EL MONÓLOGO / 180
Pendientes de la política, la economía y la salud

Por Pepe Moreno *

 

 

La verdad es que en los últimos siete días poco o nada han cambiado las cosas de nuestro mundo y podría repetir algunas de las que se han mencionado aquí.

 

No han cambiado los postulados de la amnistía que se puede dar en el ámbito judicial para que los siete diputados de Junts apoyen la investidura de Pedro Sánchez. No se han movido ni un ápice sobre lo que puede pasar con la inmigración hacia las islas, lugares a los que cada día llegan más personas que se juegan la vida en el océano Atlántico, y que, con la situación de Libia y Marruecos de los últimos tiempos, aún podría empeorar.

 

Y así podría seguir, con una cesta de la compra cada vez más cara, con unos sueldos que no crecen para alimentarnos, con unos precios de los combustibles disparados y que hace que el coche sea un artículo de lujo que mejor no mover. Estamos a la espera de qué puede pasar con las normas para elaborar unos presupuestos, estatales y autonómicos, que dejan a muchos colgados de la incertidumbre.

 

Bueno, sí que ha pasado porque siguen los escritos, las protestas e incluso las expulsiones de partido a cuenta de la oposición a que Pedro Sánchez dependa de los votos de un fugado de la Justicia, que vive en Waterloo, porque no puede venir a España como consecuencia de los actos que llevó a cabo en el 2017.

 

Para que me entiendan, ayer fue expulsado del PSOE, Nicolás Redondo Terreros, hijo de un militante como fue Nicolás Redondo Urbieta, que en su día fue diputado y secretario general de UGT, que le convocó una huelga general a Felipe González, entonces presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas españoles. El expresidente ha declarado que nunca se le pasó por la cabeza la exclusión de Nicolás Redondo, padre, de las filas del partido. Es cierto que, Nicolás Redondo, hijo, lleva mucho tiempo pontificando en contra de las tesis socialistas y que, en su tertulia en la radio, ha manifestado su opinión negativa sobre los dirigentes del PSOE actual, pero de ahí a expulsarlo, con la que está cayendo, va un trecho.

 

Según indican diversos medios de comunicación, los socialistas han tomado esta decisión por “su reiterado menosprecio a las siglas en las que milita”. E insisten en que la medida “no es difícil de justificar porque está negro sobre blanco en la prensa de todo el país”. La razón es que Terreros, en los últimos meses y tras las últimas elecciones generales, se ha mostrado crítico con algunas de las decisiones que dice que el partido puede tomar con respecto a Cataluña y Puigdemont.

 

Hace dos años, ya tuvieron un amago de echar del partido a Nicolás Redondo Terreros y al que fuera presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, por aparecer en un acto junto a Isabel Díaz Ayuso. El primero expuso que nunca pidió el voto y no lo echaron. El segundo, Leguina, aunque anunció que no lo dejaría pasar, aún no ha hecho nada para variar su condición de expulsado.

 

Para cerrar este círculo hay que tener en cuenta el escrito que se presentó ayer en el que están incluidas algunas firmas socialistas de renombre. Señalan que estamos en un escenario peligroso para los cimientos de la democracia, en el que se insertan las advertencias de históricos dirigentes socialistas contra el perdón de la intentona separatista de 2017. Hablan en ese manifiesto de diversos asuntos como el inminente uso de las lenguas autonómicas en la Cámara baja para encaminar la Carta Magna hacia “una realidad plurinacional”.

 

Los firmantes, entre los que figuran exministros del PSOE como José Luis Corcuera, que estuvo al frente del Ministerio del Interior, Javier Sáenz de Cosculluela, ex responsable de Obras Públicas, entre otros departamentos, o Virgilio Zapatero, exministro de Política Territorial. También están Francisco Vázquez, José Rodríguez de la Borbolla o Joaquín Leguina, estos tres últimos integrantes del grupo heterogéneo de antiguos cargos socialistas que se han ido distanciando de su formación política.

 

Todos ellos se oponen al modo en que se va a llevar a cabo la reforma del Reglamento —inconstitucional, a sus ojos— para propiciar que los diputados puedan expresarse a partir de este martes en catalán, euskera y gallego (las lenguas de las comunidades históricas) y también en valenciano, aranés, aragonés y asturiano. Y deducen que la intención del soberanismo es una: “Negar la condición del castellano como lengua común de los españoles”.

 

Y añaden que “quienes firmamos este escrito no nos pondríamos nunca un pinganillo para poder dialogar con un compatriota”. Más claro el agua, pero ya tenemos la reforma dispuesta para que el día 26, fecha en la que comienza el debate de investidura del candidato Feijóo, pueda cada uno hablar en la lengua que quieran.

 

Ayer viernes le pregunté al presidente Clavijo, como mandatario máximo de nuestra Comunidad Autónoma y como secretario general de CC, qué opinaba de este asunto y, después de una contestación larga y llena de ambages, terminaba diciendo que como nacionalista, lo que le gustaba es que se reconociera este tipo de cosas y que tal y como está la economía, poco o nada importa este asunto. ¿De verdad? Usted que me lee, ¿qué opina?

 

Y es verdad que a todos nos agobia la situación económica. Los precios han subido tanto, que ahora llenamos una cesta de compra con el dinero que antes nos daba para llenar un carro entero. Todo ha subido pero los sueldos se mantienen y nadie escapa a una situación tan crítica como la que estamos viviendo.

