EL MONÓLOGO / 185
Muchas emergencias y pocas soluciones

Por Pepe Moreno *

 

 

Estamos en estado de emergencia migratoria, o energética, o hídrica, o climática y algún otro que se me queda. Si atendemos a la situación económica, podríamos decir que estamos, también, en un estado de emergencia lamentable, porque los precios de las cosas suben cada día más, pero estamos en una Comunidad Autónoma en la que se pagan los sueldos más bajos. Por tanto, lo que hacen es, simplemente, hacer una declaración y pare usted de contar. Veamos qué urden con cada una de esas afirmaciones y las consecuencias que tiene.

 

Por ejemplo, comencemos con la primera de las declaraciones de emergencia, la referida a la migración. Según hemos podido saber, esta decisión es meramente administrativa, es decir, que no hace falta que las medidas a tomar sean aprobadas en el Consejo de ministros, por tanto, van a permitir, al menos en teoría, agilizar los trámites, dejar atrás la burocracia, que tanto ralentiza un asunto en la que la forma de actuar es fundamental. También fomentará la activación de la financiación de recursos.

 

Hasta ahora, el ministerio de Migraciones se había resistido a declarar estas medidas, aunque era una de las que barajaban. Las tramitaciones de emergencia se llevan a cabo cuando la Administración se ve obligada a actuar de manera inmediata debido a acontecimientos catastróficos u otras situaciones de peligro o que afecten a la defensa nacional y está prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratación del Sector Público.

 

Esta herramienta fue, por ejemplo, adoptada por el Gobierno para hacer frente a la llegada de refugiados que ocasionó el estallido de la guerra tras la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022. Pero en cuanto a los inmigrantes que llegan en cayuco o pateras, desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre han llegado 23.537 personas, lo que supone un crecimiento interanual del 79,4 %.

 

Este dato convierte este año en el segundo con más llegadas, superando los 23.271 de la anterior crisis migratoria, que se registraron en el 2020, fecha en la que estaba activada la política de derivaciones de las islas a la península, lo que ha permitido que los centros de acogida no alberguen a tantas personas. Ahora mismo, el máximo histórico está en el año 2006, fecha en la que arribaron 31.678 personas.

 

La red de acogida en las islas es radicalmente distinta a la del 2020. En primer lugar, está activa la política de derivaciones de las islas a la península. Esta práctica, casi inexistente entre 2020 y 2021, ha permitido descongestionar los centros de acogida del archipiélago. Canarias, además, cuenta en la actualidad con una treintena de recursos de acogida, sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife, las islas mayores, con una capacidad de alrededor 3.500 personas, según datos oficiales. Fuentes del Ministerio han llegado a asegurar que no hay problemas de falta de espacio en las islas.

 

Pero claro, eso está dicho desde una postura claramente “de fuera” porque aquí nos sentimos agobiados por tanta llegada. Los centros de Las Canteras y Las Raíces han vuelto a estar llenos de inmigrantes, los caminos que llevan hasta La Laguna están llenos de gentes que transitan en ambos sentidos buscando hacerse una idea de dónde están.

 

Para que se hagan una idea, en Canarias, sí se están observando tensiones cada vez más frecuentes, sobre todo en islas menores como El Hierro o Lanzarote. En esta última isla, la Policía Nacional se vio obligada el domingo a custodiar a los migrantes en el aparcamiento de la comisaría de Arrecife, la capital de Lanzarote, para lo cual fue necesario vaciar el lugar de coches y extender esterillas de yoga.

 

Estas instalaciones, con capacidad para 200 personas, son el sitio adonde la Policía Nacional traslada a los recién llegados para identificarlos, pero tuvieron que instalar carpas en el propio muelle lanzaroteño. En Tenerife, en la noche del 6 de octubre, unas 200 personas recién desembarcadas tuvieron que dormir al raso en el Puerto de Los Cristianos por no haberse podido tramitar a tiempo las identificaciones.

