EL MONÓLOGO / 204
Alegrías con dinero público

Por Pepe Moreno *

 

 

Desde luego hoy tenemos que hablar, en este Monólogo, de las mascarillas, de cómo se hicieron algunas cosas que no nos cuadran a ninguno. De cómo se llevaron a cabo las contrataciones de esos “servicios” en una época de pandemia, con todos confinados, pero en la que había algunas mentes que estaban más pendientes de los negocios que de la situación de alarma que vivíamos los demás.

 

Ello se debe a que en aquellos momentos en los que todos estábamos pensando en un virus que nos atacaba, del que no conocíamos nada, en el que se daban muchos palos de ciego, nos encerraron para evitar la propagación de la enfermedad. Pues bien, había quien vio la posibilidad de hacer negocio con ello y de embostarse dinero.

 

En aquellos momentos en los que nuestros sanitarios luchaban contra una enfermedad desconocida, en la que muchos cayeron, no tenían armas para protegerse. Por eso vinieron los EPIs y las mascarillas de allende los mares. Nos alegrábamos de que los aviones llegaran y que lo hicieran con carga, porque eso demostraba que se hacían las cosas bien y que no éramos el final de todo, que las mercancías que venían hasta las islas estaban bien compradas y que se descargaban con todos los parabienes.

 

Usted y yo así lo creíamos. Y nos quedábamos bobos viendo esas aeronaves llegar con las panzas llenas de material con el que nuestros profesionales de la sanidad podrían luchar contra el coronavirus protegidos como el que más.

 

Lo que pasa es que raras veces pensamos que el 47 % de los 80 millones de euros que se invirtieron en compras de este tipo están siendo discutidos en diferentes procedimientos judiciales y que ahora el Gobierno canario espera explicaciones “más contundentes” del PSOE sobre los diferentes casos que se investigan relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia.

 

Todo esto, referido a los tres casos que han salpicado al Archipiélago recientemente: el caso mascarillas, el de Koldo García, ex asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el caso Damco. Todos relacionados con la contratación pública de suministro de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.

 

Ahora mismo faltan, como dice el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, explicaciones “contundentes” de los gestores anteriores, que eran los que estaban en la Consejería de Sanidad y del Servicio Canario de la Salud y en la Presidencia del Gobierno, que en ese momento era Ángel Víctor Torres.

 

Nos faltan argumentos de peso para saber qué pasaba. Si es verdad que Koldo García, el hombre para todo del entonces ministro, logró mayor cuota de persuasión con una llamada. ¿A quién? ¿Le dijo que llamaba en nombre del entonces ministro que además era el secretario de organización del PSOE? Insisto en que eran días muy difíciles para encontrar las mercancías en un mercado tan lejano como el chino, pero eso no quita para que los cubrebocas se pagaran a un precio exorbitado o para que nos cobraran lo que ellos decían sin más.

 

Si eso es así, ¿a quién les llamaba para “convencerlos” de que eran una posible opción? ¿Quién era el bueno: el que se embostaba o el que lograba la partida de marras? ¿Se trataba de traer ese material sin mirar lo que nos costaba o había que poner alguna objeción?

 

Como verán son muchas las preguntas que ahora mismo están en el aire. Y eso trae como consecuencia de que hace falta mucha transparencia para tratar de que pensemos en otras cosas. ¿Es esta una cuestión del ámbito de los partidos, o se puede hacer en el Parlamento o en esa comisión de investigación recién creada?

 

Sé que ahora mismo están digitalizando todos los expedientes y que se echan en falta algunas explicaciones más contundentes por parte de los anteriores gestores, en especial socialistas, pero ya la sombra de que todo esto se hizo sin demasiado control y que muchas respuestas están en el aire. Yo solo espero que la contestación de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma sea más clara de lo que en este momento se sabe.

 

Que la intervención nos diga si se hizo bien, mal o si hay puntos oscuros que tendrían más que ver con la intervención de una “llamada” oportuna de la persona en cuestión hacia alguien en Canarias. Sin embargo, todo esto nos está haciendo mucho daño a todos, entre otras cosas porque son más de 40 millones de todos nosotros, los que abonamos por los impuestos y que ahora mismo están en las cuentas corrientes o en pisos y apartamentos de los que componían esa red.

 

Lo que se va sabiendo no nos trae tranquilidad, sino todo lo contrario. Sabemos que en el pre-informe de fiscalización del gasto sanitario que elaboró la Audiencia de Cuentas de Canarias se analizaron los precios abonados y se advirtió de las notables diferencias en función de cuál fuera el proveedor. Ahora ya se sabe que muchos de ellos utilizaban los sobreprecios para pagar a los intermediarios de la operación.

 

En mayo de 2022, ese documento, que se rechazó en el pleno de la Audiencia siguiendo indicaciones del Pacto de las Flores, detectó diferencias de siete euros en el caso de las mascarillas FFP2, todo ello en un periodo comprendido entre marzo y julio de 2020. Con las mascarillas quirúrgicas, entre el 27 de marzo de 2020 y el 30 de abril de ese año, las diferencias alcanzaron un euro. No obstante, en el caso de los

tapabocas N95 y KN95, entre abril y julio de 2020 la fluctuación de precios abonados por el Servicio Canario de Salud fue de tres euros y la del suero antiséptico de las manos, las diferencias entre abril y julio llegaron a 8 euros. ¿Quieren hacer la multiplicación? Ya verán cómo les sale una cifra millonaria y de dónde sacaban los intermediarios su tajada.

