EL MONÓLOGO / 258
Vergüenza en juego

Por Pepe Moreno *

 

 

Esta semana que está terminando, y que será la previa al cambio de horario, ha sido la que se ha hablado mucho y casi exclusivamente del cambio en la ley de extranjería, del artículo 35, de la que hemos hablado y escrito desde hace un año, en concreto de antes del verano pasado. Han pasado los meses y se ha hecho mucha política con este asunto.

 

El Partido Popular, que es socio de gobierno de CC en Canarias, ha hecho que aquí en las islas repita eso de “dos pasos p’alante, dos pasos p’atrás, dar la media vuelta y vamos a empezar”, un pasacatre muy popular que aquí se puede aplicar muy bien, porque eso es lo que ha pasado durante casi un año.

 

Todo esto por un real decreto-ley de medidas urgentes aprobado el lunes y que se convalidará en el Congreso en el plazo de un mes. Y es ahí donde está la madre del cordero, porque en el hemiciclo, sumando los votos a favor, lo pueden sacar adelante, pero en el Senado, con la mayoría del PP, la cosa puede variar.

 

Las noticias nos superan. Estamos tan enfrascados en el rearme de Europa y en la nueva andanada diaria de Trump que difícilmente prestamos atención a otros aspectos de la realidad más próxima y cotidiana. Por ejemplo, que desde 2019, un total de 1.113 menores bajo tutela de las administraciones han presentado denuncia por abuso sexual.

 

La decisión sobre lo pactado entre el PSOE y Junts llega casi ocho meses después de que el PP, Vox y los de Puigdemont hicieran fracasar en el Congreso, un proyecto similar pactado entre el Gobierno y Coalición Canaria, que es quien gobierna en Canarias con el apoyo del PP.

 

Junts, al que el Gobierno cedió la baza de anunciar el decreto, se abrió a negociar solo tras asegurarse la delegación a Cataluña de competencias en inmigración. Eso sí, que los emigrantes hablen catalán, porque sin ese conocimiento de lengua no hay nación catalana, por supuesto. (¿Sería usted tan amable de leer esta última parte con ironía, por favor?)

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Durante todo este tiempo, miles de menores (casi 5.800 actualmente solo en Canarias) han vivido atrapados por un debate político cada vez más envenenado, en centros hipersaturados y, en ocasiones, víctimas de malos tratos, como ha denunciado varias oenegés entre la que está Amnistía Internacional. El decreto, ya publicado en el BOE, quiere serenar el debate, al fijar principios objetivos para declarar una situación migratoria extraordinaria, detallar los criterios de reparto o determinar las plazas de acogida de cada autonomía.

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Todo esto hace que sea necesaria una solución duradera que implique al Gobierno y a las comunidades y a los dos principales partidos en una política solo concebible con perspectiva de Estado, porque no va a cesar gobierne quien gobierne. Lo que pasa es que ¿ustedes creen que el PP le “dará aire” al PSOE y no aplicará aquello de «de qué se trata, que me opongo»?

 

Lo que pasa es que no se puede ocultar la complejidad de su ejecución, tanto por el partidismo alicorto que se ha vuelto a evidenciar, como por razones técnicas y presupuestarias. El Gobierno prevé destinar 100 millones a compensar a las comunidades y mejorar unos sistemas claramente infradotados, de forma que las autonomías asuman en serio de una vez la acogida de los niños.

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El PP está hoy preso de algunos planteamientos xenófobos que le transmite VOX, con quien se ha aliado en varias comunidades autónomas como Valencia y cuyos diputados les hacen falta para aprobar los presupuestos. Por tanto, resultaría comprensible que los gobiernos del PP quieran asegurarse una financiación adecuada para la acogida digna a los menores y la creación de nuevas plazas —más de 4.000 en sus comunidades, 1.145 solo en Madrid—. Feijóo, y por ende el PP, tienen que aclarar si su partido cumplirá la ley o si recurren el decreto.

 

En estos días hemos sabido que Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha admitido que acogerá a los menores no acompañados que le correspondan porque “me guste o no me guste, he de cumplir con la ley” y remarcó que los menores en la Comunidad de Madrid tienen que estar tutelados por el Ejecutivo regional por lo que “hay que ponerles unos recursos”, independientemente de si son españoles o no.

 

Creo que han sido muchos meses en los que no han primado ni los derechos de los menores ni la solidaridad de los territorios. Ahora es el momento de abandonar eso del cortoplacismo político, despreciar la xenofobia y arbitrar salidas con vocación de futuro. Causa vergüenza que parezca una tarea imposible proteger los derechos de 4.400 niños en un país avanzado de 49 millones de habitantes.

 

Sin embargo, hay gente para todo. Algunos gobiernos regionales se resisten a facilitar los datos y se niegan a recibir a más personas. Podríamos decir que el punto de partida es desigual y esto sucede porque se va a repartir a la mitad de los menores en función de la población de cada comunidad. Luego tendremos otros parámetros como la renta per cápita, la tasa de paro que presenta cada uno, el promedio de los atendidos —y aquí hay mucha discrepancia— y los medios que tienen para atender a los que lleguen.

