EL MONÓLOGO / 241
Gestión en pausa

Por Pepe Moreno *

 

 

La semana pasada no escribí del cese de Guillermo Burillo en las Urgencias del Hospital Universitario de Canarias, el HUC, aunque ahora tienen ese apellido todos los centros clínicos del Archipiélago. Yo sé que han pasado muchas cosas. Que lo que le ha contado el comisionista Víctor de Adama al juez, para que lo pusiera en libertad, ha sido grande y notorio.

 

Es como si nos hubiésemos olvidado de que esa persona, el de Aldama, estaba en prisión por un asunto como el de los hidrocarburos por el que había ingresado más de 180 millones de euros, que se dice pronto. Estaba en el talego por miedo a que destruyera pruebas o las manipulara o se fugara. Ahora resulta que todo eso se olvida y que su palabra, sin pruebas, vale un potosí y que todo el mundo le hace caso.

 

¿Cómo hizo Víctor de Aldama ese dinero? ¿Le hizo falta tener “padrinos” en la administración para meterse en ese mundo? Nada de eso tiene respuestas y, desde el jueves por la tarde, estamos todos inmersos en una vorágine de dimes y diretes. Así tenemos los casi 400.000 euros que le entregó a Ábalos, exministro, los 300.000 que dice él que le dio a Koldo García, ex asesor, los 15.000 que cuenta que le entregó en un sobre frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid.

 

O los euros que cuenta que le pidieron para Ángel Víctor Torres y que se negó a dar “porque no soy el Banco de España” o los que le pidió el jefe de gabinete de la ministra Montero… y así podríamos seguir, son hoy, palabra del señor, dogmas, que nos tenemos que creer porque él lo dice.

 

Ya hay varias iniciativas judiciales en marcha. El PSOE canario ha asegurado que llevará a De Aldama a los tribunales por lo que ha dicho. Ahora hace falta que todo eso se materialice y no quede como una simple declaración de intenciones. Ayer algunos nos anunciaron que presentarán denuncias y demandas contra el comisionista, pero no sé si eso se sustanciará en algo.

 

De momento tenemos el anuncio y la voz de los que se comprometieron a ello. En las siguientes horas saldremos de dudas. Me mosquea mucho que no vaya a ser una demanda civil, sino que hablan de una querella. Y eso deja mucho que pensar.

 

Para que todos lo sepan, Aldama se presentó ante el magistrado Ismael Moreno con la intención de corroborar la investigación y lograr así tanto la libertad provisional —que obtuvo al final de la jornada— como, a largo plazo, una condena más benigna. Pedro Sánchez calificó lo dicho y declarado como una “inventada”, y el propio Aldama le respondió a la salida de la cárcel de Soto del Real con un lacónico: “Si quiere pruebas, las tendrá”. A la espera nos quedamos, para que la afirmación de que, entre todos, con nuestros impuestos, estamos financiando la corrupción, se convierta en un aserto.

 

Luego ha sido también la semana en la que hemos visto a CC votar a favor del paquete fiscal en el Congreso de los Diputados. Han explicado que el apoyo de CC depende de que el ejecutivo estatal no pierda de vista en su hoja de ruta el cumplimiento de la agenda canaria, pero eso, aparte del transporte gratuito en guaguas, tiene difícil digestión.

 

Ni siquiera la reforma de la Reserva de Inversiones Canarias, la conocida como RIC, para que se invierta en casas de alquiler, se tomó en consideración. ¿Cómo se le habrá quedado el cuerpo al Partido Popular viendo a sus socios en Canarias votando y dándole aire a los socialistas en Madrid? Ellos que tan partidarios son de aquello de que cuanto peor les vaya a las gentes de Pedro Sánchez, mejor para Feijóo y los suyos.

