EL MONÓLOGO / 230
El cuento de nunca acabar

 Por Pepe Moreno *

 

 

Estamos en las postrimerías del verano, que casi se acaba para la mayoría, y el comienzo de una nueva temporada, para los que trabajan y para los que no. Estamos ya ante la primera semana del nuevo mes y parece que el mundo empieza de nuevo. Se nos queda atrás eso que llamaban “ferroagosto” y que eran la escasez de noticias de relevancia, lo de la serpiente de verano, las noticias falsas que nos han alimentado y el sacar reseñas informativas de cosas sin importancia para que parezca que las tenga.

 

Eso ha sido agosto y que nos ha traído noticias calladas. Por ejemplo, la pasta enorme que se llevan las Organizaciones No Gubernamentales, las ONG, que atienden a los inmigrantes, sean mayores o menores. Se llevan millones de euros en los contratos que el Ejecutivo autonómico adjudica a las ONG para la gestión de las instalaciones de atención.

 

Según he leído en algunos medios, el gasto total desde noviembre hasta la actualidad asciende a 16,68 millones, según las licitaciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Unas cantidades que no siempre se traduce en una acogida digna. En el Archipiélago se acumulan las denuncias por hacinamiento, malos tratos o desprotección infantil, y la tramitación de las adjudicaciones por emergencia obstaculiza los controles y la fiscalización de los fondos.

 

Nuestro Gobierno, el canario, lleva varios años haciendo que el procedimiento de urgencia sea el más utilizado, saltándose algunos preceptos de la Ley de Contratación Pública como son las catástrofes, las situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. Ninguno de esos supuestos se da, pero se permite que de esta forma se externalice, o se privatice, la administración de los centros.

 

Este es un sistema excepcional que permite dar contratos a dedo prácticamente descolgando el teléfono, sin abrir expediente y con muy pocos controles y transparencia. Canarias lleva empleando esta fórmula para contratar a asociaciones y que estas se encarguen de la tutela de los menores migrantes desde 2019, incluso antes de la crisis de acogida.

 

La ONG que gestiona, por ejemplo, el dispositivo que hay en Hoya Fría, que ha recibido más de un millón y medio de euros. Entre los requisitos que tenía que cumplir están el alojamiento y la manutención, el apoyo para la elaboración de su proyecto de vida, enseñar español, favorecer la autonomía y facilitar a los niños y adolescentes espacios seguros. Sin embargo, eso, nada de eso se cumple, a tenor de las declaraciones de algunos de ellos que cuentan que han aprendido el idioma por su cuenta, que no hablan, casi nunca, con sus educadores y que duermen hacinados entre cientos de menores.

 

Es como si las carencias de recursos las estuviéramos notando en la cantidad de jóvenes que deambulan en nuestro entorno y que no tienen otra cosa que hacer que pedir limosna, que es lo primero que hacen. Ni se invierte dinero en su mantenimiento, ni se les da una formación para que puedan desarrollarse en el futuro, cuando obtengan la mayoría de edad, ni se les prepara para el futuro que ha propuesto Pedro Sánchez en su periplo africano. Es decir, ni trabajan, ni se les deja, ni se preparan para cotizar, ni pueden hacerlo porque no disponen de los papeles necesarios.

 

El presidente del Gobierno, el irregular Pedro Sánchez, ha prometido en su reciente viaje a varios países africanos, en una gira, casi inaugurar el curso político, eso de la migración regular y circular. Y ha ofrecido nada menos que 250.000 empleos al año por esta vía como incentivo para frenar la inmigración irregular. Un asunto que ya da más que hablar que la sentencia del hijo de Sancho.

 

Porque ¿qué hacemos con los parados españoles de larga duración, aquellos que llevan más de un año en las listas del desempleo y que, ahora mismo, suman más de 1,1 millones de personas? De eso no habla Sánchez y debería ser una prioridad y las oficinas del SEPE más efectivas o que las políticas activas sean más positivas. La migración tiene que ser solo supletoria en sectores donde no hay suficientes trabajadores.

 

Tenemos también al sector agrícola, especialmente dependiente de los trabajadores migrantes, que celebra la medida anunciada con que las palabras se traduzcan en hechos y que se pongan en marcha estos flujos migratorios «lo antes posible». O la construcción, que sufre la necesidad de mano de obra y problemas de vacantes, que ahora mismo está cifrado en la necesidad de contratar a más de 700.000 personas, la misma cantidad de inmigrantes irregulares. ¿Debe ser esta la técnica para facilitar y agilizar la contratación de extranjeros? Dicen los expertos que no es la solución definitiva, pero sí la que puede paliar estas necesidades a corto plazo.

 

La gira africana del presidente y su séquito, entre los que estaban los presidentes de las Cámaras de Comercio canarios, estaba pensada para disuadir la llegada de nuevos inmigrantes, no para estimularla o para prometer, sin mayor concreción, el retorno de quienes una vez asentados en España son difícilmente expulsables. No olvidemos que son los principales países de los que salen los cayucos que llegan hasta Canarias, especialmente a la isla de El Hierro, y que lo que buscan es garantizarse el futuro, lo mismo que miles de ciudadanos en España.

 

Podría añadir que igual de desacertada es la elección del momento para estos anuncios, en mitad de una auténtica emergencia migratoria. Sánchez visitaba Mauritania y Gambia para intentar atajar una crisis, no para promover un aumento de la inmigración. ¿A qué se debe ese giro de guion súbito que ha cogido a contrapié a las comunidades que sufren las consecuencias de una inmigración ilegal que se ha multiplicado con su gobierno?

