EL MONÓLOGO / 290
Cuentas que no cuentan

Por Pepe Moreno *

 

 

Vivimos a tal velocidad informativa que ya nos queda lejos eso de la presentación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Se aprobaron el pasado martes en el Consejo de Gobierno, pero lo sucedido el miércoles con el funeral de Estado por las víctimas de la Dana en Valencia, o lo del jueves con la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado, le quitaron el protagonismo necesario.

 

Las cuentas canarias se han elaborado en base a la última tasa de crecimiento referenciada, que es del 3,3 %, porque no había ninguna otra a mano, ya que llevamos tres años sin presupuesto nacional. No podemos crecer más de ese porcentaje, independientemente de cuáles sean las cifras de recaudación de la comunidad autónoma, dijo la consejera de Hacienda, Matilde Asián, quien insistió en que estas “dan prioridad al gasto social, al destinar la mayor parte del presupuesto a sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda. También es importante el refuerzo que se hace en transición verde, agricultura, economía, industria y comercio”.

 

Lo que pasa es que, si uno las mira con detenimiento, podrá observar que ocho de cada diez euros se destinan al mantenimiento de la propia maquinaria de la Administración autonómica: 5.064 millones a pagar nóminas, 1.929 millones a alquiler de edificios, luz y agua o los 3.301,3 millones para transferencias corrientes del funcionamiento del día a día. Por contra, las inversiones para mejorar las infraestructuras públicas —hospitales o colegios— solo ascienden a 2.088 millones de euros, apenas 176 millones de euros más que en el presente ejercicio.

 

¿En qué lugar quedará la ciudadanía? Casi olvidados. Todo depende del color con el que miremos esos presupuestos. Por ejemplo, decía la responsable de la Hacienda canaria, la susodicha Matilde Asián, que, del incremento global de 364,7 millones de euros, el área de sanidad registra una subida de 170,7 millones de euros, mientras el colectivo docente tiene un aumento del gasto de 130,2 millones de euros.

 

Lo que pasa es que una parte se va en las ampliaciones de personal que se han hecho y que no se habían realizado en los últimos años, haciendo que esa parte de la administración no hubiera crecido. ¿Eso es bueno o malo?

 

Vamos a ir por partes. Así sabemos que al Servicio Canario de Salud (SCS) le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2 % respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros, destinados al incremento de profesionales que se habían jubilado o ya no estaban. Educación sube en 159 millones de euros, el doble que el año pasado, situándose en un diferencial del 7,4 %, con 2.313 millones de euros.

 

En cuanto a la inversión por islas y ejecución regional, el presupuesto de inversión por habitante para 2025 en Canarias se sitúa en 861,54 euros, lo que representa una caída del 0,5 % respecto al ejercicio anterior. En la distribución entre islas existen diferencias de hasta 3.000 euros por persona entre la que más recibe, los que viven en El Hierro, con 3.785 euros, y los que menos; lo harán los que están en Gran Canaria o en Tenerife.

 

La mayor caída en estas cuentas, por contra, se da en Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que pierde casi 60 millones de euros, un 14,2 %, algo que responde, insistió Asián, a los fondos del convenio de Carreteras con el Estado, que se ha alargado en años y, por tanto, han bajado las cuantías anuales. Ella dice que “no pierden fondos”, pero no es así, porque hay muchas obras que están esperando por los papeles y no se puede mover nada, pero para los gobernantes es como si ya estuvieran.

 

No hay nada para obras en Tenerife que no sean los túneles de Erjos, el cruce de Las Chafiras, porque no podemos computar ni la autopista del Norte a su paso por La Laguna, ni las Moraditas de Taco, ni el puente de la Candelaria, ni el tercer carril de la TF-1… y así podríamos seguir.

 

Aun así, yo sé que es muy difícil hacer los Presupuestos sin saber cuánto vendrá del Estado porque no hay un proyecto de Cuentas Generales del Estado. No se conocen las partidas destinadas a Canarias, por lo que, como ha explicado la consejera, se ha optado por mantener las recurrentes o las previamente acordadas. El incremento de los ingresos se sustenta en el crecimiento de los ingresos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y los tributos cedidos; además del incremento de otros ingresos tributarios.

 

Es que, claro, usted puede poner lo que quiera, porque el papel, o lo digital, lo aguanta todo. Es muy bonito decir que figura esa cantidad, pero otra cosa es que las partidas se gasten. Siguen sin consignarse la prometida rebaja del IGIC del 7 % al 5 % que tanto CC como el PP prometieron en la campaña electoral de 2023, aunque sí incluyen deducciones generalizadas para todo el tramo autonómico en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que beneficia más a las rentas más vulnerables que la bajada puntual de la imposición indirecta.

