EL MONÓLOGO / 243
La Constitución, un texto a repensar

Por Pepe Moreno *

 

 

Este fin de semana quería escribir de la reunión que el jueves tuvo lugar en Madrid entre el Gobierno Central, el PSOE, el PP y las Comunidades Autónomas de Canarias y Ceuta y que, como ustedes ya saben se acabó sin resultados positivos para el reparto de los menores no acompañados. El Partido Popular aceptó el chantaje de VOX de aprobarles las cuentas de las Comunidades en las que cogobiernan ambos. No quiso explicarlo así. Buscaron otra excusa como que los socialistas solo aceptan sus postulados y no los de los populares.

 

Ellos, que son cobardes, ya que no abrió la boca el líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, dijeron lo que les dio la gana para justificar su negativa. Saben que Fernando Clavijo, de momento, no va a prescindir de ellos. Pero todo se andará. El PP no puede decir esas cosas, ni actuar de ese modo, porque está haciendo política con unos menores, pero la amenaza de la ultraderecha tuvo su efecto. La semana que viene me ocuparé de este asunto, porque sucederán cosas estos días. Ya verán.

 

Entonces hoy escribiré sobre el día de la Constitución, que fue ayer y fue fiesta en todo el territorio nacional, con el que comienza un largo puente, que este año será menor porque el día 8, fiesta de la Inmaculada Concepción, cae en domingo y parece que las fiestas religiosas no tienen al día siguiente el carácter de feriado. Ayer se conmemoraba un referéndum en el que participó mucha gente, allá por 1978, y que se hizo bajo la pregunta de “¿Aprueba el Proyecto de Constitución?”.

 

El “sí” fue respaldado por más del 88 % del electorado que apoyó una propuesta que dejaba atrás los años de dictadura y falta de libertades. El entonces rey, hoy Emérito, Juan Carlos I, como jefe del Estado, la sancionó, que era una manera de darle carácter oficial, y la promulgó el 27 de diciembre, aunque no se publicó en el BOE hasta el 29 de diciembre, para evitar así el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, con su tradición de bromas e ironías incluso en la prensa y medios de comunicación en España.

 

El Día de la Constitución no se declaró festivo nacional hasta 1983. Hay muchas frases para conmemorar este día, desde aquella inserta en una canción de Joan Manuel Serrat que decía “nada tienes que temer, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda” o aquella otra del poeta, historiador y político inglés Thomas Macaulay que decía que “una buena Constitución es infinitamente mejor que el mejor déspota”. Como dije antes, hay muchas cosas que recoge esa Ley de leyes, ¿pero todas están vigentes hoy?

 

El periodo de discusión de nuestra Constitución fue muy confuso, sobre todo tras la muerte del dictador Franco, porque estaba lleno de baches y de desencuentros entre los líderes de la izquierda y de la derecha, -lo que entonces se conocía por los extremos, con un partido de centro que intentaba no mojarse en nada- por lo que tenía que recoger aquel texto.

 

Tenía que ser tan ambiguo como claro a la hora de abordar algunas cuestiones. Hoy está en discusión el derecho al trabajo o a una vivienda. Incluso la forma de gobernarnos, con una monarquía parlamentaria que algunos discuten por la forma en la que se ha ejercido, o por los desmanes de unos dirigentes que han hecho de su capa un sayo en el que envolver sus miserias para que no las veamos los demás.

 

De aquella sociedad en la que destacó el verbo consenso, hoy nace la crispación que nos traen desde esa nueva barra de bar que son las redes sociales y las “fakes”. Se han prodigado en el nuevo universo mediático y nos llevan a un cambio de pensamiento en conceptos que antes eran de siempre y que hoy están en entredicho.

 

Era impensable hablar de algunas o exponer algunas concepciones que hoy están, gracias a Dios, mucho más en consonancia con los tiempos que corren y porque no es lo mismo un texto concebido en las postrimerías del siglo XX que ahora que ya hemos consumido el primer cuarto del XXI. Hay cosas que han cambiado, ¿pero por ello tenemos que hacerlo con una Carta Magna que nos acoge a todos?

 

Como decía antes, se han producido una serie de acontecimientos históricos y políticos propios de un Estado social y democrático de derecho que han cambiado la esencia de la sociedad en la que vivimos actualmente. Somos muy diferentes, como sociedad, muy desiguales a cómo se inició esto de la democracia. Un ejemplo lo tenemos en eso de la igualdad de la mujer en todas las esferas y que hoy está en el centro del debate político y social.

 

Y en este sentido, muchos actores políticos y sociales reclaman una renovación de la Constitución española en el artículo 57, el de la sucesión de la Corona, porque se indica que “la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”. Por eso fue el rey Felipe VI y no sus hermanas, que son mayores, y hoy se trata de una discriminación no acorde con los tiempos actuales.

 

Algunos discuten si es la monarquía la forma mejor y se olvidan de que un presidente de la República también tiene asignación o que podría ser de un partido diferente a que nos gobierne. También debaten sobre si la princesa Leonor de Borbón es la mejor heredera del trono de España y, por tanto, de la jefatura del Estado, al no tener hermanos varones, tiene ese derecho dinástico y constitucional. Con motivo de su mayoría de edad, la princesa Leonor de Borbón juró la Constitución el pasado 31 de octubre de 2023. Leonor de Borbón tiene primero el reto de reinar, pero al mismo tiempo representa un ejemplo, tanto para los jóvenes como para el resto de los españoles, en el objetivo de lograr una sociedad en la que las mujeres alcancen la igualdad en todos los ámbitos.

