EL MONÓLOGO / 229
Mucha emergencia y poca urgencia

Por Pepe Moreno *

 

 

El Gobierno de Canarias nos ha puesto a todos en estado de emergencia habitacional, energética, humanitaria y hasta hídrica. Estamos en aprietos en esas materias, pero parece que las cosas de palacio van siempre despacio. No hay por qué alarmarse y se trabaja con la tranquilidad que da la política, que de todas formas se vota cada cuatro años y no conviene -dicen los políticos- solucionarlo todo en el primer año de mandato, que luego se olvida y hay que buscar nuevas cosas con las que entretener a los ciudadanos.

 

Estamos en emergencia habitacional, es decir, que faltan casas. No tenemos para que todos los que están buscando, para los que tengan necesidad de contar con un techo bajo el que cobijarse, o que dé respuesta a las demandas de las familias que atraviesan situaciones socioeconómicas y de su entorno, agudizadas por condiciones, de compra o alquiler, precarias, pero que necesitan una respuesta urgente.

 

Lo que pasa es que la pachorra se ha instalado entre los que tienen que gobernar y no lo arreglan de forma rápida, entre otras cosas, porque ni saben ni pueden. Faltan casas, los que andan buscando las necesitan casi ya, pero nuestro Gobierno, el canario, es de los que han ejecutado menos fondos provenientes del Plan Estatal. Hasta ahora ha gastado 17,19 millones de euros, pero ha recibido 81,2 millones, por lo que el porcentaje de ayudas sin justificar asciende al 78,82 %, según un informe publicado recientemente por el Tribunal de Cuentas.

 

Todo esto, lo de las ayudas sin justificar, es clave para combatir la indiscutible crisis que están soportando todos, sobre todo las clases más desfavorecidas, y no hay casas para nadie: ni para los que tienen un trabajo, ni para los estudiantes, ni para los inmigrantes que ya no están en centros de acogidas, ni para los jóvenes que quieren emanciparse, ni para los traslados de un municipio o una vertiente a otra. Nadie encuentra nada. Y aquí están incluidas las ayudas dedicadas al alquiler, a la construcción y rehabilitación de casas y el apoyo a personas desahuciadas, entre otras cosas.

 

Somos la región que sale peor parada. El grado de ejecución apenas llega al 21,18 %, lo que significa que está muy por debajo de la media nacional, que ahora está en el 61,55 %. La que mejor se sitúa es Cantabria, que tiene el 99,84 % de los fondos justificados, o de la denostada Catalunya que tiene el 97,75 %, o las islas Baleares, que ya han justificado el 94,54 % de las ayudas que han recibido.

 

El Gobierno Canario ha justificado lo de la “emergencia habitacional” precisamente por el escaso cumplimiento que hace de esos auxilios. Para que se hagan una idea, las Islas llevan desde enero de 2022 sin terminar la construcción de una Vivienda de Protección Oficial (VPO), pensadas para acoger a las personas más vulnerables. Entre 2018 y 2023, solo han edificado 268, según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

 

Y luego nos dicen que están pensando en todos nosotros, pero la realidad es que en Canarias solemos protagonizar, mes a mes, los incrementos del valor del metro cuadrado más acentuados y encontrar un alquiler asequible es misión imposible para la mayoría de los residentes, estrangulados por la extensiva presencia del alquiler turístico y la exigua oferta.

 

Es nuestro octavo problema, por detrás del paro, la inmigración y la crisis económica, que ocupan los tres primeros puestos. El Ejecutivo regional, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), ha intentado responder a esta crisis mediante dos decretos: uno que facilita la construcción de viviendas, tanto de régimen publicado como privado, pero que no contempla medidas urgentes, advirtieron expertos; y otro que pretende regular el alquiler vacacional, aunque permite prácticamente doblar la oferta actual de pisos turísticos (alrededor de 60.000), causante ya de problemas de gentrificación y turistificación en las localidades canarias.

