EL MONÓLOGO / 250
Un país bloqueado

Por Pepe Moreno *

 

 

Podría comenzar este Monólogo de hoy hablándoles de ese decreto ley ómnibus que el pasado miércoles no se aprobó por los votos en contra del PP, VOX y los siete de Junts que decidieron tumbarlo, aunque en realidad quería hablarles de Sanidad. Es más, tenía ya escrito el artículo sobre ese asunto. Sin embargo, he decidido hacerlo del famoso decreto ley que rechazaron los independentistas de Puigdemont, las huestes de VOX y las del Partido Popular. Estas fuerzas políticas que votaron en contra podrían haberse abstenido y de esta forma, con la suma del resto de formaciones que había en ese momento en el Congreso de los Diputados, lo hubieran sacado adelante.

 

No obstante, no fue así. Votaron en contra y, por 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención, no se convalidó. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que lo que pretendían los que votaron en contra era “causar dolor social”. Tal vez, porque en ese decreto iba desde la subida de las pensiones, las ayudas por la DANA o a los afectados por la erupción volcánica de La Palma, la gratuidad de los transportes. Sin embargo, también estaban las ayudas en favor de los consumidores más frágiles, económicamente, la suspensión de los desahucios, los descuentos de hasta el 80 % del precio de la luz, en concepto de bono social, y que suponían la prohibición de cortarles los suministros básicos de agua y electricidad en esas construcciones a ciudadanos con economías precarias.

 

También figuraba el salario mínimo, que ahora mismo está en el aire, porque la prórroga a ese dinero queda sin efecto y puede implicar que nos quedemos sin esa nominación por un vacío legal. Figuraba asimismo un palacete en París que en su día le expropiaron al PNV los fascistas de Hitler y que, aunque ahora albergaba el Instituto Cervantes, ahora lo recuperarían los nacionalistas de Euskadi.

 

El Gobierno explicaba que lo aglutinaba todo porque lo que pretendía es “redistribuir los frutos del crecimiento en favor de la mayoría social”. Y no quiero quitarle razón porque unas cosas las compensaba con otras, pero a lo largo de estos días lo que hemos oído es que el PP votó en contra de la subida de las pensiones o de la gratuidad del transporte. No fueron capaces de incluir a sus socios de Junts y los dejaron en “otros”, para no enfadar a Puigdemont y los suyos. Los seguidores de Núñez Feijóo se defendían diciendo que fueron los socialistas los que incluyeron tantas medidas y que no se podían aprobar, levantando la mano y ya está.

 

No les quito la razón, ni a los socialistas ni a los del PP, que son los que han hablado de este asunto. Los dos están en lo cierto y ninguno, al mismo tiempo. Unos por otros y nos cogen a los ciudadanos por medio, como escudos o como material de protección, para hacer estas cosas. Según algunos expertos, una de las características del decreto-ley ómnibus es que las medidas que incluye — muchas calificadas como urgentes — se tratan en conjunto, y no es posible aprobarlas por separado, que fueron las razones que esgrimieron el Partido Popular y Junts para oponerse a ella.

 

En esa normativa estaba, también, la elevación hasta los 15.876 euros del mínimo exento a declarar en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para adecuarlo a la subida del salario mínimo interprofesional de 2024. Hay que despedirse, igualmente, de la prórroga de las deducciones en el IRPF de materias relacionadas con la energía o el vehículo eléctrico, incluida la deducción por obras de mejora de la eficiencia en las viviendas. En concreto, no se podrá aplicar la libertad de amortización de hasta 500.000 euros para quienes lleven a cabo la instalación de elementos que permitan el uso de energía procedente de fuentes renovables.

 

Igualmente, decaen distintas normas sobre los depósitos fiscales de gasolinas, gasóleos y otros carburantes, así como los cambios en la forma de tributar el IVA en la agricultura, la pesca y la ganadería. Lo mismo ocurre con la actualización del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

 

Yo sé que es difícil levantar la mano para una normativa como esta, pero ¿qué puede pasar ahora? Pues que se presente igual o troceado, pero ya Pedro Sánchez ha advertido que no piensa hacerlo. Ahora habrá que esperar a ver si es el Gobierno quien lo impulsa, o es un grupo parlamentario en el Congreso, aunque los informes que se deben solicitar no son los mismos. Por tanto, tendrá que volver a la mesa del Consejo de Ministros y Ministras y luego tienen que ser convalidados en el Congreso de los Diputados en un mes, por lo que tendrían que volver a ser votados, tanto si es uno solo como si se votan por separado.

 

Yo le echo la culpa a todos. A los socialistas por hacer un decreto en el que cabe todo, al PP por votar en contra. Aunque por lo que hemos visto, no les quedaba otra, a los de CC, porque lo que han transmitido es que no se aprobaba algo que, para nosotros, los canarios, entra dentro de la llamada “agenda canaria” y, por lo tanto, tenían que votar en contra y no a favor, que fue lo que hicieron.

 

Porque vamos a ver. La votación a favor significaba que, por ejemplo, anteponían los derechos de los que okupan con k, por encima de los que están en una propiedad privada, sin tener ni las escrituras, y que, por lo tanto, no tienen ningún derecho sobre una vivienda. No pueden quitarles ninguno de sus servicios, la luz y el agua, a unos inquilinos que simplemente se quedaron en ese techo o le dieron una patada a la puerta en la que se alojan. Mientras, los auténticos dueños de ese techo, quizá, se las vean y desean para pagar los recibos de lo que otros disfrutan.

