Auténtica desfachatez

Remigio Beneyto Berenguer *

 

 

Manuel Chaves se ha venido arriba y ha manifestado: “Vinieron a por nosotros y ha quedado todo desmontado”, y sigue afirmando: “El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón y no había trama política”. Añadió que por fin se ha hecho justicia.

 

Una vez más el Tribunal Constitucional por 7 votos contra 4, ha impuesto su criterio, borrando responsabilidades de los responsables políticos, que tenían la obligación de controlar y proteger los 700 millones de euros, destinados a la formación de los parados. Al parecer, el Tribunal Constitucional ha hecho justicia, justicia que no había hecho el Tribunal Supremo.

 

Mis amigos, que no son expertos en derecho, me dicen: ¿No es la misma ley la que aplica el Tribunal Supremo que la que interpreta el Tribunal Constitucional? ¿No es la misma ley la que interpretan los siete del “sector progresista” que los cuatro del “sector conservador”? Mira, Remigio, no podemos creer en la justicia.

 

Pero mis amigos, que sí son personas cabales, dicen: ¿Dónde están los 700 millones de euros? ¿Qué ha ocurrido con esos 116.900.000.000 de pesetas?

Recuero que esos cientos de millones de euros, que esos miles de millones de pesetas han salido de nuestros impuestos, de los de ustedes y de los míos.

 

Acabamos de pagar el IRPF. Cada uno de ustedes sabrá qué parte de sus ingresos por sus trabajos han ido destinados a pagar nuestro impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero no queda ahí nuestra contribución al erario público. Además, hemos de pagar todo el rosario de impuestos indirectos y de tributos locales. La presión fiscal es casi infinita.

 

Reitero: ¿Qué se hubiera podido hacer con esos 116.900.000.000 de pesetas o con esos 700.000.000 de euros?  Pensemos en infraestructuras viarias, en hospitales, en colegios, en ayudas a personas necesitadas, en actos culturales.

Repito: ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se lo ha quedado? ¿Quién se lo ha gastado y en qué se lo ha gastado?

 

Esos 700.000.000 euros son dinero público. El dinero público está sujeto a la Intervención General del Estado, o a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, o a la de la Administración Local. He actuado como Secretario e Interventor de la Administración Local y conozco bien el funcionamiento de la Intervención. Salvo ilegalidad manifiesta, no se puede autorizar ningún pago sin las correspondientes firmas del Depositario, del Interventor y de la autoridad política pertinente.

 

Finalizo diciendo: ¿Quién ha autorizado esos gastos? ¿Quiénes han sido los técnicos y los responsables políticos? ¿En qué conceptos se han gastado? ¿A qué fines se han dedicado?

 

Los contribuyentes, que acabamos de pagar la mitad o más de nuestros ingresos en los impuestos directos e indirectos, tenemos el derecho de saber en qué se han gastado esos 700.000.000 euros o 116.900.000.000 pesetas, y hasta el último euro o la última peseta. Así actúa en otras circunstancias la Agencia Tributaria o la Inspección de Hacienda, controlando hasta el último euro.

 

Y el pueblo clama diciendo que se devuelva el dinero. Si usted se ha gastado el dinero de todos los españoles (porque el dinero público es de todos, no de nadie, como decía alguna ministra), debe devolver el dinero hasta el último euro, aunque para ello deba perder todo su patrimonio. Así debería funcionar. Lo demás es añadido. Usted devuelva lo que se ha llevado o se ha gastado en fines ilícitos (por no especificarlos), y luego cargue con las consecuencias. Lo que no vale es decir que se ha hecho justicia.

 

No se ha hecho justicia, porque creo que no ha aparecido el dinero que se ha gastado en fines que no eran aquellos a los que iban destinados. No se ha hecho justicia si el que tiene la obligación de controlar el destino de ese dinero, no ha cumplido con su función. No se ha hecho justicia si el que cobra un sueldo que pagamos todos por cumplir y hacer cumplir la ley, no ha desempeñado su función.

 

No puede usted, señor Chaves, decir que se ha desmontado la trama política. Lo siento, mientras no aparezcan esos 700.000.000 euros o 116.900.000.000 pesetas, la vergüenza está presente, y alguien deberá responder de esta sinvergüencería. Es lo menos que podemos exigir cuando hay millones de parados, que se han quedado sin el dinero que iba destinado a ellos.

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*  Remigio BENEYTO BERENGUER

Profesor Catedrático de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Departamento de Ciencias Jurídicas

Catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad CEU de Valencia.

Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

 

 

Islas Canarias, 17 de julio de 2023