VISIONES ATLÁNTICAS / 190
Desigualdades

Hugo Luengo *

 

 

En “Miradas sobre la Desigualdad”, el economista serbio americano, jefe de investigación en el Banco Mundial, Branko Milanovic, señala la necesidad de recuperar la razón, la educación y el sentido crítico. Un nuevo enfoque para el marco nacional y global, que exige actuar con herramientas políticas. Desigualdades que en el marco de la UE 27, identifica el reciente “Informe Letti”, apoyado en el marco del Tratado de Lisboa-Bolkestein.

 

Plantea abordar la creciente desigualdad de la UE con EEUU y China, con los niveles crecientes de desigualdad en PIB habitante, doble en EEUU respecto a una UE en decadencia, 80.000 dólares contra 40.000. Nos demanda más libertades, industria propia, velocidad y escala. Más empresas y más grandes, mucho menos burocracia, con más integración y armonización. Opuesto a las asimetrías regulatorias, fiscales y territoriales, que penalizan la I+D+i y a la IA.

 

Se celebró en Santa Cruz “Presente y Futuro de la Economía Canaria”, que nos sitúa en un nuevo paradigma, donde ya no es importante “tener sino vivir”, slogan “woke” que diluye las responsabilidades individuales y su libertad, que se trasladan al estado omnipresente, que aprovecha para incrementar sus impuestos. En respuesta al moderador, el líder del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, entendía que buena parte de los problemas no resueltos, tenían su origen en responsabilidades políticas.

 

Canarias por su escala y fragmentación ha sido siempre una economía de “acelerón y frenada”. Nos afectan más las crisis y fuera de ellas crecemos más rápido, por más que desde 2019, el PIB per cápita se mantiene y las bolsas de población empobrecida se incrementan, con el efecto perverso de la inflación, convertida en un nuevo impuesto contra los más desfavorecidos.

 

La política polarizada segmenta. En España ha estado dedicada a primar a los pensionistas, funcionarios y parados, cuyo conjunto de 16 millones de votantes, decide las elecciones, mientras sacrificamos a los jóvenes. Dos ratios relacionadas para ellos, el índice de natalidad más bajo 0,86 hijos por familia en Canarias y la inexistencia de vivienda de protección pública, comprometida por la Constitución y en competencia de Comunidades y Ayuntamientos.

 

La resiliencia ofrecida a los jóvenes de “vivir y no tener”, cambia a los hijos por el “perro” y la vivienda se promete sin ficha financiera, ni compromiso cierto de gestión. La desigualdad económica entre generaciones, se ha ampliado en detrimento de los hijos. Se apoya una diversificación del modelo económico, mientras nuestros hijos mejor formados, abandonan Canarias que no le ofrece empleo a su nivel. Cuanto mejor formados más lejos se nos van.

 

El problema de la vivienda es esencialmente de oferta, lo demás son adjetivos. Abandonada desde el año 2.000, incluye suelo y construcción, en políticas de largo recorrido. Contamos con la legislación de suelo más compleja de la UE y de España. Con la emergencia hemos cogido por el camino de en medio. Mediante un Decreto “liberalizador” de Medidas Urgentes de Vivienda, desde el ámbito CC del gobierno y un Anteproyecto de ley de Vivienda Vacacional, desde el ámbito PP, con un elevado nivel de “prohibición-intervención”, manifestado en las 3.033 alegaciones de su reciente información pública, indicador de que algo no va bien. Cuando es el segundo segmento económico en ingresos de Canarias, merecería una respuesta pública más sensata.

 

La aprobación de la última Ley de Vivienda Nacional, expulsó del mercado del alquiler el 40 % de la oferta, que se suma a la situación de un mercado estrangulado, que acumula en España en déficit no menor de 1 millón de viviendas protegidas, 40.000 en Canarias. Desde el año 2.000 no se construye vivienda protegida en España y la complejidad de gestión de la vivienda y su suelo, se ha extendido también a la privada. Incapaces de salir del laberinto administrativo, lo atacamos en Canarias con el Decreto de Vivienda Urgente y con el Anteproyecto Vacacional.

 

Ambos con conflictos de seguridad jurídica, cuyas soluciones exigen colaboración público-privada, ficha financiera y gestión mantenida en el tiempo; como bien nos enseñan las experiencias globales, cuyos excesos intervencionistas han fracasado, también con la “turismofobia”. Complica su gestión estar en una sociedad polarizada por las “desigualdades” a favor de los políticos, con la Ley de Amnistía, los ERE andaluces, el TC, el Fiscal General y el Cupo Catalán.

 

 

*  Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 1 de julio de 2024