VISIONES ATLÁNTICAS / 155
Impulsar la agilización

Hugo Luengo *

 

 

El Gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo el BCE, señala que el poder adquisitivo perdido en 2022., no se recuperará antes del 2026. Situación económica derivada de un modelo económico incapaz de primar la iniciativa empresarial y la productividad. Seguimos sin tener una política clara y transparente con el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE”, con muy bajo nivel de ejecución efectiva y no llega al tejido empresarial y social.

 

De manera que vienen en Canarias la sociedad civil, con asociaciones de vecinos, colegios profesionales, cámaras de comercio, Fepeco, Ceoe, poniendo de relieve el bloqueo de actividad en el marco de la gestión administrativa, cuya eficacia es capital para la aplicación del Plan de la UE y sus 140.000 meuros de ayudas y préstamos asignados a España.

 

Apuntan las entidades sociales por agilizar la gestión con la presencialidad, la cita previa y la digitalización. Una vez desaparecido el COVID, hay que regresar a la presencialidad, liberando la cita previa y la digitalización. Esenciales para determinados colectivos y para todos en aquellas actividades de cierta complejidad, donde la presencia es obligada. La administración no tiene otro fin que el servicio ciudadano, en la duda prioridad. El nuevo gobierno ha iniciado la ruta, que debe hacerse efectiva a todas las administraciones, entidades y bancos, con la máxima urgencia.

 

Urge la recuperación del “silencio positivo”, en los proyectos de edificación, obras, actividades y servicios. Que está implícito en el Tratado de Lisboa -Directiva Bolkestein, en aplicación obligada desde 1 de enero 2010. Fue suspendido ilegalmente por Zapatero e el 2011, con un Real Decreto de agilización. Decir una cosa y hacer lo contrario, es práctica corriente.

 

La realidad es que las licencias están obligadas a concederse en 3 meses, hoy tardan 2-3 años o nunca. La pérdida de sentido nacional ha conformado de facto 17 mercados interiores, que cada autonomía refuerza con más normas y prácticas, que envían los expedientes al vacío.  El silencio positivo siempre existió hasta que fue secuestrado en 2011.

 

Contar con seguridad jurídica en plazos y costes es una aventura, elevada por la justicia en los Planes Territoriales y Urbanísticos. Ya desde 2019 la Agenda Urbana Española, intentó corregirlo a la vista de las desproporcionadas anulaciones de los PGO, véase Santa Cruz, Arona o el Rosario. Es preciso fijar reglas de nulidad parcial, por defectos formales o materiales, permitiendo realizar las consolidaciones y/o subsanaciones parciales, sin comprometer el resto. No hay justicia cuando es desproporcionada y un pequeño error sin sentido envía a la nulidad planes que llevan hasta decenios de trámites

 

Desproporción que se eleva de potencia, con la nueva Ley Canaria del Cambio Climático, vigente desde febrero 2023, Nuestra Ley del Suelo 2017, suprimió la ley canaria de Evaluación Ambiental por la básica nacional. La ley canaria del clima eleva con más burocracia, inseguridad jurídica, ampliación de plazos, intervencionismo público, obligaciones y multas. Haciendo inviable la agilización administrativa que nos piden, ágil., con seguridad jurídica, plazos y costes.

 

La vivienda social accesible el propiedad y alquiler, es un simple problema de oferta. Desde el año 2000 no hay oferta pública en toda España, de Autonomías y Ayuntamientos que son los competentes. Canarias acumula un déficit de 40.000 viviendas. Que exige políticas de largo recorrido, en colaboración público-privada, actualizando módulos, con ayudas específicas para jóvenes. De nuevo chocamos con el suelo en disposición, cuya gestión exige la agilización administrativa que demandan los sectores sociales responsables.

 

 

*  Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 16 de octubre de 2023