EL MONÓLOGO / 289
Techos de promesas y pobreza

Por Pepe Moreno *

 

 

La Virgen de Candelaria comenzó ayer por la tarde su trayecto de regreso a la Basílica, llevando un manto azul y bajo un pasillo adornado con flores. Se prevé que llegue al mediodía de hoy a Candelaria. La Patrona de Canarias concluye así su estancia de dos semanas en Santa Cruz y regresará en 14 años, conforme al decreto de visitas alternas entre la capital tinerfeña y La Laguna, establecido por el obispo Felipe Fernández en 2001, salvo modificaciones en dicho decreto.

 

Han sido casi dos semanas en la capital tinerfeña, de múltiples actos e incluso de haber estado en la cárcel Tenerife II, pero yo quiero hablarles de otra cosa, más mundana, en la que priman las promesas y brillan los discursos de optimismo oficial.

 

Esta semana ha destacado, por encima de todo, la situación económica que estamos viviendo y que nos ha puesto claro el contexto en el que vivimos. Para ir poniendo las cosas claras, hasta 551.000 personas viven en pobreza en Canarias, según el informe que días atrás presentó Cáritas en Canarias.

 

Para ponerlo más claro, el 24,6 % de nuestra población, la del archipiélago, está en riesgo de pobreza, según el último informe de Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) y, aunque se ha publicado en los últimos días, corresponde a 2024. El documento destaca que la vivienda influye en la vulnerabilidad de las familias y que el bienestar social varía según la región. En las islas, el 31,2 % (unos 698.000 residentes) se enfrenta a este riesgo, siendo la quinta comunidad con mayor tasa, aunque los datos han mejorado respecto a 2008 y 2015.

 

Preocupa especialmente la pobreza infantil que afecta a más del 36 % en las islas, calculada según la capacidad familiar. Hay 226.000 de canarios que viven con menos de 644 euros al mes; es la cuarta comunidad autónoma más afectada, y la tasa apenas ha bajado desde el año 2008 (11,4 %).

 

Canarias también es la tercera comunidad con mayor desigualdad, mostrando una brecha considerable respecto al norte del país: el 24,6 % de su población está en pobreza, frente al 9,4 % en Euskadi y el 14,2 % en Galicia y Navarra. Los informes señalan que la pobreza implica no solo falta de ingresos, sino también exclusión de derechos básicos como vivienda, suministros y alimentación saludable.

 

¿Y qué hace el Gobierno, tanto el nacional como el canario? Nada. O se limitan a realizar anuncios como el que ha hecho Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Viviendas y Movilidad, que anuncia la construcción de vivienda protegida bajo la gestión privada. Dice, además, que de esta forma se facilita la concesión de licencias y la movilización de suelo público, que es lo que provoca el aumento del precio del módulo de protección oficial-VPO en las viviendas. Todo esto provocará una serie de cambios en el uso de los terrenos, primero en el turismo y después en las oficinas y en los promovidos para el uso industrial. Y se queda tan pancho.

 

Usan palabras grandilocuentes para referirse a estos argumentos y dicen eso tan socorrido de la emergencia habitacional. Así, el consejero Rodríguez, dice que este tema es una prioridad y que han movilizado todos los instrumentos a su alcance. Y lo fía todo a la iniciativa privada añadiendo que, como le vi en una entrevista reciente —porque lo único que hace es hablar y anunciar y de vez en cuando se pone un chaleco reflectante y un casco— que “se construya vivienda protegida por parte del sector privado y vivienda en general” pero no hace nada, porque lo que hay es una descompensación entre la oferta y la demanda.

 

Todo esto nos lleva a pensar que existen muchas medidas, pero no están coordinadas entre sí. No es lógica la voracidad de las administraciones públicas que se llevan una parte importante de los impuestos en cada vivienda que se construye. En las islas, para que ustedes me entiendan, y esto no es hipotético, sino real, se está pagando por una habitación, lo que hace cinco años se pagaba por una vivienda entera. El alquiler de una casa puede superar los mil euros ya en el Archipiélago, mientras que el salario medio anual a duras penas supera los 13.000 euros.

 

Fernando Rodríguez, además de ejercer como representante de la Red Europea, ocupa el cargo de director territorial en Provivienda y destaca la necesidad de fortalecer sustancialmente el parque público de vivienda social, el cual actualmente representa apenas el 3 % del total. De acuerdo con recomendaciones de la Unión Europea, se sugiere que Canarias alcance al menos un 10 % de viviendas públicas sociales.

 

¿Ven la diferencia entre el 3 y el 10? Y el consejero de esta materia, el susodicho Rodríguez, en Belén con los pastores. Dicho de otra manera, necesitamos más de 40.000 viviendas públicas sociales y ahora mismo estamos en 12.000. ¿Es como para hacer algo más que hablar?

 

Sin embargo, no es todo, porque también hay urgencia en rehabilitar el actual parque de vivienda del Archipiélago porque «es muy antiguo» y presenta «deficiencias energéticas». Revela, además, un dato demoledor: se estima que, para amortiguar la crisis habitacional, Canarias necesita «44.000 viviendas públicas sociales más. Estamos en 12.000».

