EL MONÓLOGO / 182
Muchas promesas y pocas viviendas

Por Pepe Moreno *

 

 

Ayer se le acabaron las posibilidades, por el momento, de que Alberto Núñez Feijóo fuera investido presidente en el Congreso de los Diputados. Será ahora otro candidato, posiblemente Pedro Sánchez, el que intente conseguir una mayoría en la que estarán los socios de Sumar, los de ERC, posiblemente los de Junts por Catalunya, los de Bildu y quizás los del PNV, que están a la espera, como los de CC, de sentarse a negociar el futuro apoyo y que irá más allá de la investidura, propiamente dicha.

 

Por tanto, no me voy a referir a ese asunto que ya he explicado en anteriores monólogos y, en consecuencia, sería casi repetitivo. Intento buscar otro argumento que me sirva para reflexionar una semana más. He estado dando vueltas y estoy convencido de que el tema de las viviendas podría ser una tesis muy buena para desarrollar en estas líneas que siguen. Porque ese sí que es una buena cuestión para desarrollar.

 

La escasez que en estos momentos hay en el parque de nuevas construcciones, o de viviendas oficiales, o la carencia que crean entre los que se quieren emancipar e incluso la subida que se está dando en las hipotecas ya firmadas. Todo esto hace que sea un tema tan comprometido que hasta el Diputado del Común ha tenido que emitir un informe sobre este particular y que ahora mismo sirve de referencia en la materia.

 

Para que se hagan una idea de la dejadez de nuestras autoridades canarias, solo uno de cada cien pisos en el Archipiélago pertenece a la Administración, frente a la media europea de nueve de cada cien. Estamos por debajo de la media en un porcentaje escandaloso, del que tardaremos mucho tiempo en igualarnos, como mínimo y que, quizás cuando lo logremos, ya está en otros niveles.

 

Y eso ha motivado que sea el Diputado del Común, el desinquieto Rafael Yanes, quien haya realizado un informe en el que se incluyen 37 medidas “de urgencia” para facilitar el acceso a un techo que sea digno para aquellos que en estos momentos no pueden hacerlo. Hay gentes que están viviendo en casetas de campañas, en la playa o en habitaciones que comparten con otros, porque no hay nada que puedan costearse.

 

Este informe, que debería tener prioridad para ser debatido, se discutirá en la Cámara regional sin fecha fija. En sus páginas se dice que “es fundamental” contar con un parque público de vivienda en Canarias, porque en el Archipiélago, repetimos el dato, apenas un 0,96 % de los pisos son públicos —casi uno de cada cien—, frente a la media europea del 9,3 %. Este estudio debería servir, incluso, para llegar a acuerdos sobre esta materia con urgencia porque cada vez hay más gente que tiene dificultades para acceder a un techo que les cobije cerca del lugar en el que trabajan o se mueven.

 

La intención es que el informe sirva de base a la hora de “consensuar políticas de vivienda en Canarias” y que aporte, según se lee en sus páginas, en “una solución que supere la alternancia partidaria en el Gobierno a través de un pacto con vocación de continuidad”. A la mayoría de nuestros políticos, la urgencia de tomar medidas es cada día mayor. Parece, que les importa menos y que trabajan en otros asuntos más perentorios en aras de la política, como quien conforma una mayoría o si es posible aliarse con este o aquel grupo político.

 

Estamos más pendientes, que no digo que no sea muy importante, saber si habrá o no amnistía o consulta popular y mientras la gente sigue buscándose la vida para dormir, pernoctar o no vivir entre las colas de una autopista cada vez más colapsada. Por eso, ni el actual Gobierno, ni el anterior, ni el que le precedió supieron hacer una política de viviendas públicas que nos equipare con los niveles medios, no que sobresalga, sino que esté simplemente en la media. Hay islas en las que no se ha hecho una vivienda en lo que llevamos de siglo XXI, y ya llevamos 23 años sin que se vea nada de la política de viviendas públicas.

 

En el estudio de referencia, hecha por la Diputación del Común, destaca que se inste a actuar sobre el ámbito privado con el fin de que bajen los precios del mercado inmobiliario y del alquiler. Sobre la creación de ese parque de vivienda pública, Yanes advirtió de que en ocasiones se hace un uso fraudulento de estas edificaciones, con arrendamientos que no son legales y ventas irregulares. Por eso apuesta por la creación de un parque de vivienda social mucho más potente, y pide que esas viviendas deben mantenerse en el tiempo con la categoría de “públicos”, evitándose que pasen al sector privado.

 

Es un buen documento que analiza todos los aspectos y se habla incluso de la diferencia generacional. Escribe que el factor diferencial suele ser el territorio, con islas especialmente tensionadas como Lanzarote y Fuerteventura, y áreas concretas de Tenerife y Gran Canaria, como el sur o las zonas metropolitanas.

 

También contempla otras condiciones como el alza de los alquileres, que solo en el mes de agosto se incrementaron hasta un 18 %. O de los tipos de interés, que se encuentran en un elevado 4,5 tras subirlos el Banco Central Europeo el pasado 14 de septiembre otros 25 puntos. A esto hay que sumar que el euríbor cerrará septiembre en el 4,15 % y encarecerá la hipoteca media en 1.900 euros anuales. Por todo esto, se justifica la necesidad de tomar decisiones inmediatas.

