EL MONÓLOGO / 108
La disciplina de partido por encima de otras cosas

Por Pepe Moreno *

 

 

Esta semana que acaba ha estado marcada por la votación del decreto anticrisis en el Congreso de los Diputados y que quedó convalidado con 176 votos a favor, 172 noes y una abstención, la de Ana Oramas y por ende Coalición Canaria, que entendió que no era lo que Canarias necesitaba. Dijo además que fue “engañada” por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el periodo de información del decreto, haciéndole creer que negociaría algunas medidas de impacto específico para las islas, pero que le ha contestado con el silencio desde entonces, justificando así su abstención. En este caso, la abstención vale su peso en oro, porque no suma en contra. Pedro Quevedo se unió a los votos “si” con el argumento que presentará enmiendas.

 

Lo que estaba en juego era una votación en la que se ponía en juego un paquete de medidas económicas y sociales para mitigar el impacto de la guerra de Vladímir Putin en Ucrania. Si no lo lograba, el real decreto ley decaería y con él la bonificación de 20 céntimos en cada litro de combustible, el límite del 2% a la subida de los alquileres o el aumento del 15% del ingreso mínimo vital, entre otras medidas. Pero, sobre todo, se trataba de un durísimo golpe y una muestra inequívoca de debilidad. Tanto que la dinámica de la legislatura iba a quedar severamente comprometida. Por eso, a última hora del miércoles se supo que sería tramitado como proyecto de ley, de manera que las fuerzas parlamentarias podrían introducir enmiendas.

 

Cuando Sánchez presentó el texto en la Cámara, a finales de marzo, todo parecía sencillo, pero la cosa se fue complicando y el presidente tuvo que posponer su viaje a Moldavia y Polonia para estar presente en el pleno. La votación se presentaba, como poco, incierta y cualquier ausencia podría ser fatal. No obstante, a última hora de la noche, en la Moncloa y en el Grupo Socialista, decían respirar con cierto alivio, con mucha cautela, y aseguraban que los apoyos ya estaban encauzados con el voto a favor de varios grupos, además del socialista.

 

Y en este debate se coló la ambición de algunos por estar presentes en la Comisión de Secretos Oficiales y continuar con la investigación del denominado “Caso Catalangate”. Sus socios parlamentarios, ERC y EH Bildu, llevan desde el día que eclosionó el escándalo, el pasado 18 de abril, reclamando explicaciones en público, dimisiones y acciones judiciales ante lo que consideran un “atentado directo” a la democracia. Es decir, anteponían sus propias peticiones, la de sus partidos a las de todos los habitantes de este país.

 

Unos porque querían entrar en la dichosa Comisión y otros porque querían la cabeza de algún responsable de este espionaje, es decir, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles. No les importaba si al día siguiente teníamos que volver a pagar los combustibles de nuestros vehículos al precio sin subvenciones, si los que viven de alquiler no tenían tope a la hora de que sus caseros les incrementasen el recibo mensual y así podríamos enumerar todas las medidas económicas que regulaba el decreto. Ellos iban a lo suyo. A hacer política y a no mirar hacia lo que les hace falta a los ciudadanos.

 

Y es que confunden lo que es la negociación política. Una cosa es que para obtener un voto afirmativo se comercie una carretera o un hospital y otra bien diferente que a cambio de esa misma posición en una votación se mercadee que entre alguien que ha luchado contra la democracia en una Comisión creada inicialmente para que el poder legislativo pueda tener acceso a información sobre el uso de gastos reservados y a los secretos oficiales. Es decir, en ella, los ministros de Exteriores, Defensa e Interior y el responsable del CNI -los únicos que pueden hacer uso de esos gastos- dieran cuenta sobre el uso de los fondos reservados que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado. La norma establece que el CNI debe someter al conocimiento del Congreso «la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades». Además, se añade que la Cámara Baja tendrá «acceso al conocimiento de las materias clasificadas», aunque con las excepciones relativas a las fuentes o medios del CNI y a aquellas que provengan de servicios extranjeros.

