EL MONÓLOGO / 293
Gobernar a saltos

Por Pepe Moreno *

 

 

Ha sido una semana con muchas noticias. Desde la alerta del pasado, las clases en línea, que llevaban a nuestros escolares a estudiar como en la pandemia, a un viaje que llevó a nuestro presidente a Bruselas, Barcelona, Zaragoza, y de vuelta a Madrid, para estar presente ayer viernes en la imposición del Toisón de Oro a la reina emérita, doña Sofía.

 

En ese acto habló el expresidente del Gobierno Felipe González Márquez, que dijo en su discurso algunas cosas para enmarcar. También se les impuso tan alta distinción a los padres vivos de la Constitución, el derechista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y el catalanista Miguel Roca i Junyent.

 

Felipe González, ante la mirada del presidente Sánchez, dijo que “en este tramo final de mi vida se acentúa en mí la convicción profunda de que el cometido más importante que tenemos los españoles es preservar a toda costa esta paz civil, un marco de convivencia pacífica que sea libre, ampliamente mayoritario y duradero. Eso es lo más trascendente para el bienestar colectivo”, y se quedó el hombre tan pancho, como si no hubiera dicho nada, y lo dijo todo.

 

Nuestro presidente, Fernando Clavijo, venía de Bruselas, donde había instado al resto de presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) a manifestarse con contundencia ante los comisarios de Agricultura, Pesca, Movilidad y Cohesión, para abordar los efectos negativos que tendría el marco financiero del periodo 2028-2034 propuesto por la Comisión Europea.

 

Para que ustedes lo entiendan, este nuevo marco financiero va a suponer la desaparición del Posei conocido hasta ahora. Será una pérdida de la competitividad de los agricultores y ganaderos de las islas, que, de esta manera, verían disminuida su capacidad para competir en precio con los productos procedentes del continente o de terceros países, por razón de los sobrecostes ligados a la ultraperiferia.

 

En otras palabras, hasta ahora Canarias había recibido 4.600 millones de euros por su especial condición, pero con la fórmula que quiere imponer se obliga a fijar una agenda de prioridades y hace necesario que se implique el Gobierno de España. ¿Es bueno o malo que sea el Estado quien fije esos dineros?

 

El jueves se conocía el fallo de la sentencia, pero aún no se sabe el texto de los fundamentos. Hemos sabido que se apartaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de esa ocupación, a dos años de inhabilitación de cualquier cargo público y a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros que asciende hasta los 7.200 euros, que serán el pago de las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular. Además, como responsabilidad civil, deberá indemnizar al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a 10.000 euros por daños morales. También hay que reseñar que ha sido absuelto del resto de los delitos objeto de la acusación.

 

Lo que sabemos hasta ahora es que el fiscal general ha sido condenado por el delito 417.1 del Código Penal: la violación de secretos cometida por una autoridad que, por razón de su cargo, tenía derecho a acceder a esa información, pero no a filtrarla. La mayor parte de las acusaciones habían planteado condenas más altas: desde los cuatro años de cárcel que solicitaba la pareja de Isabel Díaz Ayuso hasta los seis años de presidio que solicitaba la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

 

¿Qué significa esto? De entrada, que de esta manera es que es el primer fiscal general del Estado en ser juzgado y condenado en España y que tendrá que abandonar su puesto en cuanto le sea notificada la resolución, cosa que a la hora en la que escribo este monólogo, no ha sucedido. Pero quedan varias dudas, por ejemplo, ¿perderá su condición de fiscal, carrera a la que accedió a finales de la década de los noventa?

 

Pues no se sabe, ya que la normativa que regula la Fiscalía establece en su artículo 32 varias causas para que alguien pueda perder su condición de fiscal, entre ellas “pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público”, pero también “condena por delito doloso”. La Fiscalía tiene la capacidad de sustituir esta expulsión por una suspensión si la condena, como es este caso, no es superior a los seis meses de prisión.

 

A la sentencia del Tribunal Supremo, a la que todavía se pueden interponer algunos recursos, destaca el del incidente de nulidad, que habitualmente tiene escaso recorrido en los cientos de casos que sentencia la Sala de lo Penal cada año, y después ya podrá dar el salto ante el Tribunal Constitucional.

 

O un recurso de amparo, en caso de ser interpuesto, no es necesariamente suspensivo y García Ortiz tendrá que seguir pagando la multa y la indemnización, así como cumplir su condena de inhabilitación, salvo que los tribunales le concedan algún tipo de medida cautelar. Fuentes conocedoras del caso explican que el todavía fiscal general acudirá en amparo al Constitucional.

