EL MONÓLOGO / 226
La Venezuela de Maduro

Por Pepe Moreno *

 

 

Hoy quiero hablarles de Venezuela, de ese país en donde dicen que han ganado los de la oposición, pero donde gobiernan los de siempre. Un día se murió Hugo Chávez Frías y al día siguiente estaba gobernando el que era segundo, un conductor de guaguas que trabajó como conductor de metrobús en el Metro de Caracas, empresa en la cual llegó a ser miembro de la Junta Directiva y se convirtió en dirigente sindical, siendo fundador del nuevo Sindicato del Metro de Caracas (SITRAMECA). Ese es Nicolás Maduro Moros, un guagüero sin estudios universitarios que militó en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200). Se destacó activista por la libertad de Chávez, cuando este se encontraba en prisión por su participación en la insurrección militar del año 1992.

 

En 1983 trabajaba como guardaespaldas del candidato presidencial José Vicente Rangel, que no ganó, pero le sirvió para ver lo bien que vivían los dirigentes políticos. Siempre de la mano de Hugo Chávez, a quien conoció en 1992, fue miembro Fundador del Movimiento Quinta República (MVR) y en 1999 fue elegido para la Asamblea Nacional Constituyente, que era el cuerpo convocado para redactar una nueva constitución y darle otro nombre al país que comenzó a llamarse República Bolivariana de Venezuela. En los años 2000 y 2001, fue el coordinador del equipo parlamentario del Bloque del Cambio en la Asamblea Nacional.

 

Con ese “pedigrí”, entre enero y agosto de 2006, presidió la Asamblea Nacional, hasta que es nombrado ministro de Relaciones Exteriores. El 12 de octubre de 2012 es seleccionado por el presidente Chávez, enfermo de cáncer, como su vicepresidente y posteriormente como su sucesor. El 8 de marzo del 2013 se juramenta como presidente interino tras la muerte de Chávez tres días antes. No obstante, ahí no acaba su historia.

 

Tiene que hacer una mini campaña electoral y gana, el 14 de abril, por menos de dos puntos sobre Henrique Capriles Radonski, tres días después, el presidente del Tribunal Supremo declara inconstitucional un recuento manual. Sin embargo, Nicolás Maduro toma juramento, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral anunciara planes para completar una auditoría de los votos emitidos en las elecciones.

 

Fue un periodo convulso en el que las protestas estudiantiles atraen la atención mundial tras la muerte de tres personas. Los principales problemas sociales y económicos han alimentado las protestas, y algunos culpan al gobierno. Niega credenciales de prensa a algunos medios por cómo se estaban haciendo las coberturas de las huelgas antigubernamentales y censura lo que él llama propaganda de guerra. Comienzan a cerrar o “estrangular” a los periódicos, emisoras de radio o televisión que no le son favorables u comienza a tejer una red de medios de comunicación que siempre hablen bien de él y su política.

 

Hasta el año 2016, que tras la publicación los datos económicos, declara un estado de “emergencia económica” que traerá más confiscaciones y la intervención del Estado en numerosos ámbitos que hasta ese momento eran privados. Mucha gente huye del país y se declara un “estado de emergencia constitucional”, que se extiende sobre la “emergencia económica” que declaró en enero.

 

El 1 de mayo de 2017, coincidiendo con el día del trabajador, Maduro anunció una orden ejecutiva que allanaba el camino para cambios en la Constitución. En ese tiempo convocó elecciones, que se celebraron el 30 de julio de ese año, para sustituir a la Asamblea Nacional por un nuevo órgano legislativo propresidencialista al que le añade lo de Constituyente. En medio de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, mueren al menos seis personas. También en aquella ocasión se dice que ha habido fraude.

 

Era la segunda vez que le pasaba, pero a él le daba igual. Otras nuevas elecciones, el 20 de mayo del 2018 y, aunque fueron denunciadas por los líderes de la oposición y la comunidad internacional, Maduro gana otro mandato de seis años. En aquel momento, la participación electoral cayó al 46 %, por debajo del 80 % registrado en 2013. Al día siguiente, una alianza de 14 países latinoamericanos y Canadá, conocida como el Grupo de Lima, emite una declaración en la que califica la votación de ilegítima.