 

Es una discusión y desde luego daría para muchísimo debate, entre otras cosas, porque entre los lectores de esta plataforma puede haber de todo, de los que quieren que todo siga igual a los que dicen, y escriben, que hay que adaptar esa normativa a los tiempos actuales.

 

Nuestra Constitución ya ha sido reformada en tres ocasiones, y, por lo tanto, no es un texto inmutable. En 1992 se modificó el artículo 13.2 para permitir a ciudadanos de la Unión Europea votar y ser elegidos en elecciones municipales, en cumplimiento del Tratado de Maastricht. En 2011, se modificó lo que decía el artículo 135 para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, en respuesta a la crisis económica.

 

Y este mismo año, 2024, se actualizó el artículo 49 para sustituir el término “disminuido” por “personas con discapacidad”. Esto, en línea con un lenguaje más respetuoso y acorde a los derechos humanos, que ahora imperan. En todas las reformas se emplearon procedimientos ordinarios y no fue necesario convocar referéndum.

 

Para aquellos que no lo sepan, está redactada originalmente en español, pero se establece que otras lenguas, como el catalán, el gallego y el euskera, son también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Esto viene a reconocer el carácter plural del Estado español. Consta de un preámbulo, 169 artículos distribuidos en un título preliminar y diez títulos más, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

 

Destaca el artículo 1, que define a España como un estado social y democrático de derecho, el 56, que regula el papel de la monarquía, y que algunos debaten hoy si debiera recoger otras formas como la República y el artículo 132, el más extenso, que aborda los bienes de dominio público.

 

Estamos en que hoy una mayoría que está a favor de una reforma de la Constitución y otra parte de nuestra sociedad que dice que mejor dejemos las cosas como están. Estoy con la mayoría, entre otras cosas, porque este país nuestro se parece poco a aquel que se convocó a las urnas en 1978 para que expresaran su opinión con un sí o un no. Hay cosas que, por ejemplo, dicen las entidades sociales, que propugnan una reforma para que “se defienda, proteja y promocione los derechos de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables, y se logre así un verdadero ‘Estado social’.

 

O los que promueven un reparto de la riqueza en la financiación autonómica, así como si hay que potenciar o no el concepto de plurinacionalidad. Eso acabaría, o no, con la organización territorial del Estado y “aclarar” el reparto competencial entre CCAA y Estado, ahora que está tan de moda con la DANA de Valencia y si es el Estado quien tenía que hacer valer su potestad en medio del caos que se estaba generando o la forma de actuar a posterior.

 

También ayudaría a clarificar la discusión sobre el conflicto soberanista catalán o vasco, porque es una expresión ambigua que reconoce la realidad plurinacional de España, para algunos; que simplemente da cuenta de la diversidad interna, para otros, o que genera equívocos y puede generar privilegios, para los más críticos. Precisamente, el hecho de que no se especificaran qué comunidades son una cosa o la otra también ha sido motivo de debate, especialmente porque en Catalunya y País Vasco siempre se ha aspirado a un mayor reconocimiento de su personalidad.

 

Este es un asunto que cuestionan algunos partidos como Vox. En el lado contrario, el Consejo de Estado sugirió en 2015 la posibilidad de reformar este artículo para enumerar las actuales 17 comunidades autónomas, lo que resultaría un modo de consolidar el sistema territorial. O el artículo 3, que fija el castellano como idioma oficial del Estado, pero también reconoce su diversidad lingüística.

 

El punto 3 ha sido especialmente controvertido porque desde los nacionalismos periféricos se defiende que la administración central nunca se ha esforzado en proteger lenguas como el catalán, el euskera o el gallego. Algunas voces de la izquierda también han defendido la necesidad de que el Estado desarrolle esta “protección” constitucional, promoviendo con mayor ahínco la enseñanza de las distintas lenguas en todo el territorio.

 

O el artículo 47, que dice que “todos tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

 

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos” y que entra en clara colisión como la falta de diligencia de los poderes públicos para garantizar derechos sociales, en este caso, el derecho a la vivienda. Cabe subrayar que se trata de un artículo poco o nada habitual en las constituciones europeas. Hay sectores que subrayan el alto grado de concreción del artículo, que llega a especificar que los poderes públicos deben regular el suelo para “impedir la especulación”, algo que no encajaría con la burbuja que afectó al sector inmobiliario en los años 2000.

 

O el 99.3 para elegir al presidente del Gobierno, que es el que dice eso de “si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple”. Ahora nos encontramos con una situación diferente porque el actual, Pedro Sánchez, es partidario de “actualizarlo” a unos tiempos de mayor fragmentación política y con el fin de evitar el bloqueo institucional.

 

Para ello, su apuesta es que a la investidura se presente más de un candidato, de manera que salga el que tenga más votos, sin que sea necesario, por lo tanto, una mayoría simple. Se trata, pues, de una reforma aparentemente sencilla que, sin embargo, no genera el consenso deseado, pero que deberá abordarse en un futuro próximo.

 

En definitiva, ayer se celebraba el Día de la Constitución. En esa fecha no solo se conmemora la aprobación de un documento clave para la democracia española, sino que también sirve como recordatorio de la importancia del diálogo, el consenso y el respeto a los derechos fundamentales, algo que parece que ahora, con el clima de confrontación política que vivimos, parece olvidado.

 

Ni se habla del reparto de menores, ni de cómo terminar con la escasez de viviendas, ni del trabajo para todos, ni que las cifras de mujeres muertas bajen de una vez por todas, que la educación sea para todos y que la justicia sea una y no de las tarjetas que tengas. Solo de esta manera tendrá lugar una celebración para todos.

  

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 7 de diciembre de 2024