 

En la reforma fiscal que se votó ayer en el Congreso de los Diputados, se establece un tipo mínimo para las multinacionales, y se está a la espera de que se fije a un impuesto especial para las eléctricas, al tiempo que se regula el paquete fiscal del Gobierno. ¿Estamos en Canarias para que se les imponga un impuesto a las eléctricas?

 

Cuentan que, CC así, cumplen con el acuerdo que ya dieron en el pasado para la investidura de Pedro Sánchez y que recoge, como no podía ser de otra manera, la gestión de la migración en el archipiélago. Una medida que, como todos los lectores de estos renglones recordarán, sigue paralizada porque el PP pide unas cláusulas que, aunque algunas de ellas ya han sido cubiertas, surgen otras a las que no le han dado respuesta desde el lado socialista y eso les permite decir aquello de “… Sí, pero no”.

 

Es decir, que en su afán de seguir pidiendo no aprueban nada, pero parece que negocian. Lo cierto es que ya hay más de 5.400 menores no acompañados que tutela el Ejecutivo autonómico en la actualidad. El mismo que conforman CC y PP, en su mayoría, con la ayuda de otros. La consejera de Hacienda, Matilde Asiain es del PP y ella lo valida todo.

 

Ahora mismo, las negociaciones están en pausa y las excusas son cada vez más ingeniosas, como las oídas a un portavoz del PP, que se desmarcaba de las negociaciones por entender que el Estado no había solicitado la ayuda ofrecida por la Unión Europea. Los socialistas respondieron con una carta a la UE de la que Clavijo dijo desconocer hasta el contenido o que existiera. Enredan y no hacen nada, ni unos ni otros.

 

Sin embargo, no debe ser suficiente porque ahora dicen que “estas explicaciones son insuficientes” y porque esta misiva se ha enviado “sin sentarse con el Ejecutivo canario” y no se escuchó a las reivindicaciones del archipiélago.

 

No obstante, no hay nada. Desde el Gobierno de Canarias se espera que se retomen las negociaciones para que el cambio en la norma se materialice antes de fin de año, para el que quedan unos 40 días, y desde el PSOE se aguarda a un diálogo que raras veces llega.

 

Ante todo esto, ha sido Clavijo el que se ha ido hasta la sede de la UE, en el Comité de Regiones, puesto que ya hay ocasiones en las que no se puede garantizar un trato digno debido a la saturación en los recursos de acogida, sobre todo, en los centros de menores del archipiélago. ¿Ustedes creen que nos han hecho caso? No lo sé.

 

Por el contrario, yo hoy quería hablarles de la crisis en las urgencias y sobre todo el HUC, hospital en el que han cesado, tres veces en cuatro años, a Guillermo Burillo, un doctor que accedió al puesto en octubre del año pasado por el procedimiento de libre designación. Había sido nombrado por el actual gerente del centro hospitalario, Adasat Goya, dos meses después de que quedara desierto el concurso que había convocado la anterior directora para cubrir esa plaza.

 

Una convocatoria a la que solo se había presentado un candidato, el propio Burillo, cuyo proyecto se rechazó porque, en opinión de aquel tribunal que lo valoró, carecía de “medidas efectivas y realistas” para mejorar las urgencias. Según dijeron, la propuesta del doctor era “insuficiente para la gestión del servicio”, tenía “fisuras esenciales” y carecía “de unos puntos mínimos” que hicieran posible llevar a buen puerto el servicio.

 

La actual gerencia del hospital defendió el proyecto de Burillo y señalaban que había presentado “un proyecto de coordinación del servicio”, que contaba con el aval de su experiencia. Apenas un año después, lo cesa. El pasado domingo, José Carlos Marrero, el director de esta plataforma, ya se refería en El Cotarro a todo esto y lo explicaba de forma llana. Lo pueden encontrar en https://canariasenpositivo.com/el-cotarro-532-del-domingo-17-11-2024/. Ya lo decía él en su artículo, que aparece como “chivo expiatorio” de un asunto que viene de muy atrás.