 

Con los datos que hay en Internet he elaborado una clasificación que encabeza Andalucía, que tiene ahora a 1.376 menores bajo su tutela, como su población es de 8,5 millones de habitantes, eso significa que se hace cargo de un menor por cada 6.200 habitantes. Y también que ampara a más menores que ocho territorios juntos, como son Castilla y León, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, Asturias y La Rioja, a pesar de que tiene un millón y medio de habitantes menos que todas ellas. En el extremo contrario se encuentra La Rioja, que solo acoge a 13 menores actualmente; es decir, una persona por cada 24.800 habitantes.

 

O Asturias, con 101 menores en sus centros, que tiene una presión asistencial de una persona por cada 10.000 habitantes, que es el doble que la de Castilla-La Mancha, con 94 niños y una proporción de un atendido por cada 22.000 habitantes.

 

Baleares, por su parte, es la región que mayor esfuerzo asistencial realiza actualmente, pues tiene acogidos a 634 menores, el equivalente a una persona por cada 1.900 habitantes. Le sigue Euskadi, con 900 atendidos, uno por cada 2.450 habitantes, o la denostada Cataluña, que tiene ahora mismo a 2.242 menores, el equivalente a una persona por cada 3.500 habitantes. Luego van Navarra, con 163 menores acogidos, el equivalente a un menor por cada 4.100 habitantes, Andalucía y Aragón, con 197 acogidos: un niño por cada 6.800 habitantes.

 

No he encontrado nada, en cuanto a datos, de la Comunidad Valenciana, Cantabria o Melilla. Por su parte, Galicia, habla de 832 menores acogidos y de un 104 % de sobreocupación, pero en sus cifras incluye también a los menores españoles.

 

Lo que he podido saber es que, de las 11 regiones gobernadas por el PP, todas argumentan que llevan tiempo acogiendo más niños de los que les toca y que sus centros están por encima de sus capacidades. Por ejemplo, en Aragón aseguran que tienen un 189 % de ocupación, con 104 plazas en las que han metido como han podido a 197 niños. ¿Será cierto o nos lo creemos porque lo dicen ellos?

 

En Madrid, que tampoco ha facilitado muchos datos, según el periódico El Mundo, el 12 de enero de este año, decía que la Comunidad de Madrid atendió a lo largo del año pasado, en 2024, a 2.400 menores extranjeros no acompañados. Del total de esta cifra, además, un total de 1.100 llegaron a la región a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según ha reconocido la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y añadió que estos niños y niñas lo hicieron “de manera ilegal, sin ningún control por parte del Gobierno y sin ningún tipo de planificación para la Comunidad de Madrid, que ha tenido que incorporar recursos de manera extraordinaria y de emergencia, de forma muy abrupta”.

 

Tengo que reconocer que hasta en Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, hay malestar. Su presidente, el socialista Emiliano García-Page, ha llegado a decir que “no tenemos información directa del Gobierno, pero, desde el momento en el que se ha pactado la política de migración con Junts, ya cualquier cosa empieza mal”. El barón socialista ya nos tiene acostumbrados a esas salidas. ¿Sigue teniendo credibilidad el dirigente castellano manchego?

 

¿Y en Cataluña, cómo están? Depende a quién oiga. Si es al Gobierno autónomo, dicen que tienen 2.369 y, si es el Gobierno Central, hablan de 1.417 menores. En este punto, fuentes del Gobierno aseguran que han atendido a criaturas que cuando llegaron a Canarias notificaron que eran adultos para agilizar su traslado a la Península y que, una vez en su territorio, se presentan como menores y mientras la fiscalía resuelve las pruebas de edad están en un centro de acogida.

 

El baile de cifras se traduce en que no existe un traspaso de fondos económicos y es la Generalitat la que hace este esfuerzo. Además, Cataluña también asume los gastos de unos 4.000 extutelados migrantes más, que ya han cumplido los 18 años, pero a los que se acompaña hasta que cumplen 23 años, como en el resto de tutelados, y para este colectivo tampoco existe una partida estatal.

 

Con estas cifras es lógico que puedan acoger a más. La disconformidad entre los números de la Comunidad y el Estado es evidente. Los medios de comunicación se quedan con que las cifras de que solo acogerán a 30 o 40, pero no explican que ya hay casi 2.400 o que tienen a más de 4.000 tutelados. Nos dejamos llevar por ese sentimiento anticatalanista, que es lo que impera, después de que Puigdemont es un reo en rebeldía.

 

Esa postura choca con lo que harán los diputados del Partido Popular por Canarias, y que son seis: por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, Guillermo Mariscal o Carlos Sánchez y por la de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Rojas, la exconcejala de Los Realejos, Laura Lima o incluso la herreña Ainhoa Molina que sustituyó en el acta al palmero Asier Antona. ¿Votará en contra de esa modificación de la ley de extranjería la presidenta del Comité Local de Frontera? No me gustaría estar en su pellejo.

 

Esto es lo que hay. Fernando Clavijo le gusta y desdeña todas las críticas. A Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y de Memoria Histórica, dice que esa acogida podría comenzar en abril, pero ya hemos visto que hasta que no se convalide el decreto no será posible. Lo más seguro es que sea en junio o como muy ponto a finales de mayo.

 

A Manuel Domínguez, líder del PP en las islas, ni cuenta. ¿Y a usted? ¿qué le parece? el debate está servido. Como decía aquel viejo periodista, “los hechos son sagrados y las opiniones libres”. Ahora ustedes mismos, pero no nos dejemos arrastrar por los análisis simplones.

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 23 de marzo de 2025