EL MONÓLOGO / 291
Entre la culpa y la absolución
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Por Pepe Moreno *
Hoy quiero escribir de un asunto que nos ha llevado toda la semana en tertulias y que parece que nos va la vida en ello. ¿Ha sido exculpado o no Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Gobierno canario? Depende de a quién le preguntemos.
Unos dicen que ha mentido en sede parlamentaria y otros que le acusan, a posterior, de tener tratos con Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, que es una trama que se ha visto que pensaban más en ellos que en la ciudadanía en general. Que se embolsaron millones de euros por traer mascarillas y EPIS para los profesionales de la medicina en plena pandemia.
Unos dicen que era una manera de protegerlos y que sus agendas estaban repletas de contactos, y otros que se les pagaba sin muchas comprobaciones. Y ahí es donde se cuela el nombre de Ángel Víctor.
En los últimos dos años se ha generado mucha especulación con este informe y hemos visto casi que era una especie de “palabra de Dios” sobre la relación entre el expresidente y los nombres de lo que hoy conocemos como trama, aunque el informe de la UCO de la Guardia Civil dice que intervino para resolver incidencias durante una emergencia sanitaria.
De lo que no cabe duda es que Canarias gestionó la pandemia eficazmente y fue la comunidad con menor mortalidad por covid-19 en España gracias a la vigilancia y coordinación institucional, tomando decisiones orientadas al interés general.
El Gobierno canario, bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, adjudicó la mayoría de los contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., empresa sin experiencia en material médico. Esta sociedad estaba dirigida por Íñigo Rotaeche, con Aldama y Koldo como representante y recaudador, respectivamente.
Sin embargo, eso lo hemos salido después, porque con la detención y posterior cárcel de Santos Cerdán, las comparecencias judiciales de Koldo García, José Luís Ábalos y el encarcelamiento de Víctor de Aldama y la diarrea verbal que le entró después para verse libre. Este último fue el que más dijo de Ángel Víctor y de momento no se ha probado nada.
Los hechos son claros: la relación con el señor Aldama fue un único mensaje, sin teléfonos encriptados ni historias fabricadas. Durante meses, se intentó convertir una sospecha en culpa para perjudicar a una persona y su familia. Eso no es fiscalización, sino infamia.
El ministro ha evitado dar respuestas claras sobre sus reuniones y comunicaciones con Víctor de Aldama durante distintas comparecencias públicas y parlamentarias. Llamado tres veces por el PP al Senado y una más a la comisión de investigación del Parlamento canario, ha mantenido versiones similares, contradichas por un informe de la UCO que afirma que no tuvo relación personal con De Aldama ni respondió a sus mensajes, y que su único vínculo con Koldo García era como asesor de Transportes.
La UCO concluye en su último informe que hubo una reunión entre el exmandatario canario y otro implicado, a la que posiblemente asistió Koldo, para tratar los pagos a Soluciones de Gestión, empresa central en la presunta trama. El encuentro se celebró el 15 de julio de 2020, antes de una cena entre Torres y Ábalos.
Parece que no hay delito; otra cosa es si este asunto merece la calificación de mentira política en sede parlamentaria. Porque de los mensajes cruzados entre el expresidente del Gobierno canario y el asesor del Ministerio de Transportes se deduce que existe una relación de cierta cercanía entre ambos.
De lo que se sabe hoy, con la perspectiva del tiempo, podríamos decir que entre ambos nada fue anecdótico, sino una relación fluida entre Koldo García y Ángel Víctor Torres. Incluso en uno de ellos se puede escuchar eso de “agradezco en el alma tu implicación personal y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me tienes para lo que te salga de los *******”.
Podríamos añadir que el asesor de Ábalos y Ángel Víctor Torres no tenían una relación circunstancial ni incidental. ¿Es esto delito? ¿Está bien o mal? Será la justicia la que lo determinará, pero sí muestra aparentes contradicciones con lo que se dijo en otros momentos y en otros foros.
Durante la pandemia, el gobierno canario adquirió mascarillas a través de una empresa vinculada a Koldo García, pero hubo problemas con la entrega y calidad. El presidente intervino para gestionar el cobro. La primera carga llegó en abril de 2020; la segunda, en parte, fue rechazada por incumplir controles sanitarios. Los envíos costaron 447.061,74 €. Un informe de la UCO detalla las complicaciones. Actualmente, la empresa está bajo investigación por fraude y los ciudadanos esperan explicaciones claras sobre el gasto público.
El entonces presidente canario interviene directamente, habla con Koldo, le da plazos y lo hemos oído decir que el ejecutivo ingresa los días 5 y el 20, y que ya ha dado orden de que se pague con carácter inmediato. Podríamos deducir que esas conversaciones forjan la relación entre el presidente y el asesor y que, después del primer negocio, se recomienda otra empresa para hacer las PCR en unos laboratorios concretos, Megalab, y que, como oímos, están totalmente introducidos en Canarias.
El ministro Torres no ordenaba los pagos, pero sí presionaba para que se realizaran de forma inmediata cuando los funcionarios estaban poniendo pegas porque no todo parecía estar en regla. Sin justificación aparente, se permitió el acceso de Koldo García, Víctor Aldama y sus colaboradores al SCS.
Además, todo esto evidencia que las acciones no fueron casuales, sino que respondían a una estrategia política sustentada en la lealtad partidista. Cuando los intereses gubernamentales se entrelazan con los de intermediarios cercanos al poder, surgen invariablemente la degradación moral y las sospechas de que se está produciendo una especie de corrupción.
Por tanto, la realidad no es de un color ni de otro, sino que es del prisma con el que se quiera ver. El Gobierno canario fue el más generoso con una empresa que hoy está bajo investigación por fraude. Quienes pagamos con nuestro dinero esas mascarillas inútiles merecemos al menos una explicación que no suene a evasiva.
Porque ya no hablamos de una compra equivocada, sino de una trama, de la que supimos después, en la que aparecen nombres y decisiones difíciles de justificar. Cuando Ángel Víctor Torres, entonces presidente, escribió aquel mensaje a Koldo García, estaba participando, aunque fuera de manera indirecta, en un engranaje que hoy se investiga por desviar millones del dinero público.
Y en esa misma historia asoma Víctor de Aldama, el empresario que se acogió a su derecho a no declarar ante la comisión del Parlamento canario, dejando más preguntas que respuestas. Entre unos y otros, la empresa suministradora cobró 11,8 millones por mascarillas, de las cuales apenas el 17 % servían para algo.
Todo eso ocurrió mientras se nos pedía responsabilidad y sacrificio. Mientras el personal sanitario se protegía como podía y los ciudadanos esperaban transparencia. Lo que no esperábamos era descubrir, tiempo después, que la urgencia fue la excusa y el negocio, la prioridad.
Unos dirán que se actuó con urgencia, otros que se actuó sin control. Y puede que los dos estén en lo cierto. Lo importante ahora no es señalar, sino aclarar, porque las sombras no desaparecen con declaraciones, sino con luz. Y en este caso, todavía falta bastante por encender.
* José MORENO GARCÍA
Periodista.
Analista de la actualidad.
Islas Canarias, 8 de noviembre de 2025.



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