EL MONÓLOGO / 220
Quien espera, desespera

Por Pepe Moreno *

 

 

Me propongo escribir esta semana de un asunto que ha resultado polémico y que, como siempre, nos ha puesto, a Canarias, en el centro de una controversia en la que siempre las islas han llevado las de perder y me refiero a esa decisión del acogimiento de menores no acompañados que han llegado al archipiélago en pateras o en cayucos. La medida de que aquí no caben más, son ya casi seis mil, y la negativa a que después de que aquí acojamos a unos 3.500, los demás sean repartidos por las distintas comunidades autónomas ha traído un sinfín de problemas sin que nadie haga algo.

 

Nuestras autoridades, las canarias, están buscando lugares en los que albergar a estos menores, como colegios en desuso, instalaciones cerradas por otros organismos o sitios en los que alojarlos, porque no los vamos a dejar en la calle. Sin embargo, también buscan las partidas económicas necesarias para atenderlos dignamente.

 

El martes de la pasada semana, el Gobierno central y el de Canarias cerraban un modelo con el que, por primera vez, iban a ser distribuidos de forma obligatoria por toda España esos menores extranjeros no acompañados. Se apoyaban en una fórmula nueva que estaba definida en un nuevo artículo de la Ley de Extranjería y que se activará cada vez que una comunidad autónoma supere en un 150 % su capacidad de acogida de menores migrantes.

 

Esa reubicación se haría teniendo en cuenta una combinación de criterios como la renta, el desempleo y el número de menores ya acogidos, un modelo que ya habían aprobado las comunidades autónomas para repartos voluntarios y pequeños. Esta nueva medida venía acompañada de una dotación económica —inicialmente eran 125 millones de euros— a repartir entre los territorios acogedores.

 

No obstante, no le ha gustado, sobre todo, a las comunidades en las que gobiernan el PP y VOX, alegando que el plazo de entrada en vigor está por definir. No se ponen de acuerdo en nada: ni que sea un real decreto-ley para que se aplique en cuanto lo apruebe el Consejo de ministros, ni que sea, como propone el Gobierno Central, una proposición de ley de los grupos parlamentarios, aunque requiera más tiempo hasta su votación.

 

Nosotros, como decía al principio, ya acogemos a casi seis mil. En Ceuta y Melilla tienen centenares de plazas ocupadas, por encima de sus posibilidades. Ya se alertaba de que el Archipiélago, “no aguanta más” la presión a la que somete a sus servicios de acogida tras la llegada continua de cayucos, pateras y neumáticas a las Islas. 19.000 migrantes en lo que va de año y 1.790 irregulares en los cuatro últimos días de junio, de los que 200 son menores de edad, por lo que son ya 5.661 menores no acompañados que tutela la Comunidad en solitario.

 

Por eso se dio la idea de acondicionar colegios en desuso para alojar a los niños y adolescentes. Desde el ejecutivo canario se reclamaba al Estado “todos los recursos necesarios” para atender el repunte en llegada de migrantes en los meses de verano que pronostican las ONG y los organismos que trabajan este ámbito, porque “la ruta canaria, considerada la más peligrosa del mundo, está abierta”.

 

No hay dónde alojarlos, pero siguen insistiendo, desde aquí, que el Estado haga algo. En las islas tenemos 65 infraestructuras educativas en desuso, pero dicen que su reconversión en centros de acogida no va a resultar fácil.

 

Para que lo sepan, cuando un centro de enseñanza público deja de prestar sus funciones, pasa automáticamente su gestión a manos de los ayuntamientos, quienes deciden su uso. Si no están operativos, podrían ser reclamados por la Consejería de Educación, como en este caso, pero, aun así, habría que determinar si el edificio reúne las condiciones mínimas de habitabilidad. Por este motivo, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, aseguró que «no tenemos centros operativos para ofrecer a la Consejería de Bienestar Social para atender a estos menores».

 

También se ha intentado con el Ministerio de Defensa, pero la respuesta ha sido negativa y se escudan en la situación fronteriza de Canarias para negar argumentando que las instalaciones deben estar operativas, porque cumplen una función táctica y logística ante situaciones de crisis o emergencias. Así, el Ministerio de Margarita Robles no entiende que el Archipiélago viva una situación de emergencia humanitaria con casi 6.000 jóvenes bajo la tutela del Ejecutivo autonómico, a la espera de que, previsiblemente, la cifra aumente durante los siguientes meses.

 

Por si esto no fuera poco, tenemos que añadirle que aún es más complejo implementar programas de integración, inclusión o educativos, que no se pueden desarrollar adecuadamente ni por el espacio ni por los recursos que se disponen para atender una demanda tan elevada. Y mientras la casa sin barrer, los menores en instalaciones no apropiadas y una serie de ciudadanos haciendo una lectura extremista de lo que está pasando en las calles.

 

Ya lo advirtió el pasado domingo la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que pierde el sueño pensando cómo mejorar la vida de los jóvenes migrantes que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias y cómo hacer frente a las previsiones que apuntan que, a lo largo del año, llegarán a las Islas otros 11.000 menores más. La ayuda por parte del Estado y de las comunidades no llega y los recursos del Archipiélago se agotan.

 

No viene dinero, ni se ponen de acuerdo en el reparto, siguen llegando menores y aquí continuamos con las palabras y los debates en vez de tomar decisiones. Les cuento. El pasado 11 de junio se celebró esa Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud en la que se trató ese tema y la futura reforma de la Ley de Extranjería. Sin embargo, este avance ha despertado malestar en territorios como la Comunidad de Madrid y Aragón, que han mostrado su disconformidad porque el acuerdo se haya producido de manera bilateral entre el Ejecutivo nacional y el de Canarias.

