EL MONÓLOGO / 197
Desafío migratorio con muchas sombras

Por Pepe Moreno *

 

 

Se nos acabaron las fiestas y se fue todo el glamur de desearnos lo mejor en este 2024 que, como quien no quiere la cosa, ya estamos casi en la mitad del primer mes. Ya estamos metidos de las rebajas de invierno, ya estamos con los gastos de lo que va a representar el Carnaval, que se presentó anoche y ya estamos en la vorágine de un tiempo en el que parece que no hemos cambiado de dígitos.

 

Con una inflación que supera la media nacional, con problemas en la Sanidad, por el número de ingresos que hay en estos días, con los problemas de tráfico habituales y con unos políticos que dicen estar pensando en todos nosotros, pero que parecen más pendientes de lo suyo que de la generalidad de nuestros asuntos.

 

En estos días hemos visto cómo se han aprobado los decretos que sirvieron para la gratuidad del transporte público por carretera en las islas. También se aprobó el que liberaba a La Palma de una parte importante de los impuestos, con lo cual algunos de aquella parte pagarán hasta un 60 % menos del IRPF, sea de la zona de la erupción volcánica o el que tiene un solar en una parte no afectada y que ha especulado con su venta. No importa. Todos están exentos y pagarán una parte menor que el resto de los mortales.

 

Los decretos del Gobierno Central se aprobaron con el voto de Coalición Canaria y en ese texto ya se incluía el traspaso de competencias de los menores inmigrantes a Comunidades como la catalana o la vasca. Insisto, que la diputada canaria Cristina Valido, ya sabía lo de que esas transferencias se harían.

 

Sin embargo, es ahora cuando sabemos que la propia política canaria ha presentado una pregunta para saber la posición del Gobierno de España sobre las consecuencias efectivas derivadas de la cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña. La reclamación de información se la realiza al ministro Ángel Víctor Torres en calidad de presidente de la Comisión Interministerial de Migraciones. Fue el miércoles pasado cuando se votó y se anunció la cesión competencial migratoria a la comunidad autónoma de Cataluña.

 

Es ahora, después de haber votado y a toro pasado, cuando se le pide al representante del Gobierno de España información sobre el alcance efectivo de los acuerdos de cesión de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña. No en aquel pleno para la convalidación de los decretos presentados por el Gobierno de España para ampliar un paquete de medidas anticrisis y de ayuda social contra el aumento de la inflación. Con lo cual la primera pregunta que uno puede hacerse es si se leen lo que votan.

 

Ahora es cuando Cristina Valido reclama al Gobierno de España más información sobre los efectos prácticos que tendrá el acuerdo político con los nacionalistas catalanes para desarrollar procesos de derivación de las personas migrantes que llegan por mar a las islas a través de la ruta atlántica. En particular, la diputada de Coalición Canaria se interesa por la repercusión que tendrá este acuerdo político en la gestión de las personas migrantes menores de edad que logran alcanzar las costas canarias sin estar acompañados por una persona de edad adulta.

 

Desde luego, esta normativa, si se ejecuta tal y como todos suponemos, sería un problema que tendría que afrontar el Estado cuando asuma las competencias para la gestión de menores migrantes no acompañados según la modificación de la Ley del Menor que ya se acordó entre PSOE y Coalición Canaria para la investidura del presidente del Gobierno de España.

 

Cada día aumenta el número de migrantes menores que arriban a nuestras costas. ¿Hay dinero y lugares para afrontar todo ese gasto? No obstante, lo peor es que se sabía desde el mismo miércoles. Y ahí están ahora. Preguntando, con caras de preocupados y diciendo eso de ¿cómo va a ser eso que le tengamos que pedir permiso a los catalanes para ver si mandamos menores no acompañados? O lo del Gobierno vasco pidiendo que a ellos también les den las competencias.

 

Ya sé que este asunto hay muchas aristas y que hasta los propios policías están poniendo en entredicho el acuerdo. Claro que sí. Es un tema serio. Según tengo entendido, las competencias en materia de inmigración son, según el artículo 149 de la Constitución, exclusivas del Estado y que, además, las cuestiones relacionadas con todo eso, más las de extranjería, recaen, en parte, en la Policía Nacional, que se encarga del control de fronteras de entrada y salida de personas.

 

Es por ello por lo que hoy se habla más de la postura los sindicatos policiales y de que este traspaso es inconstitucional que de la pregunta y preocupación de Coalición Canaria, que dejó pasar este pacto a cuenta de los números que, según ellos, les salía con el voto positivo.

 

Todos los sindicatos policiales han salido en tromba para criticar esta decisión. Uno de ellos ha sido el Jupol, que emitía un comunicado mostrando su preocupación por lo que consideran un “despropósito”. “Este anuncio supone una nueva pérdida de competencias para los policías nacionales destinados en Cataluña”, reza el texto, al mismo tiempo que señala que la decisión se basa en “objetivos políticos y partidistas” sin atender “a criterios técnicos u operativos”.