 

Ese trato, que ya se verá cuando se haga la declaración del IRPF, a priori permitirá a los trabajadores y pensionistas ahorrarse un total de 183 millones de euros el próximo año en las declaraciones de la renta, un 52 % más que los 120 millones que supusieron en el presente ejercicio.

 

Por ejemplo, el PSOE-Canarias ha criticado la ejecución histórica del Gobierno regional y ha dicho que dejaron sin gastar más de 2.400 millones de euros en el último ejercicio, y cuestionó que, a pesar de la subida presupuestaria, los servicios públicos esenciales y los derechos sociales no hubieran mejorado al ritmo esperado. Además, los socialistas denuncian que los fondos para vivienda social siguen siendo insuficientes y que los objetivos de inversión educativa —por ejemplo, destinar un 5 % del PIB al presupuesto de educación— están lejos de alcanzarse.

 

También Nueva Canarias-Bloque Canarista calificaba estas cuentas de “ficticios y engañosos” porque estarían infladas por unos 498 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que, según NC-BC, “no van a ejecutarse”, lo que según su análisis deja la cifra real del gasto en torno a los 11.993,4 millones de euros.

 

Entonces, ¿estamos ante un presupuesto que no puede ejecutarse? Ninguno parece que puede. He mirado en la hemeroteca y en muchas ocasiones encuentro la misma respuesta; que no se puede mirar el gasto porque se hace en otros periodos.

 

A ello se suma que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya había advertido de las dificultades que afrontan las comunidades autónomas —y Canarias entre ellas— para ejecutar plenamente los fondos europeos.

 

En su último informe de seguimiento presupuestario, el organismo señaló que más del 35 % de las transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignadas a las islas seguían sin comprometerse formalmente, lo que implica que buena parte de los recursos no llegarán a materializarse en inversiones reales durante el ejercicio de 2026.

 

En términos prácticos, esto supone que las previsiones de gasto en innovación, digitalización o sostenibilidad incluidas en las cuentas regionales podrían quedarse sobre el papel, sin impacto directo en la economía productiva.

 

Además, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) refleja que el gasto ejecutado en inversión pública durante los tres primeros trimestres de 2025 apenas alcanzó el 58 % de lo presupuestado, con especial retraso en áreas como vivienda, infraestructuras y medioambiente.

 

Este bajo nivel de ejecución tiene consecuencias directas en los compromisos adquiridos con el Estado y la Unión Europea, ya que pone en riesgo parte de las transferencias futuras si no se justifica el uso de los fondos en los plazos establecidos.

 

En paralelo, varios cabildos insulares han trasladado su malestar por los retrasos en la transferencia de créditos autonómicos, lo que ha paralizado proyectos locales de carreteras, depuración de aguas o rehabilitación energética.

 

Por otra parte, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife han advertido que, aunque las cuentas autonómicas de 2026 incrementan el gasto público, no se perciben medidas claras de estímulo a la inversión privada ni incentivos fiscales adicionales para diversificar la economía.

 

En su valoración, los empresarios sostienen que “el presupuesto continúa excesivamente centrado en el gasto corriente” y que la falta de ejecución de los ejercicios anteriores está generando un efecto de “atasco administrativo” que ralentiza el crecimiento real. Mientras tanto, el sector turístico —motor principal de la economía isleña— reclama una mayor inversión en formación y digitalización, ante el riesgo de que la bonanza de visitantes no se traduzca en empleo estable ni en modernización del tejido productivo.

 

Y así, entre cifras que parecen promesas y partidas que se evaporan antes de tocar el suelo, seguimos hablando de presupuestos como si fueran un acto de fe. Cada año se anuncian con solemnidad, se presentan con gráficos y palabras grandes, pero en la práctica terminan siendo más un documento de intenciones que un contrato con la ciudadanía.

 

Porque no se trata solo de cuánto se presupuesta, sino de cuánto llega de verdad a la gente. Lo demás es literatura contable, titulares de un día y consignas para justificar lo que no se ejecuta. En Canarias ya sabemos que el problema no es de números, sino de ritmo: la administración se mueve con la lentitud de quien siempre tiene una excusa preparada.

 

Quizás por eso, cuando oímos hablar de “prioridad social” o de “refuerzo de servicios públicos”, más de uno mira al cielo y piensa que ya ha escuchado eso antes. Mientras tanto, los problemas siguen esperando turno, como si la burocracia también tuviera su propia lista de espera.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 1 de noviembre de 2025.