EL MONÓLOGO / 150
Responsabilidad ante los corruptos

Por Pepe Moreno *

 

 

Estamos ya en Carnaval. Anoche salió la Cabalgata anunciadora, con algunos cambios como que las carrozas iban abriendo el cortejo y ya se vio mucha gente en las calles y sobre todo con muchas ganas de pasarlo bien. Era como si se quisiera vivir todo lo que la pandemia nos quitó en el pasado y como si se quisiera rescatar el tiempo que no hubo fiesta en las calles y los disfraces y las ganas de pasarlo bien se hubieran dado cita en unas calles que ya anoche estuvieron atestadas de miles de personajes.

 

En las anteriores ediciones en el primer día de Carnaval había muchos que, ataviados de una simple peluca, quisieron vivir una experiencia diferente. En este año se veían más disfraces y a más público en esa primera noche. Salió la Cabalgata anunciadora sobre las 8 de la noche y antes de las once de la noche ya estaban cantando y bailando en lo que antiguamente era el cuadrilátero de la fiesta y que ahora se ha alargado hasta la zona de la cafetería Orche, pasando por el antiguo Platillo Volante y la calle Robayna.

 

Lo de la primera noche del Carnaval no ha quitado para que estemos pendientes de un caso de corrupción en nuestro sector primario y en las mordidas que, presuntamente, podrían estar realizando algún exalto cargo político o de la Guardia Civil. Hemos ido conociendo detalles de esta trama y da miedo pensar en esas amenazas de “o pagas o te mandamos una inspección del Seprona para que te levante un acta”. Porque esa era su manera de actuar, por lo que ha trascendido.

 

También cuentan que encontraron 70.000 euros en dos cajas de zapatos en casa del general de la Guardia Civil, retirado, Francisco Javier Espinosa Navas que estuvo al frente de la comandancia de Las Palmas. Además, en los saldos en la cuenta del general Espinosa se le han encontrado más de un millón de euros y se estima que se encargaba de traer empresarios de la Península a Canarias para beneficiarse de la Zona Especial Canarias (ZEC) a cambio de sobornos. En principio el único que ha sido trasladado hasta la cárcel ha sido este militar de la Benemérita porque el resto han salido en libertad con cargos.

 

Es muy posible que su presencia en la cárcel sea más para doblegar su conciencia y que colabore más con la autoridad judicial que por unos hechos de los que solo conocemos una parte, ya que el resto de los investigados han sido puestos en libertad con cargos, con la obligación de personarse en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes, de entregar sus pasaportes y de comunicar todos sus movimientos. Por tanto, lo del general suena más a que no ha contado todo lo que puede saber.

 

Por las informaciones a las que se han tenido acceso, la organización que ahora se ha desmantelado, tenía dos ramas, una formada por Espinosa y la otra por los políticos majoreros, tío y sobrino que de una forma un tanto peculiar, se pasaron el cargo de uno a otro. El general era, supuestamente, el encargado de atraer empresarios peninsulares interesados en instalarse en la Zona Especial Canarias (ZEC).

 

Esta gestión la hacía a cambio de sobornos mediante dinero en efectivo, vuelos, comidas en restaurantes, estancias en hoteles o diversos pagos en especie. Para ello hacía ver el amplio conocimiento que tenía de las Islas gracias a su paso por la Comandancia de Las Palmas como coronel jefe entre 2008 y 2012, que le llevó a mantener una estrecha relación con altos cargos de la administración y del empresariado isleño.

 

Estas mismas fuentes aseguran que el ahora retirado general Espinosa aprovechaba su posición como general para, presuntamente, presionar a la unidad del Seprona con el objetivo de evitar actuaciones relacionadas con sociedades que previamente habían pagado sin que se tenga constancia que consiguiera su propósito, precisaron fuentes cercanas a la investigación. Es decir, que utilizaba recursos públicos para conseguir sus objetivos de sacarle las perras a unos pobres desgraciados que tenían que pagar si no querían que una inspección de agentes les levantara los pies del suelo, que, aunque lo tuvieran todo en orden, siempre podrían encontrarle algo y abrirle un expediente.

 

Me han contado algunas fuentes que el alto rango militar llegó a utilizar su despacho en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid para recibir a empresarios dispuestos a invertir y que si “pagaban lo estipulado” se les facilitaba la fórmula para poder inscribirse en el registro de esa zona especial. Se ha podido constatar que algunos de ellos supuestamente llegaron a pagar mordidas superiores a los 15.000 euros para conseguir trato preferente en su entrada en la ZEC. Por lo visto, era Marco Antonio Navarro Tacoronte, un conocido empresario de Fuerteventura que ahora es la garganta profunda del juzgado que está instruyendo este sumario.

 

Dicen que no es la primera vez que Navarro se las tiene con la Justicia y que, en las anteriores, porque hubo varias, siempre se libró porque el hombre es algo cantarín y siempre lo guarda todo. Navarro es una persona relevante que se encargaba de recoger los sobornos de los empresarios para hacerlos llegar al general y a los Fuentes, una familia que en la política tenía mucho poder y que fue capaz de transmitir una dirección general de Agricultura de tío a sobrino sin que nadie se despeine o se mosquee por semejante transmisión.

 

Hay que ver lo que hemos sabido y lo peor es lo que no sabemos. ¿Utilizan este mismo sistema para aquellos que no pagan? Es decir, los que no entren en este tipo de acciones ¿les mandan inspecciones más a menudo? ¿Es imposible salir indemnes cuando te visita un inspector? Es como para pensarlo.