 

Existen versiones distintas sobre lo sucedido. Los medios que están en contra de la sentencia alegan que dos juezas progresistas pidieron la absolución y cinco magistrados conservadores apoyaron la condena. ¿Dos a cinco? La verdad es que no sé. La verdad es que esta división genera dudas sobre la independencia judicial, ya que los nombramientos no se realizan por oposición, sino por designación política. Esto ha llevado a una mayoría conservadora permanente, especialmente en la Sala de lo Penal.

 

Pero yo iba a escribir de la alerta que obligaba a estudiar en remoto, “en línea”, a los niños canarios. Eso fue el miércoles; aunque hoy estamos otra vez en alerta, lo que pasa es que hoy y mañana no son lectivos y, por tanto, ningún menor tendrá que tirar de sus recursos para poder estudiar.

 

Yo prefiero que se pasen a que se queden cortos, y lo que impera es que nuestro entorno es lo que sucede en todos sitios, y así vimos a mucha gente decir eso de “¿Dónde estudiaron los meteorólogos actuales de la AEMET, que en mi ciudad no ha sido para tanto?” Y es que ya se habían suspendido las clases presenciales en todo el archipiélago. Este tema, la suspensión, suponía un descalabro para las familias, que contaron con menos de 24 horas para gestionar con quién dejar a sus vástagos.

 

Si los padres trabajaban, cosa muy frecuente, eran los abuelos los encargados de recoger y quedarse con los críos y que estudiaran en casa. Claro, esto sucedía porque, según decía la propia nota de la Consejería, sus vidas corrían peligro en los centros educativos. Lo que pasa es que hay cierta contradicción entre si son sitios seguros cuando llueve y si siguen con esa condición cuando hace calor.

 

Y, además, como se puso de manifiesto más tarde, esa modalidad telemática no existe en nuestro Archipiélago porque no hay una plataforma en la que el profesorado se conecte con el alumnado para dar clases, al menos no en Primaria ni en Secundaria, que es la enseñanza obligatoria. Y claro, si una cosa no existe, es imposible ponerla en práctica.  También podría ser que uno de los progenitores pidiera un día por asuntos propios, pero con el absentismo laboral que tenemos en las islas, tampoco puede hacerse, así como así.

 

Al final, todo lo que ha pasado esta semana —desde una alerta meteorológica que dejó a miles de familias improvisando una logística imposible, hasta un fiscal general condenado, un presidente de viaje y un sistema educativo que aún cree que “online” es una palabra mágica— apunta en la misma dirección: vivimos instalados en la sensación permanente de que nada está del todo preparado. Ni las instituciones, ni los protocolos, ni quienes toman decisiones. Todo funciona, sí, pero funciona al borde.

 

Porque lo verdaderamente preocupante no es si llovió más o menos, ni si Clavijo convenció a Bruselas, ni siquiera si el Tribunal Supremo acierta o se equivoca. Lo inquietante es que cada episodio revela las mismas grietas: desigualdad que crece, servicios públicos que no llegan, decisiones que se toman por inercia y una ciudadanía que asiste, entre incrédula y cansada, a un país que parece ir tirando sin rumbo claro.

 

Y uno termina preguntándose si no estaremos normalizando justo lo que no deberíamos: la improvisación como método, la desconfianza como atmósfera y la resignación como forma de convivencia. Todo lo ocurrido esta semana nos recuerda que gobernar —en Madrid, en Bruselas o en Canarias— no consiste en sortear el próximo titular, sino en anticiparse, en planificar y en pensar en la gente que, mientras tanto, sigue intentando encajar su vida en un sistema que exige mucho y devuelve poco.

 

Quizá por eso las palabras de Felipe González resonaron más de lo previsto. Porque la paz civil, la convivencia y ese espacio común del que habló no se sostienen solo con discursos ni con medallas, sino con certezas. Y certezas es justo lo que empieza a faltar. Entre alertas que no se saben gestionar, plataformas educativas que no existen, leyes discutidas y nombramientos cuestionados, uno tiene la sensación de que lo urgente no es que deje de llover, sino que dejemos de mirar hacia otro lado.

 

Porque si seguimos así, llegará un momento en que normalicemos justo lo que no deberíamos normalizar: la improvisación como política pública, la precariedad como paisaje y la desconfianza como idioma común. Y cuando una sociedad asume eso sin protestar, no es que se apague de golpe. Es que empieza a apagarse por dentro, sin que nadie lo note del todo.

 

Y ahí, créanme, ninguna alerta meteorológica podrá avisarnos a tiempo.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 22 de noviembre de 2025.