 

Sin embargo, hay más. El ministro, José Luis Escrivá, anunció el jueves una partida de 50 millones de euros para la gestión en Canarias de los cerca de 4.000 menores migrantes que tutela el Gobierno canario, y ha pedido solidaridad a comunidades como Madrid, «que con una población de ocho millones solo se ha ofrecido a acoger 30». No obstante, vamos a ver, ¿esos 50 millones no estaban ya aprobados, que vinieran?, ¿son otros 50 millones adicionales?, ¿es que se agiliza su entrega, pero siguen siendo los que ya estaban en el Presupuesto? ¿Cómo los van a liberar?

 

Asimismo, el ministro ha recordado que aquellas comunidades autónomas que accedan a acoger menores migrantes en su territorio lo harán con fondos del Estado, sin ningún impacto financiero en sus cuentas. Los que están aquí cuestan una media de 3.000 euros mensuales, ¿quién paga la diferencia?

 

Es un tema sin resolver, en el que Canarias lo afronta todo y en el que no nos queda otro remedio que acoger a los que llegan y darles lo que se puede.

 

Vamos con los otros decretos de emergencias, como el energético, un asunto que les asusta porque nos podemos ir a un cero energético, no se sabe por cuánto tiempo.

 

Ahora mismo ni tenemos espacios para una nueva energía ni conexiones. Nunca el Gobierno Central, que es quien tiene las competencias, había autorizado la sustitución de los equipos de generación de electricidad, ni se ha tenido en cuenta la necesidad de tener unos equipos de respaldo ante la caída de alguno de ellos. Incluso, si me lo permiten, ni siquiera el Gobierno regional sabía que tenía que declarar la emergencia energética para que el Ministerio de Transición Ecológica pudiera autorizar las mejoras.

 

El Gobierno anterior, el del pacto de las flores, se ha defendido como ha podido, pero la propia Red Eléctrica le remitía informes en los que decía que necesita generar unos 200 megavatios, que tiene señalados por islas y necesidades. En este punto, para que vean que, por un lado, van las necesidades y por otro los hechos constatados, la propia Red Eléctrica ha considerado “absurdo” que se estén comprando coches eléctricos y se estén enchufando a puntos en los que se está produciendo una electricidad con equipos obsoletos y altamente contaminantes.

 

Es decir, que no es razonable la situación actual y que hace tiempo que se tenía que haber autorizado esa renovación. Pero claro, quedan mejor incentivando con dinero público la compra de coches eléctricos, aunque las tomas sean de un siglo anterior. Actualmente, en un territorio como el nuestro, que vive del turismo, se sigue contaminando y no hay casi sitio para las energías renovables.

 

El Gobierno de Fernando Clavijo tiene un reto a corto plazo para dar respuesta a lo que se pide y a largo, en el tiempo, en los próximos seis o siete años, modernizar todo lo que pueda en un entorno que no recibe un euro desde hace una década. Para que lo sepan, ahora mismo hay un contrato en vigor entre Endesa y Cepsa para la compra de combustible para las centrales, pero ¿qué pasaría si el 1 de abril -fecha en la que se termina esa contrata- la operadora eléctrica deja de comprarle a Cepsa? Ahí puede haber un grave problema. Estamos en una emergencia energética que puede dejarnos a oscuras.

 

Luego tenemos una emergencia hídrica como consecuencia de una sequía que en contadas ocasiones termina, con unas islas que pierden, en sus anquilosadas cañerías, más de lo que deberían distribuir. Islas como Fuerteventura que se han acostumbrado a los continuos cortes del líquido elemento. Pueblos, villas y barrios enteros que dependen de cisternas o de agua embotellada y que no pueden contratar en otro sitio que en el suministro municipal, pero nadie asegura su suministro.

