Canarismo y autogobierno

Román Rodríguez *

 

 

El Estatuto de Autonomía de Canarias se aprobó el 10 de agosto de 1982, el Parlamento se constituyó el 30 de mayo de 1983 y, posteriormente, en junio de ese mismo año, Canarias contó con su primer Gobierno. El autogobierno que cumple cuarenta años ha sido esencial en la positiva transformación que ha experimentado nuestra tierra. Transformación social, económica, educativa y sanitaria, superación del olvido de las islas no capitalinas…

 

Un profundo cambio que se llevó a cabo partiendo de una situación muy negativa, de enorme atraso con relación a la media estatal en todos los aspectos; no caben nostalgias, sino memoria, sobre unas circunstancias que estaban marcadas por el analfabetismo, la pobreza, el chabolismo o las carencias de infraestructuras de todo tipo, principalmente sanitarias y educativas. Una transformación que ha posibilitado que se avanzara de forma significativa en todos los parámetros, aunque siempre queden temas por resolver y nuevos retos que afrontar.

 

Los ciudadanos y ciudadanas parecen valorarlo así: distintas investigaciones sociológicas realizadas en los últimos años confirman que es muy amplio el reconocimiento al papel que ha jugado el autogobierno en el Archipiélago en las cuatro últimas décadas. En la más cercana, el último Socio Barómetro de Canarias (SBC), dado a conocer esta semana, un 84,5% de la muestra asegura que el autogobierno ha sido “bueno o muy bueno” para los hombres y mujeres de Canarias, frente a un 9,3% que lo califica de “regular” y un 2,7% de “malo o muy malo”. Con relación a su impacto en el progreso de las Islas son más los que consideran que el avance ha sido superior al resto del Estado, un 27,4%, que los que creen que ha sido menos, un 20,7%. Todo ello en una investigación con una amplia muestra de 3.200 personas entrevistadas.

 

Esta situación se refleja también en otros estudios. Así ocurre con los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En el postelectoral llevado a cabo tras los comicios autonómicos de mayo de 2019, un 21,1% de la muestra canaria (en este caso de 379 entrevistas) aboga a nivel general por la ampliación del autogobierno en el conjunto del Estado, frente a un 53,8% que desea que las cosas sigan como están, un 5,3% que defiende su reducción y un 9% que señala que preferiría la eliminación de las autonomías. Pero cuando se pregunta por el caso concreto de la Comunidad Canaria se eleva hasta el 31,7% los favorables a un mayor grado de autogobierno, reflejo de que nuestras singulares desventajas se afrontan mejor con decisiones propias y cercanas que ajenas y lejanas.

 

Más recientemente, en el Socio Barómetro de Canarias de marzo de 2021, un 45,2% plantea mantener el autogobierno como está y solo un 9,7% suprimirlo o disminuirlo. Mientras que un 31,3% defiende su ampliación, cuando el estudio sociológico fue realizado apenas dos años después de la aprobación de la reforma del Estatuto, en noviembre de 2018, que incrementó las competencias de nuestra Comunidad.

 

VOTANTES CANARISTAS

 

Entre los que afirman ser votantes de las formaciones canaristas es mayor la demanda de un más elevado grado de autonomía para las Islas. Un 37,78% así lo reclama, 6,5 puntos por encima de la media canaria. Por edades, los más favorables a una mayor autonomía son los de la franja 35-44 (38,8%), seguidos por los de 25-34 (36,2%); los que menos, los que tienen entre 75 y más años, solo un 14%.

 

El canarismo tiene una de sus razones de ser, uno de sus ejes de actuación, en el desarrollo del autogobierno. Desde el compromiso permanente para alcanzar los mayores niveles de capacidad de decisión propia en cada momento histórico -ampliando el marco estatutario y aspirando a un modelo de Estado federal u otras formulaciones- y el avance en soberanías cada vez más determinantes, como la energética o la alimentaria. Y, asimismo, desde el imperativo de la buena gobernanza.