 

Por aquel entonces la Audiencia de Cuentas ya advertía de la crítica situación que se vivía y de su impacto en los mercados. Hay un párrafo que lo describe con mucha exactitud y dice que: “El aumento exponencial de la demanda mundial de material sanitario, así como la escasez de productos imprescindibles para prevenir o combatir los efectos causados en la salud de la población provocada por la covid-19, ante la imperiosa necesidad de solventar los problemas derivados de dicha situación, motivó que, en ocasiones, la calidad del material sanitario (…) fuese inferior a la requerida habitualmente o que los precios de los productos a adquirir fuesen muy superiores a los del mercado en condiciones normales (…) Respecto a la eficiencia del gasto, no es factible su valoración en una situación de crisis sanitaria como la vivida, que generó para estas compras un mercado distorsionado de tiempos, precios y productos”. Pero ¿estábamos en aquellos momentos dispuestos a hacernos las preguntas pertinentes?

 

Ni las hicimos ni estábamos preparados para que unos pocos estuvieran llenándose los bolsillos con euros. Decían que lo que traían eran seguridad para los que estaban en primera línea de la batalla contra una enfermedad o que estaban protegiendo a unas personas que vivían, o viven, en unas residencias, en contacto con otras personas que podían desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, no correspondía preguntarse el “¿a cuánto la mascarilla?”, y esa demanda es que la que nos ha llevado a esta situación.

 

Primero fue el caso mascarillas, con cuatro millones que le dimos a una serie de personas y que nunca nos trajeron el material solicitado y cuando lo trajeron eran tan burdas que la propia Autoridad Portuaria las destruyó. Ahora, con el caso Koldo García, nos han vuelto a tomar el pelo y otras cosas y ha estallado por la detención de esa persona y de unos cuantos más.

 

Un tema que se soltó en unos juzgados y que ya ha puesto en entredicho una gestión que nos pareció ejemplar y que ahora se desvela que sirvió para “distraer” hasta casi 40 millones de euros. Como el timo del “tocomocho”, pero a lo bestia y además utilizando el nombre de algunos que detentaban poder. ¿Ese manejo se consentía, o se conocía, o se actuaba por una ciudadanía desarmada? Esa es la cuestión que hay que esclarecer.

 

La codicia de unos pocos será la piedra de toque en la que otros han tropezado. Nunca pensaron que este tipo de cosas salieran a la luz y que supusiera la losa en la que se ha convertido para ellos, su grupo parlamentario y las siglas de su partido. Hay cosas que los ciudadanos no perdonamos y es que se juegue o se regalen las cosas de comer y sobre todo en una región como la nuestra en la que mucha gente lo pasa mal. No puede ser así y que la cosa quede impune.

 

Es posible que este asunto le cueste a Ángel Víctor Torres algo más que el Ministerio y que sea una persona que para muchos ha perdido la áurea que hasta ahora tenía. No va a ser lo mismo y los socialistas tendrán que volver a pasar por un desierto, por lo que ya transitaron en el pasado, porque tendrán que volver a ilusionar a los suyos y a los extraños con una figura que esté impoluta en eso de gestionar el dinero de todos. ¿Tendremos con esto CC y PP para rato? Depende de cómo la veamos.

 

La fama que le ha ido creciendo a Ángel Víctor es la de un dirigente pasivo con los suyos, los socialistas, y muy activo con los contrarios. Por ejemplo, con las transferencias de Costas, cuestión ésta que hemos visto que estaban más en el Gobierno Central que en Canarias. Y una prueba de esto es el dictamen del Ministerio de Transición Ecológica para que se derribe la instalación de un hotel que está en las dunas de Corralejo y cuya concesión está caducada. ¿Es cierto que esa competencia es de Canarias o del Gobierno Central? ¿Quién puede dar esa orden? ¿Cuánto tiempo dura el proceso judicial que ahora comenzará? ¿Podrá mientras la empresa en cuestión seguir arrendando sus habitaciones?

 

Ángel Víctor Torres ha sido muy condescendiente en la materia de luchar por algunas competencias de Canarias y ahora está amparando unos argumentos con la amnistía que no le ayudan para nada en la imagen que algunos tenían de él.

 

Habrá que ver cómo acaban estos episodios, pero no tienen buena pinta. Los nombres que están en liza son Salvador Illa, catalán, y en su partido confían en que puede parar el auge de los que propugnan el separatismo. Francine Armengol, que es la tercera autoridad del Estado español y que nunca ha caído en un asunto de corrupción, porque para eso necesitaría ser reprobada por un amplio espectro político, y eso no parece que vaya a darse. Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE y uno de los baluartes de Pedro Sánchez para negociar con Puigdemont, con lo cual no parece tampoco que lo dejen caer. ¿Quién tiene todas las papeletas para ser abatido y que sea una pieza que cobrar por la oposición? Ustedes mismos con la respuesta.

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

Islas Canarias, 2 de marzo de 2024