 

Pero nuestro Gobierno Autónomo, en la persona del consejero Pablo Rodríguez, se limita a establecer mesas redondas, encuentros con el sector y poco más. Ya sabemos que entre las soluciones a los elevados precios plantean, como posibilidad, la de combinar fondos europeos con la Reserva para Inversiones de Canarias, esa que dice que devuelve parte de su inversión a las empresas a través de beneficios fiscales. Con este tipo de decisiones, Rafael Yanes dice que habrá más casas asequibles en el mercado.

 

Habla en esas mismas páginas del alquiler vacacional, una realidad que incide en la manera de afrontar este asunto, aunque será después cuando se haga una normativa que lo regule. Recordemos que la semana pasada, la consejera de Turismo, Jessica de León, anunció que se creará una ley para regular la vivienda vacacional en Canarias ante el rápido crecimiento de esta modalidad turística en los últimos años y sus efectos en el mercado del alquiler de larga estancia.

 

Ayer mismo, el Cabildo Insular de Tenerife se comprometía, en un Pleno en el que se habló de este asunto, el de la vivienda, a trabajar con los ayuntamientos para mitigar la escasez de vivienda. Pero claro, eso es la exposición, de aquí a que se haga va un trecho bastante largo. Hizo balance de la situación y anunció las líneas de actuación que se pondrán en marcha en los próximos meses, al tiempo que se comprometió a trabajar con todos los ayuntamientos para mitigar esta carencia en la isla.

 

La consejera de este tema, Sonia Hernández, alertó del problema de emancipación que sufren los jóvenes en Tenerife y añadió que «necesitamos políticas eficaces. Hablar de vivienda es hacerlo de un proyecto de vida, de emancipación, de familia, dignidad y refugio. Debe ser un compromiso de todos y tenemos que aunar esfuerzos». En casi tres meses, la consejera ya ha visitado y mantenido reuniones con 19 municipios, y tiene en agenda durante el mes de octubre continuar con el resto de las visitas.

 

Palabrería que ya veremos si hace algo. Como a menudo digo, hay islas en las que no se han hecho ninguna construcción que albergue familias en el siglo XXI y llevamos 23 años ya de esta nueva centuria, es decir, casi un cuarto de él.

 

En la sesión que les cuento de ayer en la Corporación insular, la consejera se comprometió a reducir la brecha que ya no solo afecta a las familias vulnerables, sino también a las que cuentan con ingresos, pero que se ven expulsadas del mercado inmobiliario y para ello es imprescindible la cooperación interadministrativa. Ahora mismo, el acceso a la vivienda está siendo un problema grave para todos. Los precios tanto en régimen de alquiler como en propiedad son inasumibles.

 

El Cabildo tiene previsto incrementar el suelo público destinado a vivienda social en la Isla. La institución insular refrenda su compromiso con la necesidad de garantizar la existencia de suelo público a disposición del Gobierno de Canarias para el desarrollo del Plan de Vivienda regional en la Isla.

 

Pero no pasa de ser un mero anuncio, y perdonen que sea tan reiterativo, pero hay que pasar de la palabra a los hechos y, hasta ahora, se han limitado a exponer, sin embargo, no hacer. ¿Ustedes se acuerdan del anuncio de Pedro Sánchez en plena campaña electoral de hacer viviendas en suelo militar? Sí, aquel en el que dijo que se iba a crear una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20 % de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y para familias con niños a cargo. Pues pregunten qué se ha hecho de esto. Nada de nada.

 

Pedro Sánchez, en aquel mitin de presentación de candidaturas, llegó a anunciar que todo esto era necesario cuando en España los jóvenes y las familias que «tienen dificultad, cuando van a un banco para tener la entrada y poder hipotecarse” y anunciaba que de las 20.000 viviendas que se construirían en suelos del Ministerio de Defensa, 300 de estas viviendas se iban a construir en Tenerife, concretamente, en los terrenos de los cuarteles de Ingenieros en la zona de Ofra y Vistabella y en la zona de La Cuesta, en San Cristóbal de La Laguna. ¿Se ha hecho algo? ¿Se aprobó en un Consejo de Ministros? ¿Es competencia del Gobierno Central? ¿Del Autónomo? ¿De los ayuntamientos o de los Cabildos?

 

Cómo verán en este asunto, hay mucho de “chau chau” y poco de gestión efectiva. Hacen mucha política, pero poca acción. Es como si estuvieran en una noria que sube y baja y vuelve a subir y vuelve a bajar, pero siempre está en el mismo sitio. A Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas, Viviendas y Movilidad del Ejecutivo autonómico, no le creo mucho.

 

Ya puso de manifiesto hasta el año 2019 su incapacidad en muchos asuntos relacionados con las materias en las que tenía competencia y ahora es lo mismo. En la campaña electoral de mayo llegó a decir, en un acto de su partido, que “parte del desarraigo entre la sociedad y la política es que los programas electorales son cartas a los reyes magos, brindis al sol”. Por tanto, ¿qué se puede pedir al que habla así?

 

Tenemos un grave problema, que no se soluciona con palabras mágicas. Los ayuntamientos tienen que poner planes de ordenación del territorio a disposición de otros organismos. Ayer me contaba un constructor que no se iba a meter a hacer viviendas porque no hay mercado. Si las instituciones públicas hablan, pero no hacen, ¿qué nos queda?

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 30 de septiembre de 2023