 

¿Y qué ha hecho nuestro Gobierno Canario? Convalidar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que contempla una serie de reglas que están muy bien, en el papel, pero que serán difíciles de llevar a la práctica. Y todo eso porque hay más de 25.000 licencias que están a la espera de tramitarse y porque nadie se pone de acuerdo en que esta sea la solución que necesitamos ahora mismo, que es la urgencia.

 

Han propuesto de todo y más bien son ocurrencias. Han presentado que sea la iniciativa privada la que se haga cargo de todo, que se pueda construir en cualquier parte municipal, sin contar con los ayuntamientos… y un largo etcétera que hace que todavía estemos hablando de este asunto y la gente desesperada por encontrar piso o casa. En La Palma no hay casas. Entre las que se llevó el volcán, las que se dedican al alquiler vacacional, las de nuevas promociones o el precio, no hay quien las consiga.

 

Ya les hablé el otro día de un empresario del Norte de Tenerife que estaba esperando, desde hace tiempo, por una licencia de ocupación de una promoción de viviendas que había construido en Icod de los Vinos. Me lo encontré en un aeropuerto y me dijo que no era la única que esperaba por la “burocracia” para poderlas usar. Y luego hablan de buscar medidas para solventar este tema.

 

Sin embargo, hay más emergencias, como la humanitaria, esa que llevó ayer a que se vieran las caras los presidentes de España, Pedro Sánchez, y de Canarias, Fernando Clavijo. Lo único que acordaron es que el primero dará 50 millones de euros para que los menores no acompañados se queden en Canarias, pero que no lo repartirá por las otras comunidades por decreto. Es decir, todo se ha reducido a un interés monetario. Ustedes se quedan con el problema por un dinero que ya el Ejecutivo de Sánchez trasferirá. En eso se han quedado las expectativas de un encuentro que ha servido de conversación y de titular durante todo el verano.

 

El presidente y su familia escogieron Lanzarote para su descanso, se vio con Salvador Illa y con Marlaska, que también vino a la isla conejera, y con José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene casa, y “despreció” reunirse con Clavijo. Ese era el titular y ahora, cuando se ha producido el encuentro, todo se resume a una cantidad de dinero para que se acojan a los menores.

 

Estarán contentas las ONG que de esta manera ven sus ingresos asegurados. No hay sitios para acogerlos, no hay pisos en los que pernoctar, no han planificado como prepararlos para el futuro laboral, no hay nada de nada, pero nos darán los 50 kilos que han prometido para que se queden aquí. Es la misma partida que había en 2022 y 2023, por eso Clavijo ha solicitado un aumento sustancial, toda vez que los inmigrantes menores desamparados suponen para las arcas isleñas 14 millones de euros al mes, 2,5 millones de euros mensuales solo en atención sanitaria.

 

 

No nos sirve, a los que estamos en estas islas, que nos digan que este es un drama humanitario y no se trata de un problema político o territorial. Se trata de un problema de país, por lo que todas las instituciones españolas, tienen que dar una respuesta unánime y coordinada para evitar que Canarias afronte en solitario el haberse convertido en la puerta de entrada hacia Europa.

 

Hay otra emergencia, la referida al asunto energético, ese que debería modernizar las actuales estructuras que transporta las energías que hacen posible que todo funcione, la eléctrica. Quieren eliminar los posibles “ceros” que se pueden producir en nuestras islas y tampoco en ese asunto avanzan con celeridad. Hay islas, como El Hierro, que deberían estar ya en otro estadio. Fabrican la electricidad de forma sostenible, con Gorona del viento, pero todavía los combustibles fósiles son los que imperan. Para que se hagan una idea, hasta el pasado día 8 de julio no se celebró la primera comisión técnica para avanzar en la ejecución del concurso de emergencia energética. ¿Vamos o no retrasados?

