EL MONÓLOGO / 235
El gran juego de las promesas

Por Pepe Moreno *

 

 

Ya estamos en octubre, el último trimestre de 2024 y estamos con el eterno debate si algunas de las ventajas que hoy disfrutamos tendrá continuidad en el año que sigue o si, por el contrario, se verán recortadas, en función de que las condiciones que las impulsaron han cambiado. Un ejemplo de esto lo tendríamos en las medidas que dieron como resultado el apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Pedro Sánchez. En aquella ocasión, noviembre de 2023, se ponía el énfasis sobre la Agenda Canaria, que era asumida por el PSOE, a propuesta de CC, y que componía diez folios de un compromiso en el que ambos partidos se aliaban para su cumplimiento.

 

En los folios, que me he vuelto a leer estos días, se hablaban de que “aprobar las leyes de presupuestos generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026, previa aprobación de los objetivos de estabilidad y consolidación fiscal para formular los PGE”, algo que todavía no ha sucedido porque los del año pasado se prorrogaron y los del 2025 van por el mismo camino.

 

También hablaban esas páginas, del respeto a nuestros fueros, de la ejecución de los convenios bilaterales, de la política solidaria migratoria -algo que todavía está por ver a tenor de lo que está pasando con los menores no acompañados que llegan hasta nuestras costas-, la transferencia de competencias y la aplicación de medidas compensatorias por lejanía, insularidad y cohesión social y económica. Asimismo, incluye medidas de carácter estatal que Coalición Canaria considera imprescindibles en el actual contexto social y económico en todo el Estado, a excepción de la amnistía, que ya se contemplaba que votarían en contra.

 

Recuerden la famosa foto en la que aparecía el secretario de organización de CC, David Toledo, firmando el acuerdo con María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda, Nira Fierro, secretaria de organización del PSOE canario, ambas con rostro sonriente y Cristina Valido, la única diputada en el Congreso de CC, con cara de estar contemplando el escaparate de una ortopedia, que es una cosa triste y desvaída.

 

Ahora, tres meses antes, estamos con la incertidumbre de saber qué pasa con la gratuidad de los viajeros en el transporte público en el Archipiélago o con el 60 % menos en el IRPF para los que están empadronados en La Palma, por aquello de la erupción volcánica. O lo que pasará con la presencia de Canarias en los foros que nos interesan, que parece que no hemos estado en ninguno. O lo de los convenios hidráulicos o lo del agua desalada o lo de… y así podríamos seguir con un acuerdo que en ese momento les interesaba a los socialistas, pero del que casi todo se ha quedado en el enunciado.

 

Era un documento que le convenía a Pedro Sánchez y al PSOE porque sumaba un voto más a los que ya tenía para investirle presidente sin haber ganado las elecciones. Lo que se le pedía en aquellas páginas se podía firmar. Con Ezquerra Republicana, que pedía lo del cupo catalán, la rebaja o quita de la deuda y demás, era más difícil, pero que se firmara también con tal de seguir en La Moncloa.

 

Vino también lo de Bildu, lo de la Ley Mordaza, su modificación para quitar delitos como insultar a un agente o que estos nos disparen pelotas de goma.  También se llegó a un acuerdo con Junts para lo de la amnistía y que se limpiaran algunos expedientes jurídicos y la cabeza de algunos jueces. Todo con tal se seguir gobernando.

 

En este contexto, ahora mismo, nadie sabe qué pasará con los Presupuestos y sus epígrafes. Vamos a repasar algunas cosas. Por un lado, tenemos lo de los vertidos, punto en el que España ha sido multada con más de 90 millones de euros por el incumplimiento de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en varias aglomeraciones urbanas. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fijó, ya en 2018, que 17 aglomeraciones urbanas debían corregir el tratamiento defectuoso de las aguas sucias para que la sanción económica desapareciese.

 

Sin embargo, quedan cuatro ubicaciones, tres en la Península y una en el Valle de Güímar, en la isla de Tenerife, por concluir con la puesta en marcha de su depuradora, y según sus nuevos plazos, podría alargarse hasta al menos principios de 2026. El problema es que este año se ha aprobado una revisión de la directiva citada con criterios aún más exigentes y la multa podría seguir aumentando para España. ¿Qué pasará con esto?

 

Vamos con otro de los puntos, lo de la gratuidad a los viajeros en transportes públicos. Bien es cierto que las condiciones han cambiado. El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha reemplazado, al alza, los impuestos para algunos productos. Aquí se impuso lo de no pagar en el transporte para reducir y amortiguar el impacto de los efectos de la inflación sobre los bolsillos de la mayoría de los canarios.

 

No hacen las carreteras que habían proyectado en las infografías y ahora pretenden que los que se desplazan al sur, o al norte o al área metropolitana, por no encontrar viviendas que no ha hecho la inversión pública, tengan que pagar en esas guaguas porque los del Gobierno Central han decretado que ya no se dan las condiciones de precariedad económica de hace unos años y que el dinero corre entre los ciudadanos.

