EL MONÓLOGO / 160
Viviendas como churros

Por Pepe Moreno *

 

 

Estamos en un tiempo electoral, de eso no cabe duda, y las promesas de nuestra clase política abarcan todo tipo de mensajes que, además, si tienen calado entre la población, propician que algunos vayan ahondando en algunas de sus propuestas. Así vemos que hay preocupaciones entre la ciudadanía que son incompatibles con la mejora que se proponen. Hemos pasado de crear tropecientos mil puestos laborales a que esa sea una necesidad que realizan, sobre todo, la parte privada de la economía y no lo pueden hacer si los ahogamos a figuras impositivas o a tasas con las que no pueden vivir, laboralmente hablando.

 

Hemos oído estos días al presidente Pedro Sánchez hablar de poner al servicio de todos el parque de viviendas del que dispone el llamado “banco malo”, aquel que recogía los inmuebles de los impagados, al que acudían los que no podían pagar lo solicitado en préstamos y que quedaron como exponentes de una época en la que ataban los perros con longaniza.

 

El presidente Sánchez, que maneja como nadie lo del relato, o los eslóganes pegadizos, así como la creación de figuras mentales, se muestra libre de cualquier tipo de contradicción y tira siempre para adelante porque convence con la palabra y sabe que nos quedaremos con la retórica más que con la verdad que esconde.

 

Lo vimos en las semanas anteriores prometiendo 90.000 viviendas sociales, objetivo inalcanzable por cómo está de avanzada la Legislatura, porque se ha dicho, hasta la saciedad, que se “okupaban” viviendas de bancos sin demasiados problemas de desahucio y porque muchas de ellas solo están en el esqueleto de construcción. Pero el presidente del Gobierno piensa que pocos van a caer en este tipo de reflexión y por eso lo sigue repitiendo como si no hubiera un mañana.

 

Es un mensaje en el que se mezcla la realidad con la ficción, que parece que es lo que pasa a nuestro presidente, en la que da la sensación de que cada vez le cuesta más diferenciar lo verdadero de lo irreal. Sánchez sabe que hay más deseo que realidad, pero hay tanta gente necesitada de un techo que no le importa ver si hay algo de verdadero en su discurso y anuncio. Hay que ver qué es lo que hay de realidad y en este momento hay pocas posibilidades de cumplir esos deseos de encontrar una casa o un piso que esté acorde con los ingresos mensuales de la inmensa mayoría de la clase trabajadora.

 

¿Cómo es posible que esté pasando esto? Por la sencilla razón de que todos estos mensajes los están “fabricando” en un aparato de gentes alejados de la realidad y que lo hacen asesores y publicistas cuya única dedicación es lanzar estas consignas para engrandecer y exaltar a sus “señoritos” políticos.  Y aquí encajan esos vídeos promocionales, en los que intenta demostrar lo que no es: un ciudadano normal.

 

Por lo tanto, estamos en un tiempo en el que lo que prima es la promesa, que luego ya veremos si puede o no cumplir. Es casi el momento de dejar a un lado la coherencia y buscar si se puede engatusar con el carisma para seguir en el Gobierno. Ese es el gran peligro, que lo que nos interese a los ciudadanos convocados el próximo día 28 de mayo, día de las elecciones para alcaldes y concejales, de presidente y consejeros de Cabildos y de parlamentarios que elijan a un Gobierno Autónomo, sirva para eso y no para un presidente del Gobierno Central que ahora no toca.

 

Y en el asunto de la vivienda tienen mucho que decir los alcaldes y los concejales, en primer lugar, que con la aprobación de licencias y planes de construcción tienen en su mano la posibilidad de no quedarse detrás en la planificación e incluso aumentar sus censos para las próximas elecciones, cuestión que puede que no les interese.

 

Los Cabildos también están para esos planes de actuación porque de ellos dependen actuaciones insulares que pueden dibujar un nuevo panorama en los asentamientos urbanos. Que hay escasez de viviendas públicas no lo niega nadie, pero también hemos de apuntar una desidia en este aspecto por dos de las figuras institucionales que tienen mucho que ver en este apartado.

 

Y también el Gobierno de Canarias que tiene un departamento dedicado a este menester y que lo ha desdoblado en función de las peticiones de algunos de sus socios. Por un lado, tiene la dirección general de Vivienda y por otro la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias, S.A. (VISOCAN), que tienen que ver con esta materia y que parecen que se han enfrascado en una carrera para ver quien hace, de boquilla, más. Por ejemplo, en las competencias de Visocan, órgano que está bajo la órbita de Casimiro Curbelo y su partido, la Agrupación Socialista Gomera (ASG), y el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) a cuyo frente está el consejero de Obras Públicas, el socialista Sebastián Franquis.

 

Pero repasemos los objetivos de VISOCAN. Son los responsables de Viviendas en Régimen Especial de alquiler. Las de alquiler o las que tienen en venta que, como consecuencia de la crisis económica de 2008, no logra vender, o las que están dentro del llamado Parque Público, estando VISOCAN facultada para el servicio de “facturación, recaudación y apoyo a la administración del parque público de viviendas del instituto canario de la vivienda”.

 

Por tanto, vemos que si quisieran podrían darle a todo esto un mayor brío del que hasta ahora se ha visto, pero es que además tenemos el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI). En este organismo, según extraigo de sus competencias, se dedica a promover y fomentar la construcción y la adquisición de viviendas sujetas a protección pública. A formar gestionar y administrar el parque público de viviendas propio, así como en su caso, el insular.

