EL MONÓLOGO / 275
Nos asfixian bajo el alisio

Por Pepe Moreno *

 

 

¡Qué calor! Ha sido la contestación más empleada durante el miércoles, que subió el pasado jueves y que el viernes hasta se hizo un clamor. No había conversación, ya sea en el ascensor, cuando nos encontramos con el conocido, o conocida, en cualquier sitio en el que podamos trabar la hebra.

 

No se nos ha escapado, y con razón, eso de hablar de altas temperaturas que teníamos, que no podíamos aguantar y que nos ha azotado en Canarias, dejando las temperaturas más altas de toda España. En algo teníamos que estar en cabeza, a pesar de que estos días que nos han precedido han estado muy calientes en toda España.

 

Según los primeros datos registrados por Meteorología, las tres localidades más calurosas de España se localizan en Canarias. En primer lugar, se sitúa El Matorral, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), cuyos termómetros se han elevado hasta los 37.5 grados. En segundo, Agüimes, también en Gran Canaria, donde han registrado 36.1 grados. Y el tercero, mira por dónde, el aeropuerto Reina Sofía, en el Sur, lugar en el que se llegó, en torno a las diez y media de la mañana del pasado jueves, a los 35.5 grados.

 

Aun así, nos informaban las fuentes que Izaña, en la estación del Parque Nacional, que es la que registra generalmente las temperaturas más frescas del territorio insular, que los termómetros marcaban temperaturas poco habituales, superando los 17 grados poco antes de las ocho, mientras que en Las Cañadas la temperatura rozaba los 20 grados cuando ni siquiera había amanecido.

 

Sin embargo, ha sido la semana en la que hemos hablado de política, y sobre todo de los catalanes, y del rompimiento de solidaridad en eso de recaudar. Hemos asistido a unos hechos que tienen pocos precedentes en la historia reciente de nuestro país con una Constitución que este año cumple 47 años y que parece que fue ayer.

 

Aún tenemos frescos en la memoria palabras como “consenso”, y que fue fundamental para alcanzar un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas tras la dictadura, aunque también surgieron otros vocablos y conceptos claves como “diálogo”, como herramienta metodológica esencial para alcanzar esos acuerdos, se promovió una comunicación abierta y sincera para superar las diferencias entre los modelos propuestos.

 

Basta poner algunos modelos. Esta semana que acaba hemos visto el varapalo que ha dado Bruselas con lo de la ley de amnistía, que como ustedes saben, algunos de los socialistas defensores de la tesis del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eran para que las cosas fueran mejor en Cataluña o pacificar un conflicto. Decían que no se trataba de borrar delitos, sino de superar fracturas y que no había impunidad, ni privilegios.

 

Pues bien, el alto Tribunal Europeo ha dicho que se dejen de zarandajas y que la norma “no parece responder al interés general, ya que responde a un acuerdo político”, según la cual, Sánchez es presidente gracias a los votos de Junts. De esta forma, Bruselas ha asegurado que parece una medida a través de la cual “el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios políticos”. Lo dicen a las claras: se trata de “una Ley de Amnistía echa a medida” y que favorece a los que participaron en aquel proceso de separación de España.

 

Y después de que todo hay que tenerlo en cuenta, también se han destapado con un llamado trato singular a Cataluña y que no es nada más que romper la hucha del apoyo, esa que nos hacía a todos iguales. Ahora, gracias a las reivindicaciones de ERC y Junts se entregan esas cantidades, que van de recaudar el IRPF, que es la renta de las personas físicas, a esa comunidad que hasta ahora son los campeones de unas cuentas en la que gastan más de lo que ingresan.

 

Pretenden paliar lo manirroto con la pobreza de otros, quedarse con el solomillo y que los demás coman otros trozos de carne que sobran. El independentismo busca convertir antiguos lemas como “España nos roba” en la normalización de privilegios fiscales exclusivos, avalados por el Gobierno central.

 

Lo que fue el detonante del conflicto de 2017, hoy amenaza con convertirse en norma, creando desigualdad entre españoles. Y además de que ha sido el Partido Socialista quien ha respaldado este tipo de iniciativas, lo que supone un desafío a los principios y una prueba para sus diputados de fuera de las regiones beneficiadas.

 

Nuestro Ángel Víctor Torres ha asumido la representación en un acuerdo que ni Pedro Sánchez ni María Jesús Montero han ratificado, dejando el asunto en sus manos. Este pacto se percibe como perjudicial para Canarias, mientras otras regiones obtienen tratos preferentes. A pesar del superávit, Canarias sigue limitada por normas pensadas para casos de déficit.