 

Porque antes de que el acuerdo pase por el Congreso de los Diputados para su aprobación oficial, deberá someterse a debate en un Consejo de Política Interministerial para, primero, obtener el texto definitivo y, con ello, salga adelante. Como ven, la cosa no es para mañana mismo. No deja de ser un sinsentido que las formas estén dando al traste con el contenido de un acuerdo. Unos por otros y los menores sin techo fijo.

 

Y además tenemos que añadirle a todo esto que aquí entra la política, porque el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quiere forzar el apoyo del PP, que gobierna en el archipiélago con Coalición Canaria diciendo que «lo que tiene que hacer el señor Domínguez, en lugar de atacarme, es conseguir el voto y el compromiso del señor Feijóo». Y ¿por qué lo ha dicho? Porque, el vicepresidente canario y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha acusado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de haberse «esforzado en reventar las negociaciones» para la reforma legal que permitirá distribuir entre todo el país a los menores llegados en patera.

 

Esto es un problema de celos y de poner pegas donde no hay más que unos políticos que esgrimen aquello de “qué se trata, que me opongo”. La Comunidad de Madrid está “perpleja” por este acuerdo entre los Gobiernos de España y el de Canarias, que dicen ellos que lo han hecho al margen del resto de autonomías. Ellos, que son del mismo partido, el PP, que el del vicepresidente del Gobierno Canario, alegan, ahora, que se han establecido unos criterios de reparto “obligatorios e impuestos” sin tener en cuenta la perspectiva de otras regiones.

 

También Aragón, que son de la misma cuerda, PP y VOX han solicitado una Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia, con presencia de todos los ministerios implicados, para aclarar lo que ellos han definido como una “descoordinación” ante el reto migratorio. Ellos solicitan, para seguir estirando este asunto, un nuevo encuentro en el que se explique este acuerdo con los menores que llegan a Canarias.

 

O Andalucía, que también se ha posicionado en contra y que incluso, en una postura farisaica lamenta que “de nuevo tratan a niños, niñas y adolescentes migrantes como mercancías y no existe planificación alguna en el Ejecutivo en un asunto tan sensible como es la inmigración”, uniéndose de esta forma a la petición de otra reunión. ¿No son del PP estas Comunidades? ¿Qué hace Manuel Domínguez mientras tanto? Nada, política.

 

Porque para lavar sus conciencias lo único que han aprobado, y no del todo, es el de darnos más perras a las comunidades que estamos hasta los topes de menores no acompañados, para que se mejore su atención. Para Canarias vendrán 6 millones, 4,5 para Ceuta e igual cantidad para Melilla. Y se quedaron con otros 20 millones, que también tenían partida fija a esos niños. Los han bloqueado hasta, dicen, que se tenga certeza de cómo se reparten esos menores. ¿Habrá más ruindad con este tema?

 

Pues la hay. Hace cinco meses, que se dice pronto, pero que tienen que pasar 180 días con sus noches, llegó una máquina, llamada orto pantógrafo, con la que se pueden hacer radiografías integrales de la boca, dientes y muelas y determinar la edad de las personas y comprobar si son menores. El aparato lo compró el Gobierno de Canarias y aún está dentro de su caja porque nadie, del personal, quiere usarla en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife. Este ingenio es fundamental para conocer si los adolescentes que llegan en patera o cayuco tienen menos o más de 17 años. Por lo que le hemos oído a la consejera de Justicia, Nieves Lady Barreto, tal retraso se debe a que parte del personal del IML no quería que se instalara allí porque es un sitio que no reúne las condiciones necesarias.

 

Debería instalarse en un centro sanitario u hospitalario, pero, hasta el momento, no se sabe dónde estará ni cuándo empezará a funcionar. Y, por ahora, todas estas pruebas se concentran en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, resultando insuficiente.

 

Es decir, unos por otros y ninguno asumen su trabajo y achaca su incumplimiento a otros. Canarias sigue apechugando con una situación en la que cada día se improvisa, porque los demás no los quieren en sus calles o barrios. Porque cualquier excusa es buena. Porque lo que se está viendo es que se hace política en un asunto en el que deberían primar las condiciones humanas. Pero claro, lo que esperan es que sigamos siendo el reducto europeo en el que se quedan y que, a ellos, a las otras Comunidades, no les lleguen.

 

Pronosticaba el otro día un periódico que está previsto que las medidas del plan puedan aplicarse en menos de un año. ¿De verdad ese es el plazo del que estamos hablando? Un año de espera. Y luego dicen que las cosas de palacio van despacio, eso sería en el pasado, porque ahora no caminan porque la política no les deja.

 

Lo siento, pero en este asunto, lo mismo que en otros, no excluyo a nadie. Los de CC, porque no hacen nada, se limitan a ver y que la situación se pudra. Los del PP porque tampoco y se enredan en asuntos menores. El presidente de esa formación en las islas, Manuel Domínguez, tiene menos poder entre los suyos que Belén Esteban en un convento. El PSOE logra acuerdos que, luego sus mandamases, se los pasan por el forro. VOX piensa más en su electorado que en Canarias. Podemos, Sumar y otras formaciones solo hablan, pero raras veces dan un puñetazo en la mesa. Así podría seguir.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 22 de junio de 2024