuso un armisticio final de una guerra civil, de una larga dictadura, y de dos siglos de contiendas civiles,-  abogando por una proclamación de la III República, extramuros de la Constitución de 1978, a la que despectivamente denominan “Régimen del 78”,  para conseguir la independencia y la plurinacionalidad, más allá del Estado Federal o Confederal, mediante el ejercicio del eufemístico “derecho a decidir”, que tiende a desintegrar España.

 

Rásguese las vestiduras quien quiera, pero dirigentes de Bildu fueron inductores de los centenares de delitos sangrientos de terrorismo cometidos por ETA, como Otegi, líder de ellos, que fue condenado a prisión por pertenecer a Eta, y siguen encubriendo la impunidad de delitos cuyos autores no han sido juzgados ni condenados. El presidente de Sortu y parlamentario de Bildu, Arkaitz Rodriguez, afirmó en el Parlamento Vasco: «Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen del 78″ (El Mundo, 12 de noviembre de 2020). Ha sido el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el que ha recordado recientemente a Pedro Sánchez su debilidad parlamentaria y la necesidad que tiene de los partidos independentistas.

 

El diputado le ha colocado frente al espejo mencionando chulescamente que «se da la paradoja» de que no habría «Gobierno de progreso en el Estado» sin la ayuda de las fuerzas políticas que quieren «marcharse» de España. Las declaraciones de Otegi a raíz de una entrevista concedida a Europa Press también han llevado implícitas una amenaza: «Los procesos independentistas no se frenan con el Código Penal. Se parará una vez, pero no se va a parar siempre», ha asegurado, sin que le haya replicado nadie del gobierno de coalición y del PSOE.

 

Conviene recordar que los independentistas catalanes dieron un golpe de Estado en 2017, por el que fueron condenados por sedición, posteriormente parcialmente indultados, a pesar de lo cual siguen pretendiendo la amnistía, prohibida por la Constitución. Ya dijo Junqueras, en una carta a la militancia, tras la sentencia: “Volveremos y volveremos más fuertes”.  Jordi Sánchez, secretario general de JxCat, ha dicho que “los que deberían cumplir la legalidad son los miembros del Supremo que reinterpretaron el Código Penal, y que el conflicto se resuelve con la amnistía, y el ejercicio del derecho a la autodeterminación” ; y el presidente de la Generalitat Pere Aragonés ha dicho que “se necesitan medidas mucho más amplias que los indultos y que la resolución del conflicto político va más allá, pactando un referéndum de autodeterminación”, que no reconoce ninguna Constitución del mundo, ni la Unión Europea, ni Naciones Unidas” .

 

Con estos antecedentes históricos, la militancia socialista, que permanece incomprensiblemente genuflexa frente al bonapartismo de Sánchez, debería hacer una autocrítica  y abrir un debate sobre la conveniencia  política de seguir pactando con Podemos, ERC, y  Bildu, con el apoyo del PNV,  hasta que éstos intenten lograr la independencia,  a la que no renunciarán, mediante una declaración unilateral con desórdenes públicos agravados, ya que la sedición ha sido derogada, que será siempre  inconstitucional,  y legalmente  imposible al estar vedada por la ONU y por la Unión Europea.

 

El gobierno de coalición con estos partidos independentistas y extremistas, pretendidamente a la izquierda del PSOE, es lo que ha generado, ya que los extremismos se retroalimentan,  el nacimiento de Vox, que, con una mediocridad política e intelectual alarmante, e innecesaria violencia verbal parlamentaria, lo que hace es  afianzar al gobierno de coalición, como también lo afianzan algunos errores del Partido Popular, como su negativa, con pretextos inasumibles, a no renovar el CGPJ, cuyo sistema de elecciones de los doce  12 Vocales Judiciales fue propuesto por él, y que, ahora, defiende a ultranza que estos sean elegidos por los propios jueces y Magistrados, lo que es constitucionalmente reprochable ya que todo órgano de gobierno de  los  jueces debe emanar del Parlamento, que representa al pueblo(artículo 66.1 de la C.E.),  del que emana la justicia que se administra por Jueces y Magistrados(artículo 117.1 de la C.E), que carecen de legitimidad democrática para elegir a los doce Vocales Judiciales del CGPJ, como pretende el Partido Popular.

 

Creo que estoy legitimado moralmente, por ser, probablemente el único Magistrado español que no regresó a la Carrera Judicial por haber ocupado altos cargos como militante del PSOE, para afirmar que éste y el gobierno de coalición no tiene legitimidad moral para reclamar  la renovación del CGPJ, al nombrar  como Magistrados del Tribunal Constitucional , como también ha hecho el Partido Popular con Magistrados afines políticamente, a un ex Ministro y a una  ex Directora General del Gobierno de Coalición, que no se compadece con la tradicional  ética socialista, que Sánchez ha marchitado.

 

 

Eligio HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Presidente de la Sociedad Civil de Canarias.

Abogado en ejercicio y Magistrado jubilado.

Ex fiscal general del Estado y ex miembro del Consejo de Estado

Ex diputado en el Parlamento de Canarias.

Ex Gobernador Civil de S/C de Tenerife y Delegado del Gobierno en Canarias.

Ex miembro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Académico de la Academia Canaria de la Lengua.

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna (ULL)

Diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo.

Vicepresidente de la Fundación Juan Negrín.

Militante socialista.

Cristiano militante.

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 3 de diciembre de 2022.