EL MONÓLOGO / 247
El enigma de lo que viene

Por Pepe Moreno *

 

 

Dicen que este año que acaba de comenzar, el 2025, nos va a traer mucha incertidumbre económica y que hay que prepararse para lo peor. Contaba el otro día el Nueva York Times que la excanciller Angela Merkel sembró semillas de estancamiento económico y que, políticamente, acabó destruyendo la disidencia a su izquierda mientras permitía que prosperara el descontento de la derecha.

 

Si a eso le unimos las huelgas que se están preparando, el descontrol que existe con Muface y que la cesta de la compra está subiendo más que los sueldos, tendremos una serie de componentes perfectos para que el panorama no sea nada halagüeño.

 

Todo esto lo podemos comprobar. La inflación está disparando el costo de la vida y los salarios reales se estancan. Así, en toda Europa, estamos percibiendo que las palancas políticas se nos están escapando de las manos. Hace tiempo que la inmigración se ha convertido en una fuente de ira para mucha gente.

 

Eso hace que estemos participando en una especie de guerras, en la que se mezcla la religión y la cultura, al estilo de americano, que permite que aquellos que participan en esos conflictos estén ahora absortos de una especie de liberación purgante, o que estén ilusionados con el control de esta forma de pensar.

 

Con este entorno, las fuerzas de extrema derecha han prosperado, como era de esperar, toleradas y cooptadas alternativamente por el centro político. En siete de los 27 países de la Unión Europea, desde Finlandia hasta Italia, la extrema derecha participa ahora directamente en el gobierno. En la recién constituida Comisión Europea, dirigida por Ursula von der Leyen, un aliado clave de Meloni ocupa un importante cargo de vicepresidente.

 

En lugar de que el bloque se defienda de la extrema derecha, la perspectiva parece una Unión Europea que los está integrando para tenerlos dentro y cerca, para así saber en todo momento qué es lo que piensan y hasta dónde pueden llegar. Es como si la que la corriente dominante estuviera persiguiendo que ambos extremos estuvieran mirándose de reojo y tenerlos cerca.

 

Para algunos observadores, esto podría dar una imagen de fortaleza. Sin embargo, en materia de política exterior, asuntos militares o independencia energética, Europa parece cada vez más sin timón en un mundo tormentoso. Para un continente que antaño se veía a sí mismo como una vía intermedia entre el desenfrenado capitalismo de mercado de Estados Unidos y los diversos autoritarismos estacionados más al este, es una amarga ironía que ahora parezca abocado a pálidas imitaciones de ambos. Y con Donald Trump a la vuelta de la esquina, puede que los tiempos difíciles no hayan hecho más que empezar.

 

En este 2025 los problemas siguen siendo los mismos que nos preocupaban porque nadie hace nada por arreglarlos. Seguimos viendo cómo llegan los inmigrantes en pateras y cayucos. Nadie ha hecho nada para que esto pueda cambiar. Si somos egoístas, podríamos decir que nos hacen falta, que son la mano de obra necesaria para sustituir a los que se están jubilando, pero no de esta forma.

 

Cruzan el océano jugándose la vida durante días y vigilados por unas mafias que antiguamente trataban con los esclavos y que hoy lo hacen con gentes a los que nos les queda otro remedio que subirse a sus barcas y pagar el dinero que ellos dicen. Hacen la travesía como les dicen y llegan al puerto en unas condiciones precarias.

 

Para que se hagan a una idea, durante todo el año 2024 llegaron hasta las costas españolas un total de 61.323 personas, un 10,3 % más que en 2023, período en que lo hicieron 5.705 personas menos. Llegaron más personas, pero en menos embarcaciones. Según los datos del Ministerio del Interior, lo hicieron en 1.807, por las 1.817 que lo hicieron en el año anterior, es decir, un 0,5 % menos.

 

En nuestras islas, se produjo un incremento del 17,4 %: es decir, que llegaron 46.843 migrantes hasta nuestras costas, por los 39.910 que lo hicieron en el 2023. Y también fue notorio el ascenso de embarcaciones, que en el 2024 fue de 692, frente a las 610 del año anterior, por lo que tuvimos un aumento del 13,4 %.

 

Por lo que he podido saber, son los registros más altos de inmigración irregular en toda España. Nuestro gobierno, el canario, está desbordado por las demandas de atención humanitaria que precisan los inmigrantes, especialmente los menores de edad. A este colectivo les debe ofrecer una protección especial, algo que las mafias saben bien, porque dan por hecho que nuestro país, por mandato leal y por solidaridad, no desampara a los niños y jóvenes que llegan a su territorio.

 

Hasta ahora, más de 1.500 menores han salido del sistema, pero no porque los hayamos conseguido trasladar a la Península, sino porque han cumplido la mayoría de edad, los 18 años. Una especie de limbo legal, porque ni tienen ya derecho a la formación, ni pueden trabajar, a falta de papeles, ni pueden seguir en los centros de acogida ni optar a un realojo.

 

Según la ley, todos tuvieron derecho, en los 60 días previos o en los 90 posteriores a adquirir la mayoría de edad, a tramitar un permiso temporal de residencia de dos años. No obstante, entre los requisitos que les exige la ley hay uno difícil de cumplir en la «inmensa mayoría de los casos»: deben acreditar ingresos suficientes para mantenerse. ¿Y cómo podrían, si hasta ayer eran menores extranjeros no acompañados y ahora, lo único que les ha cambiado es la edad? Podríamos preguntarnos cualquiera de nosotros.