 

Para que se hagan una idea, hoy pagamos más impuestos que antes de hacer los presupuestos de 2023. El ejecutivo de Sánchez recauda más, porque entre otras cosas ganamos, teóricamente, más dinero que antes de la subida de Salario Mínimo Interprofesional y luego porque hay productos con los que se recauda directamente. Por ejemplo, en el Impuesto de los Combustibles, a pesar del incremento de precios que a todos nos está afectando, los gobierno, el central y el autonómico, se llevan una parte que nunca han pensado en aminorar.

 

El año pasado el Estado recaudó 25.000 millones de euros entre el impuesto de hidrocarburos y el IGIC, que se aplica en Canarias. En la Península, el Gobierno central, también recaudó porque el IVA es proporcional. Aquí nadie cree en rebajar la fiscalidad de los hidrocarburos, como ya se hizo con la electricidad que, recordemos, en su peor época de subida bajó del 5,1 % al 0,5 %. ¿Podríamos hacer algo así?

 

Tampoco hay mucho nuevo que decir sobre cómo están subiendo los tipos de interés y lo que ello representa para los que tienen una hipoteca o un crédito personal. Ayer mismo vimos cómo volvían a subir los tipos de interés en el ámbito europeo. El Banco Central Europeo (BCE) aprobaba este incremento, es decir, del precio del dinero. Desde julio del año pasado hasta la actualidad, esta variable ha escalado del 0 % al 4,5 %.

 

Y esa decisión, que persigue frenar la subida del nivel general de precios, es decir la inflación, tiene numerosas implicaciones en la economía, tanto para las familias y hogares como para las empresas. En términos técnicos se suele hablar de enfriar la economía. El problema es que un aumento excesivo del precio del dinero puede acabar provocando una paralización de la actividad económica.

 

Decía Luis de Guindos, que en el pasado fue ministro de Economía y ahora es el vicepresidente del Banco Central Europeo, que “con esta última subida, el nivel de tipos de interés, si se mantiene en el tiempo, creemos que puede ser suficiente para que la inflación acabe convergiendo hasta nuestro objetivo que es el 2 %”. Es decir, que no nos gastemos nada y que ahorremos, aunque en este momento nadie puede hacerlo porque la vida está muy cara, los productos han subido y los impuestos también.

 

Ello es debido a que los ciudadanos corrientes, los que de economía solo sabemos las reglas básicas, lo cierto es que se han producido diez incrementos de los tipos de interés en poco más de 14 meses, y eso es mucho, muchísimo. A las personas que tienen hipoteca y que están endeudadas les viene muy mal. A los ahorradores, regular, porque los bancos tampoco están remunerando los depósitos. Si logran reducir la inflación, que en teoría ese es el objetivo, pues nos beneficiaremos todos, pero es cierto que tantas subidas de tipos en tan poco tiempo no se habían visto nunca.

 

Y en este apartado tenemos que ver lo del coste laboral, por trabajador y mes, que ha alcanzado, según los que se dedican a hacer estas cuentas, los 3.037,52 euros en el segundo trimestre de 2023. Este dato supone un aumento del 5,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. Pero claro, esta es una cuenta realizada por los que más critican las cuentas.

 

Si buscamos a un economista, nos explicará que en esa bolsa estamos incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social que este gobierno lleva subiendo desde que llegó en 2018, y también el IRPF. Es verdad que los trabajadores decimos que necesitamos que nos suban el sueldo para hacer frente a las subidas de precios. El incremento de los salarios no está siendo tan abultado como el de la inflación.

 

Y no hemos hablado en este artículo de que uno de los servicios que deberían darnos desde la Administración es el de la Sanidad, y ese ha empeorado. Ya los ciudadanos percibían que todo estaba mal, que ir a un especialista de la medicina para un dolor que tenemos es casi perder la paciencia, por no decir otra cosa, y que someterse a una intervención quirúrgica es casi tarea imposible. El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ya nos advertía que habían descubierto un “agujero” de 530 millones de euros y que las listas de espera habían aumentado, pero nos faltaba el detalle.

 

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha publicado esta semana los datos de las listas de espera correspondientes al primer semestre de 2023. Estos datos señalan que 36.395 personas se encuentran a 30 de junio de este año en lista de espera quirúrgica en el Archipiélago, lo que supone 3.477 más que en el mismo periodo de 2022, es decir, un 10,5 % de incremento. La demora para una intervención quirúrgica se sitúa en 152,9 días, nueve días más en el balance interanual. Además, 9.457 pacientes esperan más de seis meses por una intervención quirúrgica.

 

Por otro lado, reflejan también un incremento del 27,4 % de la lista de espera en la atención especializada respecto al mismo periodo del año 2022, o lo que es lo mismo, 144.676 personas esperan ser atendidas en alguna de las especialidades médicas a 30 de junio de 2023. La demora media en esta materia es de 122,8 días, según reflejan los datos del SCS. Finalmente, 23.044 pacientes se encuentran en lista de espera para una prueba diagnóstica, lo que supone un 0,2 % más que la que se registró a junio de 2022.

 

Con todo esto, el otoño que nos espera va a ser de aúpa. El agujero es de tales dimensiones que obliga a trazar un plan, marcado por una economía de guerra.

 

Y usted podría decir aquello de ¿todavía más? Pues ya verá. Para los que no será tan malo es para los contratados por el nuevo Gobierno de Canarias, para los más de 140 nuevos cargos, para los que tienen una nómina oficial con la que paliar sus faltas de resultados en los diferentes procesos electorales que últimamente hemos tenido en este país. Para ellos las loas del nuevo gobierno y las críticas al anterior serán casi el caldo de las declaraciones que puedan hacer. A los demás solo nos falta ver cómo pasamos el día a día. Unos por otros y la casa sin barrer.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 16 de septiembre de 2023