 

A Nicolás Maduro le volvía a resbalar. Se inventó, o al menos algunas fuentes así lo cuentan, un aparente intento de asesinato, con varios drones que contenían explosivos y que volaban hacia él durante un discurso en un desfile militar. Incluso el ministro del Interior de aquel momento, Néstor Reverol, llegó a anunciar que seis personas fueron arrestadas.

 

Pasaron muchas cosas en aquel mandato. Países que nunca lo reconocieron como presidente, comidas en grandes restaurantes con chefs famosos, mientras su pueblo moría de hambre, viajes de gentes de su gabinete con fines oscuros y un sinfín de cosas que hicieron que su nombre cada vez fuera más maldito. Recuerdo algunas conversaciones con Guillermo González “Fantástico”, en las que siempre había esperanza para salir de ese túnel en el que se estaba metiendo Venezuela, pero nada lo haría cambiar.

 

En el 2019, Maduro comenzó otros seis años en el poder, aunque la mayoría de los países democráticos de la región se niegan a reconocerlo como presidente. Solo 13 días después, el 23 de enero, Juan Guaidó, líder de la oposición que presidió en ese momento la Asamblea Nacional durante tres semanas, se declara presidente interino en medio de protestas generalizadas contra el gobierno. Dicen que Maduro, en realidad, estaba a punto de abandonar el país en avión, pero que los rusos le convencieron para que se quedara.

 

No le ha bastado ni el informe de la ONU para los Derechos Humanos, basado en investigaciones realizadas entre enero de 2018 y mayo de 2019, en el que “destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos”. O que el Departamento de Justicia americano anunciara cargos por narcoterrorismo y otros delitos contra Maduro y altos dirigentes de su gobierno. O que en un informe se diga que las órdenes para los crímenes vinieron de Maduro y otros funcionarios de alto nivel.

 

No ha servido nada de todo esto. Ni el viaje a España de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del Gobierno venezolano, que llegó a Madrid sin saber que ella y otros 25 dirigentes del Gobierno venezolano estaban en la lista de personas que tienen prohibido acceder al espacio Schengen y les congelaron sus activos en el suelo comunitario.

 

Por ello, el Gobierno de Pedro Sánchez, conocedor de que sería ilegal que Rodríguez hiciera esta visita a la capital madrileña, envió a Ábalos al aeropuerto para advertirla de que no podía pisar suelo de la UE. ¿Qué traía en esas 40 maletas? Recuerden que este caso ha vuelto a salir a la luz pública con la presencia de Víctor de Aldama, el comisionista de Air Europa, en las pistas de Barajas y el cobro de una deuda que tenía la compañía aérea y que ahora se relaciona con las mascarillas y otras cosas.

 

A lo que iba, en un país que se vota digitalmente es difícil que las actas reflejen otra cosa que no quieran los que mandan. Desde 2004, el voto en Venezuela se automatiza, utilizando máquinas que han evolucionado a lo largo de los años y ahora se asemejan a una computadora personal. ExClé, una empresa de tecnología transnacional de origen argentino es la encargada de suministrar estas máquinas desde 2017, tras la polémica salida de Smartmatic, que había denunciado manipulación en la participación de las elecciones de ese año. El sistema de votación venezolano utiliza 30.000 máquinas que transmiten datos mediante líneas telefónicas encriptadas, no a través de internet, lo que hace que un hackeo a nivel nacional sea difícil.

 

Al finalizar la jornada, cada máquina imprime un acta de escrutinio con todos los votos registrados. Pese a las auditorías que aseguran que estas actas coinciden con los resultados publicados por el CNE, la clave está en el acceso a estas actas. Ahora mismo, el verdadero problema es que los testigos electorales de la oposición solo lograron obtener el 40 % de ellas para verificar.