 

Desde Nueva Canarias apoyamos la reforma del Estatuto de 2018 que incorporó elementos muy positivos. Entre ellas la mejora de nuestro sistema electoral, incrementando un diputado en la circunscripción de Fuerteventura, que pasó de siete a ocho, equiparándose con Lanzarote y La Palma, y la lista nacional canaria de nueve escaños, estrenados en los comicios de mayo de 2019. Así como la significativa reducción de las barreras electorales al 15% insular y el 4% autonómico, frente al 30% y el 6% vigentes con anterioridad. El Estatuto acabó también con los aforamientos y permite la disolución anticipada del Parlamento de Canarias y la convocatoria de elecciones.

 

Asimismo, su texto reconoce a las aguas territoriales como parte de la Comunidad canaria, y plantea, en consecuencia, la necesidad de proceder a la armonización de la legislación de pesca, costas, etcétera. Y, además, considera a La Graciosa como la octava isla; por primera vez, en los presupuestos de la Comunidad para 2023 se incluyen partidas específicas para ella. Quedan, asimismo, transferencias pendientes de nuevas competencias, tras haberse logrado desbloquear las correspondientes a costas, que pasarán a ser gestionadas por Canarias a partir del próximo 1 de enero. Respecto a los aspectos económicos, en el Estatuto de 2018 destaca el blindaje del Régimen Económico y Fiscal y su desvinculación de la financiación autonómica.

 

Un Estatuto que dedica buena parte de su articulado al ámbito de los derechos de la ciudadanía. Derechos de las familias, de los jóvenes, de las personas mayores, de discapacitados y dependientes, a la igualdad entre mujeres y hombres, a la orientación sexual, a la salud y la educación, en el mundo laboral, de carácter medioambiental… No estaban presentes ni en el primer Estatuto ni en su reforma de 1996. Sí en el actual, el que corresponde a la Canarias de esta tercera década del siglo XXI.

 

EQUIDAD

 

El compromiso con una sociedad con mayores niveles de equidad debe ser otro de los ejes del canarismo. Y ello exige en la actual etapa sacar adelante la Renta Canaria de ciudadanía que habrá que armonizar con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Estado, complementándolo. Una Renta Canaria de Ciudadanía, recogida en el Estatuto, que será una de las leyes más importantes que apruebe el Parlamento de Canarias en esta legislatura. Este viernes el dictamen sobre su proyecto de ley fue aprobado unánimemente por los grupos en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara; ahora queda su definitiva aprobación por el pleno. Una equidad que obliga también al canarismo a plantear políticas fiscales progresivas y justas que contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos y la ampliación del Estado social.

 

Por otra parte, frente al desarrollismo insensato, el canarismo debe apostar por un crecimiento poblacional moderado, por un crecimiento autocentrado y dirigido al bienestar de los hombres y mujeres de Canarias. Por un turismo que incremente su calidad y su nivel de gasto en las Islas, mejorando, además, la formación y las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras; que no ocupe más territorio, potenciando la renovación de lo existente y la reforma de las ciudades turísticas, como planteamos en las directrices aprobadas por unanimidad en la Cámara canaria en 2003. E implicarse, igualmente, en el cuidado y preservación del territorio y el medio natural, potenciando las energías renovables, la economía circular o una movilidad sostenible.

 

El autogobierno solo tiene sentido, en definitiva, si supone capacidad de decisión en los temas que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía canaria; y si esta, al mismo tiempo, va acompañada de políticas correctamente planificadas, implementadas y evaluadas, dirigidas a alcanzar una Canarias sostenible económica y medioambientalmente, en la que se combatan las desigualdades sociales y se generen las mejores condiciones para una vida digna para las actuales y futuras generaciones.

 

 

*  Román RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Presidente de Nueva Canarias (NC)

 

 

Islas Canarias, 4 de diciembre de 2022.