 

Quieren hacer una obra en las Urgencias, en las que nadie cree, y ver la posibilidad de que parte de los 360 que ocupan camas en Tenerife, de los que más de 200 están en el HUC, vayan a un centro de geriatría que aún no está construido en la isla. Es el bloqueo de camas en las plantas de hospitalización por parte de pacientes que ya han recibido el alta médica, quienes tienen la culpa de esta situación y no el doctor Burillo.

 

Algunos no dejan su cama en el centro porque sus familiares no pueden hacerse cargo de ellos por falta de apoyo, y otros por el abandono familiar que padecen, ya que no tienen red familiar que les sustente, o porque viven solas. A todas estas, hay una falta de plazas en las residencias para recibir la atención sociosanitaria que requieren.

 

¿Y qué hacen las autoridades, sean sanitarias o sociales? Nada. Hablar de posibles soluciones y ya está. Estamos ante una población cada vez más envejecida y con más pacientes crónicos pluripatológicos. A esta situación hay que añadirle que existe un déficit de personal, a las que se une la carencia de espacios, con unas infraestructuras obsoletas que, en el caso del HUC, se quedaron pequeñas el día que abrieron.

 

No hacen nada, más que hablar y exponer ocurrencias. El personal que está en esas dependencias, los gerentes de los centros o los responsables del servicio lleva años denunciando un colapso estructural en el sistema sanitario y sociosanitario. Todo esto crea un embudo porque ingresan más pacientes de los que se dan de alta.

 

Los pasillos han dejado de ser zonas de tránsito para convertirse en áreas de trabajo. Y desde hace un tiempo, y ante esa falta de espacio, se van habilitando de forma progresiva otras estancias para tratar de aliviar esa saturación. En el HUC, con butacas geriátricas o incluso sillas de sala de espera.

 

Todo esto provoca que las ambulancias se quedan bloqueadas en las puertas durante horas (hasta diez, según fuentes sindicales) porque en urgencias ya no hay más camillas y necesitan las de estos vehículos para ubicar a los pacientes. Con el problema añadido de que ese transporte permanece inoperativo durante ese tiempo para atender otras emergencias.

 

En cambio, una vez expuesto todo esto, ¿corresponde al doctor de Urgencias, en este caso Guillermo Burillo, este tipo de soluciones? La decisión del cese llega después de que hace poco tiempo los sanitarios de las urgencias del centro —arropados por la mayor parte de los sindicatos— se hayan manifestado para mostrar su descontento por la situación de colapso que, aseguran, está viviendo el servicio.

 

Los trabajadores están hartos e indignados porque las soluciones no llegan. Aluden a una crónica saturación, a las condiciones de trabajo y al riesgo que supone atender en esas afecciones a los pacientes.

 

Los sanitarios aseguran que llevan más de dos décadas sufriendo la cronificación de la saturación de las urgencias. Para los manifestantes, el problema surge en el mismo momento en el que se pone en marcha el servicio. Actualmente, esas dependencias no cuentan con suficiente espacio como para atender a los pacientes de la isla Baja, en Tenerife, porque el HUC asumió a la población de esa parte geográfica que, hasta hace poco, atendía el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

 

Pero esto solo es la punta del iceberg de la atención sanitaria y que la gerencia del centro hospitalario lleva desde principios de este año desarrollando un plan director con el que pretende aumentar el espacio y cambiar los circuitos para mejorar la gestión de las urgencias. ¿Todo esto se consigue con el cese de un profesional de reconocido prestigio? Yo creo que no y no quito un ápice de lo que dice el gerente, pero hace falta que la administración canaria se implique algo más.

 

Todo esto nos lleva a pensar que hay que hacer las cosas para que no nos pasemos casi nueve horas para que nos atienda un especialista en Urgencias, y que cuando se determine que hay que ingresarlo, haya camas. Lo demás es hacer política con las cosas de comer.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 23 de noviembre de 2024