 

Como estamos perdiendo capacidad crítica, no nos hemos dado cuenta de que con este tipo de iniciativas solo van buscando la salida de la Policía Nacional de Cataluña y del País Vasco, y que lo que pretenden es convertir en un cuerpo policial sin funciones en sus territorios.

 

Pero hay más, porque el otro Sindicato Unificado de Policía (SUP) también hablan de que, por ejemplo, con lo otorgado en el pacto con Junts, a lo largo de los últimos acuerdos es que «la lluvia de millones destinada los Mossos d’Esquadra, tenía como fin la expulsión del cuerpo de la comunidad de Cataluña».

 

Van más allá en este sindicato cuando añaden que de materializarse el traspaso las «fronteras están en riesgo extremo, pues si ya hay diferencias entre los países que forman parte del acuerdo Schengen en materia fronteriza, ahora se le añade un actor más dentro de nuestro Estado, un despropósito que como siempre pagarán los ciudadanos».

 

O la Confederación Española de Policía (CEP), que repiten los argumentos ya dichos con anterioridad y añade que están convencidos de que la de inmigración «no constituirá la última de las demandas de cesión de competencias en ámbitos directa o indirectamente relacionados con el trabajo policial en favor de las autoridades de Cataluña».

 

¿Lo quieren más claro? Las ONG que están en relación con esta materia, la inmigración, se muestran expectantes y precavidos ante este acuerdo. Las entidades sociales y los movimientos de acogida a los migrantes en Cataluña aluden a las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha defendido que Cataluña pueda decidir si expulsa o no a migrantes que sean delincuentes multirreincidentes. «Si Junts pide el traspaso para expulsar y hacer más devoluciones de personas, el traspaso será un retroceso. Iremos mal».

 

Pero ellos son así. Recordemos que en el pasado el entonces “honorable Jordi Pujol” decía que “Cataluña era poco catalana, sobre todo por el gran flujo de trabajadores que venían del resto de España”. Ahora les pasa lo mismo, pero los que vienen de fuera son inmigrantes que llegan de otra manera, como por ejemplo los menores no acompañados, que un día alcanzarán la mayoría de edad y serán adultos, con papeles legales y que quizá no votan por partidos independentistas.

 

Un asunto no es nuevo. Leo en una crónica, en un periódico catalán, fechado el 8 de septiembre de 2023, que en el documento entregado para un posible pacto del PSOE y Junts, figuraba también el traspaso de las competencias para gestionar la inmigración en la región.

 

Puigdemont apuntaba, por aquel entonces, que Cataluña es la región de España con una mayor tasa de inmigración y que, por tanto, debería ser la generalidad catalana y no el Gobierno de la nación quien gestionase el control migratorio. La propuesta, populista y rayana en postulados de extrema derecha, era un guiño a los catalanes que sufren día tras día las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, especialmente en las áreas metropolitanas, como por ejemplo Barcelona.

 

Nosotros, en Canarias, y así lo dijo el propio presidente Fernando Clavijo, nos hemos portado solidariamente con los que se arriesgan atravesando el mar. Decía que son los canarios y canarias, junto a los efectivos que intervienen en los rescates y a los que lo hacen una vez llegan estas personas a las Islas, huyendo de conflictos bélicos, del hambre y de la pobreza, un ejemplo de cómo debemos afrontar el desafío global de los flujos migratorios.

 

Por tanto, somos, en este sentido, gentes de bien, pero hay otros que hacen de su capa un sayo, como los de Junts que aseguran que con estos acuerdos irán por la gestión «integral» de esa materia, incluidos los permisos de residencia y la expedición de documentos, así como los «flujos migratorios». Es más, la portavoz de este partido en el Congreso, Míriam Nogueras, añadió que «se ha dado un pase de gol a la Generalitat, y esperemos que la Generalitat lo marque».

 

No está claro hasta donde alcanza esto, porque el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, solo ha dicho eso de «el acuerdo en esa materia es que vamos a desarrollar una ley orgánica basada en la Constitución para delegar las competencias en materia de inmigración, ese es el acuerdo». Así, ha instado a esperar a llevar esta ley al Parlamento y «trabajarla para que vea la luz».

 

Es posible, como pasó con la Ley de Amnistía, que estemos poniendo antes la cataplasma sin que se haya podido constatar que será ahí la herida, pero todo se andará. Porque parece que será así y es lógico que haya mucha gente preocupada por esta transferencia, pero recuerdo que el decreto también se aprobó con el voto de la diputada canaria.

 

Que en aquellos momentos no se impuso, no negoció que así no podría dárselo y que si no hubiera sido por ella no habría salido adelante. Si me ponen por delante la gratuidad de los transportes públicos o las exenciones palmeras, es posible que la balanza se incline, pero ahora no me valen los golpes en el pecho ni las caras largas.

 

Está muy bien lo de las preguntas, pero no estaría de más una lectura a lo que se va a votar, una consulta de si conviene o no, antes de que algunos entendamos que se han vendido por unos millones de euros y que luego vienen las lamentaciones. Lo siento, pero no puedo compartir los gozos de algunas que dejan demasiadas sombras en el horizonte.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 13 de enero de 2024