 

Conocer ese otro porcentaje podría representar un cambio drástico en los resultados electorales del país. Es por ello por lo que parte de la comunidad internacional ha instado al gobierno venezolano a ser transparentes con los resultados. En cambio, nada de eso sacará a Nicolás Maduro de la Presidencia del Gobierno. Ni Diosdado Cabello, el que de verdad manda en esa república, va a dar su brazo a torcer para que la oposición pueda ver los papeles y rebuscar en todos los archivos en busca de las pruebas de que se ha gobernado durante este tiempo a espaldas del pueblo.

 

Recordemos en este punto, que desde el año 2002, el chavismo ha inhabilitado para ejercer cargos públicos a más de 1.400 ciudadanos. Como María Corina Machado, que tuvo el 93 % de los votos para competir contra el ahora presidente, o Leopoldo López, exalcalde de Caracas, el exgobernador de todo un Estado y que también está inhabilitado por quince años como Henrique Capriles.

 

¿Se acuerda alguien de Juan Guaidó y las esperanzas que pusieron muchos en que se invistiera presidente? ¿Recuerdan que ya se vivió una especie de guerra civil, con más de 100 muertos? Por eso digo que nada hará moverse a los que mandan en aquel país. Lo que más me duele en estos momentos es que todo un expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no se haya pronunciado, que sea el principal asesor de un régimen corrupto. También que nuestro gobierno, como el presidido por Pedro Sánchez, haya tenido una reacción tan tibia con lo que ha pasado allí, en Venezuela.

 

Eso es lo que nos está trayendo una situación actual en la que parece que algo se mueve, pero en realidad todo sigue igual. Un 70 % de los venezolanos están en la pobreza total. Más de 8 millones de personas han huido de un país en el que para que te atiendan en un servicio médico tienes que llevar hasta las vendas que te van a poner y en la que falta de todo. Caracas es hoy en día la capital de un país más insegura del mundo y se ubica dentro del top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo.

 

La capital venezolana comparte el podio con otras metrópolis de Sudáfrica, Papúa Nueva Guinea, Honduras y Brasil. Para que se hagan una idea, el nivel de inseguridad en la ciudad se considera alto, lo que refleja una preocupante realidad para sus habitantes. La delincuencia ha aumentado en los últimos tres años en un 83 %, lo que acentúa aún más las inquietudes de seguridad en la región.

 

El gobierno de Maduro seguirá inflexible ante las manifestaciones, tomando las medidas que sean necesarias para mantenerse en el poder. Sin embargo, aunque poco probable, las protestas en los barrios de bajos ingresos podrían convencer a ciertas facciones del gobierno de que el chavismo ha perdido el apoyo de la gente a la que dice representar.

 

Por eso, quizás, la presión desde dentro del gobierno, combinada con las objeciones de los líderes regionales, podría tal vez influir en los cálculos políticos de Maduro. Pero no sean muy condescendientes con esta premisa. En el pasado ya recurrieron, como en esta, a la represión extrema por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados no estatales –conocidos como “colectivos” – cuyos miembros son leales al gobierno y tienen mucho que perder si se produce un cambio de régimen.

 

La realidad de Venezuela es que los únicos medios de comunicación públicos son los medios personales, como lo son los teléfonos celulares, correos y los ordenadores personales. Los demás medios de comunicación como lo son la radio, periódicos y la TV se encuentran en estos momentos bajo el control del gobierno y la información mostrada nunca se encuentra completa, es pocas palabras solo permiten ver lo que ellos desean que las personas vean. Los venezolanos se mantienen informadas gracias al internet y medios de comunicación extranjeros. ¿Es eso democrático? Podría seguir, pero no merece la pena.

 

Me preguntaban el domingo pasado si creía que la oposición iba a ganar y les contesté que no creía que eso fuera posible. Desgraciadamente, el tiempo y los hechos me están dando la razón.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 3 de agosto de 2024