 

Fíjense que los asuntos con la Justicia de Navarro Tacoronte vienen de lejos, ya que durante los dos últimos años estuvo como testigo protegido con un escolta policial durante las 24 horas por una falsa denuncia de estafa que interpuso contra el entonces director de Deportes del Cabildo de Tenerife. Entonces comenzó una investigación y le intervinieron el teléfono, de cuyas escuchas afloró esta trama.

 

A estas alturas es muy posible que nos salpique una investigación de la UE por las ayudas que con su sello se dieron a explotaciones agrarias, principalmente majoreras, y que se tengan que devolver en función de los expedientes y de lo que descubran los inspectores europeos. El Gobierno de Canarias también ha avanzado que va a iniciar una investigación interna para revisar la etapa de gestión de los dos exdirectores generales de Ganadería, Taishet Fuentes y su tío Juan Bernardo Fuentes, ambos implicados e investigados en una red relacionada con irregularidades por la concesión de ayudas europeas, cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. Casi nada.

 

El Gobierno Canario dice que no tiene “constancia” de que haya habido irregularidades, aun así, sus servicios jurídicos, la Intervención general y todos los organismos competentes en esta materia, realizarán una auditoría externa para “revisar todo y saber si se ha cumplido con la normativa vigente”. La propia consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, ha reconocido que se enteró del caso con las primeras detenciones y no ha ocultado su “disgusto y preocupación” por esta supuesta trama de corrupción, tras años “complicados y muy difíciles» para el subsector ganadero a raíz de la pandemia y especialmente la guerra de Ucrania y el aumento de los costes.

 

Debemos ser muy ilusos para creernos que nadie sabía nada. Dice la consejera que “somos los primeros interesados en que todo esto se aclare”, y ya ha pedido datos sobre ayudas y subvenciones recibidas por algunos ganaderos desde 2016. “Queremos ser lo más rápidos posibles” aunque en la misma frase se apresuraba a explicar que los trámites de ayudas europeas y su fiscalización tienen distintos filtros, tanto para los beneficiarios como para el organismo pagador. Ya veremos en que acaba todo esto y si la Comisión Europea no realiza algún tipo de inspección en la que se analice toda la época de los dos últimos directores generales de Agricultura.

 

Es más, Vanoostende ha indicado que se han dado órdenes a los funcionarios para que sean “lo más rápidos y colaboradores posibles” con la autoridad judicial, porque en la Consejería que encabeza, ellos son “los primeros interesados en que esto se aclare”. ¿Y qué remedio les queda? Cuándo una autoridad judicial te pide colaboración ¿no se la prestamos sin dudar?

 

Lo que respondió Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, es lo lógico. Esa ayuda se presta “con lo que haga falta” y se personarán en el sumario “en cuánto sea técnicamente posible”.

 

La consejera ha lanzado además un mensaje instando a los trabajadores del sector primario que hayan podido ser objeto de “posibles extorsiones, fraudes”, que lo pongan en conocimiento de la autoridad judicial para facilitar la investigación. Cosa que de momento no ha pasado y tampoco las organizaciones agrarias tenían constancia de nada de lo que investiga el juzgado.

 

Hemos oído al secretario general de ASAGA en Fuerteventura, Theo Hernando, decir que este nombramiento es “enchufismo” y que se debió a «exclusivamente por ser el sobrino de… (…) De repente, ese señor se va a Madrid, al Congreso de los Diputados (Juan Bernardo Fuentes) y al que ponen de sustitución es al sobrino». No me digan que no tiene razón el ganadero y más cuando añade que ellos vieron que «no estaba preparado para el puesto, ni tenía la formación ni experiencia profesional para un cargo semejante”.

 

Por tanto, estamos en el punto de pedir responsabilidades. ¿Quién lo puso ahí? ¿Qué fue lo que vieron en él para ocupar el puesto y que conocimientos tiene para poder ejercer como director general de una materia tan particular como la agricultura en general y la ganadería en particular?

 

Y es que estamos en un tiempo en el que parece que nada importa. El diputado Juan Bernardo Fuentes ha estado en el Congreso casi tres años y no ha destacado en nada. Sustituyó en el escaño a Elena Máñez cuando fue nombrada consejera y era incompatible un cargo en el Ejecutivo canario con un asiento en la Carrera de San Jerónimo y ¿le importó a alguien que no hiciera nada? ¿Sabían que era diputado esta persona? ¿Qué formaba parte de los 15 diputados canarios en ese Parlamento?

 

Nadie sabía nada, pero allí estaba. Y cuando dejó el Gobierno dijo que el mejor para sucederle era su sobrino, y se lo tragaron y lo nombraron. ¿Sabía algo el presidente cuando lo cesó hace siete meses por “una pérdida de confianza”? Dicen que circulan videos y conversaciones en los que se ve al tío y al sobrino en fiestas con drogas y prostitutas, ¿es cierto todo esto?

 

Es lamentable que este tipo de comportamientos estén pasando y todos estemos en otras cosas. En discusiones sobre leyes que deberían estar asentadas ya en sociedades avanzadas, en si se renuevan órganos judiciales, en cómo se acometen algunas reformas de orden administrativo o en el periodismo declarativo de los que nos gobiernan y en los que están en la oposición. Sin embargo, no hablamos casi nada de si puede servir como director general de agricultura alguien que se preparó para empresas aeronáuticas. Hoy todo sucede muy deprisa y no nos detenemos en esas cosas.

 

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 18 de febrero de 2023