EL MONÓLOGO / 188
CC y las tensiones para la investidura

Por Pepe Moreno *

 

 

La verdad es que esta semana me lleva a abordar los documentos que permitirán a Pedro Sánchez investirse como presidente del Gobierno y que han puesto en marcha los fundamentos de todos aquellos que comprenden que los socialistas lograrán una investidura que, de primera mano, parecía muy difícil de obtener, ya que la suma era muy confusa. Tienen pactos o acuerdos con Junts per Catalunya, los más controvertidos, con EH Bildu, con ERC, con el PNV, con Sumar y con CC.

 

Los socialistas lograron, ayer, que el PNV se sume a esa mayoría con un acuerdo que parece más una tajada que un compromiso. Si a esto unimos que también han logrado el voto de la única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, veremos que, a priori, ya tienen los 178 votos necesarios para que Sánchez Castejón salga a la primera y que Núñez Feijóo se quede compuesto y sin gobernar. ¿Será eso lo que les da rabia y que por eso han convocado una manifestación para mañana en todas las capitales de provincia? ¿O será por unos acuerdos en los que parece que han salido a subasta unas concesiones que son el principio del fin de un país?

 

Por lo que se sabe, Coalición Canaria ha llamado a la prudencia en las horas en las que se analizaría el acuerdo alcanzado con los socialistas. No han querido que se vea esto como una mera transacción económica. No querían quedarse en un hipotético fuera de juego y que no hubiera un reparto de millones y de competencias en esta comunidad autónoma.

 

Ya partían de la base de que al Partido Popular no le haría mucha gracia esa foto de firma de un acuerdo, pero también sabían que la “jugada” no tendría un coste elevado por parte del PP, con los que gobiernan en el Archipiélago. Manuel Domínguez, el líder de los populares en las islas, es vicepresidente y no puede aspirar a nada más. ¿Lo ven de vicepresidente con Ángel Víctor Torres? No, verdad.

 

Pues eso, que tienen que tragar con lo que haga su principal mentor que es CC. Que los nacionalistas pactan con su principal “enemigo” político, pues a aguantarse. Que Pedro Sánchez logra más apoyos que los que tuvo Feijóo, pues allá ellos. También tuvo el voto afirmativo en su día de sus socios de Coalición y no sumaron. Es decir, en una frase muy de aquí, y de ellos, lo mismo están con unos que con otros.

 

Sin embargo, analicemos esa alianza firmada entre el PSOE, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de organización de CC, David Toledo, que, en diez páginas, viene a decir que los socialistas apoyarán todas las enmiendas que pacten para los Presupuestos Generales del Estado. Esto es más bien poco, porque antes tienen que acordarlas entre ambos. Siguen con la enmienda transaccional para el Plan de recuperación de La Palma, o que se amplíe, en el ámbito temporal, la bonificación del 60 % en el impuesto de la renta de las personas físicas a los residentes en esa isla para los ejercicios de los próximos cuatro años y luego ya se verá.

 

No obstante, hay más en esas páginas, porque CC quiere, con un lenguaje más o menos entendible, que los socialistas asuman la llamada “agenda canaria”, mientras que CC se compromete a votar a favor del que el candidato del PSOE sea investido presidente del Gobierno. A que darán el voto a favor, previa aprobación de los objetivos de estabilidad, de los Presupuestos Generales del Estado para toda la Legislatura.

 

Coalición Canaria también se compromete a aprobar todas las leyes vinculadas con la aprobación de hitos comprometidas con la UE en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, o a negociar y aprobar todos los Reales Decretos-leyes que, por razones de urgente necesidad, se aprueben por el Gobierno.

 

En lo único que discrepan es que este acuerdo no vincula a CC en el apoyo a ningún texto legislativo que se tramitara en las Cortes Generales referidos a una amnistía. Pero ¿le hará falta al PSOE el voto de la diputada Valido una vez sea investido presidente?

 

En el resto de los apartados es igual que en su día plantearon al PP como que se respeten los fueros canarios o el desarrollo del Estatuto de Autonomía o que se haga un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera de servicios públicos básicos (educación, sanidad y servicios sociales-dependencia), con absoluta separación de los recursos del REF, o que se desarrollen y cumplan los planes y proyectos previstos en los Presupuestos de 2023 que afectan a Canarias.

 

Hay más peticiones, pero, como decía, es lo mismo que le pedían al PP y que incluye incluso acordar la designación del presidente de la ZEC, de Puertos Francos, los directores de TVE y RNE en Canarias, así como pactar los puestos de la AEG en el Archipiélago. No parece que estos asuntos finales sean en beneficio de la población, más bien parece que son ellos los agraciados.

 

Para emborronar todavía más el asunto hemos oído a la secretaria de organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, eso de que están dispuestos a aportar la gobernabilidad en todos los estamentos donde le haga falta a CC, como por ejemplo La Laguna u otros municipios. ¿También en el Gobierno de Canarias? Si esto es así, que se vaya preparando el PP porque a poco que los nacionalistas entiendan que se sobrepasan, los echan del Gobierno y se apoyan en los socialistas y más si Ángel Víctor Torres se va de ministro. Tiempo al tiempo.

 

Por el contrario, lo que calentó el ambiente previo fue el pacto con Junts y lo que hemos sabido de ese acuerdo. Han entregado parte del Estado y han pactado cosas que nunca figurarían en un documento como ese. Aunque con Esquerra pactaron la quita del 20 % de la deuda catalana, una cifra que ronda los 16.000 millones de euros. ¿Cuánto supondrá eso en las islas? No llega a los trescientos millones. Aquí estamos pendientes de que nos transfieran las competencias de Costas y allí eso ni se lo plantean o hacen más concesiones como los trenes de cercanías con una inversión previa del Estado.

