EL MONÓLOGO / 145
Violencia contra las mujeres

Por Pepe Moreno *

 

 

El pasado domingo un hombre mató a su exesposa en Adeje. Según las cifras oficiales, fue la víctima número tres de este recién comenzado año de 2023, por lo que ya son 1.184 desde 2003, año en el que se empezaron a recopilar datos. Desde el ayuntamiento se ha informado que la mujer era usuaria de los servicios sociales municipales en el ámbito de la emergencia, pero no constan denuncias por violencia machista. Aun así, el hombre había sido detenido el pasado día 28 de diciembre por coacciones a la víctima, pero esta no quiso declarar en el juzgado de instrucción que llevó el caso y el juez lo sobreseyó tras dejar en libertad al arrestado.

 

Fue el propio juzgado el que no impuso ninguna orden de protección ni medida cautelar. Cuando se archiva un caso, han añadido las fuentes, la valoración de riesgo en el sistema VioGén suele pasar de alto a bajo, pero el policía encargado de esa valoración decidió dejarlo en riesgo medio de especial relevancia, lo que implica un contacto directo de los agentes con la víctima.

 

Tanto la víctima como su presunto agresor son originarios de Marruecos, aunque por ahora se desconoce cuánto tiempo llevaban en territorio español. Por lo que se ha sabido después, convivían en el mismo piso, a pesar de estar separados. La jueza que instruye este caso ha señalado en su auto que el citado hombre envió a varios contactos un mensaje de WhatsApp en el que advertía que iba a matar a su pareja. Este dato también ratifica que había planeado la muerte violenta de Hayat. Y por eso lo ha mandado directamente a prisión.

 

Después hubo concentraciones en todos los ayuntamientos de las islas, y fuera, en los Cabildos, en el Gobierno Autónomo, en la Delegación del Gobierno y en todos los puntos en los que quiso significarse la protesta de todos los colectivos ante la muerte de la mujer. Es de justicia decirlo, pero ¿sirve de algo?

 

La verdad es que diversos colectivos policiales han denunciado falta de efectivos y materiales para luchar contra la violencia de género. Hace unos días eran los policías de SUP los que pedían a Irene Montero, la ministra de Igualdad, «menos demagogia y más medios» para luchar contra la llamada violencia de género, y más tarde serían las propias feministas las que denunciaban la pésima gestión de los fondos de ese departamento porque no se está consiguiendo evitar la escalada de asesinatos de mujeres. Varios sindicatos policiales han denunciado que, de media, solo hay un policía para proteger a 60 mujeres en peligro por violencia de género.

 

En un estudio presentado en estos días se decía que la situación se agrava dependiendo de la provincia donde nos encontremos. El propio Fórum de Política Feminista emitía un comunicado en el que se llegaba a decir que «nos consta que ese dinero se está destinando a marketing publicitario, a talleres de catas de chocolate o a pintar bancos públicos, en lugar de a proteger a las víctimas».

 

Estas partidas, desde que Irene Montero aterrizó en el Gobierno, se han incrementado en nada menos que 100 millones de euros, mientras que el número de mujeres asesinadas aumenta desde los 48 que se registraron en 2020 a un total de 49 en 2022. El mes pasado, el último de ese año, se cerró como el peor de la historia, y enero parece ir por el mismo camino.

 

Uno podría preguntarse en este punto, ¿cómo se realiza ahora la coordinación de cualquier caso de violencia machista? He podio informarme sobre este asunto y me cuentan, fuentes bien informadas, que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben comunicar a la Secretaría de Estado de Seguridad de los casos de violencia de género que vean, con el objetivo de detectar los fallos que se den, pues normalmente hay circunstancias que se repiten sistemáticamente entre ellos.

 

La sensación que todos tenemos es que no hay nada de esa coordinación e incluso dudo que a todos los profesionales implicados se les hayan impartido los conocimientos necesarios para valorar el riesgo. Nadie habla de crear mesas interdisciplinares en los ayuntamientos en las que los implicados en el análisis de cada caso -desde policías hasta médicos- tengan conocimiento en la materia.

 

Por lo tanto, es casi reiterativo volver a preguntarse ¿sirve de algo tanta concentración, discurso o reflexión? No niego que no deba hacerse, pero sería mejor que se luchara, de verdad y no de postureo o utilizando la política, contra esta lacra de la violencia contra las mujeres. Marián Franquet, la consejera insular de Acción Social, se preguntaba en voz alta «qué se puede decir» o «qué reflexión hacer» ante la concatenación de crímenes machistas en España en las últimas fechas porque «se agotan las palabras», y llegaba a decir que “todavía hay quienes niegan la violencia de género y fomentan el discurso negacionista», ese que «nutre y envalentona el discurso machista» y que al final «provoca la muerte de mujeres». No se niega esa violencia, pero algunas responsabilidades tendrán los que manejan los presupuestos públicos para que esto no siga sucediendo ¿no?

 

Comparto la reflexión de Franquet, me uno a ella, pero también pido que se haga algo para frenar esta espiral de violencia y muerte. Es como si algunos se hubieran quedado en el uso del todos y todas, feminizando todo lo que se encuentran en sus frases cotidianas, llevando al lenguaje hasta sus últimas consecuencias en la búsqueda de la inclusión de todos los géneros y se hayan quedado en eso, en una puesta en escena lingüista de lo que acontece, pero no hay presupuesto para conectar todas las bases de datos policiales, de los juzgados, de realizar todas las previsiones posibles para que los malnacidos que desprecian la vida de una mujer no cumplan sus malditos deseos. Para que no haya más huérfanos y que este terrorismo de género disminuya o desaparezca.

