VISIONES ATLÁNTICAS / 238
Defender el REF y la RUP

Hugo Luengo *

 

 

Celebramos el día de Canarias desde la España atlántica y en su esquina sur tricontinental. Hemos tenido históricamente un marco económico-fiscal diferente, desde los Reyes Católicos, la ley de Puertos Francos de 1852 de Bravo Murillo y las Leyes del REF de 1972, y actualizaciones de 1991, 1994 y 2018. Situación reconocida por la Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía y el Tratado Fundacional de la Unión Europea, el TFUE.

 

La esencia del régimen está en mantener unas claras ventajas fiscales, que compensen lejanía e insularidad, que sin embargo no se han traducido en un instrumento sólido de captación de inversiones, como pudimos ver en la huida de las empresas del “Procés” catalán.

 

Con la transitoriedad de nuestro REF, siempre en renovación periódica, y con las lecturas perversas hacendísticas del REF y su RIC (Reserva de Inversiones de Canarias) que las desvirtúan.  Nos encontramos ante el marco normativo más complicado de la UE y España, que espanta inversores propios y ajenos, a quienes no podemos asegurar plazo cierto para sus inversiones, su cuantía y seguridad jurídica. Por más que tengamos IGIC del 7%contra el IVA del 21% y podamos deducir de nuestros beneficios hasta el 90%invertido, y las singularidades de la zona ZEC.

 

“Defender” nuestra singularidad desde el diferencial fiscal y una desburocratización urgente e intensa, donde no cabe un impuesto más. Sintomático el caso de lo que llaman “ecotasa”, sostenida en la demagogia de la “turismofobia”, cuando la misma en términos hacendísticos es un impuesto. Esto es una contribución obligatoria para financiar un gasto público general, sin contraprestación de la administración, entra en el presupuesto y no es finalista.

 

En cambio, las “tasas” son específicas por la contraprestación de un servicio público concreto. Como la visita a la red de espacios naturales, caso singular del Teide, donde el turista debiera contribuir con una tasa de mantenimiento, en espacios que ya deben regular aforo. Los residentes deben estar exentos.

 

“Defender”, la promesa que votamos para reducir el IGIC un 40%, del 7 al 5%. Comprometida en el pacto CC-PP, que incumplen y envían al futuro, mientras improvisan nuevos impuestos, Esta situación de inseguridad, se traslada al ámbito de todas las administraciones insulares y locales y de las entidades de prestación de servicios públicos, energía, agua, residuos, con elevación de costes sin soporte jurídico y cuantía precisa y en la confusión de cuantificar tasas a precio de impuesto. O pretender cobrarlas con la progresividad fiscal del impuesto, como vemos en esta deriva recaudatoria.

 

“Defender” una reducción del gasto público improductivo y reiterado, derivado de una administración sobredimensionada ejerciendo acciones impropias. Obliga a mejorar el marco regulatorio e institucional, elevar la productividad, para poder subir la “renta per cápita”, anclada en Canarias desde el 2017.

 

“Defender” la colaboración “público-privada” real y no ficticia tal y como se practica. Todas las leyes y normas salen de fábrica realizadas por políticos y funcionarios, sin participación en origen de la sociedad civil y por ello desconociendo la realidad de los problemas que pretenden regular. Europa, España y Canarias precisan recuperar el “pensamiento crítico”, cooperar en plena era del conocimiento y de la inteligencia artificial, con otra geometría, colaborar en horizontal y articulados, donde todos los operadores actúen en libertad y con seguridad jurídica, bajando impuestos, con nuevas reglas incentivadas.

 

Aprender a cooperar con madurez, flexibilidad y soluciones, en una Canarias “tricontinental”, obligada a liderar las RUP de Europa, donde se encuentra el núcleo de nuestra singularidad histórica. Normalizar cooperar en participación “público-privada” integrada desde el inicio de los procesos normativos, lo que asegura la transparencia, la coordinación y la publicidad.

 

Con ello la “maraña administrativa” se reduciría considerablemente, al deprendernos de la carga punitiva, con que se diseñan las normas. Dejar operar a la sociedad civil, al ciudadano, que el actual entorno institucional frena, según señala el Banco de España, penalizando con ello en un 20% el crecimiento de la “renta per cápita”, alejándonos de Europa y de las economías que lideran la globalización.

 

 

Hugo LUENGO BARRETO

Arquitecto y bodeguero.

 

Islas Canarias, 2 de junio de 2025