 

Un mantra, es decir, una cosa que se repite sin que tengan demasiada base, es que el inmigrante roba los empleos, y no hay base científica que apoye este asunto. Bien es cierto que hay una serie de derechos laborales que los trabajadores nacionales dan por sentado, pero la población migrante de países menos desarrollados no los mira con tanta atención y ocupa esos puestos. Los inmigrantes no roban empleos, sino que conquistan esas vacantes.

 

Pero es que, en un escenario con restricciones de trabajadores, es probable que las empresas hubiesen tenido que competir para cubrir sus vacantes y aumentar la inversión para mejorar la productividad de sus empleados. De hecho, los inmigrantes desplazan en algunos sectores a la mano de obra nacional que exige mejores condiciones laborales.

 

De esta forma, se genera un efecto adverso de la incorporación de mano de obra foránea que ya está provocando un malestar social. De ahí que las ganancias de empleo no sean, por sí mismas, suficientes para mejorar la calidad de vida de la población. Ahora mismo, ya es necesario elevar la producción y la remuneración per cápita para que la sociedad perciba avances reales de la economía y no meras cifras macroeconómicas.

 

Si este aspecto no se incorpora al diseño de la gestión migratoria, los efectos positivos que tienen estos flujos para el país quedarán opacados por el malestar de una parte de la población local. De este modo, ya tenemos el clima perfecto para sembrar el odio y el mal ambiente sobre unas gentes que llega aquí para buscarse otro futuro y unas condiciones diferentes a las que tienen en sus países de origen.

 

No se trata solo de una cuestión económica, sino también cultural y por eso cuando un país desarrollado construye, por ejemplo, una escuela en una zona perdida de África está educando a jóvenes que acabarán siendo más propensos a intentar un futuro lejos de allí. Nunca, al contrario. Por eso, los agitadores profesionales, esos que conviven en las redes sociales, demuestran que no entienden nada del mundo en el que viven cuando denuncian que los inmigrantes desembarcan o cruzan la frontera con teléfonos móviles y vistiendo ropas occidentales. Son precisamente esos muchachos, los que ven un reflejo de nuestra sociedad a través de sus pantallas, los que más ganas tienen de dar el salto.

 

Y es a partir de ese momento en el que la gente se escolariza, escucha la radio, mira la televisión, consulta internet, consigue móviles, se expone a la publicidad, contacta con visitantes y turistas extranjeros y empieza a viajar y ensancha sus horizontes mentales. De esa manera emigran a lugares donde hay familia, paisanos, ejemplos a los que seguir y que en muchos casos financian su viaje.

 

Esa regla funciona hasta que se alcanza un nivel de renta y desarrollo determinado. Luego hay un punto de equilibrio a partir del cual los países dejan de ser emisores netos de migrantes y se convierten en receptores. España llevó a cabo esa transición migratoria entre finales de los ochenta y principios de los noventa.

 

Pero aquí la situación es diferente. Los migrantes mayores de edad se trasladan a la Península, en principio para ser repatriados, salvo que cumplan los requisitos para solicitar asilo, pero los menores tienen que ser asistidos en las mismas condiciones que los niños nacidos en territorio español.

 

Ese fue el argumento principal entre Clavijo y Sánchez en La Palma. Pero Pedro Sánchez se sacó del magín eso de dar a la Comunidad Autónoma los 50 millones de euros para asistir a los que no han cumplido los 18 años y que se afane en pedirle al PP que apoye la reforma de la Ley de Extranjería.

 

Ahora mismo hay 5.200 menores inmigrantes no acompañados alojados en condiciones de hacinamiento en los 81 recursos existentes en las islas. Diez de esas organizaciones que los gestionan han expresado su hartazgo ante “la falta de respuesta” por parte de la Unión Europea y de España.

 

Cada quincena, el Ministerio de Interior publica su informe sobre inmigración irregular, sin especificar la edad de los recién llegados. La alarma lleva desbocada desde enero: 7.270 personas cruzaron el Atlántico rumbo a las islas, lo que representaba un 1.184 % más que en los primeros 30 días del año anterior (566). En tan solo cuatro semanas, más migrantes que en los seis primeros meses de 2023 (5.914). En cualquiera de las estimaciones, Canarias registra un récord histórico.

 

Si ponemos el foco en El Hierro, debemos tener en cuenta que, en el 2023, la presión migratoria en este islote superó el número de censados (11.659). Solo entre mayo y diciembre del pasado año, llegaron 14.951 subsaharianos. El presente no hace, sino empeorar el horizonte. Solo en los últimos tres días, 540 migrantes arribaron a su puerto en cinco cayucos diferentes. Para que se hagan una idea, como si llegaran en ocho aviones Binter.

 

El drama humanitario se podría ver empeorado en la época de mar en calma, una vez finalizado el verano, cuando la navegación por el Atlántico acostumbra a ser más estable. Entonces, ¿estamos o no abandonados?

 

Fernando Clavijo está buscando soluciones como aliarse con el presidente de Ceuta, lugar que tiene capacidad para menos de cien menores y ya han llegado más de seiscientos. Podríamos decir que la UE nos ha abandonado, a Ceuta y a Canarias y que el Gobierno Central, con Pedro Sánchez a la cabeza, solo promete dinero para que esos menores se queden aquí. A las pruebas me remito. En la reciente cumbre palmera únicamente salió la cuestión económica, que fue lo que trascendió.

 

¿Es tiempo de que nuestros gobernantes se pongan más duros? ¿Cómo? Los catalanes, con sus votos y lo que dependen de ellos, han logrado retorcerle el brazo al Estado, en la cuestión económica e incluso con la inmigración, pero nosotros no podemos hacerlo sin perjudicar a esos pequeños, pero algo habrá que hacer. ¿Será que nos faltan representantes políticos en el Congreso de los Diputados?

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 31 de agosto de 2024