EL MONÓLOGO / 251
El dominio de Junts frente al PSOE y PP

Por Pepe Moreno *

 

 

Tengo aparcado hablarles de la Sanidad en las islas, con todo lo que está cayendo en ese sector, pero es que es difícil no hacerlo de ese decreto que parece que está más hecho por Junts per-Catalunya que por el PSOE, que es quien gobierna, o sus socios Sumar, Podemos, PNV, EH Bildu o Coalición Canaria. El decreto ómnibus agrupaba medidas de diversas materias en un solo paquete. Es una técnica habitual en momentos en los que el consenso político es complicado. Es una especie de truco que utilizan los gobiernos para ganar tiempo y se usa en contextos de urgencia.

 

En ese decreto se han incluido las pensiones contributivas y de clases pasivas, con una subida del 2,8 % para 2025. Igualmente, habrá un aumento cercano al 6 % para las pensiones mínimas y el 9 % para las “no contributivas”, que será también el incremento que se aplicará al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aumentarán un 9,1 %, según lo aprobado el pasado martes, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares. Subirá un 6 % el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, con lo que cobrarán, como mínimo, los 560 euros mensuales para pensiones no concurrentes y 543,60 euros para concurrentes. Se suben en lo estipulado las pensiones, siendo la máxima los 3.267,60 euros que se cobran, en bruto, cada mes.

 

Bueno, pues, ese decreto, que en principio constaba de 80 asuntos, ahora ha quedado reducido a 29 medidas de carácter social. Le han retorcido el brazo a Pedro Sánchez, que lo que quiere es seguir en la Moncloa y seguir gobernando. Ha pasado de decreto ómnibus, a lo que podría considerarse como decreto minibús, en el que ahora el PP quiere votar a favor. Fundamentalmente, porque, dicen algunas fuentes, el debate interno fue intenso, aunque al final se impuso la lógica del mal menor.

 

Cuentan que Núñez Feijóo tomó la decisión después de que algunos barones territoriales le hicieran ver que podían perder el apoyo de los jubilados si votaban en contra de la revalorización de las pensiones. Ellos apoyarán el nuevo decreto a pesar de que contiene las mismas medidas que rechazaron hace una semana en la primera votación. Entre ellas la devolución al PNV del palacete de París, que fue incautado por la Gestapo al Gobierno vasco y que hoy alberga el Instituto Cervantes.

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También Junts ha reculado en relación con la iniciativa parlamentaria que motivó la ruptura con el PSOE, la que exigía que Pedro Sánchez se sometiera a una moción de confianza. En el nuevo redactado asume que el presidente no se someterá a ella. Mientras tanto, socialistas e independentistas alcanzaban nuevos acuerdos. El último que, en dos años, TVE tendrá en Cataluña un canal que emitirá solo en catalán.

 

Y aunque en Canarias no se tuvieron en cuenta la gratuidad en el transporte de viajeros, porque como les conté la semana pasada todos los Cabildos dijeron que no afectaba, ahora será el Gobierno Central el que aportará las cantidades pertinentes para que se mantenga esa disposición. O lo de los menores no acompañados, que sigue en el limbo de encontrar un consenso.

 

Lo más duro estaba en que el PP diera su aprobación a las medidas que protegían a los okupas y que ahora dice que se va a crear un sistema público de avales para proteger tanto a propietarios como a inquilinos. Es decir, que, si un inquilino no paga, lo hará el Estado y que tienen que certificar su carácter vulnerable. También que los ocupantes ilegales tendrán que reparar los desperfectos que realicen en los inmuebles. De entrada, sorprende que la alarma social creada por la okupación sea permitida por el PSOE e ignorada por el PP.

 

Sin embargo, si entramos en la letra pequeña de ese apartado, el de la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos, esa línea de garantías no servirá para todos los propietarios e inquilinos porque se establecen distintos requisitos. Por un lado, el inquilino deberá ser menor de 35 años o tratarse de una «persona vulnerable de acuerdo con los criterios establecidos reglamentariamente».

 

En cuanto al propietario, el seguro de impago solo funcionará para aquellos que participen en el llamado «alquiler asequible», es decir, un inmueble cuyo alquiler no supere el índice estatal de referencia fijado por el Ministerio de Vivienda, aunque no se dice que la medida solo protege a los caseros con un alquiler a un precio inferior al valor del mercado.

 

¿Para qué sirve el aval? Garantizará el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas «hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda», señala la norma. En realidad, esta medida ya la recogía el plan de vivienda anunciado por Pedro Sánchez, el pasado 13 de enero, ósea, en el decreto que contó con el voto negativo del PP, VOX y Junts.

 

En aquella redacción se recogía la creación de un sistema de «garantías públicas» para proteger tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en «alquiler asequible» con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda a colectivos con bajos ingresos. ¿Qué ha cambiado entre uno y otro? Podríamos decir que nada, pero ahora los independentistas catalanes se arrayan el millo de ese punto y de su escritura.