 

Las políticas de Igualdad y de Integración quedan como lo fácil de todo esto porque realmente lo que nos debería preocupar y ocupar sería el número de víctimas que se están registrando. Menos hablar y más hacer. Menos postureo en este asunto y más acciones para evitar los crímenes de género que un día sí y otro también copan los espacios informativos.

 

Fíjense que algunas críticas políticas, y no le falta razón, ponen el foco en el Ministerio de Igualdad y en concreto en las campañas que lleva a cabo, pues de la decena de los mensajes publicitarios, lanzados por el departamento encabezado por Irene Montero en 2022, solo dos se centraron en violencia de género, mientras que el resto trataba temas como la diversidad de géneros o el racismo.

 

Todo el mundo coincide en apostar por otro tipo de acciones. Las que saben de este asunto llevan años alertando de las barreras del propio sistema judicial, así como de múltiples factores que las alejan de interponer la denuncia. He oído a Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, preguntarse por qué las mujeres siguen sintiendo inseguridad ante el sistema judicial. Apostaba por introducir más mejoras relacionadas con la formación, tanto en el ámbito judicial como en la sanidad, la policía o en la educación.

 

Rosell, que une a su cargo ser jueza y estar especializada en violencia de género, también señaló que este caso, el de la mujer de Adeje, es “especialmente sangrante por la cantidad de denuncias que se llegó a tener, con órdenes de protección desde 2013”. ¿Hicieron algo los que tenían que hacerlo? Destacaba que cuando la víctima retira la denuncia o no quiere declarar, se deben reforzar las condiciones materiales para que a las víctimas “les merezca la pena” denunciar y declarar. No se ha hecho nada en este sentido, por parte de los poderes políticos que deberían usar su tiempo en estos menesteres, pero sí que emplean recursos, de todo tipo, en decirnos eso de todos, todas, todes y un montón de adjetivos y pronombres más que se quedan en meros vocablos colgados del aire sin que nada ni nadie haga algo más.

 

Este asunto, el de la indefensión, el miedo, el encogimiento de hombros, el desconocimiento de cómo seguir adelante, no debe recaer en las víctimas. Decía en una de esas concentraciones el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, que “no podemos dejarlo todo en manos de la víctima, que es la parte más débil de este sistema, sino que han de intervenir tantas personas como puedan ayudar de alguna manera a proteger a esas posibles víctimas”.

 

Fíjense que una de cada tres mujeres asesinadas había denunciado y aun así no estaban protegidas por un sistema que está desbordado por otros asuntos. Este tema debería servir de discusión entre los que saben y los que tienen el poder de los Presupuestos para encontrar una solución. Y urge, porque mientras van asesinando a mujeres y eso no puede ser.

 

El grito es unánime. “Hartas de la pasividad institucional, de la violencia machista, de los feminicidios”. Esa es la consigna de toda la gente que protesta por unos asesinatos machistas que no tienen explicación. Algo habrá que hacer. Las discusiones políticas, las discrepancias sobre las medidas a llevar a cabo nos pueden conducir a un desierto de tomas de decisiones y es urgente hacer algo. El argumento es muy serio y urgente. Y eso no evita que reclamemos toda la transparencia posible sobre dónde van los fondos contra las violencias machistas. Aquí no hay que poner solo la lupa en el Ministerio de Igualdad, sino en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a los que se destina este dinero y asumen competencias.

 

Tenemos que salir de esta espiral y sobre todo comenzar a pedir responsabilidades y ver en qué estamos fallando. Hay quien dice que nos falta educación, que los jóvenes de hoy son machistas y este es un tema que no podemos ni obviar ni generalizar. Hay jóvenes que tienen mucho respeto por los demás y no se les ocurre este tipo de agresiones. Otros hablan de civilizaciones y conceptos diferentes, y eso es peligroso porque podemos estar estigmatizando a personas que no compartan nuestras visiones del mundo.

 

Lo cierto es que no solo podemos quedarnos con la aportación lingüística, con políticas de igualdad en la que la escala de conocimiento se cambia por el sexo o la manera de presentarse. Estamos en un mundo en el que prima más la forma que el fondo y eso es tan peligroso que nos olvidamos del asunto principal: que las están matando a ellas y que la discusión no ayuda a combatir esta lacra.

 

Lo siento, he terminado hablando como los políticos con palabras como lacra. He escrito un artículo en el que la indignación tiene más líneas que la solución. Yo lo que quería era dar mi opinión sobre lo que está pasando, quería hacer un análisis de la capacidad preventiva de la jurisdicción de la violencia contra la mujer, reclamar un aumento de los medios a emplear y que, entre otras cosas, haya una mayor coordinación entre las sedes judiciales y las policiales. Si esto implica una revisión del Pacto de Estado con Violencia de Género, que se haga y que la política dura, la de las etiquetas, se aparte de este debate, porque de ello depende esta cuestión fundamental para la vida de las mujeres.

 

En fin, que no pasa uno de los deseos, porque en este mundo electoral, en el que ya vivimos, parece que nadie hará nada y que la política lo contaminará todo. Realmente lo que queremos es que las mujeres no sigan muriendo a manos de desalmados que tienen un concepto de la propiedad muy, pero que muy equivocado.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 14 de enero de 2023.