EL MONÓLOGO / 179
Canarias y el futuro de España

Por Pepe Moreno *

 

 

Hace siete días escribía sobre inmigración y de lo que se avecinaba, y esta semana ha estado marcada por lo que ha pasado en esta materia. Hasta el presidente Clavijo se fue a Madrid para hablar con el ministro Escrivá, el que decía que lo de las colas en la Seguridad Social en las oficinas de Canarias era mentira, y terminó destituyendo a más de una y uno, cuando le mostraron las que se formaban por fuera de algunas de sus delegaciones. El mismo que se negó a visitar el muelle de Arguineguín cuando llegaban a miles los inmigrantes. Bueno, pues ese le dijo al presidente canario que ya estaba en ello y que no se preocupara.

 

Tras ese encuentro, se han llevado a la Península una “Salvamar”, con base en Lanzarote, y otra ha entrado en varadero, sin fecha de cuándo estará operativa. Aun así, nuestro presidente autonómico ha agradecido que Escrivá haya reconocido «por primera vez» que existe un problema y que empiece a ser consciente de su dimensión. ¡Toma ya! El que no se consuela es porque no quiere. Ahora dirán aquello de “estamos trabajando en ello”.

 

Y ha sido una semana en la que se ha hablado, y mucho, de un fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, y de una vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, aunque sea la tercera, que se ha entrevistado con el prófugo, en Bruselas.

 

Al día siguiente del encuentro, que ya fue nefasto que una autoridad española lo llevara a cabo, el propio Puigdemont ofreció una comparecencia pública para explicar las cuatro “condiciones previas” para sentarse a negociar con el PSOE. “Un compromiso histórico” que resuelva el problema de fondo entre Cataluña y el Estado.

 

Dice, el huido de la Justicia española, que se trata de un “momento especial” porque España se asoma a un “dilema”: llegar a un acuerdo con su formación o la repetición de elecciones. “No estamos hablando de un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha. Estamos hablando de que, si hay acuerdo, este debe ser histórico, un compromiso singular como el que ningún régimen ni gobierno español ha sido capaz de hacer realidad”.

 

Junto a eso, el ex president ha advertido que se tienen que establecer ciertas “condiciones previas” para iniciar la negociación: “reconocer la legitimidad del independentismo”, el “abandono de la vía judicial” y la amnistía; un relator que medie y verifique los acuerdos, y el impulso al catalán en la Unión Europea. Todas estas condiciones, ha asegurado el líder de Junts, caben en la Constitución y pueden ser realizadas antes de la votación sobre la investidura de Pedro Sánchez.

 

Una ley de amnistía que ya están redactando los entendidos en esa materia y que están próximos a Pedro Sánchez. ¿Y cómo sería eso? Pues, fuentes jurídicas del Parlamento reconocen que, estrictamente, es viable cumplir con estos tiempos. Dicen los que saben de esto que una vez se consensue el texto, y a pesar de la complejidad de la norma, los grupos parlamentarios podrán tramitarla como proposición de ley, por la vía de urgencia y en lectura única, lo que permite acelerar sensiblemente el procedimiento. Si pisan a fondo, aseguran, pueden superar este trámite en una semana, para después remitirla al Senado.

 

El reglamento le da un plazo de dos meses para tramitarla, pero la Constitución lo rebaja a 20 días naturales si el Gobierno o el Congreso la consideran urgente. Como en anteriores precedentes, cabe la posibilidad de que la Mesa del Senado, en manos del PP, rechace admitir esta iniciativa, generando un conflicto entre el Senado y el Congreso que dejaría la pelota en el tejado del Tribunal de Garantías.

 

Esta maniobra, por así llamarla, le permitiría superar el veto que, a todas luces, recibirá en el Senado, por lo que la ley podría entrar en el BOE en poco más de un mes, como ocurrió con la Proposición que suprimió el delito de sedición y modificó el de malversación, a finales del pasado año.

 

Unos dicen que no es suficiente con aprobar la amnistía, porque, aunque se apruebe, los jueces no pueden obviar que no se considera causa de extinción penal. Recuerden que «La Constitución ya prohíbe los indultos generales». Incluso, distintos juristas plantean la necesidad de modificar todos los artículos del Código Penal antes de que la amnistía pueda entrar en vigor. Pero lo harán. Ya verán.

 

Voy a darles algún argumento más. Por ejemplo, seguramente saben que Meritxell Batet, la que fuera presidenta del Congreso de los Diputados, ha dimitido de todos sus cargos en política. Se ha ido. Era, en la Legislatura que acabó el pasado 23 de julio, la tercera autoridad del Estado, pero nadie ha preguntado por ella, ni se han hecho declaraciones. Tan solo el líder del PSC, Salvador Illa, se ha despedido de su compañera en un tuit no especialmente efusivo: “Meritxell, gracias por tu compromiso, tu rigor y tu talante generoso y dialogante”.

 

¿Qué ha podido pasar? Pues que Batet es la pareja actual del exministro Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional. El órgano, a su vez, que deberá validar la operación amnistía. En los meses que lleva en el TC, Campo ha tenido que inhibirse en varios recursos sobre decisiones de la Mesa del Congreso, porque esta estaba presidida por Batet. Entre ellos, los recursos contra los acuerdos de la Mesa de admitir las fórmulas de acatamiento de la Constitución, empleadas por los diputados independentistas.