 

Apostamos por unas desaladoras en lugares en los que el agua antes llegaba desde galerías que cavaban manos con callos y con gentes que compraban participaciones para asegurarse que sus atarjeas nunca se secaran. Hoy no dejan ni regar los jardines y a los agricultores se les multiplican los gastos porque el agua no es gratis.

 

Y luego tenemos el decreto de emergencia climática, relacionado con el actual mundo en el que vivimos, en el que las estaciones del año ya no son las que eran, ni los tiempos -meteorológico y temporal- tampoco. Esta situación hace que en pleno otoño hayamos tenido temperaturas por encima de las medias o precipitaciones que superan registros anteriores. Han sido días y semanas en la que hemos visto como las altas temperaturas han dejado sin colegio a los niños, después de registrar desmayos y episodios de golpes de calor. La decisión del Gobierno Canario llevará consigo, de cara al futuro, la futura elaboración de un protocolo para actuar en próximos episodios de altas temperaturas. En plena emergencia climática se buscan soluciones a problemas a los que nunca nos habíamos enfrentado.

 

A esto tenemos que unirle la escasez, evidente, que tenemos de viviendas públicas que provoca que nadie pueda emanciparse. En este asunto, el Ejecutivo regional para intentar resolver la emergencia habitacional que sufre el Archipiélago, sumida en una tormenta perfecta de escasa oferta, alta demanda, precios inasequibles y alquileres abusivos. Pero claro, los que tienen en su mano hacer cosas prefieren hablar.

 

Como en los temas anteriores, y ahora se limitan a enumerar una serie de medidas vinculadas con la construcción de nueva vivienda pública, que ha habido muy poca en las islas en los años de este siglo XXI, del que ya llevamos 23, y dicen que los instrumentos con los que cuentan no son suficientes. Entonces, ¿qué han hecho desde el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y la Empresa Pública de Promoción de Viviendas Protegidas en las Islas (VISOCAN)?

 

Apenas existen acciones dirigidas a limitar las subidas de los alquileres, en el que reside el 22,1 % de la población, y son datos de la última Encuesta de Características Esenciales y las Viviendas (ECEPOV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

De momento sabemos que el Gobierno Canario ha anunciado que sacará un concurso de derecho a la superficie en bolsas de suelo consolidado gestionadas por VISOCAN para que constructoras privadas levanten casas que ofrezcan “alquileres asequibles” en condiciones reguladas por el Ejecutivo regional. Como suelo decir, y perdón por la auto cita, es la política de la noria, suben y bajan, pero siempre están en el mismo sitio. Si a esto le unimos que un total de 787.860 personas estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Canarias en 2022, la cosa se complica.

 

Los datos, que están sacados de estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. En él se reflejan los efectos de las últimas crisis -entre ellas el alza de la inflación y la emergencia habitacional-, el alcance de las políticas sociales y económicas en esta materia y el papel protector del Estado.

 

En este informe se dice también que 287.286 personas estaban el año pasado en pobreza severa, el 13,2 % de la población, siendo la vivienda, la brecha de género y el apoyo insuficiente a las familias con menores los factores clave para la generación de pobreza. Así pues, Canarias cuenta con los peores datos en privación material y social severa y en personas que conviven en hogares con baja intensidad laboral. Bien es cierto que este Ejecutivo lleva 100 días de Gobierno, pero lo que quiero decir es que nadie hace nada.

 

En definitiva, verán cómo se habla mucho y se hace poco o nada. Estamos antes muchas emergencias, pero la reacción debería ser mucho más efectiva, no se puede perder ni un minuto, pero andan liados con otros asuntos de la política en general. Unos por otros y la casa sin barrer. Ni estos que están ahora, ni los que estuvieron en la anterior Legislatura, ni en la de antes, ni en la época de Paulino Rivero. Llevamos tal retraso que ponernos al día costará. No obstante, ellos siguen cada mes cobrando la nómina pública. ¿Tenemos remedio?

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 21 de octubre de 2023