 

Es el competente para convocar, tramitar y resolver, dentro de las disponibilidades presupuestarias, las ayudas públicas a los promotores, constructores, adjudicatarios y adquirientes de vivienda y suelo, sujetos a protección pública, así como tramitar y resolver acerca de su modificación y revocación. Califica las actuaciones que se realicen en esta materia y que estén sometidas a protección pública.

 

Este organismo tiene entre sus competencias la de ejercer el control y seguimiento de la construcción, del uso y de la disposición de las viviendas con protección pública. También adjudica las viviendas protegidas de su titularidad y, en su caso, las promovidas por otros entes públicos. ¿han visto ustedes algo de esto durante esta Legislatura? Pero hay más.

 

Sería los encargados de proponer o, en su caso, instar la aprobación y modificación de disposiciones en materia de vivienda, edificación y suelo. O de elaborar y proponer la aprobación del proyecto del Plan de Vivienda y los específicos programas de desarrollo del mismo. Esta es una demostración de que el papel lo aguanta todo.

 

Pero quedan más apartados como el de ejercer la policía de vivienda cuando así se convenga con los Cabildos Insulares, o de constituir su propio patrimonio de suelo para la construcción de viviendas protegidas, así como analizar las necesidades de la vivienda y suelo en cada una de las islas y proponer a las Administraciones Públicas canarias la adopción de las medidas que resultaran necesarias.

 

El ICAVI también debería, según se recoge en su declaración institucional, prestar, cuando así se convenga, apoyo a los Cabildos Insulares en el ejercicio de su función de coordinar la participación municipal en la gestión del parque público de vivienda, así como llevar a cabo, por sí o mediante los oportunos convenios con los Ayuntamientos o con sus entes instrumentales, la conservación, rehabilitación y mejora del patrimonio inmobiliario residencial.

 

Pero es que también ejerce cuantas funciones sean necesarias para el correcto funcionamiento de las Oficinas de Vivienda o cualquier otra función ejecutiva que, en materia de vivienda, le encomiende el Gobierno de Canarias o cualquiera de las Administraciones Públicas canarias. Por tanto, ¿quién tiene competencias en esta materia? Les dejo a ustedes las respuestas pertinentes.

 

Todo esto en medio de la aprobación, ayer mismo, de la Ley de Vivienda, que salió adelante con 176 votos a favor frente a 167 en contra y una abstención. Esta norma, que el Gobierno califica como «histórica», establece un tope al incremento de los precios del alquiler, define la figura del gran tenedor de viviendas en aquel que posea cinco inmuebles y establece condiciones para poder llevar a cabo desahucios y desalojos.

 

El texto ha estado paralizado en el Congreso durante más de dos años, pero es ahora cuando el Gobierno Central ha decidido pisar el acelerador. La norma mantiene para este año el límite de las subidas de los alquileres en un 2%. Este porcentaje aumentará al 3% en 2024 y antes de que acabe el año próximo tendrá que fijarse un índice de referencia, distinto al IPC. Con esta medida de intervención en el mercado, el Gobierno junto a ERC y Bildu, las dos formaciones con las que ha pactado los detalles del texto, espera poder situar los precios de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas en niveles asumibles.

 

Pero, además, no se podrá desahuciar a personas en situación de vulnerabilidad, punto que más críticas ha suscitado entre las formaciones de la oposición que argumentan que con ellas se dificulta la recuperación por parte de sus propietarios de las viviendas okupadas o con inquilinos que dejan de pagar.

 

Por eso se ha calificado este texto como «chollo» para la okupación y un ataque frontal al derecho a la propiedad privada, además de advertir que con ella se restringirá aún más el mercado del alquiler por las múltiples condiciones que se imponen al arrendamiento.

 

Un desatino que solo satisface a los que no han tenido que trabajar para pagar una hipoteca. Una ley, la que salió ayer, que está más pensada en intervenir el mercado que en buscar las soluciones ante la escasez que hay hoy. Es decir, ponen remiendos en asuntos que deberían tener otro tipo de soluciones.

 

Con todo esto lo que quiero decirles es que el anuncio de Pedro Sánchez se desinfla por momentos. Nuestro Gobierno Canario debe hacer otro tipo de cosas. Quien ostente las responsabilidades después del 28 de mayo debe tener las prioridades de la gente por encima de intereses partidarios o de grupos de presión, que también los hay, para que la vivienda sea una realidad más que un epígrafe en la Constitución Española, como tantos asuntos que están aprobados y nunca cumplidos.

 

No puede ser que en algunos sitios se estén licitando las primeras viviendas de este siglo, cuando ya estamos en el primer cuarto de este. Ya en el mes de enero, el Ministerio de Defensa garantizaba la cesión de suelo a Tenerife. En aquella ocasión el general jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, Julio Salom Herrera decía que ponía al servicio de la sociedad un total 168.994 metros cuadrados, una superficie equivalente a 19 campos de fútbol, de instalaciones militares ubicadas en El Cristo y La Cuesta, ambas en el municipio de La Laguna.

 

¿Y qué pasó? Pues nada, que las palabras se las llevó el viento y es ahora cuando Pedro Sánchez vuelve a abrir el melón de la compra de este tipo de infraestructuras para que se hagan viviendas. Porque de lo que se trata es de vender terrenos y no ceder, aunque sea para viviendas sociales y me da que, para eso, para lo de conceder, los organismos correspondientes no están.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 29 de abril de 2023