 

Si le hacemos caso al consejero, y tiramos por arriba, ahora se están construyendo en Canarias unas 2.000 viviendas, eso siendo optimistas, cuando existen más demandas que ofertas. El partido político Podemos Canarias denunciaba incluso el “fracaso estructural” del Plan Canario de Vivienda 2020–2025 y decía, en una nota informativa, que solo se han entregado 48 viviendas públicas de las 2.703 a las que se comprometió el Gobierno, motivo por el que ha pedido una auditoría urgente y la dimisión del consejero del área, que es el presidente y miembro de Coalición Canaria en Gran Canaria Pablo Rodríguez.

 

Podemos ha definido la situación como un “desvío entre la promesa institucional y la realidad material”, otra más, que constituye “un escándalo de gestión” y “una traición a miles de familias que esperaban una solución habitacional”.

 

La cifra final apenas representa el 0,96 % del total en Canarias, “muy lejos del 9 % europeo”, mientras que el número de viviendas vacías supera las 211.000 y añaden que “esta paradoja evidencia que el problema no es la falta de ladrillo, sino de voluntad política para movilizar recursos y romper con los intereses especulativos”. Y esa es la razón fundamental por la que exigen una auditoría pública urgente e independiente que determine responsabilidades, así como la reactivación del plan “bajo un modelo transparente y con calendario vinculante”.

 

No se pueden dejar paralizados más de 600 millones de euros para construir viviendas, que las está demandando la gente y hablar de emergencia habitacional simultáneamente. Y esta especie de dejar las cosas para que se busquen la vida es la que han ganado terreno el capital privado y los fondos buitre. Porque han encarecido aún más el acceso a la vivienda, unido a la ley del suelo, en la que aparecen que tienen más derechos los okupas que los que tienen las escrituras de esas casas o la proliferación de las viviendas vacacionales.

 

Todo esto nos lleva a la situación actual en la que el alquiler supera el 55 % del salario medio en Canarias, cuando leemos y vemos que el Banco de España recomienda no destinar más del 30 % del sueldo o para que la juventud, lo tenga aún más crudo. Según algunos informes, solo 2 de cada uno de ellos logra emanciparse. La razón es que ser joven hoy en día es aceptar que no tendrás una hipoteca con la misma facilidad que lo hicieron tus padres.

 

El acceso a la vivienda empeora rápidamente. Tras siete años de promesas del Gobierno de Pedro Sánchez y el bloqueo por parte de comunidades del PP, la situación sigue grave. Aunque los sueldos han subido, entre 2015 y 2022 el aumento fue un 42 % menor que el alza de precios inmobiliarios y alquileres.

 

Ni siquiera haber terminado una carrera universitaria te libra de una situación precaria a la hora de encontrar un techo, porque para atender a la población local es fundamental disponer de alojamiento adecuado.

 

El catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, Óscar Marcenaro, señala que “nuestra insularidad limita de manera significativa la movilidad tanto de estudiantes universitarios como de profesionales” y agrega que es altamente probable que una proporción considerable de graduados de la Universidad de La Laguna (Canarias) sean originarios del archipiélago y permanezcan trabajando en la región tras finalizar sus estudios. “Si bien obtienen formación universitaria, el tejido productivo de Canarias se caracteriza por una fuerte presencia de los sectores servicios y turísticos”.

 

Esta situación provoca que muchos titulados de La Laguna desempeñan empleos para los que no se requiere una formación universitaria, lo que afectaría muy negativamente a su salario.

 

Aunque la brecha generacional se debate con frecuencia, es un hecho que las nuevas generaciones afrontan perspectivas menos favorables que las anteriores. Desde los años 90 preocupa el deterioro en la distribución de renta y riqueza en países desarrollados. Los jóvenes tienen ingresos estancados y mayor precariedad laboral, lo que dificulta el acceso a la vivienda y los obliga a alquilar, una opción hasta un 83 % más cara que una hipoteca.

 

Lo peor es que la pobreza se ha vuelto paisaje, una parte más del decorado. Nadie se escandaliza ya de que un trabajador no llegue a fin de mes o de que una familia tenga que vivir en una autocaravana porque no encuentra nada. Nos hemos acostumbrado a escuchar cifras como quien oye el parte meteorológico: mañana sube el precio de la cesta, pasado baja la esperanza. Y mientras tanto, los discursos se llenan de palabras huecas, de esas que suenan bien pero no sirven para pagar la luz ni llenar la nevera.

 

La política canaria vive instalada en la autocomplacencia, celebrando avances que apenas se notan y vendiendo logros que solo existen en los boletines. Y la ciudadanía, resignada, aprende a sobrevivir en medio del ruido. Pero algún día, cuando las promesas se agoten y los discursos ya no tapen el vacío, alguien tendrá que explicar por qué seguimos siendo un archipiélago rico en palabras y pobre en hechos.

 

Pero seguimos sin ver esas construcciones y la gente, ahora mismo, no tiene donde quedarse. Al final, en Canarias no faltan discursos ni diagnósticos: sobran excusas y faltan hechos. Porque aquí la pobreza no se combate, se administra… y siempre con sonrisa de rueda de prensa.

 

 

* José MORENO GARCÍA

Periodista.

Analista de la actualidad.

 

 

Islas Canarias, 25 de octubre de 2025.