 

He visto a algunos pensionistas que dependían de esos ingresos para completar su paga, llorar de indignación porque se sentían desvalidos a la hora de pagar esos recibos de unos okupas que se despreocupan de abonar la luz y el agua de esa casa. Se pasan meses, pleiteando en los tribunales y luchando por lo que es suyo, sin que nadie les ampare. Hoy en día parece que están más considerados los okupas que los verdaderos caseros de las construcciones.

 

En todo esto puede haber algo de demagogia, porque no todo el mundo puede pagar a lo que un día se comprometió, o no encuentran un sitio en el que vivir, pero no es culpa de los propietarios de los inmuebles. Yo sé que hay familias que lo están pasando mal, pero eso no es óbice para okupar una hacienda sin más. Y esa parte de indefinición también estaba en el decreto rechazado.

 

En ese contexto, se dice que ahora no se prorrogan, como estaba previsto, hasta diciembre de este año, las ayudas del llamado “bono social” para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social. Por otro lado, debido a la “insuficiencia de oferta asequible de vivienda”, también recoge la suspensión de los desahucios para las familias “en situaciones de vulnerabilidad”. Y el PP, VOX y Junts votaron en contra y el texto decayó. Todo esto nos lleva a pensar que si esa será la fórmula que emplearán cuando puedan gobernar esos partidos. ¿Se sacarán de la manga y buscarán excusas europeas para no aplicar beneficios a los ciudadanos?

 

En cambio, es que igualmente las comunidades autónomas también se van a ver afectadas por lo ocurrido en el Congreso. No se podrá efectuar la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondiente al año 2023. Lo mismo ocurre con las entregas a cuenta que el Estado lleva a cabo a las comunidades autónomas, en este caso con efecto de 2025.

 

Se bloquea también la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas del año 2025. El decreto las dotaba de un régimen excepcional hasta que estuviera en marcha el nuevo techo de gasto que el Gobierno todavía no ha podido aprobar.

 

Recordemos en este punto que cuando Mariano Rajoy y los suyos mandaban en el pasado, nos pasábamos todos los viernes analizando lo que se decía en cada rueda de prensa tras los Consejos de ministros para ver qué nuevo golpe nos daban a todos los ciudadanos por una situación financiera y económica de la que ninguno teníamos culpa. ¿Es ese el modo que tendrán de paliar los déficits?

 

Y esto, lo de un decreto que contiene tantas cosas, no es nuevo porque tenemos precedentes. Desde 2022, se han aprobado hasta ocho paquetes de medidas, cada uno de ellos con reformas de todo tipo que “se han ido adaptando a la evolución de la situación económica y social”.  Algunos de ellos incluían auxilios para afrontar las consecuencias de España en la guerra de Ucrania, ayudas para la isla de La Palma tras la erupción volcánica de 2021 o bonificaciones para el transporte.

 

Una de las cosas que ha puesto sobre la mesa esta negativa es que los Cabildos, por ejemplo, tienen capacidad económica para afrontar este supuesto. Todos han dicho que va a seguir adelante con la gratuidad de las guaguas y están dispuestos a afrontar esta negativa, al menos durante el tiempo que dure el impedimento a que el Ejecutivo Central haga el ingreso de las cantidades pactadas. Si les digo que prefiero que se gasten este dinero en la ciudadanía, que en otras cosas de dudosa efectividad o que redunden en beneficio de los que hoy tienen el bono para viajar en las guaguas y tranvía.

 

Durante años se nos ha insistido en que el transporte público era la solución para no tener que hacer más carriles o ampliar nuestras vías y ahora que han aumentado en casi el 50 % los usuarios, es cuando lo quieren cortar.

 

No obstante, también rechazo que Coalición Canaria haya levantado la mano y haya aprobado este decreto que lo abarca todo. ¿Cómo se les ha quedado la cara y el cuerpo a los que, teniendo una propiedad, se la hayan usurpado a cuenta de una “ocupación”? Para darle cobertura a esos moradores, levantaron la mano y dieron su aprobación. Yo, la verdad es que hoy de lo que quería hablarles es de sanidad, pero ya ven, aquí estoy haciéndolo de un decreto que no se aprobó y del que hemos oído hablar, en la medida que cada uno ha querido.

 

Todos han actuado mal, tanto el PSOE, como el PP, VOX y los de Junts, por supuesto, porque todos han pensado en sí mismos y nos han dejado, a los ciudadanos, sin una base para seguir pensando que los que nos gobiernan o los que están en la oposición, siempre estarán con nosotros.

 

Una pensión que ha podido subir este mes de enero, pero que tiene todas las trazas de bajar en febrero. Un salario mínimo que está en entredicho y que no se sabe cuándo puede ser aprobado, una gratuidad del transporte que tendremos que agradecer a organismos institucionales más cercanos y que hoy vemos que era posible. Unos caseros que pueden ejercer sus derechos o no. Tal es la indefinición que hoy no sabemos a qué agarrarnos. Y eso no puede ser.

 

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 25 de enero de 2025