 

En cambio, el acuerdo PSOE-Junts tiene su “aquello”. Este documento lo que rezuma es el desacuerdo entre ambas fuerzas políticas. Es como un cuadro específico que me he hecho en el que en una columna pongo lo que el PSOE dice, lo que le gustaría que se hiciera y en otra se detalla lo que la fuerza catalanista quiere que se haga. Unos lo presentan, y se ofuscan, como un golpe de Estado, y así podríamos describirlo, porque el presidente del Gobierno necesita de esos siete votos para ser investido de nuevo presidente.

 

La parte más injuriosa es la referida a la amnistía y dicen, textualmente, que procurarán “la plena normalidad política, institucional y social como requisito para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.

 

En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto “lawfare” o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

 

¿Y qué significa esa palabra inglesa? Pues nada menos que la judicialización de la política. Es decir, que se buscará abordar y posiblemente corregir situaciones donde se percibe que el proceso legal ha sido utilizado con fines políticos para deslegitimar o perjudicar a oponentes políticos.

 

El término «lawfare» es un juego de palabras que combina «law» (ley) y «warfare» (guerra), y se refiere al uso de procedimientos legales con la intención de dañar a un adversario, limitando su efectividad o dañando su reputación. En el contexto de este acuerdo se entiende que se busca identificar y remediar los casos donde se cree que se ha abusado del sistema judicial para influir en el escenario político de Cataluña, especialmente en relación con su movimiento independentista.

 

La referencia a «lawfare» en el acuerdo indica un reconocimiento de que parte del conflicto entre Cataluña y el Estado español puede haber sido exacerbado o influenciado por la utilización de tácticas legales que algunos consideran que han ido más allá de la mera aplicación de la ley y han entrado en el terreno de la lucha política. Y eso molesta, más todavía, cuando es un término que se utiliza en América Latina, más que en Europa, porque en los países de nuestro entorno, donde la separación de poderes es el sustento ideológico de la democracia no es de uso común. Esta palabreja, dicen los que saben, pone a los jueces a los pies de los caballos. No es que se les ataque, pero se les pone en entredicho, respecto a su imparcialidad a la hora de aplicar la ley.

 

Con todo esto que les he contado, los ánimos están exacerbados. Unos que opinan que España se rompe, que los que no quieren a este país, independentistas y terroristas condenados, son los que han ganado y en parte no les falta razón. A la vista de los documentos que recogen cada pacto da la sensación de que cada uno ha conseguido lo que quería y que hemos entrado en un tiempo en el que se ha firmado con tal de conseguir sus votos. A la vista de lo que hemos visto, por ejemplo, con Junts, uno se pregunta aquello de ¿qué fue lo que no consiguió Puigdemont?

 

Hay una manifestación convocada por el PP para mañana domingo y hay mucha gente con ganas de estar y de decir que no están de acuerdo, pero también soy consciente que es posible que todo se haya desinflado un poco con el pacto alcanzado por Coalición Canaria. Pero ¿su electorado está de acuerdo con que invistan presidente a Sánchez en estas condiciones?

 

Sé que han llamado a más de uno para que no cargue sus opiniones y que no pongan de manifiesto estas condiciones que les he relatado. Verán cómo justifican lo injustificable y cómo todo es un preludio de una situación que parecerá sin vuelta a atrás. No me gusta el caminar de la perrita, pero tampoco creo en las protestas que se realizan en nombre de un partido político que ahora está más en el despecho que en reparar.

 

No me gusta lo que se ha escrito en el acuerdo con Junts, ni lo que hay en el del PNV, ni siquiera las intenciones que recoge el de Sumar, ERC o EH Bildu y todavía desconocemos lo que pedirán los de Podemos, que seguro que tienen algo guardado para la investidura. No me gusta que CC se haya sumado, aunque lo único nuevo de la Agenda Canaria es lo de los menores no acompañados.

 

Este puede ser el preludio de una España que valga menos por su fragmentación, que hasta ahora era un valor, y ahora parece una carga. Estamos en un tiempo muy difícil. ¿Ha firmado el PSOE para seguir en el poder? Eso parece. ¿Lo puede hacer cualquiera? Solo los que están o los que quieren mantenerse. ¿Es la primera piedra para olvidarnos de todo lo vivido? Es posible. La amnistía lo puede borrar todo y el referéndum puede que nos presente una fragmentación peligrosa.

 

Muchas de las cosas puestas en el papel de los acuerdos nos hacen dudar del pasado, de la transición, del poder judicial, de los políticos, de su comportamiento, de las instituciones y de todo lo que suene a otro tiempo. Estamos en un estado de duda permanente y todos los grupos parlamentarios están contribuyendo a ese estado.

 

No soy un loro para repetir lo que unos han descalificado con una lectura sesgada; sin embargo, estoy preocupado por lo que puede venir. Estamos muy divididos y eso no es bueno. Unos no han hecho nada y otros demasiado, y eso no puede ser bueno, así que hoy estoy roto por sentimientos encontrados. Ni quiero la autodeterminación que propugnan unos, ni la subasta de competencias en la que parece que hemos entrado. Dichoso el que no tiene dudas.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 11 de noviembre de 2023