 

Por último, estipula que los miembros de la comisión tendrán conocimiento de «los objetivos de inteligencia establecidos anualmente por el Gobierno y del informe que, también con carácter anual, elaborará el director del CNI de evaluación de actividades, situación y grado de cumplimiento de los objetivos». En resumen, se trata de un foro para supervisar al CNI. Pero, además se establece que sus miembros «vendrán obligados a no divulgar informaciones obtenidas» en este foro. Es decir, no pueden contar nada de lo que ocurra dentro y los periodistas tampoco pueden acceder. Además, en la norma de 2002 se insiste en que deberán «guardar secreto sobre las informaciones y documentos que reciban» del CNI y que, en ningún caso, podrán quedarse con copias de esos documentos. Dicho esto, ¿creen que una fuerza política como Bildu puede estar al corriente de lo que se diga en esas sesiones? Pues el PSOE, para contar con los votos de esta formación política, ha dicho sí a que una representante de esa fuerza abertzale esté presente y sepa a quién se investiga y cómo.

 

¿Saben quién estará en esa Comisión de Asuntos Secretos? Pues los portavoces de los distintos grupos, como Héctor Gómez del PSOE, Cuca Gamarra del PP, Iván Espinosa de los Monteros de VOX, Pablo Echenique de Unidas Podemos, Gabriel Rufián de ERC, Edmundo Bal de Ciudadanos, Aitor Esteban del PNV, Mertxe Aizpurúa de EH Bildu, Miriam Nogueras de Junts y Albert Botran de CUP.

 

Pero para llegar a esta conclusión debemos saber que, en el año 2004, la Presidencia del Congreso de los Diputados dictó una resolución en la que se establecía que solo podían formar parte de esta comisión un miembro de cada grupo parlamentario, siempre que obtuviera el respaldo de tres quintas partes de la Cámara (210 votos). Esto provocó que en numerosas ocasiones no se pudiera constituir este foro por los vetos cruzados. Esta semana, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, redujo esta cifra a 176 votos (mayoría absoluta), lo que ha permitido desencallar la situación. Al haber 10 grupos parlamentarios en la Cámara en esta legislatura, es por lo que se eligieron a los 10 miembros nombrados anteriormente.

 

No les importan los datos que hemos conocido estos días sobre el índice de paro, con la EPA, la Encuesta de Población Activa, que ha venido a decirnos que son peores que los recogidos al final de 2021 y que este 2022 comenzó con 3.174.700 parados, 70.900 más que en el último capítulo del año anterior, y la tasa de desempleo se estableció en el primer trimestre en el 13,65%, por encima de la cifra de cierre de 2021 (13,33%). El número de ocupados también cayó en 100.200 personas, hasta situarse en 20.084.700 trabajadores. En cuanto a los autónomos, los que crean puestos de trabajo, en abril había 55.700 autónomos menos que en diciembre del 2021.

 

Los negocios no están aguantando la inflación y el aumento de los costes energéticos. Pero estos datos les importan nada o poco a sus señorías. Están más ocupados y preocupados por estar en ciertos círculos, que en lo que le pasa a la ciudadanía. Los datos revelados por la EPA, reflejan que el comienzo de 2022 no ha sido bueno ni para la economía ni para el mercado laboral, que con el IPC por las nubes, el precio de la energía en máximos y la cesta de la compra inasequible, se dispara la necesidad de las familias más vulnerables, que no habían podido recuperarse del impacto de la crisis sanitaria. Que, aunque aún es pronto para dar datos precisos, Cáritas confirma que en los últimos meses ha crecido la demanda de ayudas de primera necesidad, para pagar el alquiler, las facturas de la energía o los alimentos más básicos.

 

Las familias que llegaban muy justas a fin de mes se han visto en la necesidad de pedir ayuda tras el estallido de la guerra en Ucrania y la subida del IPC. Los 54 Bancos de Alimentos repartidos por toda España atendieron a 1.400.000 personas en 2021. Con este nuevo escenario se podrían rozar los 2.000.000 de personas al final de este año.

 

Cada día son más los que acuden a los comedores sociales en las islas, los Bancos de Alimentos no dan abasto y los pobres crecen en función de la incertidumbre económica que vivimos. Con todo esto ¿es más necesario lo de saber quién fue espiado, pertenecer a la comisión parlamentaria esa de la que hablamos, o hacer valer la condición de representante de la ciudadanía a la hora de votar y hablar en el Congreso? Yo lo tengo claro, incluso a quién no voy a votar cuando toque, a menos de que lo arreglen de aquí a entonces.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 30 de abril de 2022.