 

Recordemos que fue en octubre de 2023 cuando en el Parlamento de Canarias se aprobó la declaración de emergencia energética y que el documento aprobado por sus señorías consta de 14 acuerdos, de los que media decena comienzan con el verbo “instar”, dos con “encomendar” y uno con “solicitar”. Un documento de siete páginas en los que se recogen las medidas temporales necesarias para garantizar el suministro eléctrico “en el corto plazo” en las Islas, un periodo aun sin precisar y que podría alargarse más allá de un lustro.

 

De momento tenemos un déficit de 120 megavatios (MW) en Gran Canaria, 80 en Tenerife y 30 en Fuerteventura. Recordemos que ya se han producido ceros energéticos recientes y que podría haber incluso más con el paso de los años, ya que cerca de la mitad de los grupos de generación de electricidad de las centrales térmicas de Canarias superó su vida útil antes de 2020. Estamos a la espera y el tiempo nos dice que no debemos esperar mucho más.

 

Hemos pasado un verano con el corazón encogido, por no decir otra parte del cuerpo, ante lo que podría haber sido otro cero que nos podría haber llevado a la oscuridad total, con todo lo que conlleva; ni terminales para cobrar, ni para cargar los terminales, ni para despachar combustibles y una larga lista de cosas que no podríamos hacer. Ver lo que se produjo en los aeropuertos europeos por un fallo informático que aquí se agravaría por la falta de corriente en una isla que tardaría más aún en recuperar la normalidad.

 

Y tenemos una emergencia hídrica que nos está afectando a todos, pero que solo se ha decretado, de momento, en Tenerife. El principal causante es la sequía, pero ¿han visto que hayan hecho algo, que hayan comenzado con alguna campaña? Nada. Si me apuran unas cuñas en las emisoras de radio y poco más.

 

El sector primario, los agricultores, son los primeros damnificados por esta medida, o las fiestas del agua en algunos municipios, pero poco más. Ni vigilan si se están llenando las piscinas particulares, ni han controlado el consumo medio de los municipios, ni han hecho nada que no sea alegar por una situación en la que todos somos conscientes, pero en la que parece que no se hace nada.

 

Parecía que las emergencias servían para otra cosa, sin embargo, a lo expuesto en estas líneas sirven para que hablemos de ellas y las autoridades no hagan gran cosa. Ni se toman medidas específicas ni lo notamos la ciudadanía en demasía. Hay una crisis humanitaria con la llegada de personas que vienen buscando una forma de vivir y de trabajar diferente a la que se encuentran en sus países de origen. ¿Y qué hacen con esto? Nada.

 

Buscamos una casa para cobijarnos y no la encontramos, pero ¿qué hacen para minimizarla? Hablar, aprobar decretos y esperar que el tiempo se lo resuelva cuando la urgencia la tenemos ahora.

 

Y así podríamos seguir con la emergencia hídrica, en la que ya hay ayuntamientos que reparten entre sus vecinos camiones cisterna o garrafas de agua, porque son conscientes de que no pueden contratar ese servicio en otras compañías más que en las que se ofrecen desde los consistorios. O con las carreteras, que en esta isla se eternizan como si tuvieran todo el tiempo del mundo.

 

La nueva carretera de Las Chafiras, se presentó en 2019 y aún no se ha terminado. Como dice mi amigo José Fernando, es como si nos hubiera mirado un tuerto. No es así. Como dice Luis, otro amigo, lo que pasa es que a nadie le interesa adjudicar y vigilar que se cumplen los plazos, porque, como él dice, “no tienen por qué hacerlo, van a cobrar igual”.

 

Por eso vamos tan atrasados en todos estos temas, en lo hídrico, en lo energético, en lo humanitario, en lo energético o en el saneamiento, del que les hablaré otro día, pero que pone de manifiesto que, por un lado, van las emergencias y por otro las urgencias. Si no fuera así, otro galle nos cantaría. Seguro.

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 24 de agosto de 2024