 

Hay otros puntos que no están claros. En el nuevo decreto se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de la liberalización de inversiones extranjeras. O que el Gobierno conserve la capacidad de autorizar o vetar inversiones extranjeras superiores al 10 % del capital en empresas estratégicas cotizadas y de más de 500 millones de euros en no cotizadas. Esto pensando en que se den casos como el de Telefónica o el del tren Talgo.

 

Se mantienen las ayudas para los afectados por la DANA, protegiéndoles y ampliándoles los préstamos que puedan solicitar y lo mismo hacen con los que están luchando por recuperarse en la isla de La Palma. En el asunto de Valencia, permiten que la Generalitat se pueda endeudar a largo plazo, lo que excluye a las demás autonomías.

 

A pesar de este acuerdo, se han quedado fuera otras medidas como las reformas de ahorro energético o las que podrían obtenerse por la compra de vehículos eléctricos. También se retrasa la entrada en vigor del impuesto a cigarrillos electrónicos y los ajustes del impuesto a la banca, que ahora será permanente.

 

Ello se debe a que el PSOE necesita a Junts y sus siete votos en todos los sentidos para ir aprobando su actividad legislativa entre los que están los presupuestos. Ya los de Puigdemont han dicho que no votarán a favor y que este decreto es un punto y nada más. Junts ha hecho una profunda reflexión interna que le lleva a evitar caer en la irrelevancia y por eso sus votos en el Congreso van a ser fundamentales.

 

Y así se lo ha hecho saber a buena parte del tejido económico y social catalán, con quienes ha rehecho algunos puentes que se rompieron en los años de procés, haciendo que ese mundo los considere un socio fiable y necesario. Y la ciudadanía catalana ya los considera, después del efecto de estas semanas, un instrumento útil para la gobernabilidad. Algunos analistas han llegado a decir que les han transmitido a esas empresas que se han librado del impuestazo por ellos. Dicen que por eso se van a conocer en los próximos días importantes inversiones en el territorio catalán de Repsol, Moeve, la antigua CEPSA, o Endesa.

 

Junts ha jugado y ganado la etiqueta de ser un socio influyente para los empresarios del Ibex y para los diferentes sectores económicos catalanes. Su objetivo prioritario es ser percibido como un agente útil para los votantes catalanes. El más beneficiado ha sido Carles Puigdemont, a pesar de que ahora le parezca un error que ni Sánchez ni Illa le hayan reconocido su condición de agente político clave con una entrevista presencial.

 

Si además logra que se debata, en el Congreso de los Diputados, su proposición no de ley para solicitar a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, el círculo se habrá cerrado. Se dice, en su enunciado, que se insta al Gobierno a “considerar la oportunidad” de plantear la medida “conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución” y aclara que de aprobarse no tendría “vinculación jurídica”.

 

Esa nueva redacción ha surgido tras la negociación del pasado martes y ahora los socialistas, y en concreto el presidente Sánchez, acepta que sea la mayoría progresista de la Mesa del Congreso quien tramite la iniciativa. Con ello se estaría cumpliendo la Constitución del 78, siendo una prerrogativa de los independistas y de la poca necesidad que hay de ello, que dijo Pedro Sánchez.

 

Estoy viendo la serie Yellowstone y en un capítulo vi una definición de poder que me dejó impactado. Una profesora le preguntó por este asunto a un alumno y, ante la negativa a saberlo, le dijo que es “la habilidad de dirigir o influenciar en un curso de acontecimientos de otra persona”. La verdad es que nunca me lo había planteado así.

 

Lo que hace Junts es poder, porque está dirigiendo o influenciando en la vida de muchas personas y añadiría que además están afectando a lo que hacen el resto de los partidos políticos. En esa ocasión, la profesora especificó que podía, al alumno, echarlo de clase y catearle el curso, o enviarlo al director por quebrantar el código de conducta estudiantil. Son cosas que atentarían contra el curso de la vida del estudiante. Eso es poder y eso es lo que están haciendo los de Junts per Catalunya.

 

Todos han cambiado de postura. Los del PSOE, con el presidente Sánchez a la cabeza, porque no pensaba trocear el decreto al entenderlo como «el escudo social que se necesita en nuestro país». Al Partido Popular, por ahora decir que va a votar a favor, porque están los jubilados, a los que le subirán su retribución, a los jóvenes, a los que lo de la gratuidad de los transportes le benefician y así podríamos seguir con los otros asuntos.

 

Se cumplen por estos días casi 18 meses desde las últimas elecciones generales y nadie podrá decir que la oposición del Partido Popular haya puesto en apuros al Gobierno de Pedro Sánchez, más allá de los enormes líos en lo que se va enfangando el presidente socialista. Son todos los que se vienen a la cabeza, ni siquiera hace falta enumerarlos porque lo interesante es que, si lo piensa un instante, ni uno de esos problemas en los que está enfangado Pedro Sánchez son producto del trabajo de la oposición que parece más amateur que profesional.

 

¿Qué papel juega el PP en todo lo relacionado con el devenir? Necesitamos una oposición que juegue otro estatus y, sobre todo, lo que precisamos son políticos que piensen en la ciudadanía más que en su propio provecho. Algunos lo hacen y otros están viéndolas venir, y así nos va.

 

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 1 de febrero de 2025