EL MONÓLOGO / 259
Entre ajustes y desajustes

Por Pepe Moreno *

 

 

En una semana en la que se han producido varios acontecimientos políticos que han marcado el devenir de los acontecimientos, como el kit de supervivencia que nos recomienda Bruselas o que el Tribunal Supremo dé 10 días al Estado para hacerse cargo de un millar de menores solicitantes de asilo en Canarias.

 

Por señalar algunas cosas, porque también la presidenta de la Comunidad madrileña, Díaz Ayuso, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional referido al reparto de menores no acompañados, por entender que vulnera preceptos constitucionales e invade competencias exclusivas de la región.

 

También podemos reseñar el pleno que se celebró el pasado miércoles en Granadilla y que devolvió la alcaldía a José Domingo Regalado. Un hombre que ha intentado en tres ocasiones ser alcalde y lo ha conseguido en dos poniendo y ganando una moción de censura. Esta vez lo ha conseguido sumando dentro del pacto a VOX, que es un partido que desconfía de algunas competencias municipales, insulares o autonómicas.

 

Esta misma noche cambiará la hora en eso que deviene a llamarse el horario de verano y que supondrá que a la 1 se adelantarán los relojes una hora, pasando directamente a las 2, con lo que es como si perdiéramos una hora de nuestro tiempo. Esa noche dormiremos una hora menos.

 

Siempre se plantea la misma pregunta: ¿será esta la última vez? En la década de los 70, algunos países decidieron ajustar sus relojes para ahorrar energía. La idea era aprovechar al máximo la luz natural y reducir el consumo de carbón durante los meses de verano. Con la primera crisis del petróleo, en la década de los 70, algunos países decidieron adoptar esta medida para aprovechar mejor la luz natural del sol y consumir menos electricidad.

 

Como decíamos, esta práctica ha sido cuestionada. Estudios recientes sugieren que el ahorro energético es mínimo, mientras que los efectos negativos sobre la salud, como alteraciones del sueño y el ritmo circadiano, son cada vez más evidentes. Esto ha llevado a la Unión Europea a reconsiderar la necesidad de mantener esta práctica. Aunque depende de cómo hagamos la cuenta. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, hace el cálculo de que nos ahorramos unos 6 euros al año, pero si se multiplica esta cantidad por los 24 millones de hogares que hay en España, el ahorro asciende a 144 millones de euros.

 

Cada vez son más los países que están eliminando este cambio y adoptando un horario fijo, motivados por la falta de beneficios energéticos y los efectos negativos en la salud y la productividad. Una de las principales cuestiones en España es si mantener el horario de verano o el de invierno de manera permanente. El que adelanta los relojes una hora en marzo, ofrece más horas de luz por la tarde, lo que puede beneficiar a sectores como el turismo y el comercio. Sin embargo, el que retrasa los relojes una hora en octubre, proporciona más luz por la mañana, lo cual puede ser beneficioso para la salud y el rendimiento escolar.

 

¿Qué hacemos? ¿Horario de invierno o de verano? La verdad es que será muy difícil tomar una decisión porque, por un lado, se eliminará la necesidad de ajustar los relojes dos veces al año, lo que puede reducir el estrés y las alteraciones del sueño. Sin embargo, también podría generar confusión en un principio, especialmente en lo que respecta a la coordinación con otros países que opten por horarios diferentes. De momento, esta noche habrá que cambiar la hora y, a tenor de estas consideraciones, la discusión va para largo, a menos que Carles Puigdemont o Ezquerra Republicana diga otra cosa, que son los que mandan.

 

Sin embargo, esta semana nos ha dejado también, por seguir con las cosas de Bruselas, un kit de emergencias que nos recomiendan para subsistir, al menos tres días, en un conflicto bélico o en un acontecimiento climático, como el sufrido en Valencia, o en un suceso de crisis, o en otros que puedan acontecer en nuestra vida. En el documento presentado se “anima a la población a adoptar medidas prácticas”, como puede ser agua, alimentos en conserva o liofilizados, material de iluminación, medicamentos, documentos de identidad o una radio de onda larga.

 

Uno no tendría que poner ningún “pero” a esta situación, pero hay que ponerlos. ¿Quién puede tener en casa esa agua sin que de vez en cuando la cambiemos? No lo hacemos con el cepillo de dientes, que lo usamos a diario, y nos vamos a acordar con el agua. O las pilas, o los medicamentos, o las latas de conserva, o el dinero en efectivo, como si de todo eso nos sobrara para dejar una parte en depósito por si pasa algo.

 

Lo que ocurre es que no estamos leyendo mucho más allá de este simple asunto. ¿Quién no llega a la conclusión de que nos piden este kit con unas razones amplias que van desde el conflicto bélico —tal y como está el panorama entre Rusia y Ucrania—, pero es que en el mismo paquete meten el cambio climático, las posibles pandemias que pueden venir, y otras cosas? Nos están asustando y nosotros estamos dejando que eso sea así.

 

No hay nada que idiotice más que el miedo, y de esta manera, con el susto en el cuerpo, pueden manipular a quien quiera. ¿No se acuerdan de lo que pasó en este país cuando nos encerraron? ¿Que un agente policial, en un control o cuando quería, nos preguntaba dónde íbamos y no se cortaba un pelo? Ahora mismo, con lo del kit de supervivencia, está empezando a pasar lo mismo.

 

Yo empleo aquello de “piensa mal y acertarás” y se están dando los parámetros para que esto sea así. Por ejemplo, una subida de impuestos para sufragar el aumento en el gasto militar. Si no van a quitar ni un céntimo del gasto social ni medioambiental y nos van a dejar tal y como está el bienestar, ¿quién o cómo se va a pagar? De los impuestos, ¿de qué otra partida va a ser?