 

Esta situación ha generado preocupación entre distintos sectores sociales y políticos canarios, que consideran que la falta de respaldo directo del presidente del Gobierno y de la ministra de Hacienda refleja una escasa atención a las necesidades específicas del archipiélago. Además, varios analistas señalan que este tipo de acuerdos podrían agravar la desigualdad territorial, ya que no todas las comunidades autónomas reciben el mismo trato en materia de financiación y normativas fiscales.

 

La razón es que ellos, los catalanes, lo que quieren es independizarse y saben que el gobierno de Pedro Sánchez está cada día más débil, por lo que se aprovechan de ello. Decía el escritor estadounidense ganador del Premio Nobel de Literatura y autor de conocidas novelas John Steinbeck que “el poder no corrompe, lo que corrompe es el miedo a perder el poder».

 

Y eso es lo que está pasando en este país desde hace mucho tiempo. Que asusta la posibilidad de que a alguien no le llamen “el inquilino de la Moncloa” o que ya no tenga la posibilidad de refrendar las leyes en el Boletín Oficial del Estado. Eso es lo que temen. Y por eso se prestan a cualquier tipo de argucias con tal de seguir en el machito.

 

Y mientras algunos actúan de comparsa, ahora mismo se cifra entre un mínimo de 678 euros y un máximo de 1.130 euros para financiar los servicios básicos de la autonomía. Unas cuentas que pueden ser incluso mayores, si se computan los beneficios tributarios del Régimen Económico y Fiscal (REF) incluidos en el Impuesto de Sociedades (IS), cantidad que también se lo quedan los catalanes, aunque Canarias mantiene su lucha para que el fuero no se incluya en el nuevo sistema de financiación autonómica.

 

Este es el nuevo concierto catalán, que en su día se pactó entre el PSOE y ERC para permitir la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y que se ratificó entre el Estado y Cataluña el pasado lunes. Supondrá que el Archipiélago podría recibir hasta 2.550 millones menos para sufragar la educación, la sanidad y las políticas de bienestar social.

 

¿Es lógico esto en una región pobre, en la que se cobran los salarios más bajos de todo el Estado y que hoy no sabe cómo abonar los gastos de alquiler de vivienda, cesta de la compra, educación de los hijos, por muy gratuita que sea, los de sanidad y demás?

 

Solo con los gastos de alquiler y de la cesta de la compra no nos llega y ahora el Cabildo, en su afán recaudador, nos amenaza con los dos céntimos verdes en cada litro de combustible que repostemos. Es como para decirle: ¡dedique usted el presupuesto a lo que es y no a las mordidas o corrupción y ya veremos lo que sobra!

 

Ahora recibimos hasta 3.148 euros del sistema de la financiación, pero tal y como queda el modelo, vamos a recibir menos dinero del Estado. Eso es obvio, aunque algunas voces socialistas hayan defendido que en ningún punto del acuerdo aparezca que se van a retirar fondos al resto de autonomías.

 

Claro que no, pero cuando todo el mundo va en una dirección y uno en la contraria, tiene que reflexionar y decir que no todos pueden estar equivocados. Y como prueba me limito a señalar que todas las regiones del régimen común se han puesto en pie de guerra contra el acuerdo.

 

Y no he sacado aquí las declaraciones de Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno, con aquello de que “todo esto es para quitarle dinero a los pobres para dárselo a los ricos”, que podría ser una explicación muy básica del problema, pero es gráfica a la hora de exponerlo.

 

Unas comunidades autónomas que han demostrado lo ruinitas que son a la hora de aceptar el traslado de menores a dependencias peninsulares, que ahora se retrasa hasta finales de agosto y de que ninguna quiere a esos niños y niñas cerca de núcleos urbanos mesetarios. Lo que pasa es que cuando se habla del dinero, hacen un frente común y buscan la solidaridad de todos los que se sienten maltratados por un reparto que, ante los suyos, a los ciudadanos que les votan, no les gusta.

 

La verdad es que no me quedo con ninguno de ellos, porque todos están contribuyendo a que nos asfixien bajo el alisio. El Estado Central y las Comunidades. A todos les da igual lo que pase. Lo de la solidaridad va por tramos, si la quieren en lo de las perras, los dineros, pero no en lo de los menores no acompañados la rechazan porque no están ni Cataluña ni el País Vasco, y eso no puede ser, según ellos. Lo dicho no me quedo con ninguno, pero también entiendo que solos no podemos vivir. ¿Qué hacer?

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 19 de julio de 2025