VISIONES ATLÁNTICAS / 203
Diálogo de sordos

Hugo Luengo  *

 

 

Allí donde los interlocutores no se prestan atención, o quienes conversan no se hacen entender, recuerdan el dicho, “no hay peor sordo que el que no quiere oír”. De esta cultura de distancias y muros venimos arrastrando la pérdida del valor democrático de la participación pública efectiva, en todos los procesos de tramitación de leyes, planes y normas. Es la propia administración pública y sus funcionarios quienes nos dicen literalmente, que no nos molestemos en alegar porque no van a corregir nada.

 

Con lo que rompen dos vínculos con el ciudadano, el democrático con la ley, norma, plan, que les obliga a participar de buena fe y en segundo lugar degradan su funcionalidad. Que les permite acercarse a resolver los problemas reales, esencia de las democracias. Se excusan diciendo que ellos sólo se deben a cumplir las leyes, cuando éstas son instrumentos al servicio ciudadano.

 

De manera que se ha instalado una cultura administrativa de “todos contra todos”, como podemos ver en la nueva Ley Vacacional, donde se evita regular de forma moderada y conciliadora, deslizándose a prohibir todo.

 

Aquí es obligado tener a la vista las Sentencias del Supremo en Casación de 2018 y 2019, que fallan contra el Gobierno de Canarias y Ashotel, cuando van contra la legislación de Liberalización de Servicios 2009-Bolkestein y de Unidad de Mercado, Directiva UE 2006/123, con una legislación discriminatoria contra las vacacionales.

 

Aún resulta más clara la alegación a la ley de la Cámara de Comercio provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el trámite de información pública, donde se presentaron más de 3.000 alegaciones, lo nunca visto en Canarias, consecuencia de la ley más extremada en España.

 

Su última versión incrementa la inseguridad jurídica y el exceso de restricciones, derivando hacia resultados inmanejables, contrarios al pacto del nuevo Gobierno, soportado en un “reformismo constructivo”, propio de estos segmentos ideológicos.

 

Como dicen las alegaciones de la Cámara de Comercio, las VV ofrecen “un carácter híbrido con cuerpo de vivienda y alma de establecimiento turístico”, con lo que se establece su doble competencia con el uso residencial de vivienda y el mercado turístico. Establecería ex novo una nueva categoría turística extrahotelera, que tampoco queda deslindada de las modalidades de la Ley Básica de Arrendamientos Urbanos.

 

Señala la Cámara de Comercio las extralimitaciones, como prohibir su uso característico, promover su cambio por uso hotelero y extrahotelero no vacacional, prohibirlo en fuera de ordenación, con menos de 10 años o en viviendas unifamiliares aisladas; limitaciones opuestas a la legislación de la UE.

 

La remisión del marco urbanístico a la revisión de los PGO municipales, nos coloca en el mejor de los casos a 3 legislaturas vistas, donde no será posible nuevas VV. De facto supone una moratoria, cuando no una congelación de la oferta, que a su vez quedan todas amenazadas por las descalificaciones ofrecidas. Más inseguridad jurídica.

 

Cuando se aprueba en 2015 el Decreto Vacacional, no se repara en la existencia de la ley Canaria de Actividades que le es de aplicación. Las concesiones de las altas son actos jurídicos plenos, incluida actividad. Aclaramos que su contenido técnico es análogo al de una vivienda ordinaria, con la vacacional incorporando su norma específica vigente del decreto 2015.

 

Los conflictos con las Viviendas Protegidas y la presión inmobiliaria, soportan el discurso de la nueva ley canaria y sus extralimitaciones, como señala la Cámara de Comercio. Donde nos encontramos con la tormenta perfecta, una ley Nacional de Vivienda descontextualizada, que expulsa del mercado del alquiler al 40% de la oferta en toda España, la inexistencia desde el año 2000 de oferta de Vivienda protegida y una reducción sustancial de la privada. El problema general es de oferta, por lo que de poco vale trasladarla al ámbito privado de las vacacionales, azuzando los intereses de los lobbys.

 

Con un 3% de vivienda protegida sobre un 9%de media en la UE y la privada a menos de la mitad. Acumula España un déficit de VPP no inferior al millón de unidades, 50.000 en Canarias. Obligan a unas decididas políticas de suelo y vivienda sin demagogias, en colaboración público privada, con simplificación de procedimientos.

 

Son políticas de largo recorrido y amplia dimensión económica, con periodos de ejecución efectivos no inferiores a 8 años, que deben priorizar a los jóvenes olvidados, con ayudas singulares para pagar la entrada inicial que no tienen. Abandonar el “diálogo de sordos” y hacerse oír entre todos. Reformismo no revolución.

 

 

*  Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 30 de septiembre de 2024