Una gran tristeza

Remigio Beneyto Berenguer *

 

 

El artículo 9.3 de la Constitución española proclama: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

 

Ante el anuncio del acuerdo logrado entre el PSOE y Junts, creo que se vulneran todos los principios garantizados por este magnífico artículo, a saber:

 

. El principio de legalidad, porque no se está respetando la ley. Por no respetar, no se respeta ni el Código Penal;

 

. El de la jerarquía normativa, porque no se respeta la Constitución. Lo más triste es que el día 8 de marzo, en que se destaca la igualdad, el Partido Socialista Obrero Español no respeta la igualdad ante la Ley. Al parecer, los españoles no somos iguales que Puigdemont y los demás, que van a ser amnistiados; los españolitos “de segunda clase” no somos iguales que Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y todos sus hijos; los españolitos de “segunda clase de las restantes 16 Comunidades Autónomas (Canarias, entre ellas) no somos tan iguales ante la ley, porque la Comunidad Autónoma de Cataluña está y estará más privilegiada. Como soy un iluso, aún tengo esperanzas de que el Parlamento no apruebe lo que sería una auténtica locura de la que nos arrepentiremos todos, tanto los que la hagan como los que permitamos que la hagan. Un poder del Estado (el Ejecutivo), o dos poderes del Estado (el Ejecutivo y el Legislativo) no pueden ponerse del lado de los que no cumplen la ley, máxime si se trata de uno o de varios delincuentes fugados. Si de ahora en adelante, éste será el criterio, yo puedo no pagar mi próximo IRPF, me iré fugado a Bélgica en el maletero de un coche, y luego espero que me hagan una ley de amnistía, en el que volveré a España con todos los honores, porque soy más chulo que nadie, y tendré al Gobierno de España totalmente arrodillado ante mi chantaje. Si esto no va a pasar por un simple problema fiscal, ¿Cómo puede pasar ante un acto de terrorismo y de alta traición?

 

. El de la publicidad de las normas, porque todos los españoles, incluso los propios diputados, los representantes del pueblo, se enteraron minutos antes de ser aprobado el acuerdo en la Comisión de Justicia. Y el ministro de Justicia, repito el de Justicia, totalmente encantado de conocerse, se atreve a decir que se felicita a sí mismo por una amnistía que marca la mejor historia de España. Y, antes de que terminase su autofelicitación, ya les estaban pidiendo la fiscalidad de Cataluña y la autodeterminación. Es lamentable que el ministro de Justicia, un aventajado abogado del Estado, haya de desempeñar ese papel, un papel del que se arrepentirá más adelante, cuando ya no esté en el Gobierno y sienta vergüenza ante sus juristas colegas.

 

. El de seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica se puede esperar si hay un desprecio a las sentencias de los Tribunales? ¿Qué seguridad jurídica se puede esperar si Miriam Nogueras, de Junts, “avisa a los jueces que prevaricarán si no aplican la amnistía?

 

. El de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Cabe mayor arbitrariedad que la ley de la amnistía? Y todo esto, todo este desvarío del PSOE y del Gobierno, ¿Para qué? Es inútil, porque el que chantajea, no va a parar. Si el chantajeado cede, el chantajista sigue presionando. No hay vuelta atrás.

 

. El único que sí se está cumpliendo es el de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, pero, como en este caso, son muy favorables para Puigdemont y los suyos, para los Pujol y los suyos, para los independentistas, no hay problema.

 

Es todo muy triste.

 

 

 

*  Remigio BENEYTO BERENGUER

Profesor Catedrático de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Departamento de Ciencias Jurídicas

Catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad CEU de Valencia.

Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

 

Islas Canarias, 8 de marzo de 2024