 

Porque asistíamos esta misma semana a un debate sobre lo que se ha llamado “el rearme” y, aunque no nos han dicho cuánto cuesta, es la UE la que hará los planes de defensa y es la UE la que nos defenderá, porque la Administración Trump se desentiende de la seguridad europea. Nada está muy cerrado todavía en Bruselas más allá del golpe en la mesa de una cifra, 800.000 millones de euros para el rearme y el Libro Blanco sobre el futuro de la defensa europea, una primera guía de objetivos y estrategias. ¿Y no quitará España ni un céntimo del gasto social?

 

En junio hay cumbre de la OTAN y ahí quizás empiece a concretarse de verdad hasta dónde llega la soledad europea y en qué se concretan las grandes declaraciones de intenciones que escuchamos estos días dentro y fuera de la Alianza Atlántica en Europa. También hay que ver en qué queda la tregua entre Ucrania y Rusia en el mar Negro, que ofrece una pequeña esperanza. Pero no tengamos muchas esperanzas de todo esto.

 

Creo que todo el mundo debería estar preparado por si viene algo así, y no le quitaré a nadie la idea de hacerse con un kit de supervivencia, pero hay cosas que dan que pensar. Me da que están jugando con nuestros sentimientos y que el miedo es una espléndida manera de justificar algunas cosas como subidas de impuestos, restricciones de libertades y a que se imponga las decisiones de un gobierno caprichoso o que van en contra de la separación de poderes, sin que nadie se queje del todo.

 

Luego está lo de los menores, con dos vertientes: la del Gobierno Central que ha perdido el pleito de los no acompañados, que piden ser acogidos y el recurso que ya ha interpuesto la presidenta de Madrid por entender que el reparto diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez invade algunas de las competencias de su Comunidad Autónoma.

 

Según la sentencia del Tribunal Supremo, el Estado debe asumir la responsabilidad de acoger a 1.000 de ellos y además la medida debe ejecutarse en un plazo de diez días. Lo que pasa es que ya hay 675 menores inmigrantes no acompañados que no podrán continuar con la tramitación de sus peticiones de asilo, y que estaban basadas en que huyen de sus países de origen porque peligraban sus vidas.

 

El martes, que era el mismo día de la sentencia del Tribunal Superior, la Policía de Extranjería (Udex) de la provincia tinerfeña remitió una comunicación a la Consejería de Bienestar Social en la que avisaban de que «no se van a poder realizar entrevistas ni reseñas a menores solicitantes de asilo durante el mes de abril». Ya la tenemos liada. Por un lado, unos funcionarios que dicen que no pueden y por otro una sentencia que dice que es el Gobierno Central el que tiene que acoger a todos los que pidan asilo.

 

Otro asunto diferente es el Real Decreto Ley, que tiene que ser convalidado en las Cortes y del que ya hablé la semana pasada. La Comunidad de Madrid ha sido la primera que ha presentado recurso y le ha abierto un boquete a Manuel Domínguez y compañía al entender que entra en una materia transferida a su Comunidad como es la asistencia social, protección y tutela de menores de edad porque, dice el recurso, la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas.

 

La dirigente autonómica entiende que el texto es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones porque no se ha pactado con nadie y solo se ha hecho con un partido político independentista que lo que quiere es que Cataluña no vayan inmigrantes y que sí que vayan a otras regiones. A la hora de redactar este artículo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aún no había comunicado el número de plazas de que dispone su red.

 

Insiste el Gobierno de Ayuso en su recurso, el aspecto económico de la medida, pero le parecen pocos los 100 millones de crédito para financiar la acogida, y que ya han dicho que podía ser ampliada. Y en su escrito meten, a modo de batiburrillo, otras cuestiones formales, como la utilización de la figura de real decreto ley para un asunto que debería ser objeto de una ley orgánica, o la justificación de la urgencia, cuando, aseguran que España lleva sumida en el «caos migratorio» los más de seis años que lleva Pedro Sánchez en el Gobierno. Que nos lo digan a los canarios, que llevamos años denunciando todo esto.

 

La insolidaridad del resto de las Comunidades Autónomas no ha hecho más que comenzar y a todos se les ve el rejo, incluido el Partido Popular, que ya ha anunciado su voto en contra. Aquí se ha apuntado el tanto hasta Manuel Domínguez, que es vicepresidente del Gobierno de Canarias, que ha dicho, con su mano izquierda, que avala el decreto, y con la mano diestra que antepone a Canarias a los intereses de su partido. Una al diablo y otra a lo divino. El que no se consuela es porque no quiere. Ya ha dicho que no pedirá al PP el voto libre para los diputados canarios sobre este decreto. ¿De qué y cuándo se va a enfrentar a su jefe?

 

En fin, que con unas cosas y con las otras, nos distraerán y no hablaremos de las cosas importantes, como la vivienda o lo que cuesta hoy, la cesta de la compra. Lo que hacen algunos es “cantinflear”, que es tanto como hablar para que no nos enteremos de qué va la cosa.  Esta misma semana decía Fernando Clavijo en la tribuna de oradores del Parlamento que no nos podía bajar los impuestos, que fue como su bandera durante la campaña electoral de 2023, por “la falta de presupuestos estatales, la incertidumbre del momento, por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, y las consecuencias para la Unión Europea”. Ahora resulta que la culpa de que no bajen el IGIC es del presidente estadounidense. ¿Habrá respuesta más …? En eso estamos.

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 29 de marzo de 2025