 

No hay respuesta de los grandes partidos que andan embroncados con este asunto. Unos, como el PP, que piden la intervención de la Unión Europea, con el Frontex vigilando más y mejor las fronteras marítimas. El PSOE dice que ellos están por una reforma de la Ley de Extranjería, pero no hacen nada más y con Canarias, que ya no sabe qué hacer porque todos los planes que tenía han pasado sin pena ni gloria y con la callada estatal por respuesta.

 

Sin embargo, no es el único problema que nos acucia a los habitantes de estos peñascos. En Canarias, la brecha entre los salarios y el precio de las viviendas es alarmante. Porque este es otro de los asuntos que nos traen ahora mismo de cabeza.

 

El precio en las islas ha repuntado y ahora es un 7,1 % más caro que hace un año. Estos dígitos suponen casi cuatro puntos más que la media estatal. No obstante, el coste de las viviendas en Canarias es aún un 12,2 % menor que los precios máximos que se dieron en la burbuja inmobiliaria en el primer trimestre de 2008, según la estadística avanzada del cierre de año de la principal tasadora de España, Tinsa by Accumin.

 

Sin embargo, también se indica que se ha encarecido casi un 39,3 % en Canarias desde el importe mínimo que se registró en el verano de 2015. Aun así, la reducción de los tipos de interés iniciada por el Banco Central Europeo en los últimos meses ha facilitado el aumento de las compraventas de inmuebles.

 

En los últimos años, el sueño de acceder a una vivienda se ha convertido en un desafío cada vez más inalcanzable para muchas familias. Mientras los precios de compra y alquiler alcanzan niveles récord, los salarios apenas han crecido un 20 % desde 2014, profundizando el desequilibrio económico. Hoy en día, alquilar una vivienda representa un mayor esfuerzo financiero que pagar una hipoteca, una realidad que amenaza la estabilidad económica y las expectativas de futuro de millones de personas.

 

A la vista de estos datos, ni la compra ni el alquiler son hoy una opción al alcance de la mano. Si hablamos de adquisición, hoy en día son necesarios hasta ocho años de sueldo bruto anual completos para lograr la primera casa, frente a los tres años que se necesitaban en los 80, antes lo hacías con 27 años y hoy, con 41. Antiguamente, se podía comprar más de una vivienda con lo que te tocaba en el gordo de la Navidad, o con un décimo de mañana, sorteo del Niño, y hoy, con esos 328.000 euros, casi te puedes comprar un piso céntrico y pare de contar.

 

En cambio, es que la brecha no es un asunto de ahora ni de lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, sino de los años en los que no se construyeron viviendas sociales y asequibles para los jóvenes. Las que hay en España, en su conjunto, apenas supone el 2,5 % del total residencial, frente al registro del 9 % de media que se registra en Europa. Por eso hay un desfase, porque no hay viviendas para todos.

 

Tenemos a una serie de políticos, como el actual consejero de Viviendas, Obras Públicas y Movilidad, Pablo Rodríguez, que ya tuvo algunas de esas responsabilidades en el pasado, y que ahora, con una emergencia habitacional, se limita más al relato que a los hechos. Decía ayer viernes, en la Televisión Canaria, el propio Rodríguez, que no tardará menos de 20 meses en hacer esas mil viviendas y la carcajada de los que estaban presentes no salió al aire porque los micrófonos estaban cerrados.

 

Lo que ahora prometen son planes a largo plazo. Aquí no hay casas para los que cobran menos y no se han hecho durante lo que se lleva de siglo, y ya estamos en un cuarto de este, ni les han facilitado a los promotores privados el tiempo y la normativa para que pueda hacer las moradas que nuestra población pedía.

 

Las medidas acordadas o pretenden hacer, ante la escasez de oferta, es que se amplíe el actual parque de vivienda con más edificaciones, o que se reconviertan algunos locales comerciales en moradas para familias, así como acabar los inmuebles que se comenzaron y se quedaron en esqueletos inacabados por el crac financiero de 2008. En ese plan incluso contemplan la utilización de suelo pensado en un principio para escuelas, hospitales o parques, y que ahora servirá también para construir bloques de pisos.

 

Ellos, los que nos gobiernan, dicen que todo llegará en un período “prudencial”, pero nadie se lo cree, entre otras cosas porque construir más casas no tienen por qué suponer una bajada de precios.

 

Todos están de acuerdo en que nada de lo planificado servirá para cubrir la demanda existente. En las islas hay en torno a 25.000 familias en la lista de espera por una vivienda pública, más un número elevado de personas que no son capaces de acceder al mercado libre. Para ser más claros. En Canarias se requiere de 34.000 inmuebles para facilitar el acceso de su ciudadanía (16.000 en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y 18.000 en Santa Cruz de Tenerife). Pablo Rodríguez no se atreve a dar una cifra, porque sabe que no llegará.

 

Todo ello teniendo siempre presentes los salarios de la población, que en el caso de Canarias son unos de los más bajos del país. Hay que tener en cuenta que la edad de emancipación, en Canarias, se sitúa, como edad media, en 30 años y lo hace en condiciones precarias. Según un estudio, la población canaria tiene que dedicar cerca del 40 % de su sueldo al alquiler. En el caso de querer comprar, la primera vivienda no se adquiere hasta los 41 años y el coste de la entrada equivale a 5,2 años de salario íntegro.

 

Y podría seguir con las pensiones o cuánto tiempo durará la “hucha” o la confianza que algunos tienen en cobrar al final de su vida laboral. Eso será material para otro artículo, pero desde luego las previsiones para este año no son nada halagüeñas.

 

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 4 de enero de 2025