El calamar presidencial y su tinta

Remigio Beneyto Berenguer *

 

 

La autoridad se ejerce legítimamente si está al servicio del bien común. El bien común está por encima de los intereses particulares de quienes ostentan esa autoridad. Si alguien no se siente capaz de colocar ese interés general por encima del particular, automáticamente debe dimitir. La autoridad está al servicio de los ciudadanos. Ellos le han elegido y le pagan su sueldo por medio de los impuestos. A ellos ha de rendir cuentas.

 

Toda esta introducción viene a cuento de las palabras del Presidente del Gobierno del Reino de España, el presidente del Poder Ejecutivo, un poder del Estado. Él no tiene autoridad para afirmar que hay Universidades que “mientras se ahoga la financiación de las Universidades públicas, se extiende una alfombra roja a la creación de esas academias…centros que no buscan la excelencia y la investigación sino hacer caja emitiendo títulos sin exigencias reales, convertidas en chiringuitos educativos…”

 

El Presidente del Gobierno olvida que él también es el Presidente de estas Universidades privadas, al igual que de todos los centros educativos privados. Es un mal endémico del que gobierna pensar que únicamente es el ministro de Educación, el consejero de Educación o el concejal de Educación de los centros de titularidad de la Administración. Ellos son también los de los centros privados y de las Universidades privadas.

 

Es una canallada unir la falta de recursos a las Universidades públicas con la existencia de Universidades privadas. Si hay falta de recursos, será responsabilidad del Gobierno estatal o autonómico incrementar, en sus respectivos presupuestos, las partidas destinadas a estos fines. Lo que sí puedo afirmar claramente es que las universidades privadas se financian con sus propios ingresos, provenientes de los alumnos y familias que allí acuden, en uso de su libertad de enseñanza.

 

Y todas estas familias han de pagar dos veces la educación de sus hijos: una, la de la pública mediante sus impuestos, y otra, la que han elegido, mediante su pago directo a la Universidad. Este sí es un auténtico problema, ya que, si no fuera por todo el sistema de becas y ayudas de estas Universidades privadas, únicamente pueden elegir los que tienen poder adquisitivo.

 

Olvida el Presidente del Gobierno que lo que está en juego es la libertad de enseñanza, el poder elegir, y, para poder elegir, hacen falta, al menos dos posibilidades de elección. Pero resulta difícil de entender esto en un sistema de pensamiento único.

 

El Presidente del Gobierno lanza la piedra y luego esconde la mano. Lanza la piedra diciendo que son centros que no buscan la excelencia ni la investigación sino hacer caja emitiendo títulos, y luego esconde la mano diciendo que no son todas. Pero lo dicho, dicho está. ¿Cómo se puede ser tan insensato? ¿Acaso el Presidente del Gobierno conoce la labor investigadora y la excelencia de las Universidades privadas? ¿Acaso conoce el currículum vitae de los profesores de las Universidades privadas?

 

El Presidente del Gobierno hace un flaco favor a la autoridad que debiera representar afirmando que son chiringuitos educativos. Es una ofensa que no se puede permitir, porque carece totalmente de base científica y documental. Desconoce que las Universidades privadas están constantemente sometidas a los controles de calidad de las Agencias estatales, tanto respecto a los centros, como a los títulos, como al profesorado, como a la investigación, como a la docencia.

 

Únicamente me cabe pensar que el Presidente del Gobierno actúa como el calamar, que lanza su tinta para desorientar y escapar de los que le persiguen. De otros modos, no entiendo a alguien, de la dignidad del Presidente del Gobierno del Reino de España, que realice esas afirmaciones tan gratuitas, tan insensatas y de tan poco valor.

 

 

*  Remigio BENEYTO BERENGUER

Profesor Catedrático de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Departamento de Ciencias Jurídicas

Catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad CEU de Valencia.

Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

 

 

Islas Canarias, 2 de abril de 2025