 

El órgano de gobierno de la Cámara Baja va a jugar un papel clave en la aprobación exprés de la proposición de ley orgánica en la que trabaja el PSOE para encajar la amnistía en la Constitución. Si Batet hubiera seguido siendo presidenta, Campo estaría fuera de juego en futuros recursos. Por tanto, ya tenemos la respuesta de por qué la han cambiado por otra persona para presidir el Congreso. Batet, al irse, no ha dado muchas explicaciones. En consecuencia, nos queda la especulación, que de momento es libre, y en ese punto, la hipótesis más favorable para Batet es que le habría resultado inasumible, habiendo sido la tercera autoridad del Estado, tener que bendecir con su voto este enjuague.

 

Están convocando manifestaciones y movimientos en las puertas de todos los ayuntamientos españoles para mañana domingo. Parece que nada detendrá a los socialistas con tal de seguir de inquilinos de La Moncloa. Como bien dijo ayer el exvicepresidente Alfonso Guerra, la amnistía es una “condena de la Transición”, al tiempo que ha calificado de “infamia” la reunión de Yolanda Díaz con Carles Puigdemont. La verdad es que en este momento muchos hablan con personas con las que quizás no lo harían si tienen una postura contraria.

 

No ha sido solo Alfonso Guerra, también lo hizo días antes el expresidente Felipe González y lo ha hecho Emiliano García-Page, el presidente castellano-manchego, quien ha dicho que pactar la amnistía con el independentismo no tiene «base moral» y rompería el principio de igualdad de los españoles. Exministros, “padres” de la Constitución y estudiosos constitucionales rechazan el procedimiento que les he relatado. Parece que nada de eso importa.

 

He sacado estas declaraciones porque se producen en el mismo partido, pero estoy indignado con todos. Con los que se avienen a negociar en estas condiciones y contra los que hablan así, porque podrían pasar de las palabras a los hechos, a que algunos de los diputados levantaran la voz para decir que difieren un poco en negociar una amnistía antes de comenzar a entenderse con los nacionalistas catalanes. ¿Cómo quedan los que fueron a la cárcel por estos hechos, cómo, por ejemplo, Oriol Junqueras? ¿Cómo debemos mirar entonces a los jueces que presidieron las Salas en las que comparecieron los entonces reos de haber incumplido la Constitución?

 

Mientras, tenemos a un PP que parece que piensa hoy una cosa y mañana la matiza. Con un líder nacional que no ha concitado toda la confianza de su electorado, con un señor que visita las islas para decir lo que ya sabíamos. Con un líder canario de los populares que está más pendiente de las redes sociales que de lo que tiene que hacer en su mandato.

 

En este contexto de cosas no podemos olvidarnos de Coalición Canaria que, por lo de la agenda canaria, también entran en las hipótesis de darle validez a todo lo dicho por su voto. Ya nos cuentan que desde las filas socialistas se evita situar de antemano a CC en el bloque del no a una posible investidura de Pedro Sánchez.

 

Dicen que a pesar de su acuerdo para apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo y de gobernar en coalición con el PP en Canarias, los socialistas confían en negociar sin vetos. En esta línea, un ministro socialista vaticina que «pueden apoyar si hay agenda canaria». Desde dentro me cuentan que, aunque ahora mismo no hay negociaciones, sí que podrían “poner en valor” el voto de Cristina Valido, si se abren a explorar esta vía tras el posible fracaso de Núñez Feijóo en su investidura.

 

Vamos, pues, a dejar libre la imaginación y darle vueltas al magín. Los nacionalistas canarios cuentan con un solo diputado en el Congreso, pero suficiente para que, si apoya la hipotética investidura de Sánchez, el PSOE pase a necesitar solo la abstención de JxCAT en lugar de su voto a favor.

 

El voto de CC serviría para abaratar el precio de Junts. Así, con voto favorable de CC, rebajarían las condiciones que Puigdemont puso sobre la mesa. Es decir, si saliese adelante la investidura de Sánchez, un acuerdo de legislatura con CC facilitaría su gobernabilidad, porque le valdría con la abstención de los junteros y de ese modo disminuir su dependencia para sacar adelante los presupuestos.

 

¿Y qué pasaría en las islas? ¿Seguirá adelante el actual pacto en el que están los populares, los herreños y el partido de Casimiro Curbelo? ¿Si hay acuerdo PSOE y CC los necesitan? Al menos ya no son tan necesarios y a Ángel Víctor Torres lo podemos ver de ministro, lejos de las islas y con una cuota de poder como la que tiene Héctor Gómez, actual responsable de Turismo y Comercio. O la que tuvo en su día Carolina Darias, al frente del Ministerio de Sanidad y que vino a las islas para ser alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.

 

Dicho todo esto falta preguntarse si con el voto legitimamos lo que vendrá después, con la ley de amnistía, el relator, el posible referéndum o la consulta o lo que sea. Y no estoy únicamente pensando en Cataluña, porque también lo hago con las pretensiones vascas, postulados del PNV y que ahora maneja como nadie CC.

 

La verdad es que es muy pragmático creer que ese voto puede valer muchas inversiones en las islas, que a más de uno le bailan los ojos con lo que puede pasar, pero ¿han tenido en cuenta lo que se avecina después? ¿Los de CC reflexionan sobre la España que hoy tenemos o solamente en los intereses netamente canarios? ¿Los socialistas canarios están dispuestos a “tragar” con lo que sea con tal de que su secretario general sea presidente del Gobierno? ¿Entienden ahora por qué Clavijo no ha sido más contundente con Escrivá?

 

La verdad es que hoy quería escribir de la Justicia en España, pero lo he hecho del actual concepto de país. Yo incluso estaré muy pendiente de lo que pase, porque el asunto tiene su enjundia.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 9 de septiembre de 2023