 

Acuérdense que el año pasado nos tuvieron en vilo para la prórroga de los actuales presupuestos hasta casi el 31 de diciembre para ver si seguían con eso de la gratuidad y que la incógnita se despejó pocos días antes. Lo que es cierto es que la medida está produciendo un notable aumento de viajeros que ya no toman su coche y lo hacen en el servicio público, quitando un vehículo de las vías. De esta manera les ayudamos a llegar a un puesto de trabajo, sin tener que pagar por un servicio, que, al hacerlo todos los días, le podría suponer una cantidad notable de su escaso pecunio para pagar el viaje en guagua.

 

Con esta medida podríamos encontrarnos con otro agravio y es que, en algunas islas, como la de Gran Canaria, ya están hablando de que “tiene pulmón económico para seguir financiando el transporte gratuito”. Esto lo ha dicho nada menos que el vicepresidente insular y consejero de Gobierno de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo.

 

No he encontrado nada parecido manifestado por Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. La presidenta sí que ha estado enojada y cabreada porque el Estado haya pensado en quitar esa partida. Ha sacado a relucir los trenes que disfrutan los peninsulares y dijo que “no formamos parte de la Red de Interés Ferroviario del Estado, lo que nos impide acceder a los fondos nacionales que otras regiones ya reciben para mejorar sus infraestructuras de transporte.

 

Esta discriminación debe corregirse de inmediato. Mientras en otras zonas de España se construyen trenes, nosotros dependemos casi exclusivamente de guaguas y tranvías que quieren que los canarios paguemos”, pero no habló de si la Corporación puede hacerse cargo de pagar ese servicio.

 

Desde luego ahora mismo estamos en la coyuntura de ponernos antes la venda que de producirse la herida, pero no me gusta el andar de esta perrita. O bien nos están preparando para aparecer, los nacionalistas de CC, como los grandes conseguidores de estas cosas, a la vista de que el resto de los diputados no lo hacen.

 

Tanto los del PP como los del PSOE están ahí, en sus escaños, para hacer lo que les digan los que les proponen como candidatos y luego, una vez elegidos, por una disciplina de voto que raya en la ignominia, olvidarse de los ciudadanos y hacer lo que les dicen sin tener ni aplicar criterios propios. Esto se traduce en una grave deslegitimación del sistema político.

 

Por eso hay gentes como el consejero de Obras Públicas, Viviendas y Transportes, Pablo Rodríguez, que dice que, si los presupuestos generales del Estado se prorrogan, la gratuidad del transporte estaría garantizada, ya que la financiación de 81 millones de euros comprometida por el Estado cubriría los costes. Rodríguez confía en que este escenario sea el más probable.

 

Y el hombre saca pecho para recordar que fue «CC quien consiguió este año la bonificación del 100 % con el apoyo a los presupuestos» y que también han sido los nacionalistas lo que han logrado “prorrogarlo”. «Es una noticia importante porque no solo ayuda al bolsillo de los ciudadanos, también es una apuesta por la movilidad sostenible».

 

Cadena por la contraria, María Fernández, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, en el mismo departamento que Rodríguez, nos anunció, días pasados, lo contrario. Según ella, el Gobierno Central le habría adelantado, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que muy posiblemente a partir del 1 de enero de 2025, el transporte público vuelva a ser de pago, porque no se contemplaba que el Estado se volviera a hacer cargo de la factura.

 

Contrasta esta manifestación con la postura de Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, quien ha expresado rotundamente que la bonificación fue uno de los acuerdos clave entre su partido y el gobierno central para garantizar el apoyo a Pedro Sánchez. Valido ha dejado claro que luchará para mantener esta ayuda, que considera un elemento fundamental dentro de la Agenda Canaria.

 

Con todo esto es como para pensar que pintamos poco en el panorama nacional. No nos dan dinero para los MENAS, tampoco se produce un reparto por comunidades autónomas, no estamos en los foros en los que se habla de nosotros, tampoco conseguimos los fondos necesarios para evitar que sigamos tirando la porquería al mar, vamos a batir marcas en la llegada de turistas, pero somos uno de los lugares en los que se cobra menos por hacer los mismos trabajos que el resto del país.

 

No hay casas en alquiler, lo mismo que en todo el país, y lo paliamos yendo desde donde vivimos a los centros de trabajo, en unas guaguas o tranvía a los que hasta ahora no teníamos que añadirle el coste.

 

¿Dónde están los que tienen que arreglar este desaguisado? Los partidos políticos se han convertido en una fuente de poder e influencia. No puedo dejar de pensar en que nuestros representantes se han aprovechado del sistema y que ha habido una enorme deslealtad, renegando de su vocación de defensa de los valores.

 

Esto sin excluirnos de culpa, a los ciudadanos, porque ya no somos exigentes con los políticos y hemos permitido esa desconexión con la realidad. Hemos sido cómodos. Faltan escrúpulos y ética por parte de los que ejercen ese poder.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 5 de octubre de 2024